martes, 25 de febrero de 2014

Denuncia de organismos contra docente de la UNLP

El vicedecano de Medicina, Enrique Pérez Albizu, fue señalado por víctimas de la dictadura como firmante de certificados de personas muertas por los militares. Piden que deje el cargo.

Adelina de Alaye, denunciante en el
juicio por La Cacha
Una nota de Tiempo Argentino

Luego de la declaración de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata, Adelina de Alaye, en el juicio por La Cacha en el que denunció a 21 médicos de la morgue policial de la provincia, a quienes acusó de firmar certificados de defunción de personas asesinadas por la dictadura e ingresadas sin identificación y como muertos en enfrentamientos, organismos de Derechos Humanos preparan una denuncia contra el vicedecano de la Facultad de Medicina, Enrique Pérez Albizu, uno de los firmantes de aquellos documentos.

Los denunciantes informaron que, en principio, la denuncia será presentada ante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, en el artículo primero de su estatuto, establece que "una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado". Sin embargo, no descartaron llegar a la justicia penal.

La denuncia ante la UNLP estará encabezada por la Madre de Plaza de Mayo y la APDH, entidad que Alaye integra, y estará acompañada por organismos de Derechos Humanos, sectores sindicales vinculados a la universidad, y por facultades de La Plata, detalló el abogado de la Asamblea, Oscar Rodríguez. Es que las funciones que desempeña el médico contradicen el estatuto que rige la casa de estudios platense desde 2008, que ya en su preámbulo reafirma su compromiso con los valores democráticos y republicanos, y establece que "no podrán incorporarse y/o permanecer" en la institución, personas involucradas en los crímenes del genocidio.

El denunciado es el cirujano Pérez Albizu, actual vicedecano de la Facultad de Medicina y docente de la Cátedra de Anatomía, quien se desempeña en su especialidad en el Hospital Italiano de La Plata. Su firma figura en al menos tres certificados que Alaye presentó el viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 que juzga a 21 represores por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha.

En la audiencia, Alaye mostró en pantalla gigante los certificados de defunción de personas anotados en la morgue policial de La Plata como "NN", muertos por "destrucción de masa encefálica por herida de proyectil arma de fuego" en la capital bonaerense el 21 y 23 de abril de 1977. Esos certificados llevan la firma de Pérez Albizu como médico examinador de los cadáveres. La Madre explicó que esos asesinatos forman parte de "falsos enfrentamientos", figura con que la dictadura escondía los fusilamientos de detenidos desaparecidos.

La información aportada por Alaye develó que 21 médicos firmaron 227 defunciones de NN entre 1976 y 1978. Uno de ellos es el que denunciarán. Y destacó que cuando el muerto era perseguido político no se realizaba autopsia y además se registraba la "intervención del área 113 del Ejército" y se los catalogaba "de puño y letra de los médicos, como 'SUB' (en alusión a subversivo)", destacó la mujer.

Nilda Eloy, La Cacha, López y la represión actual

(Por La Retaguardia) Foto: documental Arre, de Edgar de Santo

Continúa desarrollándose el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha de La Plata durante la última dictadura cívico militar. Hablamos con Nilda Eloy sobre algunas de las dificultades que surgieron el proceso, sobre todo el manejo en las audiencias de los abogados que defienden a los represores, que lograron incluso que se dejaran de transmitir los testimonios por internet. También le preguntamos acerca de Jorge Julio López y el traspaso de los sitios de la memoria del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al de Nación. De las luchas colectivas y de las personales.

Mientras iniciábamos la entrevista con Nilda Eloy, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, recibíamos información sobre la represión que se estaba dando en ese mismo momento contra los vecinos de Malvinas Argentinas que marchaban en rechazo a la instalación de Monsanto en esa localidad cordobesa. Javier Andrada, integrante de La Quinta Pata, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, fue uno de los heridos. Recibió varios balazos de goma, y uno de ellas quedó alojado en su pierna.
Eloy se enteró al aire lo que estaba sucediendo y afirmó: “está visto que reclamar por un derecho hoy en día se ha transformado en un acto pasible de ser criminalizado; es decir reprimido y posteriormente criminalizado. Están pidiendo nada más que su derecho a la vida, no están pidiendo libertad para asaltar bancos. En relación a Monsanto y la instalación de su planta en Córdoba, lo que prima es la cuestión económica por encima de lo que son los derechos del pueblo a eso tan simple que es vivir sin estar condenados a muerte nada más que porque un determinado grupo de empresas quiere sacar un lucro adicional”.

Antes de empezar a hablar sobre el juicio de La Cacha, le contamos a Eloy que la extrañamos durante la jornada cultural y de lucha que se hizo a fines de enero en el marco del quinto aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, y a la que ella no pudo asistir por un problema de salud. Fue la primera vez que no participó y, quizás porque estamos acostumbrarlos a verla, fue como si hubiera estado presente: “he recibido los comentarios de los compañeros y me dio una enorme fuerza como para seguir adelante, uno está convencido de eso que nosotros repetimos tanto que es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Esto no es un dicho solamente para algunas cosas, sino que es aplicable a todo nivel, incluido el personal”, afirmó Eloy, quien no asistió a aquella jornada porque debió haber sido operada. Hoy está dando esa lucha tan individual como lo es sobreponerse de un problema de salud. Justo ella, que como tantos otros, eligió la lucha con otros, la colectiva.

—Fernando Tebele: Comenzó un nuevo juicio en La Plata, para el que no sabe sobre el lugar que se está investigando en esta causa ¿qué fue La Cacha?

—Nilda Eloy: La Cacha fue un centro clandestino de detención muy significativo, que funcionó entre 1976 y 1978. Es, tal vez, uno de los lugares donde más se puede palpar esto que tanto se escuchaba de las ‘fuerzas conjuntas’. La Cacha tenía hasta repartidas sus guardias en distintas fuerzas, había una guardia de Marina, una del Ejército, otra del Servicio Penitenciario, gente de Policía Federal y de Provincia. Creo que lo único que no hay en La Cacha es fuerza aérea, después hay de todo. También es un juicio que se ajusta a lo que venimos viendo, es un juicio absolutamente parcial donde se tomaron parte de los casos de 1977 y un caso de 1978 y punto, con lo cual lo que estamos viendo es que vienen los compañeros, los sobrevivientes, a declarar por quienes compartieron cautiverio con ellos, pero ellos no son casos. Esta causa se empezó a instruir en 2002-2003, se tardaron más de diez años por lo que para los demás casos tendremos que esperar otros diez más, con lo cual va a haber mucha impunidad biológica en el medio. Son veintiún represores y ya en el transcurso de la instrucción se fueron muriendo algunos. Por suerte, hay varios, fundamentalmente personal de Ejército que era de Inteligencia del Destacamento 101, varios civiles, que tenían la misma edad que nosotros, por lo tanto ahora también son menores de sesenta años, con lo cual vamos a tener algunos vivos para el próximo juicio, pero mientras tanto seguimos con impunidad.

—FT: Y eso que dentro de todo, y en comparación con otras zonas, en La Plata tienen este tribunal…

—NE: Del primer tribunal que juzgó a Etchecolatz y Von Wernich queda solamente el único titular que tenía, que es Carlos Rozanski. Para Unidad 9 y Circuito Camps se pusieron como suplentes a dos jueces de Mar del Plata, que también tenían experiencia con los Juicios por la Verdad, no les era un tema desconocido. Pero en este caso estamos con dos jueces subrogantes que son de Capital Federal. Uno es muy joven, que no tienen experiencia en este tipo de juicio, y encima con un clan de abogados defensores, fundamentalmente los particulares que son muchos, y uno de ellos que es el que está comandando y en algunos momentos maneja el juicio. Son tipos acostumbrados a los juzgados provinciales, a la justicia provincial, a defender policías, violadores, a llevarse por delante el mundo en causas penales que son muy distintas a estas causas. Lo que hemos tenido ha sido un atropello a los testigos, incluso en una de las audiencias el organismo encargado de la contención de testigos que es el Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) presentó un informe denunciando esta situación porque va en detrimento incluso de las disposiciones que tomó la Corte Suprema, esa famosa acordada 1/12, donde se habla no solamente del valor de los testimonios sino de cómo deben ser tratados los testigos de este tipo de juicios. El doctor (Juan José) Losino no solamente es una máquina de pedir cosas para parar el juicio, con lo cual una audiencia con tres testigos puede durar doce o trece horas, sino que para él es como que todo es igual, no hay ningún respeto. Ellos se quejan de que los intimida si la gente aplaude cuando un compañero termina de testimoniar, pero no entienden que si un defensor intenta acercarse y hablar con uno los testigos, también nosotros nos sentimos intimidados porque él está representando a quien nos torturó, nos vejó, nos humilló, y para él esa diferencia no existe. Estamos teniendo problemas en ese sentido porque lo que vemos es que el tribunal no puede hasta ahora ponerle freno al punto de que se dejó de transmitir el juicio. Las audiencias se venían transmitiendo normalmente por el canal del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, y dos de las defensas y algunas de las querellas, que todavía tienen la ilusión de que estos tipos van a decir algo, citaron a un ex policía de la Bonaerense a declarar en calidad de testigo; el tipo pidió protección y la mar en coche, y este Losino planteó la no transmisión del testimonio de este policía, le hicieron lugar, pero de paso pidió la no transmisión de ningún testimonio, con lo cual hace dos audiencias que no se transmite el juicio. Es un juicio oral y público, por lo que la transmisión debería estar garantizada. Para nosotros, la trasmisión forma parte de la reparación, que un compañero en Jujuy pueda ver el juicio, que por ahí estuvo con alguno de esos compañeros, por ahí reconoce su centro clandestino, no sé, pero forma parte de la reparación histórica que la  Nación se debe a sí misma.

—Eugenia Otero: Esto que vos decís es muy importante, porque todavía pasan estas cosas que un compañero reconoce a otro compañero con el que estuvo en tal lugar, o reconoce la cara de un represor, o el lugar donde estuvo, entonces es necesaria la difusión de las audiencias.

—NE: Es tan necesario que los juicios se transmitan... No es una cuestión de publicidad, sino que pasa por otro lado, manejar otro tipo de valores. Estos señores han logrado que el juicio esté en silencio hacia afuera de la sala de audiencias.

—EO: ¿Qué te pasa cuando ves que algunos medios le dan mucha importancia a algún juicio y muy poca a otros?

—NE: Eso es lo que está pasando con este mismo juicio, cuando vos ves los medios se habla del juicio de los casos de (Antonio Bautista) Bettini y de Laura Carlotto, y se olvidan de casi doscientos compañeros más que son casos en este juicio; pero uno ya está acostumbrado a que determinadas cosas tengan más publicidad. Si la difusión de estas personas, que fueron tan víctimas como cualquiera de nosotros, permite la difusión del resto de la historia, no importa, realmente es una pequeñez, tenemos problemas mucho más graves para quejarnos como para quejarnos de esto.

—FT: Una pregunta que incluye sólo dos palabras, ¿y López?

—NE: Y... López está desaparecido aunque parezca que mucha gente no lo entiende así, o no lo cree, o no le importa, que es peor. López, por ejemplo, en este momento en el juicio, es una silla que tiene su imagen, López es una silla que sigue acusando a un tipo como Etchecolatz, y por el cual se sigue sintiendo tocado, porque cuando habló en su declaración indagatoria hizo alusión a López, aunque sea para seguir echándole tierra encima, porque dijo ‘acá, atrás mío, hay una silla de un señor que mintió’. Si era tan mentiroso, ¿cómo es que la historia de López, su testimonio, tuvo el peso como para condenarlo a él a perpetua? Da bronca porque siguen intentando maniobras que son tirar carne podrida en la causa, y la investigación real... bien gracias. Lo que hace unos meses, poco tiempo, se conoció acerca de de eso de la Costa (en diciembre pasado, un policía retirado denunció que López había sido asesinado y enterrado en Mar de Cobo, una localidad de la costa bonaerense), todavía no sabemos quién lo armó, pero está claro que alguien lo armó y no hay nada de realidad... Es duro.

—FT: Y la situación de López, a tantos años y sin saber nada de él, ¿mejoró en algo la protección para con ustedes, los testigos permanentes?

—NE: No, sirvió para conformar un montón de organismos, secretarías, comisiones de protección de testigos. En realidad hay como más contención, hay servicios más de contención psicológica, pero de protección con la inmensa mayoría de estos tipos vivos y en la calle, ni hablemos. Menos en este momento con un tipo como (César) Milani en el cargo en el que está. Eso que salió de las carpetitas de Milani… nunca se los investiga a ellos. Nuestra mayor protección es que estos tipos estén en la cárcel pero hemos pedido que, mientras se los indaga, se haga inteligencia sobre ellos, no sobre nosotros. Sin embargo, sigue pasando lo mismo. Una y otra vez. No por nada se pone a un jefe de inteligencia a cargo de las fuerzas armadas en un momento de recrudecimiento de la represión, de aumento de la protesta social. No por nada, no gratuitamente, porque no es solamente el hecho de que Milani sea un represor y haya tenido esa función, sino que es su papel incluso posterior, es un tipo formado desde su inicio hasta el día de hoy, en inteligencia. No lo ponen a él porque sí, sino porque el incremento de la protesta social provoca un incremento de la represión, y para manejar eso siempre se necesitó tener servicios de inteligencia aceitados.

—FT: ¿Qué reflexión te merece el traspaso de los centros de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación?

—NE: Siempre hemos planteado que los centros de detención tenían que seguir en manos del Estado, pero no bajo la utilización política del Estado, que son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es el Estado y otra el gobierno de turno. Lo que se hace fundamentalmente en ESMA no tiene nombre. El proyecto que van a llevar a cabo en el Casino de Oficiales, que es lo único que queda en pie de lo que fue el centro clandestino de la ESMA, es directamente un atropello a la memoria de los compañeros y a los que quedan vivos. Yo siempre cuento lo mismo, esto de llegar a resignificar significa vaciar de contenido. En una de las presentaciones que hicimos frente al juez (Torres, que instruye la megacausa ESMA) pidiéndole que pare esto porque él tenía el poder para hacerlo, le planteamos quién se imagina que en Auschwitz van a permitir que pasen murgas, hacer shows, ¿alguien se lo imagina haciendo eso? No, se lo usa incluso educativamente, no hay estudiante secundario de Alemania que no vaya con su escuela a tener una clase de historia en Auschwitz para generar la marca, para generar eso que tanto se llenan la boca del nunca más, ¿cómo lo vamos a hacer, llevándolos a un cine, a un circo? No. Es sumamente doloroso. Por supuesto nosotros como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos nos negamos, pero, bueno…

Una extensa charla con Nilda Eloy, recorriendo temas urgentes de ayer y hoy, la represión en los '70 y la represión actual, Jorge Julio López, la ESMA y lo difícil que continúa siendo juzgar a los represores a pesar de los avances en el camino hacia la memoria, verdad y la justicia.
Aun en su lucha personal, le queda tiempo para las peleas colectivas.

domingo, 23 de febrero de 2014

El calvario de los Reggiardo Tolosa en el juicio de La Cacha

En el marco del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha
Los mellizos Reggiardo Tolosa relataron su apropiación ante un tribunal platense
 "Espero justicia por mis padres. Este es un día bisagra en la historia de mi vida", dijo Gonzalo.  Su hermano Matías sostuvo que entre los apropiadores "juntarse era una costumbre". Identificaron a Smart y a su padrino, Ricardo Fernández.

Por: Pablo Roesler

Apenas puso un pie en la vereda, Gonzalo Reggiardo Tolosa, se fundió en un abrazo con Victoria Montenegro, con quien comparte parte de la historia del país: los dos fueron apropiados durante la dictadura y recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Pero también, son compañeros de militancia en Kolina. El joven acababa de contarle a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata el camino hacia la recuperación de su identidad, que poco antes también había relatado su hermano mellizo, Matías Reggiardo Tolosa.
Los hermanos declararon en el juicio a 21 imputados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención platense de La Cacha, en el que, además, recordaron haber conocido a otros niños apropiados, y señalaron a dos acusados de la causa: el ex miembro del Ejercito Ricardo Fernández, padrino de Gonzalo, y a Jaime Smart, abogado del ex Policía Federal apropiador, Samuel Miara.
En la misma audiencia la Madre de Plaza de Mayo La Plata, Adelina de Alaye, declaró por la desaparición de su hijo Carlos Alaye y acusó por los crímenes investigados a 21 médicos de la morgue policial local (ver aparte). En tanto, un tío de los mellizos apropiados, Eduardo Tolosa, recordó el secuestro de su hermana y su cuñado, la búsqueda y restitución de los chicos.
"Espero justicia por mis padres. Este es un día bisagra en la historia de mi vida." Con esa frase, Gonzalo Reggiardo cerró su declaración ante los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus. Durante la hora que duró su relato el joven recordó el trauma causado por el robo de su identidad durante la dictadura cívico militar.
"Me costó 13 años de mi vida poder retomar una relación con mi tío y caer en la cuenta del vacío en el alma que es la no búsqueda de los orígenes, la imperiosa necesidad. De saber más sobre mis padres", reconoció.
Minutos antes había declarado su hermano. "Se supone que nacimos el 27 de abril de 1977. Eso es lo que se desprende del libro de guardias del penal de Olmos. Ese día fue registrado el nacimiento de mellizos, pero no tenemos real certeza", señaló Matías.

Los mellizos son hijos de los desaparecidos María Rosa Ana "Machocha" Tolosa y Enrique Reggiardo, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de La Plata y militantes peronistas, secuestrados en enero de 1977 en Lanús. "Mi madre cursaba el quinto mes de embarazo cuando la secuestraron", señaló Matías, y recordó que Machocha fue sacada de La Cacha, ubicada detrás de la cárcel, para dar a luz.
"Todo lo supe por mi familia y por las Abuelas de Plaza de Mayo", completó.

Los mellizos contaron que sus apropiadores, Miara y su esposa Beatríz Castillo, pusieron todas las trabas posibles para evitar la restitución, concretada en noviembre de 1993. Entre ellas, la fuga a Paraguay.
"Se puede decir que entre los apropiadores juntarse era una costumbre. Miara tenía en Paraguay amistad con el médico militar (Norberto) Bianco, que tenía dos menores en la misma situación que nosotros. También ahí vimos a Natalia Suárez Mason (apropiada por el condenado Omar Alonso). Y además, Miara era muy amigo de (Luis) Falco, el apropiador de Juan Cabandié", recordó Matías.

Al comenzar su declaración, Gonzalo Reggiardo advirtió que conocía a dos imputados. "Conozco a Jaime Lamont Smart, que tenía un estudio jurídico y uno de sus socios  era el abogado de Miara, y a Ricardo Fernández, que es mi padrino de bautismo”, afirmó. El mismo detalle había develado Matías, quien, además, recordó que Fernández, en su rol de director del Registro Nacional de las Personas, les entregó los DNI con sus nombres reales en presencia del juez Jorge Ballesteros. Ayer el ex militar no presenció la audiencia.

jueves, 20 de febrero de 2014

Los partos clandestinos salieron a escena en La Cacha

Una testigo dio indicios de que la maternidad donde dieron a luz las desaparecidas embarazadas comenzó a ser preparada en 1975. Por la tarde declara otro sobreviviente del horror.

La militante revolucionaria Perla Diez fue ovacionada tras su relato (Foto: Matías Adhemar)
Por Martín Soler - noticiasplatenses@gmail.com  -@martinenlared


“Juro en contra de la impunidad, por la verdad histórica, por estas chispas de Justicia y porque se profundice esta política de Estado”. Así fue el juramento de la ex detenida desaparecida Perla Diez en el inicio de la sexta audiencia del juicio oral a 21 acusados de cometer de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha de La Plata, durante la última dictadura cívico militar. La testigo dio indicios que en el año 1975 se estaba preparando la maternidad clandestina.

La testigo es la ex esposa del desaparecido Jorge Moura (hermano de los integrantes del grupo musical Virus), conocido por su nombre de guerra “Sargento Manuel” cuando integraba las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), agrupación política en la que militaba también la mujer.

Relató el parto que protagonizó en la maternidad de Olmos, cuando tuvo a su hija Lucía en muy precarias condiciones, en la madrugada del 9 de noviembre de 1975. Para esta fecha, ya "habían hecho refacciones, todo a las apuradas, venían preparando la maternidad, era una mugre total. No había remedios ni gasas. Yo fui la que la bauticé”, declaró la ex detenida.

Con mucho esfuerzo, Perla Diez tuvo a su hija, quien a los 10 meses fue entregada a su familia. La ex detenida relató que momentos después del alumbramiento "una patota irrumpe en el lugar, con el jefe de Sanidad, Rodolfo Leone, que dijo: ‘Este parto estuvo perfecto, todo estuvo en su lugar’. Le dije que no era así y que esto se iba a saber en todos lados".

Diez también mencionó al pediatra de la cárcel, Néstor Siri, de quien dijo que entonces ejercía en el Hospital de Niños de La Plata: "Era indiferente, negligente. Uno sentía que no tenía status para hablar de la salud de los chicos, respondía a sus superiores".

La ex presa política aseguró que mientras estaba detenida en la unidad penal de Olmos “por la noche venían las celadoras y nos pedían bombachas y toallas femeninas, había movimiento extraños”, dando a entender que lo obtenido era para ser llevado a la maternidad clandestina.

La mujer había sido detenida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 26 de febrero de 1975, en Mar del Plata. Estuvo presa en un lugar denominado "el Chalet", y en la comisaría 4° de esa ciudad. A mediados de 1975, fue trasladada a Olmos.

Perla Diez habló sobre los secuestros de sus familiares. La sobreviviente contó que el 7 marzo de 1977 fue secuestrado Jorge Horacio Moura, su entonces marido y padre de su hija nacida en cautiverio. Esto ocurrió en su casa de City Bell. El mismo día secuestraron también a la hermana de Perla, Diana Diez, y al esposo de ésta, Alberto Rentani. Las tres personas permanecen desaparecidas.

En 1982 la testigo salió de la cárcel bajo la figura de “libertad vigilada”. Sobre el final de su exposición dedicó su testimonio “a todos los revolucionarios de ayer, de hoy y de siempre”.

Tras un breve cuarto intermedio declaró Mariano Gastón Contardi. Su padre Rubén Oscar sigue desaparecido. Su abuelo materno, Alfredo Temponi, también fue secuestrado. Era el chofer de Marta Hourquebie de Francese, esposa de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini actual embajador argentino en España.

Por la tarde se espera la exposición del ex concejal radical platense, Javier Quinterno, también declarante en el juicio oral por el Plan Sistemático de robo de bebés. En ese juicio oral dijo haber tenido contacto directo con María Isabel Corvalán, la madre de Natalia Suárez Nélson, la mujer que de niña fuera apropiada por el cantante de tangos Omar Alonso, juzgado por ese hecho en La Plata.

El militante radical rememoró que durante un diálogo que la mujer mantuvo con uno de los guardias, éste la informó que su marido Mario César Suárez Nelson había caído durante el enfrentamiento en la casa de La Plata.

El expediente. El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. Trece ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual) junto a dos penitenciarios: Héctor Raúl “El Oso” Acuña e Isaac Crespín Miranda.

También están sentados en el banquillo de los acusados cuatro policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones; Eduardo Gargano, director general de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata, y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata). Un militar retirado de la Armada, Juan Carlos Herzberg, integrante de la Fuerza de Tareas 5 y el civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).

Cabe agregar que dos importantes represores que estuvieron imputados se libraron del juicio por la llamada “impunidad biológica” ya que fallecieron durante la sustanciación de las actuaciones. Ellos son el ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, coronel Arias Duval, y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean.

Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

Los represores bautizaron al centro clandestino ubicado detrás de la cárcel de Lisandro Olmos en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.

El campo estaba entre calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.

miércoles, 19 de febrero de 2014

"La Sonia" y un relato del horror en La Cacha en primera persona

El sueño era siempre el mismo: una persona vestida toda de negro, alta y muy delgada, elástica como un ninja, se robaba a la gente y las encerraba en bolsas de consorcio.

Por: Pablo Roesler
Era una pesadilla de mi primera infancia. El hombre de la bolsa estilizado al que había bautizado "La Sonia" era uno de mis miedos de nene que me despertaban asustado a mitad de la noche.
La referencia siempre fue muy obvia. Se ve que la metáfora nunca fue mi fuerte. Quizá por eso terminé siendo periodista. Y quizá por aquello terminé cubriendo juicios por los crímenes de la dictadura. Y quizá por ambas cosas, por mi profesión y para espantar definitivamente a "La Sonia", el viernes seguí desde el palco destinado a la prensa en el tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, la declaración testimonial en la que mis viejos, Carlos y Viviana, contaron en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, de las afueras de La Plata, su paso por ese centro.
Recordaron cuando fueron secuestrados el 24 de marzo de 1977, cuando el golpe de Estado de 1976 cumplía un año. Ese día Rodolfo Walsh había enviado a las redacciones su Carta Abierta a la Junta Militar denunciando las desapariciones y muertes y al día siguiente lo mataron cuando se resistió a ser secuestrado.
Mi vieja contó que a la siesta de ese día fue a la Facultad de Periodismo de La Plata, que en ese momento aún era Escuela Superior, porque la había citado el secretario administrativo, para resolver su readmisión porque los milicos habían cambiado los planes de estudio.
Viviana fue con su hijo de siete meses, uno menos que el que hoy tiene mi hija. Ese niño nacido el año anterior, y la dictadura que estrenaba sus garras, no le habían permitido cursar el tercer año.
Pero el negro Bustos (Francisco, el secretario) la conocía desde el ’74, cuando mi mamá estudiaba, militaba en la JUP y ocupaba un lugar en el Centro de Estudiantes.
Viviana Rodríguez no pudo recordar ante los jueces cuál fue la respuesta del secretario, si la readmitían o no, porque cuando salió de su oficina se topó con un hombre enorme, mayor para una chica de 21 años, que la tomó con fuerza del brazo mientras otro le arrebataba el  bebé que llevaba a upa.
La intensidad de ese recuerdo borró el resto: solo recuerda que los arrastraron hasta un Falcon color ladrillo y que lo único que atinó a pedir  fue que no se olvidaran el cochecito del bebé. Lo cargaron en el baúl. A ella le vendaron los ojos, la tiraron en el piso del asiento de atrás y partieron.
Mirando a los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, Carlos Roesler contó que la noche del 24 de marzo de 1977 volvía a su casa después de la jornada laboral en un frigorífico de Berazategui.
Apenas dobló la esquina de 2 y 48 para llegar a nuestra casa, ubicada media cuadra más allá, a metros del Bosque platense y la vieja cancha de Estudiantes, un tipo corpulento y enfundado en una campera, salió de un rincón oscuro de la esquina caminando detrás suyo.
Cuando llegó a la puerta del departamento sintió el caño de un arma en la nuca. Al instante, se encendieron las luces de varios autos estacionados en la cuadra.  Después fue rutina: lo metieron en la casa, lo encapucharon  y revolvieron todo. Lo cargaron en un auto como a un bulto y partieron.
Viviana y Carlos, mis viejos, estuvieron nueve o diez días en La Cacha. “Más de una semana”, calculó mi vieja cuando le preguntó Rozanski.
Allí estuvieron esposados al piso, al igual que otra gente: el bancario Molina; la artesana que hacía carteras de cuero, Pupé, y otra mujer embarazada que estaba por tener y su marido.
Yo estuve apenas unas cuantas horas, pero bastó para dejar en claro que en ese centro también llevaban bebés, si era necesario.
Todo eso –y algo más- contaron mis viejos el viernes ante los jueces. Esperaron mucho. Primero para poder enfrentar ese episodio y contarlo a sus hijos.
Luego para decirlo a la justicia en los juicios por la verdad y el viernes a un tribunal federal con posibilidad de juzgamiento.
Pasaron 37 años. Mi edad. Prácticamente el mismo tiempo que esperé yo –mucho tiempo sin siquiera saberlo- para espantar definitivamente mi pesadilla, tan obvia como el uso que los represores le dieron al personaje infantil de la Bruja Cachavacha, que desaparecía gente, para nombrar al centro clandestino, por el que ahora deberán rendir cuentas en un juicio de la democracia.

La Cacha: relatos de dos testigos que pueden ser claves

Uno está bajo el programa de protección, se descompuso en la audiencia y su versión quedó postergada para una nueva cita. El otro realizó una rueda de reconocimiento y favoreció a uno de los acusados. La próxima audiencia será el miércoles 19 de febrero.
Laura Bretal señaló a Estanislao Chiara Vieyra como uno de los represores de La Cacha  
(Foto: Esteban Martirena)  -   Por Martín Solernoticiasplatenses@gmail.com  -  @martinenlared

La quinta audiencia del juicio oral y público a 21 acusados de haber cometidos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino bautizado La Cacha, estuvo cruzada por momento de suma tensión cuyo epílogo fue la suspensión hasta nuevo aviso de un testimonio y un reconocimiento fotográfico negativo para las querella ya que la testigo no pudo identificar al acusado y señaló a quien el sospechoso dice que es el verdadero verdugo conocido por su nombre de guerra “Pablo”. La sexta audiencia se desarrollará el próximo miércoles 19 de febrero a partir de las 10 horas.

Miguel Ángel Bellomo es un ex policía que trabajó en la comisaría Octava de La Plata desde junio de 1976 hasta que ingresó a estudiar la tecnicatura sobre explosivos en 1977. Está bajo el programa de protección de testigos. Se trata de un ex policía que declaró y señaló a militares. Comenzó su declaración confirmando que en la mencionada unidad policial “había muchos detenidos políticos, gremiales y a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)”. Además agregó que “a los presos comunes se los trasladaba a la subcomisaría de Villa Ponsati”.

Sobre los presos políticos, no dudó en afirmar que “provenían de La Cacha” y que eran trasladados por civiles. “A simple vista no los podíamos identificar” en relación a la fuerza en la que revistaban “sí que eran operativos”, precisó.

Durante la etapa de instrucción de la causa realizó un reconocimiento fotográfico en el que señaló al acusado Claudio Grande como una de las personas que trasladaban personas secuestradas, pero en la audiencia, ante los jueces y las partes aseguró que “la foto que yo identifico” en el expediente “es Del Río”, uno de los jefes operativos de los grupos de tareas de la época.

Ante ese panorama se generó una situación de tensión. Los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata intentaban por todos los medios aclarar el panorama, mientras la defensa de Claudio Grande, medía los pasos a seguir. El nerviosismo en el ambiente llegó a punto tal que el testigo se descompuso y pidió que le tomen la presión. Un equipo médico lo asistió de inmediato y se estableció que Bellomo no estaba en condiciones de seguir declarando y su testimonio será finalizado en otra audiencia.

Al conocerse el cuadro de situación el abogado querellante Oscar Rodríguez (por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos –APDH- La Plata) solicitó a los magistrados que se extremen las medidas de seguridad personal del testigo al que ubicó en una situación de extrema vulnerabilidad. El recuerdo de la desaparición de Jorge Julio López es una herida abierta tanto en la sociedad como en los organismos de defensa y promoción de Derechos Humanos.

Fotos. María Laura Bretal es sobreviviente de La Cacha. Fue secuestrada el 3 de mayo de 1978. Estaba embarazada. La interceptaron en la casa de Ensenada donde vivía con su hija de tres años y su marido. Es una de las máximas referentes en La Plata y Argentina en el impulso al juzgamiento de los represores de la “dictadura cívico militar eclesiástica” como ella misma definió ese período en una de sus primeras intervenciones en el estrado.

Juró decir “verdad” por “los treinta mil compañeros desparecidos, por Jorge Julio López y por Adriana Calvo”. Durante todo su testimonio colgaba de sus pequeños hombros un pañuelo blanco con el rostro en blanco de López con la leyenda “Y López dónde está”.

Tras su secuestro, fue subida a un auto junto a su hija. En 122 y 47 las separaron. Volvieron a encontrarse cuatro meses después, cuando recuperó la libertad. Su ingreso a La cacha fue a los golpes, no importaba su condición de embarazada. “Me depositaron en un galpón grande y ahí empezaron las torturas porque recibí una trompada”, recordó con firmeza y claridad. Ella pedía hablar con alguna autoridad para saber de su hija. “Acá comisario, las pelotas”, fue la respuesta que encontró de parte de sus carceleros.

Recordó que durante su cautiverio la sacaban junto a otros secuestrados que eran sometidos a “simulacros de fusilamiento”. También que la llevaban hasta las camas de tortura para someterla a sesiones de picana. “Había un guardia bueno y otro malo, me desnudaron y me tiraron sobre un elástico de hierro. El guardia bueno decía ‘esperá que tenga el parto y después la vamos a picanear’”.

Bretal aseguró en otro pasaje de su versión que “estos 21 imputados son pocos, tendría que haber muchos más. Quedaron muchísimos represores afuera” de la causa “hay dos prófugos siniestros. Uno está en Israel, el otro en Paraguay, se sabe hace mucho tiempo y nunca se pidió la extradición” se quejó. Antes había dicho que “Julio Barroso está vivo y libre por las calles, no está imputado en este juicio”.

La testigo recordó que parte de sus verdugos se identificaban como “Mapla, Pablo, Gustavo y Tarzán, los cuatro eran del servicio de inteligencia” del ejército. También que su compañero de cautiverio Alejandro Gutiérrez reconoció al represor “Pablo” como un estudiante de veterinaria. “Ese es Grande” le dijo en La Cacha, en referencia a Claudio Grande. Sobre su compañero de detención detalló, ante la pregunta del defensor Juan Losinno que “está muerto, lo mataron sus defendidos”.

El letrado también preguntó si estaba en condiciones de realizar un reconocimiento fotográfico de Grande y Bretal dijo que sí. De inmediato se materializó la escena y la mujer señaló la foto de Estanislao Chiara Vieyra, quien la defensa de Grande sindica como “el verdadero Pablo”.

Desde la detención de Grande, su defensor Losinno insiste con esa hipótesis. Todas las respuestas que recibió fue que se defienda en el juicio oral. Llegado a esa etapa esa parte logró una prueba que abona su hipótesis. El parecido entre Grande y Chiara Vieyra es asombroso. Ambos estudiaban veterinaria en la misma época. Ambos pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército. Grande nunca negó haber trabajado en esa repartición durante la dictadura. Alega que era un simple empleado administrativo. Sin embargo, al menos una de las querellas, asegura tener más información y pruebas que indican a Grande como el torturador “Pablo”. El defensor logró un objetivo, sabe que ante un eventual reconocimiento de su asistido puede apelar al recurso de la absolución por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), pero su objetivo es lograr la libre absolución. El desenlace de esta historia se conocerá en futuras audiencias.

En todo proceso penal el reconocimiento a o no del o los acusados puede sellar su suerte. Eso lo sabe bien el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz quien fue reconocido por Jorge Julio López en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue condenado a perpetua.

Incidencias. Como en la mayoría de las audiencias de este mega juicio (en el que se unificaron tres causas) el inicio de las audiencias es agotador. A las habituales demoras se suman los planteos de las defensas en la audiencia de este viernes 14 de febrero se sumaron las del fiscal Hernán Schapiro.

El fiscal fue quien abrió el debate. Tras fundamentar que la audiencia del miércoles 12 de febrero pasado había sido en un marco de “clima enrarecido, tenso, facilitado por las constantes interrupciones” de la defensa, sostuvo que esa “atmósfera que se creó es perjudicial para la marcha del juicio” y pidió que se tengan en cuenta cuatro tópicos para evitar la revictimización de testigos.

Propuso limitar las intervenciones de las partes durante los testimonios; manifestar las “incidencias” o planteos “antes del testimonio”; realizar preguntas a los testigos teniendo en cuenta que las preguntas “no hieran, molesten o sensibilicen a los testigos” y “respetar los horarios para que los testigos esperen un tiempo razonable” que estimó en no superar la barrera de los 120 minutos.

En el mismo sentido en presidente del Tribunal leyó un informe elaborado por un colectivo profesional de asistencia a las víctimas donde se detalla que existió “modalidad agresiva de algunos defensores” e hicieron foco sobre el estilo mostrado por el abogado Losinno, quien solicitó que el informe sea rechazado por “improcedente” al fundamenta que “no hubo una sola pregunta agraviante”. La petición fue denegada por los jueces.

jueves, 6 de febrero de 2014

Etchecolatz admite crímenes pero no da información

“Maté y lo haría de nuevo”

El represor habló en el juicio en el que se investigan las violaciones a los derechos humanos en La Cacha. “Quiere burlarse del tribunal y armar provocaciones”, señaló Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes.

 Por Adriana Meyer

Los represores que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cumplen a rajatabla su pacto de silencio respecto de la información que tanto anhelan los familiares de sus víctimas. Sin embargo, en especial aquellos que ya acumulan más de una condena a prisión perpetua, aprovechan las audiencias de los juicios para provocar con palabras. “Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente”, dijo ayer Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura en el proceso oral y público por los crímenes cometidos en el campo de exterminio La Cacha. Y agregó: “Tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden”. Además, acusó al desaparecido Jorge Julio López de haber mentido cuando declaró en su contra en 2006, en oportunidad del juicio donde recibió su primera condena.

“Detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López, que mintió, como consta en varios lugares cuando dice que vio que yo mandé a fusilar. Ese día estuve internado”, declaró el represor ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, en el marco del juzgamiento de quince militares y un ex funcionario civil por el secuestro y tortura de detenidos alojados en ese centro clandestino de las afueras de La Plata. López había identificado a Etchecolatz como quien dio la orden de asesinar a Patricia dell’Orto y su esposo, Marco D’Ambrosio, y también como partícipe de su secuestro.

“Yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados de vecinos que veían algo raro, les mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno y otro”, dijo quien fuera estrecho colaborador del genocida Ramón Camps, ex jefe de la Bonaerense durante el terrorismo de Estado. Y agregó que le causa risa “estar procesado por homicidio”, ya que todo lo que hizo durante la dictadura “fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas; los terroristas sembraron la discordia, acá en La Plata la lucha fue cruenta, diaria, dejamos la vida para restablecer el orden”. Luego de admitir que mató, adujo que “no fueron homicidios, defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas, en defensa del hombre civilizado y del derecho a la familia”. Como cierre dijo que “lo haría de nuevo” y que “sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla”. “Acá hubo una guerra, dicho por los mismos terroristas, no era una cuestión de antipatía, la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos”, dijo Etchecolatz.

En la audiencia de ayer –en este juicio en el que se juzgan los casos de Laura Carlotto y Antonio Bettini, entre otros, además de la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson– hubo problemas en la declaración por teleconferencia de los represores Eduardo Gargano y Jorge Di Pasquale.

No fue la primera vez que este genocida pronuncia estos discursos. “Etchecolatz siempre habla, siempre miente, durante el juicio por los crímenes cometidos en el circuito Camps daba diferentes versiones sobre el caso de la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, haciendo una manipulación perversa”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes. “Estas situaciones son un motivo más para unificar los juicios porque este tipo de imputados, que ya suman dos o tres condenas a perpetua, aprovechan los juicios para esto: deslegitimar los procesos, burlarse del tribunal, denostar a las partes y armar provocaciones como la de hoy (por ayer)”, apuntó la letrada. Godoy recordó que ya durante las audiencias del juicio por el circuito Camps había dicho algo similar sobre el desaparecido Jorge Julio López. Y aseguró que las palabras del represor no tienen efecto sobre los testigos, “en realidad, es su propio debate, lo hace para quedar bien con sus compañeros” del pabellón de lesa humanidad, los demás represores presos en Marcos Paz.

Otro de los acusados que hizo uso de la palabra fue el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del Holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte, al decir que estas últimas “no fueron víctimas porque sembraban terrorismo”.