jueves, 18 de enero de 2018

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada : NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ, PARA LOS GENOCIDAS CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA.

ADHIERE Y CONVOCA A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
11 DE ENERO 17 HORAS MARCHAMOS DESDE PLAZA CONGRESO A PLAZA DE MAYO

JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.
LIBERTAD A CESAR ARAKAKI, DIMAS PONCE, A LOS DETENIDOS EL 14 DE DICIEMBRE Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

CESE DE LA PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO.
CIERRE YA DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES POPULARES,
REPUDIAMOS LA DENUNCIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD A LOS DIPUTADOS OPOSITORES QUE ENFRENTARON LA REFORMA PREVISIONAL.

NO A LA PERSECUCIÓN A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN TODO EL PAÍS.
REPUDIAMOS EL INFORME DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FUERA BULLRICH.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS EN LUCHA POR SU REINCORPORACIÓN.

NO AL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES,
NO AL PAQUETE DE REFORMAS CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es un genocida
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue el responsable de más de 20 Centros Clandestino de Detención Exterminio del Circuito Camps.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es responsable de miles de asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, es responsable de la apropiación de decenas de bebes, robados a sus madres asesinadas.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el responsable de la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue condenado en varios juicios a cadena perpetua.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el símbolo de la dictadura.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, como quedó plasmado en el fallo del juicio en el que desapareció López, no puede permanecer un solo día fuera de la cárcel.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz en su casa es la puerta abierta para que todos los genocidas estén en su casa
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz libre en su casa, de la mano de Macri, Vidal y Patricia Bullrich es el premio que reciben los responsables de los 725 pibes y pibas asesinados x el gatillo fácil en estos 721 dias de gobierno, es decirles AVANCEN que serán IMPUNES.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que fueron asesinados por las fuerzas represivas este año 2017.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, libre en su casa, es la amenaza de este gobierno a los que luchan contra los despidos y la represión de este plan de ajuste.

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Represor Héctor "El Oso" Acuña : Del campo de concentración a la propia casa

Denunciaron al represor Héctor “El Oso” Acuña por abuso sexual de una menor que estaba a su cuidado

Durante la última dictadura integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Una joven con quien tenía un vínculo familiar denunció que abusó de ella durante diez años, incluso en la cárcel de Marcos Paz.

Por Victoria Ginzberg (página12)

Héctor “El Oso” Acuña era temido hasta por los guardias del centro clandestino La Cacha, donde era uno de los jefes.

Si no hubieran existido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la década del 90 Héctor “El Oso” Acuña hubiera estado en prisión. Durante la última dictadura integró la Dirección de Seguridad de la jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense y fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención. Pero Acuña estaba libre. Y durante diez años abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera arrestado en 2006. A los 16 años pudo, a pesar de las amenazas de Acuña, contárselo a una amiga y así comenzó el camino que terminó con la denuncia judicial. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Marquevich, fiscal federal interino de Morón la concretaron formalmente esta semana y pidieron que Acuña, que está tramitando su arresto domiciliario, sea llamado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual agravado.  

 Desde pequeña, la joven cuyo nombre se mantiene en reserva quedaba al cuidado de Acuña, con quien tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, dice la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel. “Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, señaló Labozzetta en su presentación.

La detención del represor en 2006 se produjo por los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Unidad 9 de La Plata. En octubre de 2010 fue condenado a diez años de prisión. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que en esa cárcel existió, “a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos, con el fin de quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización; por la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y por desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte”. 

En 2014 recibió una segunda condena del mismo tribunal, esta vez a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas en el centro clandestino de detención La Cacha, llamado así por el personaje de historieta la Bruja Cachavacha, que hacía desaparecer personas. 

La Cacha funcionó desde fines de 1976 hasta octubre de 1978 en las instalaciones de la antigua antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, en el predio de la penitenciaría de Olmos. Allí actuaron patotas de las Fuerzas Armadas y de distintas fuerzas de seguridad: las que pertenecían al Regimiento 7, al Servicio de Inteligencia del Ejército, a la Marina y al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, donde reportaba Acuña. 

  En el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, Ricardo Molina contó que fue secuestrado el 14 de abril de 1977 por la noche en su domicilio por un grupo de tareas comandado por una persona que se hacía llamar “El Francés” (Gustavo Adolfo Cacivio). Que fue llevado a La Cacha en el asiento trasero de un Torino blanco de cuatro puertas y que al llegar al centro clandestino, un sujeto muy violento al que le decían el Oso lo sacó del auto de los pelos y que aunque no le vio la cara presumía que participaba en sesiones de torturas y estaba regularmente en el lugar. María Laura Bretal relató que en La Cacha los secuestrados fueron humillados, engrillados de pies y manos, encapuchados y describió a “el Oso” como un “terrible torturador que era del Servicio Penitenciario”. Un testigo que vive en el exterior y declaró mediante videoconferencia y con el pedido de que no hubiera público en la sala y se reservara su nombre relató abusos sexuales por parte del Oso Acuña mientras lo torturaban. 

En ese juicio, en el que también fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia. También afirmó que hacía sentir miedo a los guardias del centro clandestino. 

Acuña, además, fue procesado por amenazar con degollar al juez federal César Alvarez durante una visita del magistrado a la cárcel de Ezeiza. En esa oportunidad, la defensa argumentó que no había sido una amenaza sino “una bravuconada propia de una persona en evidente situación de vulnerabilidad por su condición de detenido”. También amedrentó a testigos durante el juicio de La Cacha. En una audiencia realizada en septiembre de 2014 le dijo a una de las sobrevivientes: “Mirá cómo dejaron el país en diez años, vamos a ver dónde te metés en tres o cuatro meses, ya te voy a agarrar”.       

 Y también amenazaba a la niña de la que abusaba. Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado. Su amiga, que también declaró ante la UFEM, relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. Y recordó que en la cabecera de la cama del represor había un espacio de guardado donde había armas y que ambas las habían visto. La denunciante había logrado que no la obligaran a ir a verlo a la cárcel, pero cuando escucharon por televisión que podía salir en libertad, su amiga la convenció de que le contara los hechos a un adulto. Primero le dijeron a la madre de su amiga. Y así se enteró la familia. Tiempo después, se decidió a hacer la denuncia judicial. 

“La joven que fue víctima de Acuña se contactó con nosotros porque quería hacer la denuncia. Sabía que iba a tener cierta exposición, pero estaba muy segura de haber iniciado este camino. También tuvo apoyo psicológico. Estamos conformes con el trabajo de la UFEM y tenemos expectativa de saber cómo va a proceder el juzgado ahora”, dijo a PáginaI12 Sofía Ballesteros, de la organización La Ciega, un colectivo de abogadxs populares de La Plata que acompañó a la denunciante de este caso. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.
(10/01/18)

miércoles, 13 de diciembre de 2017

NEGARON LA LIBERTAD CONDICIONAL AL GENOCIDA ETCHECOLATZ

LA BASURA EN SU LUGAR

Por HIJOS La Plata
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Después de despacharse con el escandaloso fallo que absolvió al genocida “Pipi” Pomares en el juicio por crímenes cometidos por la CNU, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se reivindicó con una buena noticia: le denegó el pedido de libertad condicional al jefe de las bandas del Terrorismo de Estado en nuestra zona, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Analizamos lo que augura ese pedido pese a haber sido rechazado.

El pasado 11 de diciembre, el presidente del Tribunal Oral federal 1 de La Plata, Germán Castelli, estampó su firma en el fallo que rechaza el pedido de libertad condicional realizado por los abogados del genocida Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, decisión que tenía en vilo a la militancia de DDHH platense respecto a una nueva posibilidad de que la impunidad se hiciera cuerpo.
La defensa del genocida, ejercida por la unidad de letrados móviles de la Defensoría Oficial, había invocado el artículo 28 y de la ley 24.660 y el artículo 13 del Código Penal, que establecen que se concede ese beneficio al condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena y al condenado a reclusión o a prisión por más de tres 3 años que hubiere cumplido los dos tercios de la pena. En el caso de Etchecolatz, condenado en este causa a prisión perpetua en 2006, según esos criterios podría objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. Sin embargo, el juez Castelli apuntó que ninguna pena que se imponga en el futuro en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esta causa a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional.

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi y en la causa “Favero-Álvarez”. Pero además está detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, “Brigada de San Justo”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario las causas que lo tienen, por un lado en juicio ante el TOF 6 de Capital Federal (por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande), y el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
Un total de 11 causas en las cuales obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora.
Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva arguye ahora que como está detenido en otras causas ajenas a su fuero no se debe conceder la libertad condicional. Agregando a ello que tanto en la causa de CABA como en la de Lomas el represor ya solicitó la domiciliaria. Puntualmente Castelli opinó que las medidas de coerción personal que viene sufriendo en estas dos causas “constituyen un escollo suficiente para impedir su libertad condicional, cuando ellas, por mandato legal, carecerían de posibilidad de añadir mayor tiempo de detención a la pena ya impuesta en este expediente”. Y que llegada la condena en esas causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”. 

Por todo ello, el presidente del TOF 1 concluyó que Etchecolatz “se encuentra detenido con prisión preventiva para otras causas en trámite, por lo cual se halla imposibilitado de cumplir con las exigencias requeridas por el digesto sustantivo para el supuesto en que se dispusiera el beneficio de la libertad condicional".

Al igual que cuando el genocida fue sumando el beneficio de la domiciliaria en distintas causas, lo cual se trasladó a una avalancha de pedidos de otros represores, esta resolución sobre la libertad condicional anticipa próximos planteos de genocidas ya condenados que vayan cumpliendo parte de su pena. Pensemos que el comisario fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio Lopez y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad.
Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.

martes, 5 de diciembre de 2017

El veredicto contra 2 integrantes de la CNU en La Plata dejó un sabor agridulce

Carlos Castillo fue condenado a perpetua, pero Juan José Pomares fue absuelto. En sus últimas palabras, el ahora condenado Castillo prometió "más sangre, más dolor y más lágrimas", en una clara amenaza. (Por Luis Angió para La Retaguardia) 

Foto: Castillo señala amenazante a las abogadas durante sus palabras finales (Captura de pantalla de la transmisión de La Retaguardia)

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la última jornada del juicio oral y público contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, quienes estaban acusados por cuatro homicidios y siete secuestros cometidos entre febrero y abril de 1976 que se llevó adelante en el juzgado del tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli (Presidente del Tribunal).
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una banda parapolicial que cometió cientos de asesinatos entre 1973 y 1976, durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, y que en La Plata funcionó a partir de la gobernación del dirigente metalúrgico y representante del peronismo de derecha, Victorio Calabró.

En Mar del Plata ya fueron juzgados y condenados siete miembros de esta banda fascista condenados a prisión perpetua, entre ellos un ex fiscal federal en dos casos y en otros a penas de siete a tres años.
En la última jornada de la audiencia, en horas de la mañana, el tribunal dio la posibilidad a los acusados de dar sus últimas palabras.
El primero en hacerlo fue Juan Carlos “Pipi” Pomares, quien entre otras cosas manifestó que"A los 17 años fui adoctrinado en el peronismo. El peronismo fue mi familia… Soy víctima y no victimario…la cárcel del 76 me enaltece como militante peronista. No soy el que algunos quieren que sea… Soy absolutamente inocente…Los abusos siempre son malos. Provengan de donde provengan. Lo digo yo que fui preso político del Estado”.
Posteriormente habló Carlos “el Indio” Castillo quien manifestó:  “Me enteré por los diarios de estos días que iba a ser condenado a cadena perpetua”. Y en una clara amenaza a las abogadas y familiares de las víctimas allí presentes manifestó: “si no se reconstruye la Constitución como ley suprema de la Nación; si no se restaura el estado de derecho; si no se garantiza la seguridad jurídica; si el ministerio público, si esta república de badulaques a sueldo de los corruptos de turno; si las bestias que pastan en el derecho (señalando a las abogadas defensoras que se encontraban presentes),.. Sr. Presidente…los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de dios, fuente de toda razón y justicia, que solo deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, solo podemos prometerle a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor y más lágrimas”.
Finalizadas sus últimas palabras, el Tribunal no se expresó respecto a esas manifestaciones de Castillo, como algunas personas esperaban, y solo indicó que se pasaría a un cuarto intermedio para dar la sentencia, aclarando de más allá de lo dicho por el genocida en cuanto que ya había sido condenado por los medios, ellos darían su veredicto.

El veredicto

Luego del cuarto intermedio el tribunal reingresó a la sala para leer el veredicto dejando constancia en primer lugar que el hecho juzgado “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser juzgados”.

En cuanto a las penas, por unanimidad resolvieron condenar a Juan Carlos “el Indio” Castillo a la pena de reclusión perpetua, entre otras víctimas por Carlos Domínguez; Graciela Emilia Martínez; Hugo Daniel Pastorino; y Adelaida Úrsula Borbón.
En cuanto a Juan José “Pipi” Pomares,  fue absuelto por unanimidad por aplicación del beneficio de la duda, disponiendo su inmediata libertad.
Esta decisión fue repudiada en el mismo recinto por los familiares y amigos de las víctimas, debiendo soportar las provocaciones de los familiares y amigos de Pomares que festejaban la liberación de este individuo que fue absuelto por crímenes cometidos y comprobados por los mismos hechos por los que fue condenado a cadena perpetua Carlos Castillo. Solo los separaba una hilera de policías.

Las razones de la absolución de Pomares

En diálogo Paulo Giacobbe para La Retaguardia durante la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea  Fundadora, el pasado jueves 30 de noviembre, Susana Zaldua, hermana de Adriana Zaldua, una de las víctimas de esta banda fascista, (asesinada junto otra/os militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) entre el 4 y 5 de septiembre de 1975) y en relación a la absolución y libertad de Pomares, indicó que: “Pipi Pomares es uno de los miembros de la CNU apoyados por el poder político y que fue empleado de la intendencia platense cuando era intente (Julio) Alak, quien fue posteriormente Ministro de Justicia (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y luego estuvo trabajando (Pomares) en el Senado (de la provincia de Bs. As.) con varios senadores del FPV, hoy alguno de ellos están en el Frente Renovador. De modo que tuvo un apoyo político y esa presión política la tuvieron estos jueces para dictar este lamentable fallo”.
En lo hay que hay coincidencias positivas de los organismos de derechos humanos es en que estos asesinatos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fueron considerados en el fallo de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

Por el lado de las querellas, Marta Vedio, de la APDH de La Plata  declaró que “Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante". También rechazó la absolución de Pomares, dado que consideró probada su participación en los crímenes de la CNU. “Por eso, con esta convicción, vamos a ir a Casación para que revea el fallo”.
Otra de las abogadas de la parte de la defensa, Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, indicó que  “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos”, adelantando que apelarán la absolución de Pomares.

Los crímenes de la CNU fueron cometidos durante el período de los gobiernos constitucionales de Juan Perón e Isabel Martinez de Perón y durante más de 40 años ocultados por todos los gobiernos constitucionales terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Solo la tenaz lucha de los familiares  de las víctimas hizo que una ínfima minoría de los asesinos fueran llevados al banquillo de los acusados y en pocos casos juzgados y condenados como estos de La Plata y Mar del Pata. Quedan todavía más asesinatos, violaciones y desapariciones que deben ser investigados y llevados a la justicia para que se sepa la verdad sobre lo sucedido a más de un centenar de luchadores y dirigentes y activistas sindicales y estudiantiles.

La complicidad de todo el arco político sobre estos asesinatos y el silencio que se quiere imponer sobre estos crímenes, que en realidad desnudan el carácter fascista y reaccionario de un período de nuestra historia, no hará callar el reclamo de Memoria Verdad y Justicia que reclaman los familiares de cientos víctimas de estos asesinos que formaban parte de las bandas parapoliciales formadas y apoyadas por un gobierno que alimentó golpes de Estado internos como el que destituyó al gobernador peronista Oscar Bidegain en la Provincia de Buenos Aires e impuso como gobernador a Victorio Calabró, para dar lugar a un período de crímenes y represión inmediatamente anterior a lo que luego fue la dictadura cívico-militar-eclesiástica .
Debe quedar perfectamente claro que los asesinatos y desapariciones de personas no comenzaron el 24 de Marzo de 1976, sino que hubo bandas como las comandadas por el “Indio” Castillo y el “Pipi “ Pomares, y otras formadas bajos el amparo del Estado nacional como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, al comando del Ministro de Acción Social y mano derecha del entonces Presidente, José Lopez Rega) armadas, financiadas y dirigidas por funcionarios del gobierno de Perón.

viernes, 13 de octubre de 2017

Otro juicio para Etchecolatz: Los crímenes en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande

El ex director de Investigaciones de la Bonaerense es juzgado junto con otros ocho represores. Desde el público, Raquel Robles protestó mostrando en su cuerpo las preguntas “¿dónde está Jorge Julio López?, ¿donde está mi mamá?, ¿donde está mi papá?”.

Por Ailín Bullentini

“Estamos en pelotas frente a la Justicia”, explicó Raquel Robles luego de la audiencia. 
Imagen: Julieta Colomer

El genocida Miguel Etchecolatz volvió a sentarse frente a un tribunal oral para ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En esta ocasión, debió escuchar al secretario del TOF número 6 leer los secuestros, las torturas y los homicidios de hombres y mujeres que pasaron por los centros clandestinos de detención conocidos como Puente 12, en La Matanza, y la Comisaría de Monte Grande, mientras él fue director de Investigaciones de la policía bonaerense.  

 Además de Etchecolatz hubo otros ocho represores en el banco de los acusados. Pero si el juicio hubiera comenzado cuando estaba planificado, un año atrás, habría habido allí otros cinco que fallecieron o fueron apartados por cuestiones de salud. Etchecolatz todavía camina, aunque se lo vio desmejorado y fue ubicado en una silla de ruedas. En sus manos sostuvo un bastón durante toda la jornada, en su cuello colgó una cruz plateada, enorme. Cuando le ofrecieron la palabra, balbuceó que estaba preso “por defender a la Patria” y se negó a dar información. “Hijo de puta, ni tu hija te quiere”, le dedicaron desde el público, entre gritos de reclamos y otros insultos. Raquel Robles, hija de desaparecidos, se quitó la remera y, desde su piel, le preguntó dónde está su mamá, dónde su papá, dónde Jorge Julio López.

El juez federal Daniel Rafecas, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa, elevó a juicio oral en 2013 la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Puente 12 –también conocido como División Cuatrerismo y Brigada Güemes– y Comisaría de Monte Grande entre 1974 y 1983. La zona funcionó entonces bajo la supervisión de la División Investigaciones de la Bonaerense, cuyo jefe era Etchecolatz, pero además de bonaerenses también hubo grupos de tareas del Ejército implicados en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron allí. El debate oral revisará secuestros, torturas y homicidios en perjuicio de 134 personas. Durante la primera jornada, fueron leídos sus nombres y las circunstancias en las que se cometieron los crímenes. Muchas víctimas eran integrantes de la organización FR17, de origen peronista de izquierda, y de la Juventud Guevarista, del PRT y de Montoneros. 

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero evaluarán las responsabilidades en tales crímenes de Etchezolatz y de los entonces oficiales subinspectores José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, que integraban la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense; los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de detenidos de esa seccional Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. 

Al momento de la elevación a juicio, la lista de acusados era mayor, al igual que los casos a evaluar. “Cuatrerismo funcionó desde 1974. Uno podría decir que fue uno de los más antiguos entre los que funcionaron en la década del 70. Y teníamos a varias víctimas que eran de esos primeros años, 1974, 1975. Pero los imputados que tenían casos de esos años fallecieron o fueron apartados por cuestiones de salud del juicio en los últimos meses así que las víctimas perdieron la posibilidad de Justicia”, apuntó Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes. El debate oral estaba pautado para comenzar en octubre de 2016, pero por cuestiones de organización tribunalicia se demoró un año. 

De los que siguen en camino hacia la sentencia, el único que aceptó la invitación a declarar fue Etchecolatz. Dijo que hablaría “cuando fuera el momento apropiado” y que estaba preso “por haber defender a la Patria”. “¿Te dan la posibilidad de hablar y decís que lo vas a hacer cuando lo consideres apropiado? ¿Quién sos? ¿Yo te tengo que escuchar?”, preguntó Raquel Robles. Cuando oyó a Etchecolatz balbucear se quitó la remera y mostró las tetas desde la pecera en donde el público presencia los juicios en la Sala Amia de Comodoro Py. Debajo de cada teta, Raquel tenía escritas las preguntas “¿dónde está mi mamá?” y “¿dónde está mi papá?”. Luego giró y mostró su espalda, que preguntaba en rojo furioso “¿Dónde está Jorge Julio López?”. 

“Los juicios son el resultado de la lucha de muchos de nosotros y nosotras, y por eso son algo muy importante, pero es un piso muy bajo que deja afuera un montón de cosas. Seguimos sin saber un carajo de los desaparecidos, los imputados son apenas un puñado... Se torna simbólico el juicio, casi una afrenta. Estamos en pelotas frente a la Justicia. Somos cucharitas de plástico luchando contra armas largas. Hay que empezar a decirlo”, reflexionó Robles. El caso de sus padres no integra el debate que comenzó ayer –y que continuará, por el momento, todos los jueves en los Tribunales de Retiro–, sino un expediente relativo a Campo de Mayo que ya fue elevado a juicio, con solo tres imputados: “No alcanzan ni a representar la cantidad de personas que vinieron a mi casa a llevárselos”, apuntó y concluyó: “Sigo teniendo las mismas preguntas sin responder que tenía a los cinco años”.  

sábado, 24 de junio de 2017

Juicio a la CNU: " QUE ESTO NO QUEDE IMPUNE “

QUE ESTO NO QUEDE IMPUNE “, CLAMO FEDERICO RAVE HERMANO DE UNA DE LAS VICTIMAS DE LA CNU

“Pido a Dios que esto no quede impune. Me cuesta ir a La Plata. Me dejó miedo porque hay gente que estuvo en esa patota e hizo mucho daño. Es lamentable, pero están en La Plata y siguen libres. Les pido a los señores jueces que lo tengan presente”, sostuvo el miércoles Federico Rave, uno de los nueve hermanos de esa numerosa familia platense –tres asesinados– diezmada por la CNU primero y por la dictadura cívico-militar después.

Con la voz entrecortada casi desde el inicio de su testimonio por teleconferencia desde Mar del Plata, Federico Rave relató ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el juez subrogante Germán Castelli, los hechos ocurridos en su casa familiar de 8 entre 42 y 43 la madrugada del 24 de diciembre de 1975. Poco antes, su madre, María “Marucha” Rivas, había contado los mismos hechos, y el lunes su hermana Mariana por videoconferencia desde Irlanda aportó sus recuerdos.

Su hermano, Ricardo “Patulo” Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de diecinueve años, fue secuestrado del domicilio familiar por un comando de la CNU luego de que la zona fuera liberada. Su cadáver apareció horas después, acribillado y colgado de un puente sobre las vías del tren en la zona sur de La Plata, en Elizalde.

Sin poder evitar el dolor al recordar la última vez que vio a su hermano ya asesinado, Federico, un año menor que Ricardo, habló del ensañamiento de la CNU. “Lo colgaron de un puente y lo vistieron de policía. Tenía más de treinta balazos en el cuerpo, las costillas partidas y la masa encefálica reventada”, precisó.

Con dos sentidas palabras, “¡Patulo, presente!”, en su primer testimonio ante la justicia Federico Rave quiso rendir un “homenaje” a su hermano y compinche, y recordó a sus otros dos hermanos mayores, Gustavo y Marcelo, que siguen desaparecidos. ( Sintesis cronica de la audiencia en diariocontexto.com.ar)