martes, 23 de junio de 2020

JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN CUARENTENA DE LESA PEREZA

JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN CUARENTENA DE LESA PEREZA


La cuestión de la continuidad de los juicios de lesa humanidad y sus características en el marco de la pandemia de la Covid-19 ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Las posiciones se dividen entre quienes plantean retomar las audiencias con la virtualidad como única herramienta ante la situación que impone la pandemia, y quienes opinamos que los juicios deben continuar, pero deben seguir siendo orales y públicos, con todos los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que se escuche a los testigos y sobrevivientes, los procesos no se estanquen más de lo que ya están, se realicen sin mayores beneficios a los represores y se completen como es debido. Repasamos la situación en la justicia federal de La Plata, que viene apelando a la virtualidad de los procesos hace tiempo y muestra la pereza del Estado en la materia.

Por HIJOS La Plata
CUARENTENA Y DESPUÉS…
Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo pasado de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio han producido un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no es la excepción, y muchos de los juicios de lesa humanidad que debían retomar sus audiencias o dar inicio en este período quedaron en suspenso. La cuestión de la continuidad de esos debates y sus características ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Es que la discusión no se plantea por un alto en un escenario dinámico, sino más bien en un panorama de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios, que llevan más de 40 años de reclamo social de justicia y más de 14 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

En La Plata llevaba un año y medio en curso el debate por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo (1), que se había extendido por la espaciada agenda que propuso el tribunal, que había quedado por recomenzar en una instancia final de alegatos de las defensas, y que es un expediente trabajoso con 18 represores imputados y 84 víctimas, pero no si se lo compara con los procesos que debían comenzar en nuestra ciudad en 2020, y que iban a coincidir en un cuello de botella espinoso producto de lo que no se hizo con tiempo en su momento y se quería realizar ahora en simultáneo.
El 22 de abril iniciaba el debate por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense, conocido como “1 y 60” (2), causa que fue desguazada cuando se pretendió juzgar el Circuito Camps en 2012, que finalmente incluirá unos 22 genocidas por 194 víctimas, que por primera vez pondrá luz sobre la coordinación represiva entre el Regimiento 7 de Infantería y la policía en nuestra zona, y cuyo comienzo fue en principio fijado para el próximo 24 de junio –aún sin detalle de protocolo específico-. A su vez el 5 de mayo iba a empezar el esperado debate e por las Brigadas de Investigaciones o "pozos" de Banfield y Quilmes (3), causa acumulada de diversos expedientes, uno de ellos elevado a juicio hace más de 8 años, con un total de 23 represores a juzgar por más de 540 víctimas y unos 400 testigos que ya fueron reducidos a un número más manejable aunque con criterios altamente dúctiles. En este caso se ha dejado en suspenso el inicio de debate sin fecha cierta y con planteos varios de las partes querellantes. Finalmente el 7 de septiembre estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocida como "El Infierno", que tuvo un tramo ya llegado a sentencia en 2013 por los casos de los hermanos Iaccarino y resultó en condenas leves y poco representativas de los delitos que juzgaba, y que incluye a 61 víctimas y sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes - entre ellos el subjefe del CCD - por la pereza judicial.

Un fenómeno que tiene que ver con el aletargamiento del proceso de juzgamiento en La Plata y en todo el país es la dispar conformación de los tribunales que realizarán los debates pendientes y la falta de designación de jueces titulares. En La Plata el Tribunal Oral Federal 1, que ha absorbido la casi totalidad de los juicios realizados desde 2006, vino sufriendo mutaciones y reemplazos con jueces subrogantes que lo desdibujaron de aquel que en 2015 dictó el primer fallo que reconoció el delito internacional de Genocidio a una conformación más conservadora que avaló hasta el 2x1 a varios genocidas.

La nueva versión del TOF 1 platense que encarará los debates pendientes vive un festival de subrogancias: por un lado los magistrados que se harán cargo del debate en la causa “1 y 60”, Ricardo Basílico, con actuación en la justicia provincial de Chubut y en el TOF 8 porteño, Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal platense y Nicolás Toselli, designado en el TOF 8 porteño pero con actuación real como subrogante en San Martín.

Por otra parte están subrogando los cargos tres magistrados de otras jurisdicciones con actuación en San Martín: el ex camarista porteño Eduardo Farah, el integrante del TOF 2 Walter Venditti y el miembro del TOF 4 porteño Esteban Rodríguez Eggers, que realizará el juicio “Banfield/Quilmes”. Este trio había propuesto en diciembre pasado, mucho antes de que llegara la pandemia y el aislamiento y excusándose en ser jueces de San Martín, un debate cuasi virtual para “Banfield/Quilmes” en La Plata, con presencia física de un solo magistrado y el resto por sistema remoto, lo que fue duramente cuestionado por las querellas.

Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 18 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despiden este año de sus cargos en la justicia platense con la sentencia por Brigada San Justo y ya coronaron su actuación con un nuevo fallo absolutorio del genocida CNU Juan José “Pipi” Pomares, pese a que Casación los conminó en abril de 2019 a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad del asesino. El panorama nacional tampoco es alentador este año. La primera sentencia de 2020 llegó en abril pasado en Mar Del Plata, en una audiencia sin público en la causa “Subona 15”, donde se condenó a 35 represores de esa estructura represiva del Ejército, así como a integrantes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, de Prefectura y un integrante de la Comisaría de Miramar por 272 casos. El fallo absolvió a 5 represores, en su mayoría de la Armada. El segundo fallo se dio en mayo en Comodoro Rivadavia, donde el Tribunal Oral local condenó a unos módicos 6 años como partícipe secundario en la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel al jefe de Informaciones de la Policía de Chubut Tito Nichols, y absolvió al segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la FT7 de la Armada, Hernán Álvaro Hermelo. La tercera causa en llegar a sentencia fue también en mayo, pero en Rosario, en la Causa “Feced 3 y 4”, donde 10 represores fueron condenados a penas altas por 188 casos y se reconoció por primera vez en esa zona los delitos sexuales como autónomos. La cuarta y última sentencia hasta el momento llegó a fines de mayo en Entre Ríos, en un debate realizado con tribunal ad hoc y por escrito de acuerdo al viejo código, donde se dictaron 2 perpetuas y 6 sentencias menores sobre represores que seguirán con domiciliaria o bien excarcelados como llegaron al juicio.

Un total de 4 fallos, 6 absoluciones y 54 condenas por más de 480 víctimas son los datos actualizados de 2020. Si bien es prematuro extraer conclusiones para todo el año desde estos datos, dado que habitualmente la mayor cantidad de fallos se da en la segunda mitad del año: Pero seguramente el impasse judicial por la Covid-19 impactará en el estiramiento de los procesos, tanto en los ya iniciados como en aquellos por iniciarse.

CONTINUAR, PERO CÓMO…
La continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización han sido un parte aguas en la concepción del acto de justicia que tanto la querella del Estado como la de los distintos organismos de Derechos Humanos sostienen. El Ministerio Público Fiscal, representante de la acusación estatal en los juicios, se ha limitado a plantear poco más que la virtualidad como herramienta básica para la continuidad de los juicios. En la causa Banfield/Quilmes, la fiscalía de lesa humanidad platense pidió que se convoque a una nueva audiencia preliminar por vía remota para reorganizar el debate. La presentación de los fiscales recogió las recomendaciones de la Cámara Nacional de Casación que, a pedido de la Procuraduría de Lesa Humanidad, había instado a "los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, conforme los protocolos vigentes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria".

En lo estrictamente procesal penal, los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira citaron el artículo 164 inciso” e” del Código que prevé la toma de testimonios mediante videoconferencia cuando esté en riesgo la salud de la víctima o en el caso de que esta se encuentre en un lugar distante”. Tras este planteo, aún no resuelto por el tribunal, a mediados de mayo se realizó, también de manera virtual, una reunión de la Mesa de Discusión Institucional y Social, una instancia promovida por la Procuraduría para “diagnosticar los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos”. Coordinada por la fiscala cargo de la Procuraduría de Lesa Humanidad, María Ángeles Ramos, en la reunión se analizó especialmente la utilización de herramientas virtuales en la toma de declaraciones testimoniales en este tipo de juicios, por definición complejos y extensos, a la vez que se evaluó impulsar el cumplimiento a la ley de víctimas, para que sean escuchadas y/o notificadas en los casos en los que se analice otorgar el beneficio de la domiciliaria a algún genocida, cosa que no viene siendo la regla en todo el país.

Estos planteos y reuniones se dieron al tiempo en que se venían retomando varios debates orales, como la causa “CNU 2” en Mar Del Plata, que está casi en etapa de alegatos; el juicio por el circuito represivo Zárate-Campana ante el TOF 2 de San Martín, en instancia de alegatos de las defensas; la megacausa ante el TOF 1 de Mendoza que revisa los crímenes cometidos contra más de 100 víctimas desde la estructura represiva del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército en los CCD "Campo Las Lajas", la "D2", la IV Brigada Aérea y la Comisaría 7ma; y el debate en San Juan que con más de 150 víctimas investiga la represión desplegada en el Área Militar 332, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en los CCD Penitenciaría de Chimbas, Alcaidía de mujeres de la policía provincial, la vieja Legislatura, la Central de Policía sanjuanina y “La Marquesita”. En todos esos debates está en pleno análisis la utilización del sistema de comunicación más conveniente, esto es Cisco Jabber, Skype, Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, en un poder judicial recién ha comenzado a andar el camino de su informatización y digitalización para la agilización de los procesos. Ya en junio también retomó en San Martín el debate por los crímenes cometidos en la denominada “Causa Contraofensiva Montonera”, es decir la inteligencia, el secuestro y desaparición de militantes montoneros que habían lanzado un reagrupamiento y regreso al país desde el exilio en 1979-1980. En la audiencia de reinicio no hubo público, se encontraban presentes en la sala sólo 2 de los 3 jueces, la fiscal, los abogados más jóvenes y una testigo de concepto, mientras los abogados querellantes y los defensores añosos siguieron las alternativas por videoconferencia y los 7 imputados estuvieron “dispensados” por ser grupo de riesgo de la Covid. Es destacable que en este caso el Estado no se hizo cargo de garantizar la transmisión de la audiencia por el canal oficial del poder judicial, el CIJ-TV, y la delegó en el equipo del medio comunitario La Retaguardia, que con mucho esfuerzo viene cubriendo prolijamente varios debates en CABA y San Martín.

En la ciudad de La Plata la virtualidad de las audiencias venía ganando terreno mucho antes de las problemáticas planteadas por la pandemia y el ASPO: la modalidad de un juicio cuasi virtual se inauguró en 2018 en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo donde la presencia en la sala de debate sólo correspondió a las partes y el público, mientras los genocidas realizaron las indagatorias, el seguimiento de los testimonios y las últimas palabras por videoconferencia desde unidades penales o desde las Cámaras Federales de Mar Del Plata y de Comodoro Py, ya que la mayoría de ellos se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera la virtualidad del proceso en La Plata viene preocupando a las querellas de los organismos de Derechos Humanos hace rato. Incluso las fallas técnicas en la imagen y el audio de las videoconferencias demoraron gran parte de las alternativas del juicio San Justo, con la recurrente y extenuante media hora del ya clásico “¿hola, me escucha?” entre los jueces y los genocidas, la utilización por los represores de esa mediatización para hacer mezquinas o irregulares las indagatorias y los reiterados cuartos intermedios para mejorar la comunicación.

Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.

Como ha expresado la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en un documento público (4), “ya reabiertos los juicios y desde aquel primer e histórico en La Plata al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, durante el que se produjera la desaparición forzada de Jorge Julio López, (partícipe junto a la AEDD de la querella Justicia Ya), siempre exigimos que las salas de las audiencias fueran lo suficientemente amplias para albergar la mayor cantidad de público posible. Durante todo el juicio exigimos la presencia física en la sala de los acusados”. Junto a la AEDD estamos planteando que “este debate abierto sobre la posibilidad de juicios on line sería parcial si no analizamos la totalidad de la situación de enjuiciamientos de lesa, así también el que estos juicios se están realizando a más de 40 años de cometidos los delitos que se juzgan”.

Muchos sobrevivientes han planteado su preocupación por el establecimiento de una virtualidad que desdibuje el acto del juicio como lo que realmente es: la puesta en público, de cara a la sociedad, de la realidad del Terrorismo de Estado en nuestro país.

Desde HIJOS La Plata queremos juicios realmente orales y públicos. No estamos de acuerdo en que se dicten sentencias sin posibilidad de público, por lo que significa para los familiares y sobrevivientes que el Estado, una vez más, les dé la espalda en la posibilidad de buscar justicia plena por sus seres queridos. No queremos juicios a medias que transformen los debates y el proceso de justicia mismo en una formalidad, cosa que en La Plata se viene dando cada vez con más fuerza. Para ello exigimos a los tres poderes del Estado, en especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las condiciones necesarias para que los procesos se realicen como es debido y sin concesiones a los genocidas con la excusa de la pandemia. Más cuando hasta ahora la Corte se ha limitado a extender la feria judicial extraordinaria a la par de los decretos del ejecutivo sobre la cuarentena. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

HIJOS LA PLATA – JUNIO DE 2020.
Contacto 221 - 5892221

lunes, 22 de octubre de 2018

Juicio Brigada San Justo

El 13 de agosto comenzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo. 
El debate incluye imputaciones a 19 represores por 84 casos, 31 de los cuales corresponde a personas detenidas-desaparecidas.
LAS AUDIENCIAS SON LOS MIÉRCOLES DESDE LAS 10 AM EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PLATA, CALLE 8 Y 50. (Se extenderá hasta 2019).
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lunes, 19 de febrero de 2018

La domiciliaria de Miguel Etchecolatz en Mar del Plata sigue sumando rechazos

Por una playa libre de represores

Al cumplirse un mes y medio del beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al ex jefe de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, turistas y vecinos del Bosque Peralta Ramos, donde cumple sus múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, realizaron una nueva acción de repudio a la presencia del genocida en esa ciudad balnearia.

Imagen: Gentileza de Laureano Marchand Cassataro
A un mes y medio de concretada, el rechazo a la presencia del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en Mar del Plata no cesa. Esta mañana, sus vecinos del Bosque Peralta Ramos y de esa ciudad balnearia, además de veraneantes, escribieron con sus cuerpos "cárcel para Etchecolatz" en las playa de los acantilados.

La iniciativa fue una más de las tantas que viene organizando vecinos sin Genocidas, el colectivo de habitantes del Bosque Peralta Ramos que nació cuando el Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires habilitó al represor de la Bonaerense en épocas de la última dictadura cívico militar a cumplir sus múltiples condenas por delitos de lesa humanidad en su casa de ese barrio marplatense.

La intervención, que desarrollaron durante las primeras horas de esta mañana, se suma a las movilizaciones que los vecinos y vecinas del Bosque y habitantes de Mar del Plata llevaron a cabo los días inmediatamente posteriores a la llegada del ex número dos de la policía bonaerense durante el terrorismo de Estado y a la presentación formal ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, a quien junto a las familias de víctimas y sobrevivientes de los crímenes cometidos por Etchecolatz le solicitaron le quite el beneficio.

Ese tribunal, que habilitó la prisión domiciliaria para Etchecolatz, debe su respuesta. En tanto, la Cámara de Casación Penal debe resolver los pedidos que los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por Etchecolatz en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande --que están siendo evaluados en un juicio oral-- tiene que fijar una fecha de audiencia para evaluar el mismo beneficio otorgado por el TOF 6.

Etchecolatz acumula cuatro condenas a prisión perpetua, otras dos menores y aguarda el comienzo de juicios en su contra por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, mientras era jefe de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial

lunes, 12 de febrero de 2018

Presentación judicial para exigir la revocación de la detención domiciliaria a Etchecolatz

“Que vuelva a donde tiene que estar”

Querellantes en la causa Circuito Camps, organizaciones sociales y vecinos del Bosque Peralta Ramos se presentaron ante el TOF 1 de La Plata para denunciar la conmoción social que generó la presencia del represor en Mar del Plata y para pedir su regreso a la cárcel.
Por Ailín Bullentini

“Queremos vivir tranquilos en nuestro barrio”, plantearon los manifestantes ante el tribunal federal. 
La imagen muestra a un nene y a una nena de no más de 8 años. Miran atentos a través de una valla que los duplica en altura y no los deja avanzar por la calle. Al otro lado de la valla, los observan dos docenas de policías y prefectos armados que cuidan la casa del Bosque Peralta Ramos en donde desde hace mes y medio cumple arresto domiciliario el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La foto es una de las cerca de 50 que querellantes en la causa Circuito Camps, organizaciones populares y vecinos del barrio marplatense entregaron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, como muestra de la “conmoción social” que la presencia del genocida provocó en el barrio desde su llegada, razón entre otras por la que exigen la revocación del beneficio al ex número dos de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Además, pidieron a los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli que viajen hasta el barrio para escuchar a los vecinos y observar por sí mismos lo que ellos denuncian.

Se reanudan las audiencias

Etchecolatz logró la salida efectiva del hospital penitenciario de Ezeiza el 27 de diciembre pasado, luego de que le otorgara el beneficio el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires –que lo está juzgando por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en centros clandestinos de Monte Grande y Esteban Echeverría–. Mientras los jueces que lo integran –Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero– demoran sus decisiones sobre los recursos que las querellas y la Fiscalía presentaron para revertir en Casación la situación de privilegio del genocida, los organismos de derechos humanos, las familias de víctimas y los sobrevivientes que batallan hace décadas para aportar justicia a los hechos sucedidos en la veintena de centros clandestinos de detención del llamado Circuito Camps, redoblaron la apuesta. 

Ayer, con un acto en la puerta de Tribunales y la presencia de vecinos del Bosque Peralta Ramos, no sólo les pidieron a los jueces federales de La Plata que revoquen la decisión que emitieron en agosto de 2016 de habilitar a Etchecolatz a cumplir en su casa las múltiples condenas por delitos de lesa humanidad que acumuló en una década de juicios, sino que también les pidieron que visiten el Bosque Peralta Ramos para observar los efectos que la presencia del genocida provocó en la cotidianidad de ese espacio y en la vida de sus habitantes. 

“Vinimos a pedirles por favor a los jueces que revoquen la prisión domiciliaria de Etchecolatz, queremos que vuelva al único lugar donde tiene que estar, que es la cárcel”, resumió Nicolás Grooper ayer a la mañana antes de que sus vecinas ingresaran al despacho de los jueces del TOF 1 de La Plata a entregar los escritos, el dossier con fotos y las planillas con más de 1500 firmas de adhesiones barriales, marplatenses y de La Plata al reclamo para que la Justicia devuelva al genocida a la cárcel. 

El pedido de revocatoria del beneficio, presentado con el aval de Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Clara Anahí, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además de varias víctimas sobrevivientes de la Noche de los Lápices, se funda en que Etchecolatz “ha quebrantado la prohibición de salir del domicilio sin la debida autorización judicial”, denunciaron en relación a la salida que realizó a la Clínica Colón sin custodia policial uniformada, y en “violación a la obligación inmediata de aviso, evidenciando el deficiente control jurisdiccional”. El TOF 1 no fue notificado de la salida.

A esas razones se sumó la voz de los vecinos del bosque como testimonio de la “conmoción social” que les genera la presencia del represor. Una presencia que “vulnera sus derechos”. Hasta La Plata viajaron 40 vecinos del barrio para hablarles a los jueces. En la puerta de los tribunales, María Susana Barciulli, una de ellos, públicamente les solicitó “que piensen que son parte del Estado y que como Estado deben considerar nuestros derechos. Queremos vivir tranquilos en nuestro barrio, queremos usar el espacio público como antes, sin miedo”.

Tres de ellos, junto a los abogados Guadalupe Godoy, Emanuel Lovelli y Yamila Zavala Rodríguez, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el sobreviviente de la Noche de los Lápices y vecino del Bosque Gustavo Calotti, fueron recibidos por el juez Pablo Vega. Ana Pecoraro, cuyo padre está desaparecido, vive a cinco cuadras del genocida bonaerense y le contó al juez que el terreno en el que su hermana está construyendo su casa queda frente al domicilio de Etchecolatz, y que vieron hace días que la esposa del represor le pidió al neonazi marplatense Carlos Pampillón que se comunicara con ella: “No es una sensación. Hay muchísimos hechos reales y concretos que hacen que nosotros hayamos armado esta presentación. Queremos que velen por nuestra humanidad como vecinos, como víctimas, como sociedad”, planteó. Vega es el único miembro del Tribunal que votó en contra del beneficio a Etchecolatz. Castelli y Esmoris, que habilitaron la domiciliaria, se ausentaron ayer por “motivos laborales”.
En el acceso al tribunal mientras esperábamos.....

Presentación solicitando al TOF N°1 de La Plata que revoque la prisión domiciliaria a Etchecolatz, por incumplimiento de las condiciones y por la conmoción social que provocó la medida.
La presentación fue hecha por los abogadas junto a los querellantes en la causa llamada Circuito Camps y acompañaron el pedido decenas de vecinos del Bosque Peralta Ramos de Mardel Plata que vinieron especialmente y trajeron firmas y documentación que recolectaron durante este mes. Estuvieron presentes también Norita Cortiñas, querellantes y organismos. Reclamo de que se cumplan sus condenas por genocida en cárcel común y efectiva. 
Organismos de derechos humanos, familiares y querellantes en las causas de lesa humanidad del Circuito Camps, organizaciones gremiales, sociales y políticas y toda persona que lucha por la verdad, la memoria y la justicia se hiceron presentes.
Foto: Lunes 05/02/2018 — con Carlos Alberto Zaidman.

lunes, 5 de febrero de 2018

La fiscal Ramos pidió que se revoque la domiciliaria para Etchecolatz

Un fallo “arbitrario” y “sin fundamentación”

El Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de la prisión domiciliaria del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado interpuso un recurso de Casación contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6. 

“El recurso se interpone a fin de que se revoque esa decisión por resultar arbitraria, carecer de fundamentación, afectar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal”, sostuvo la fiscal. Además, la fiscalía entiende que “el recurso es procedente porque la resolución es y debe ser considerada sentencia definitiva en cuanto a sus efectos que causan un gravamen irreparable y, en razón de ellos, es que este Ministerio Público se encuentra legitimado para recurrir al tener un interés jurídico directo en que se revierta lo decidido”. 

El recurso deberá ser elevado a la Cámara Federal de Casación Penal para su intervención, a fin de que resuelva en consecuencia, conforme los argumentos esgrimidos por la fiscalía.

El represor Miguel Etchecolatz, sobre quien pesan seis condenas por delitos de lesa humanidad, se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en su casa del Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero decidieron otorgarle el beneficio dada su avanzada edad y su estado de salud

jueves, 18 de enero de 2018

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada : NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ, PARA LOS GENOCIDAS CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA.

ADHIERE Y CONVOCA A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
11 DE ENERO 17 HORAS MARCHAMOS DESDE PLAZA CONGRESO A PLAZA DE MAYO

JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.
LIBERTAD A CESAR ARAKAKI, DIMAS PONCE, A LOS DETENIDOS EL 14 DE DICIEMBRE Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

CESE DE LA PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO.
CIERRE YA DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES POPULARES,
REPUDIAMOS LA DENUNCIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD A LOS DIPUTADOS OPOSITORES QUE ENFRENTARON LA REFORMA PREVISIONAL.

NO A LA PERSECUCIÓN A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN TODO EL PAÍS.
REPUDIAMOS EL INFORME DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FUERA BULLRICH.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS EN LUCHA POR SU REINCORPORACIÓN.

NO AL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES,
NO AL PAQUETE DE REFORMAS CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es un genocida
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue el responsable de más de 20 Centros Clandestino de Detención Exterminio del Circuito Camps.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es responsable de miles de asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, es responsable de la apropiación de decenas de bebes, robados a sus madres asesinadas.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el responsable de la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue condenado en varios juicios a cadena perpetua.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el símbolo de la dictadura.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, como quedó plasmado en el fallo del juicio en el que desapareció López, no puede permanecer un solo día fuera de la cárcel.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz en su casa es la puerta abierta para que todos los genocidas estén en su casa
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz libre en su casa, de la mano de Macri, Vidal y Patricia Bullrich es el premio que reciben los responsables de los 725 pibes y pibas asesinados x el gatillo fácil en estos 721 dias de gobierno, es decirles AVANCEN que serán IMPUNES.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que fueron asesinados por las fuerzas represivas este año 2017.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, libre en su casa, es la amenaza de este gobierno a los que luchan contra los despidos y la represión de este plan de ajuste.

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA