lunes, 19 de febrero de 2018

La domiciliaria de Miguel Etchecolatz en Mar del Plata sigue sumando rechazos

Por una playa libre de represores

Al cumplirse un mes y medio del beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al ex jefe de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, turistas y vecinos del Bosque Peralta Ramos, donde cumple sus múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, realizaron una nueva acción de repudio a la presencia del genocida en esa ciudad balnearia.

Imagen: Gentileza de Laureano Marchand Cassataro
A un mes y medio de concretada, el rechazo a la presencia del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en Mar del Plata no cesa. Esta mañana, sus vecinos del Bosque Peralta Ramos y de esa ciudad balnearia, además de veraneantes, escribieron con sus cuerpos "cárcel para Etchecolatz" en las playa de los acantilados.

La iniciativa fue una más de las tantas que viene organizando vecinos sin Genocidas, el colectivo de habitantes del Bosque Peralta Ramos que nació cuando el Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires habilitó al represor de la Bonaerense en épocas de la última dictadura cívico militar a cumplir sus múltiples condenas por delitos de lesa humanidad en su casa de ese barrio marplatense.

La intervención, que desarrollaron durante las primeras horas de esta mañana, se suma a las movilizaciones que los vecinos y vecinas del Bosque y habitantes de Mar del Plata llevaron a cabo los días inmediatamente posteriores a la llegada del ex número dos de la policía bonaerense durante el terrorismo de Estado y a la presentación formal ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, a quien junto a las familias de víctimas y sobrevivientes de los crímenes cometidos por Etchecolatz le solicitaron le quite el beneficio.

Ese tribunal, que habilitó la prisión domiciliaria para Etchecolatz, debe su respuesta. En tanto, la Cámara de Casación Penal debe resolver los pedidos que los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por Etchecolatz en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande --que están siendo evaluados en un juicio oral-- tiene que fijar una fecha de audiencia para evaluar el mismo beneficio otorgado por el TOF 6.

Etchecolatz acumula cuatro condenas a prisión perpetua, otras dos menores y aguarda el comienzo de juicios en su contra por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, mientras era jefe de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial

lunes, 12 de febrero de 2018

Presentación judicial para exigir la revocación de la detención domiciliaria a Etchecolatz

“Que vuelva a donde tiene que estar”

Querellantes en la causa Circuito Camps, organizaciones sociales y vecinos del Bosque Peralta Ramos se presentaron ante el TOF 1 de La Plata para denunciar la conmoción social que generó la presencia del represor en Mar del Plata y para pedir su regreso a la cárcel.
Por Ailín Bullentini

“Queremos vivir tranquilos en nuestro barrio”, plantearon los manifestantes ante el tribunal federal. 
La imagen muestra a un nene y a una nena de no más de 8 años. Miran atentos a través de una valla que los duplica en altura y no los deja avanzar por la calle. Al otro lado de la valla, los observan dos docenas de policías y prefectos armados que cuidan la casa del Bosque Peralta Ramos en donde desde hace mes y medio cumple arresto domiciliario el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La foto es una de las cerca de 50 que querellantes en la causa Circuito Camps, organizaciones populares y vecinos del barrio marplatense entregaron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, como muestra de la “conmoción social” que la presencia del genocida provocó en el barrio desde su llegada, razón entre otras por la que exigen la revocación del beneficio al ex número dos de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Además, pidieron a los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli que viajen hasta el barrio para escuchar a los vecinos y observar por sí mismos lo que ellos denuncian.

Se reanudan las audiencias

Etchecolatz logró la salida efectiva del hospital penitenciario de Ezeiza el 27 de diciembre pasado, luego de que le otorgara el beneficio el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires –que lo está juzgando por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en centros clandestinos de Monte Grande y Esteban Echeverría–. Mientras los jueces que lo integran –Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero– demoran sus decisiones sobre los recursos que las querellas y la Fiscalía presentaron para revertir en Casación la situación de privilegio del genocida, los organismos de derechos humanos, las familias de víctimas y los sobrevivientes que batallan hace décadas para aportar justicia a los hechos sucedidos en la veintena de centros clandestinos de detención del llamado Circuito Camps, redoblaron la apuesta. 

Ayer, con un acto en la puerta de Tribunales y la presencia de vecinos del Bosque Peralta Ramos, no sólo les pidieron a los jueces federales de La Plata que revoquen la decisión que emitieron en agosto de 2016 de habilitar a Etchecolatz a cumplir en su casa las múltiples condenas por delitos de lesa humanidad que acumuló en una década de juicios, sino que también les pidieron que visiten el Bosque Peralta Ramos para observar los efectos que la presencia del genocida provocó en la cotidianidad de ese espacio y en la vida de sus habitantes. 

“Vinimos a pedirles por favor a los jueces que revoquen la prisión domiciliaria de Etchecolatz, queremos que vuelva al único lugar donde tiene que estar, que es la cárcel”, resumió Nicolás Grooper ayer a la mañana antes de que sus vecinas ingresaran al despacho de los jueces del TOF 1 de La Plata a entregar los escritos, el dossier con fotos y las planillas con más de 1500 firmas de adhesiones barriales, marplatenses y de La Plata al reclamo para que la Justicia devuelva al genocida a la cárcel. 

El pedido de revocatoria del beneficio, presentado con el aval de Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Clara Anahí, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además de varias víctimas sobrevivientes de la Noche de los Lápices, se funda en que Etchecolatz “ha quebrantado la prohibición de salir del domicilio sin la debida autorización judicial”, denunciaron en relación a la salida que realizó a la Clínica Colón sin custodia policial uniformada, y en “violación a la obligación inmediata de aviso, evidenciando el deficiente control jurisdiccional”. El TOF 1 no fue notificado de la salida.

A esas razones se sumó la voz de los vecinos del bosque como testimonio de la “conmoción social” que les genera la presencia del represor. Una presencia que “vulnera sus derechos”. Hasta La Plata viajaron 40 vecinos del barrio para hablarles a los jueces. En la puerta de los tribunales, María Susana Barciulli, una de ellos, públicamente les solicitó “que piensen que son parte del Estado y que como Estado deben considerar nuestros derechos. Queremos vivir tranquilos en nuestro barrio, queremos usar el espacio público como antes, sin miedo”.

Tres de ellos, junto a los abogados Guadalupe Godoy, Emanuel Lovelli y Yamila Zavala Rodríguez, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el sobreviviente de la Noche de los Lápices y vecino del Bosque Gustavo Calotti, fueron recibidos por el juez Pablo Vega. Ana Pecoraro, cuyo padre está desaparecido, vive a cinco cuadras del genocida bonaerense y le contó al juez que el terreno en el que su hermana está construyendo su casa queda frente al domicilio de Etchecolatz, y que vieron hace días que la esposa del represor le pidió al neonazi marplatense Carlos Pampillón que se comunicara con ella: “No es una sensación. Hay muchísimos hechos reales y concretos que hacen que nosotros hayamos armado esta presentación. Queremos que velen por nuestra humanidad como vecinos, como víctimas, como sociedad”, planteó. Vega es el único miembro del Tribunal que votó en contra del beneficio a Etchecolatz. Castelli y Esmoris, que habilitaron la domiciliaria, se ausentaron ayer por “motivos laborales”.
En el acceso al tribunal mientras esperábamos.....

Presentación solicitando al TOF N°1 de La Plata que revoque la prisión domiciliaria a Etchecolatz, por incumplimiento de las condiciones y por la conmoción social que provocó la medida.
La presentación fue hecha por los abogadas junto a los querellantes en la causa llamada Circuito Camps y acompañaron el pedido decenas de vecinos del Bosque Peralta Ramos de Mardel Plata que vinieron especialmente y trajeron firmas y documentación que recolectaron durante este mes. Estuvieron presentes también Norita Cortiñas, querellantes y organismos. Reclamo de que se cumplan sus condenas por genocida en cárcel común y efectiva. 
Organismos de derechos humanos, familiares y querellantes en las causas de lesa humanidad del Circuito Camps, organizaciones gremiales, sociales y políticas y toda persona que lucha por la verdad, la memoria y la justicia se hiceron presentes.
Foto: Lunes 05/02/2018 — con Carlos Alberto Zaidman.

lunes, 5 de febrero de 2018

La fiscal Ramos pidió que se revoque la domiciliaria para Etchecolatz

Un fallo “arbitrario” y “sin fundamentación”

El Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de la prisión domiciliaria del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado interpuso un recurso de Casación contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6. 

“El recurso se interpone a fin de que se revoque esa decisión por resultar arbitraria, carecer de fundamentación, afectar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal”, sostuvo la fiscal. Además, la fiscalía entiende que “el recurso es procedente porque la resolución es y debe ser considerada sentencia definitiva en cuanto a sus efectos que causan un gravamen irreparable y, en razón de ellos, es que este Ministerio Público se encuentra legitimado para recurrir al tener un interés jurídico directo en que se revierta lo decidido”. 

El recurso deberá ser elevado a la Cámara Federal de Casación Penal para su intervención, a fin de que resuelva en consecuencia, conforme los argumentos esgrimidos por la fiscalía.

El represor Miguel Etchecolatz, sobre quien pesan seis condenas por delitos de lesa humanidad, se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en su casa del Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero decidieron otorgarle el beneficio dada su avanzada edad y su estado de salud

jueves, 18 de enero de 2018

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada : NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ, PARA LOS GENOCIDAS CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA.

ADHIERE Y CONVOCA A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
11 DE ENERO 17 HORAS MARCHAMOS DESDE PLAZA CONGRESO A PLAZA DE MAYO

JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.
LIBERTAD A CESAR ARAKAKI, DIMAS PONCE, A LOS DETENIDOS EL 14 DE DICIEMBRE Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

CESE DE LA PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO.
CIERRE YA DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES POPULARES,
REPUDIAMOS LA DENUNCIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD A LOS DIPUTADOS OPOSITORES QUE ENFRENTARON LA REFORMA PREVISIONAL.

NO A LA PERSECUCIÓN A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN TODO EL PAÍS.
REPUDIAMOS EL INFORME DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FUERA BULLRICH.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS EN LUCHA POR SU REINCORPORACIÓN.

NO AL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES,
NO AL PAQUETE DE REFORMAS CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es un genocida
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue el responsable de más de 20 Centros Clandestino de Detención Exterminio del Circuito Camps.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es responsable de miles de asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, es responsable de la apropiación de decenas de bebes, robados a sus madres asesinadas.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el responsable de la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz fue condenado en varios juicios a cadena perpetua.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz es el símbolo de la dictadura.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, como quedó plasmado en el fallo del juicio en el que desapareció López, no puede permanecer un solo día fuera de la cárcel.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz en su casa es la puerta abierta para que todos los genocidas estén en su casa
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz libre en su casa, de la mano de Macri, Vidal y Patricia Bullrich es el premio que reciben los responsables de los 725 pibes y pibas asesinados x el gatillo fácil en estos 721 dias de gobierno, es decirles AVANCEN que serán IMPUNES.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que fueron asesinados por las fuerzas represivas este año 2017.
DECIMOS NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
Porque Miguel O. Etchecolatz, libre en su casa, es la amenaza de este gobierno a los que luchan contra los despidos y la represión de este plan de ajuste.

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Represor Héctor "El Oso" Acuña : Del campo de concentración a la propia casa

Denunciaron al represor Héctor “El Oso” Acuña por abuso sexual de una menor que estaba a su cuidado

Durante la última dictadura integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Una joven con quien tenía un vínculo familiar denunció que abusó de ella durante diez años, incluso en la cárcel de Marcos Paz.

Por Victoria Ginzberg (página12)

Héctor “El Oso” Acuña era temido hasta por los guardias del centro clandestino La Cacha, donde era uno de los jefes.

Si no hubieran existido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la década del 90 Héctor “El Oso” Acuña hubiera estado en prisión. Durante la última dictadura integró la Dirección de Seguridad de la jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense y fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención. Pero Acuña estaba libre. Y durante diez años abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera arrestado en 2006. A los 16 años pudo, a pesar de las amenazas de Acuña, contárselo a una amiga y así comenzó el camino que terminó con la denuncia judicial. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Marquevich, fiscal federal interino de Morón la concretaron formalmente esta semana y pidieron que Acuña, que está tramitando su arresto domiciliario, sea llamado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual agravado.  

 Desde pequeña, la joven cuyo nombre se mantiene en reserva quedaba al cuidado de Acuña, con quien tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, dice la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel. “Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, señaló Labozzetta en su presentación.

La detención del represor en 2006 se produjo por los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Unidad 9 de La Plata. En octubre de 2010 fue condenado a diez años de prisión. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que en esa cárcel existió, “a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos, con el fin de quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización; por la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y por desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte”. 

En 2014 recibió una segunda condena del mismo tribunal, esta vez a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas en el centro clandestino de detención La Cacha, llamado así por el personaje de historieta la Bruja Cachavacha, que hacía desaparecer personas. 

La Cacha funcionó desde fines de 1976 hasta octubre de 1978 en las instalaciones de la antigua antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, en el predio de la penitenciaría de Olmos. Allí actuaron patotas de las Fuerzas Armadas y de distintas fuerzas de seguridad: las que pertenecían al Regimiento 7, al Servicio de Inteligencia del Ejército, a la Marina y al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, donde reportaba Acuña. 

  En el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, Ricardo Molina contó que fue secuestrado el 14 de abril de 1977 por la noche en su domicilio por un grupo de tareas comandado por una persona que se hacía llamar “El Francés” (Gustavo Adolfo Cacivio). Que fue llevado a La Cacha en el asiento trasero de un Torino blanco de cuatro puertas y que al llegar al centro clandestino, un sujeto muy violento al que le decían el Oso lo sacó del auto de los pelos y que aunque no le vio la cara presumía que participaba en sesiones de torturas y estaba regularmente en el lugar. María Laura Bretal relató que en La Cacha los secuestrados fueron humillados, engrillados de pies y manos, encapuchados y describió a “el Oso” como un “terrible torturador que era del Servicio Penitenciario”. Un testigo que vive en el exterior y declaró mediante videoconferencia y con el pedido de que no hubiera público en la sala y se reservara su nombre relató abusos sexuales por parte del Oso Acuña mientras lo torturaban. 

En ese juicio, en el que también fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia. También afirmó que hacía sentir miedo a los guardias del centro clandestino. 

Acuña, además, fue procesado por amenazar con degollar al juez federal César Alvarez durante una visita del magistrado a la cárcel de Ezeiza. En esa oportunidad, la defensa argumentó que no había sido una amenaza sino “una bravuconada propia de una persona en evidente situación de vulnerabilidad por su condición de detenido”. También amedrentó a testigos durante el juicio de La Cacha. En una audiencia realizada en septiembre de 2014 le dijo a una de las sobrevivientes: “Mirá cómo dejaron el país en diez años, vamos a ver dónde te metés en tres o cuatro meses, ya te voy a agarrar”.       

 Y también amenazaba a la niña de la que abusaba. Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado. Su amiga, que también declaró ante la UFEM, relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. Y recordó que en la cabecera de la cama del represor había un espacio de guardado donde había armas y que ambas las habían visto. La denunciante había logrado que no la obligaran a ir a verlo a la cárcel, pero cuando escucharon por televisión que podía salir en libertad, su amiga la convenció de que le contara los hechos a un adulto. Primero le dijeron a la madre de su amiga. Y así se enteró la familia. Tiempo después, se decidió a hacer la denuncia judicial. 

“La joven que fue víctima de Acuña se contactó con nosotros porque quería hacer la denuncia. Sabía que iba a tener cierta exposición, pero estaba muy segura de haber iniciado este camino. También tuvo apoyo psicológico. Estamos conformes con el trabajo de la UFEM y tenemos expectativa de saber cómo va a proceder el juzgado ahora”, dijo a PáginaI12 Sofía Ballesteros, de la organización La Ciega, un colectivo de abogadxs populares de La Plata que acompañó a la denunciante de este caso. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.
(10/01/18)

miércoles, 13 de diciembre de 2017

NEGARON LA LIBERTAD CONDICIONAL AL GENOCIDA ETCHECOLATZ

LA BASURA EN SU LUGAR

Por HIJOS La Plata
https://es-la.facebook.com/ HIJOS.LaPlata/

Después de despacharse con el escandaloso fallo que absolvió al genocida “Pipi” Pomares en el juicio por crímenes cometidos por la CNU, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se reivindicó con una buena noticia: le denegó el pedido de libertad condicional al jefe de las bandas del Terrorismo de Estado en nuestra zona, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Analizamos lo que augura ese pedido pese a haber sido rechazado.

El pasado 11 de diciembre, el presidente del Tribunal Oral federal 1 de La Plata, Germán Castelli, estampó su firma en el fallo que rechaza el pedido de libertad condicional realizado por los abogados del genocida Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, decisión que tenía en vilo a la militancia de DDHH platense respecto a una nueva posibilidad de que la impunidad se hiciera cuerpo.
La defensa del genocida, ejercida por la unidad de letrados móviles de la Defensoría Oficial, había invocado el artículo 28 y de la ley 24.660 y el artículo 13 del Código Penal, que establecen que se concede ese beneficio al condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena y al condenado a reclusión o a prisión por más de tres 3 años que hubiere cumplido los dos tercios de la pena. En el caso de Etchecolatz, condenado en este causa a prisión perpetua en 2006, según esos criterios podría objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. Sin embargo, el juez Castelli apuntó que ninguna pena que se imponga en el futuro en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esta causa a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional.

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi y en la causa “Favero-Álvarez”. Pero además está detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, “Brigada de San Justo”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario las causas que lo tienen, por un lado en juicio ante el TOF 6 de Capital Federal (por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande), y el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
Un total de 11 causas en las cuales obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora.
Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva arguye ahora que como está detenido en otras causas ajenas a su fuero no se debe conceder la libertad condicional. Agregando a ello que tanto en la causa de CABA como en la de Lomas el represor ya solicitó la domiciliaria. Puntualmente Castelli opinó que las medidas de coerción personal que viene sufriendo en estas dos causas “constituyen un escollo suficiente para impedir su libertad condicional, cuando ellas, por mandato legal, carecerían de posibilidad de añadir mayor tiempo de detención a la pena ya impuesta en este expediente”. Y que llegada la condena en esas causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”. 

Por todo ello, el presidente del TOF 1 concluyó que Etchecolatz “se encuentra detenido con prisión preventiva para otras causas en trámite, por lo cual se halla imposibilitado de cumplir con las exigencias requeridas por el digesto sustantivo para el supuesto en que se dispusiera el beneficio de la libertad condicional".

Al igual que cuando el genocida fue sumando el beneficio de la domiciliaria en distintas causas, lo cual se trasladó a una avalancha de pedidos de otros represores, esta resolución sobre la libertad condicional anticipa próximos planteos de genocidas ya condenados que vayan cumpliendo parte de su pena. Pensemos que el comisario fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio Lopez y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad.
Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.

martes, 5 de diciembre de 2017

El veredicto contra 2 integrantes de la CNU en La Plata dejó un sabor agridulce

Carlos Castillo fue condenado a perpetua, pero Juan José Pomares fue absuelto. En sus últimas palabras, el ahora condenado Castillo prometió "más sangre, más dolor y más lágrimas", en una clara amenaza. (Por Luis Angió para La Retaguardia) 

Foto: Castillo señala amenazante a las abogadas durante sus palabras finales (Captura de pantalla de la transmisión de La Retaguardia)

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la última jornada del juicio oral y público contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, quienes estaban acusados por cuatro homicidios y siete secuestros cometidos entre febrero y abril de 1976 que se llevó adelante en el juzgado del tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli (Presidente del Tribunal).
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una banda parapolicial que cometió cientos de asesinatos entre 1973 y 1976, durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, y que en La Plata funcionó a partir de la gobernación del dirigente metalúrgico y representante del peronismo de derecha, Victorio Calabró.

En Mar del Plata ya fueron juzgados y condenados siete miembros de esta banda fascista condenados a prisión perpetua, entre ellos un ex fiscal federal en dos casos y en otros a penas de siete a tres años.
En la última jornada de la audiencia, en horas de la mañana, el tribunal dio la posibilidad a los acusados de dar sus últimas palabras.
El primero en hacerlo fue Juan Carlos “Pipi” Pomares, quien entre otras cosas manifestó que"A los 17 años fui adoctrinado en el peronismo. El peronismo fue mi familia… Soy víctima y no victimario…la cárcel del 76 me enaltece como militante peronista. No soy el que algunos quieren que sea… Soy absolutamente inocente…Los abusos siempre son malos. Provengan de donde provengan. Lo digo yo que fui preso político del Estado”.
Posteriormente habló Carlos “el Indio” Castillo quien manifestó:  “Me enteré por los diarios de estos días que iba a ser condenado a cadena perpetua”. Y en una clara amenaza a las abogadas y familiares de las víctimas allí presentes manifestó: “si no se reconstruye la Constitución como ley suprema de la Nación; si no se restaura el estado de derecho; si no se garantiza la seguridad jurídica; si el ministerio público, si esta república de badulaques a sueldo de los corruptos de turno; si las bestias que pastan en el derecho (señalando a las abogadas defensoras que se encontraban presentes),.. Sr. Presidente…los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de dios, fuente de toda razón y justicia, que solo deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, solo podemos prometerle a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor y más lágrimas”.
Finalizadas sus últimas palabras, el Tribunal no se expresó respecto a esas manifestaciones de Castillo, como algunas personas esperaban, y solo indicó que se pasaría a un cuarto intermedio para dar la sentencia, aclarando de más allá de lo dicho por el genocida en cuanto que ya había sido condenado por los medios, ellos darían su veredicto.

El veredicto

Luego del cuarto intermedio el tribunal reingresó a la sala para leer el veredicto dejando constancia en primer lugar que el hecho juzgado “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser juzgados”.

En cuanto a las penas, por unanimidad resolvieron condenar a Juan Carlos “el Indio” Castillo a la pena de reclusión perpetua, entre otras víctimas por Carlos Domínguez; Graciela Emilia Martínez; Hugo Daniel Pastorino; y Adelaida Úrsula Borbón.
En cuanto a Juan José “Pipi” Pomares,  fue absuelto por unanimidad por aplicación del beneficio de la duda, disponiendo su inmediata libertad.
Esta decisión fue repudiada en el mismo recinto por los familiares y amigos de las víctimas, debiendo soportar las provocaciones de los familiares y amigos de Pomares que festejaban la liberación de este individuo que fue absuelto por crímenes cometidos y comprobados por los mismos hechos por los que fue condenado a cadena perpetua Carlos Castillo. Solo los separaba una hilera de policías.

Las razones de la absolución de Pomares

En diálogo Paulo Giacobbe para La Retaguardia durante la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea  Fundadora, el pasado jueves 30 de noviembre, Susana Zaldua, hermana de Adriana Zaldua, una de las víctimas de esta banda fascista, (asesinada junto otra/os militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) entre el 4 y 5 de septiembre de 1975) y en relación a la absolución y libertad de Pomares, indicó que: “Pipi Pomares es uno de los miembros de la CNU apoyados por el poder político y que fue empleado de la intendencia platense cuando era intente (Julio) Alak, quien fue posteriormente Ministro de Justicia (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y luego estuvo trabajando (Pomares) en el Senado (de la provincia de Bs. As.) con varios senadores del FPV, hoy alguno de ellos están en el Frente Renovador. De modo que tuvo un apoyo político y esa presión política la tuvieron estos jueces para dictar este lamentable fallo”.
En lo hay que hay coincidencias positivas de los organismos de derechos humanos es en que estos asesinatos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fueron considerados en el fallo de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

Por el lado de las querellas, Marta Vedio, de la APDH de La Plata  declaró que “Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante". También rechazó la absolución de Pomares, dado que consideró probada su participación en los crímenes de la CNU. “Por eso, con esta convicción, vamos a ir a Casación para que revea el fallo”.
Otra de las abogadas de la parte de la defensa, Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, indicó que  “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos”, adelantando que apelarán la absolución de Pomares.

Los crímenes de la CNU fueron cometidos durante el período de los gobiernos constitucionales de Juan Perón e Isabel Martinez de Perón y durante más de 40 años ocultados por todos los gobiernos constitucionales terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Solo la tenaz lucha de los familiares  de las víctimas hizo que una ínfima minoría de los asesinos fueran llevados al banquillo de los acusados y en pocos casos juzgados y condenados como estos de La Plata y Mar del Pata. Quedan todavía más asesinatos, violaciones y desapariciones que deben ser investigados y llevados a la justicia para que se sepa la verdad sobre lo sucedido a más de un centenar de luchadores y dirigentes y activistas sindicales y estudiantiles.

La complicidad de todo el arco político sobre estos asesinatos y el silencio que se quiere imponer sobre estos crímenes, que en realidad desnudan el carácter fascista y reaccionario de un período de nuestra historia, no hará callar el reclamo de Memoria Verdad y Justicia que reclaman los familiares de cientos víctimas de estos asesinos que formaban parte de las bandas parapoliciales formadas y apoyadas por un gobierno que alimentó golpes de Estado internos como el que destituyó al gobernador peronista Oscar Bidegain en la Provincia de Buenos Aires e impuso como gobernador a Victorio Calabró, para dar lugar a un período de crímenes y represión inmediatamente anterior a lo que luego fue la dictadura cívico-militar-eclesiástica .
Debe quedar perfectamente claro que los asesinatos y desapariciones de personas no comenzaron el 24 de Marzo de 1976, sino que hubo bandas como las comandadas por el “Indio” Castillo y el “Pipi “ Pomares, y otras formadas bajos el amparo del Estado nacional como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, al comando del Ministro de Acción Social y mano derecha del entonces Presidente, José Lopez Rega) armadas, financiadas y dirigidas por funcionarios del gobierno de Perón.