jueves, 2 de marzo de 2017

La Corte confirmó perpetuas a represores de la U9 de La Plata

Por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Son dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión, e Isabelino Vega, el subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010. Cuatro años después, el fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Lo mismo hizo ahora el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema ratificó dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la cárcel Unidad 9 (U9) de La Plata en perjuicio del años después premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de los periodistas Eduardo Jozami y Eduardo Anguita, entre numerosas víctimas.

En su último acuerdo, y con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró "inadmisible" un recurso presentado por el defensor Fernando Rey en representación de los represores Abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión e Isabelino Vega, subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010 en un fallo ratificado en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora por el máximo tribunal.

Entre las víctimas de "homicidios calificados" cometidos por represores de la U9 se encuentran Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Angel Georgiadis, Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi y Marcos Ibáñez Gatica.

El juicio tomó en cuenta, también, los tormentos seguidos de muerte de Alberto Pinto y la privación ilegal de la libertad de Julio Cesar Urien, Horacio Micucci, Juan Gramano, Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Alejandro Domínguez.

En el juicio se consideró acreditado que en la Unidad 9 “coexistió a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos” con el objeto de “quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización".

Además, se constató "la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte” cuya dirección ejerció Dupuy desde diciembre de 1976.

viernes, 17 de febrero de 2017

Otorgan domiciliaria al represor José Félix Madrid

Veranito en casa de la nena
Por HIJOS La Plata

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos gravísimos.

Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz.

José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o “Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía Bonaerense.
En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria.

El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y no solo en el Hospital Penitenciario.

En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces “un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad.

Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 años impunes.
Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos.

Este asesino debe cumplir estricto arresto en la casa de su hija.
Si lo ve en la calle comuníquese a hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA PLATA

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS
RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS

HIJOS LA PLATA

viernes, 30 de diciembre de 2016

Perpetua para seis ex policías federales por crímenes de lesa humanidad en la dictadura

Se trata del entonces jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, quien es el único que no revistaba en la delegación platense sino que prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Antes de oír la sentencia, el TOF 2 dio a los imputados el derecho a decir unas últimas palabras, pero salvo el ex policía Gigli, los demás se negaron a hablar.

"A pesar de que la Fiscalía me tildó de monstruo, fui una persona a derecho, viví siempre en la ciudad, actué deportivamente, fui dirigente (...) creo en la justicia y sé que soy inocente", expresó Gigli al hacer uso de unas últimas palabras antes de la sentencia.

El Tribunal condenó a los seis ex policías a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas en el caso de José Cugura, N.N. Jorge o La Chancha y Adela Fonrouge, en este último caso agravado por el uso de veneno; la privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia en el caso de José Libralato y Mauricio Mansilla y las lesiones agravadas por tormento en el caso de Libralato.

Los jueces resolvieron además absolver a los imputados de la acusación de privación ilegítima de la libertad de Irma Guzmán y el robo agravado de Mauricio Mansilla.

Con respecto al pedido de la fiscalía para que se revoque la domiciliaria de Zuñiga, Romero, Ortíz y Sánchez, el TOF 2 dispuso que se resuelva en incidente por separado.

La principal prueba que implicó a los ex policías en los hechos juzgados fue un documento elaborado por la propia Policía Federal en la que se solicitaba el ascenso de los mencionados efectivos por haber participado en un operativo represivo en 1977.

El 11 de octubre de 1977, una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense, con información acerca del domicilio de un joven militante de esa ciudad, Juan Carlos Rodríguez, a quien habían secuestrado en septiembre en Buenos Aires.

Tras el aviso a los militares, esa misma madrugada una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5.30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.

Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego fue "interrogado", lo que permitió obtener su domicilio, en el que asesinaron a su esposa Adela Esther Fonrouge, quien se vio obligada a tomar una pastilla de cianuro; tras lo cual asesinan a Cugura en otro punto de la ciudad.

Dos días después, la policía monto otro operativo cerrojo en el entonces Estadio Provincial, situado en 32 y 23, de La Plata, donde Libralato debía reunirse con un hombre identificado como Jorge o La Chancha, y lo asesinaron.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Nuevo fallo judicial impide que Etchecolatz se vaya a su casa

La Cámara Federal de La Plata le negó la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. El genocida ya suma dos fallos en contra.

Ayer las querellas que son parte de la causa conocida como "El Infierno" (en referencia a ese ex centro clandestino de detención ubicado en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Avellaneda) recibieron la notificación de la Cámara Federal de La Plata.

Según la resolución, le fue denegada la detención domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dicha causa, en la que está procesado.

La negativa a que el exdirector de Investigaciones de la policía provincial y mano derecha de Ramón Camps se vaya a su casa se suma a un rechazo anterior en el mismo sentido por parte de la misma Cámara pero en la causa "Pozo de Banfield". Vale recordar que ambas causas refieren al denominado Circuito Camps.

Ambas resoluciones de Cámara ratifican lo resuelto el primera instancia por el juez federal Ernesto Kreplak.

La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Luz Santos Morón manifestó que este nuevo fallo "permite que, al menos por el momento, este genocida siga en la carcel. Y eso es gracias a la pelea que venimos dando desde hace meses los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares".

Santos Morón agregó que "si bien es de esperar que la defensa de este genocida apele el fallo, queda sentado un importante precedente para nuestra lucha por cárcel efectiva para quienes cometieron los peores crímenes contra el pueblo trabajador".

miércoles, 9 de noviembre de 2016

JusticiaYa La Plata rechazó el pedido de prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz

Frente a la negatoria del juez Kreplak en la causa Pozo de Banfield referida al pedido de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz se realizó la audiencia en donde la querella de Justicia YA se pronunció con un fuerte rechazo. Expusieron María Victoria Moyano, Clara Petrakos y Alejandrina Barry hijas de desaparecidos, y también hizo uso de la palabra Nilda Eloy (AEDD).

Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield planteó que “A nosotras esto nos preocupa y estamos acá después de 40 años para decir que nos parece inconcebible que Miguel Etchecolatz pueda contar con un privilegio de prisión domiciliaria”.

Por el rol de dirección [fue mano derecha de Ramón Camps, quien estuvo a cargo de la Policía Bonaerense durante la dictadura] podría haber aportado en los distintos expedientes (…) y declaró públicamente en varias oportunidades que sabía el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani que aún estamos buscando, y si esto no es obstruir las investigaciones al no querer aportar datos, no sé cómo se llama”
sentenció Victoria quien fuera apropiada, a pocos días de nacer, por el comisario de la brigada de San Justo, un subordinado del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Por su parte Clara Petrakos, hija de desaparecidas contó que el próximo 11 de noviembre se cumplen 40 años del secuestro de su madre, quien estaba embarazada de su hermana y que al día de hoy la siguen buscando.

La querella de Justicia YA se opuso a la apelación realizada por la defensa que insiste con el pedido de presión domiciliaria para Etchecolatz. Plantearon que los problemas de salud que dice padecer no son suficientes para el otorgamiento del beneficio de domiciliaria, y que puede atenderse en el servicio de salud de la unidad penitenciaria sin necesidad de ser trasladado a su casa.

Alegaron que “Miguel Etchecolatz no es un preso más sino uno de los máximos responsables del accionar represivo y del plan sistemático de exterminio llevado adelante durante la última dictadura militar en la provincia de Buenas Aires”.
ue el genocida Etchecolatz vaya a su casa significaría un verdadero riesgo procesal al permitirle una mayor libertad de acción para uno de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López, y que además está involucrado en la mayoría de los juicios de lesa humanidad en provincia de Buenos Aires”
sentenciaron.

Y como señalara Nilda Eloy, que "a diferencia de la anterior audiencia, la defensa estuvo presente y se le dió la palabra en primer lugar y manifestó que es el preso más viejo, 87 años, está enfermito tiene de todo, alta posibilidad de muerte súbita, cuando terminó, Compaired uno de los jueces, le pregunto algo sobre lo de la muerte súbita y que eso podía suceder en cualquier lado, el defensor contestó que Etchecolaz "tenía derecho a una muerte digna", sin palabras.

Las abogadas de JusticiaYa, además de los argumentos antes señalados, les recordaron el fallo de esta sala negándole la domiciliaria a Smart y pidiendo que las víctimas fueran escuchadas. El defensor se opuso, pero los jueces aceptaron justificando el derecho de la víctima a ser escuchada, dijeron 2, dijimos que eran 3 que iban a hablar poquito 5 minutitos cada una, ya que yo no iba a hablar, aceptaron. Así habló  primero Clarita, luego Viki Moyano y por último Alejandrina, impecables, desde las tripas, aplausos para cada una. Se terminaba y yo no pude callarme y pedí (sin micrófono) hablar 1 minuto. Me lo concedieron, entonces le aclaré al defensor la incongruencia de hablar de muerte digna de Moe, es un genocida y los genocidas no mueren dignos no importa donde mueran, y como toda una boga le recordé que el instituto que el pide habla de enfermos en fase terminal y no de enfermos al término de su vida, eso nos pasa a todos.

Participación de 9 policías federales en la desaparición de militantes de Montoneros

 La causa se inicia a partir de hallazgo en el legajo personal de Emilio Alberto Rimoldi Fraga de un expediente interno iniciado el 14 de octubre de 1977. En él se hace un relato pormenorizado de los procedimientos en los que participaron 9 policías federales. Las víctimas eran militantes o estaban relacionados con la Columna 27 de Montoneros.

Cerca del amanecer del martes 11 de octubre de 1977 emboscan a Juan José Libralato en el centro de La Plata cuando asistía a una cita con un compañero; lo interrogan y trasladan a Capital. En la mañana de ese día van a la casa de Libralato/Fonrouge y la allanan; Adela Esther Fonrouge toma una pastilla de cianuro, la trasladan; estaba embarazada de entre 2 y 4 meses. Dejan a la hija de la pareja de 6 meses en el lugar, Julia Esther Libralato (los abuelos paternos la recuperan el 15 de ese mes). Cerca del mediodía del mismo día, la misma comisión de policías embosca a Juan Oscar Cugura y es asesinado en el tiroteo. Finalmente, por la noche secuestran a Irma Guzmán en su domicilio; estaban buscando a su marido.

Dos días más tarde, el jueves 13 de octubre de 1977 por la mañana emboscan a Jorge o La Chancha (de quien no se saben más datos); es herido de gravedad y según el legajo murió al ser trasladado al Hospital Naval. Por la noche secuestran a Mauricio Emeraldo Mansilla de su domicilio; permaneció unos 20 días en La Cacha.

El único sobreviviente es Mansilla; Guzmán fue recientemente ubicada y tal vez declare en el juicio; de los cuatro restantes, Cugura, Fonrouge, La Chancha y Libralato se encontraron los restos inhumados como NN (los tres primeros en el Cementerio Municipal de La Plata y Libralato en el Cementerio Municipal de Berazategui).


Los policías son:

1.      Blanco, Jorge Alberto
2.      Gigli, Roberto Arturo
3.      Gómez, Carlos Omar (falleció el 12 de julio de 2012).
4.      Maciel, Adalberto Abel (falleció el 28 de febrero de 2009)
5.      Ortiz, Horacio Alfredo
6.      Rimoldi Fraga, Emilio Alberto (prófugo)
7.      Romero, Rafael Oscar
8.      Sánchez, José Carlos (cumplía funciones en Capital Federal)
9.      Zúñiga, Martín Eduardo

Excepto Sánchez, todos cumplían funciones en la delegación La Plata de la Policía Federal. Sánchez lo hacía en el Departamento de Asuntos Extranjeros.

En orden jerárquico:

Zúñiga                        COMISARIO
Rimoldi Fraga             SUBCOMISARIO
Gómez                        PRINCIPAL
Romero                       INSPECTOR
Maciel                         SUBINSPECTOR
Ortiz                            SARGENTO
Gigli y Blanco              CABO
Sánchez                      CABO PRIMERO

martes, 13 de septiembre de 2016

POSTERGACIONES Por HIJOS La Plata

Tras haber fijado dos fechas de inicio en falso, los días 12 y 29 de agosto, el TOF1 de La Plata iba a iniciar el juicio a la CNU de La Plata con la composición Germán Castelli, César Álvarez y Carlos Rozanski. Sin embargo el juez Álvarez renunció a su cargo de subrogante por supuesta “prescripción médica” en curiosa coincidencia con la obligación de resolver sobre la domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. Entonces, a mediados de agosto el Consejo de la Magistratura designó a Alejandro Esmoris, juez de cámara del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal N° 2, para subrogar la vacante hasta el 30 de noviembre. Desde el espacio Justicia Ya La Plata recusamos a Esmoris por su actuación en el juicio “Labolita” en Mar Del Plata en 2009, donde absolvió a uno de los imputados y cuestionó a los testigos en voto compartido con el juez Nelson Jarazo. Para resolver la incidencia, y ante la excusación de Rozanski, se designó al juez Jorge Michelli .

El panorama se hace más complejo si tenemos en cuenta que no hay un plantel fijo en la conformación del tribunal para otras causas pendientes de juicio. Además, ante nuevas vacantes y pujas internas, se viene echando mano de los jueces de la Cámara Federal como Agustín Lemos Arias y Antonio Pacilio. Para más datos en la causa por la “Brigada de Investigaciones de San Justo”, el juez Castelli está excusado por ser amigo personal de uno de los imputados: Juan María Torino, subsecretario de Gobierno en la gestión de facto en la provincia de Buenos Aires entre abril del '76 y marzo del '79. Pero el hecho más grave, y que atañe estrictamente al juicio CNU, es la excusación de Rozanski en la causa, al parecer, por haber recibido amenazas de muerte.

Según trascendidos que habrá que comprobar, una denuncia ante el juez federal Ernesto Kreplak alertó que un ex jefe de la CNU habría comprado dos armas de guerra con el fin de asesinar a Rozanski, que rechazó la custodia pero se excusó de participar en el juicio a la CNU.
El 5 de septiembre pasado la Cámara de Casación designó a Carlos Alberto Nogueira, juez de la Cámara Federal platense, para cubrir la nueva vacante. Lo hizo sin tener en cuenta que estaba de licencia hasta el 23 de septiembre. Ello obligó a volver a Casación para que designe un nuevo magistrado.

En abril de 2015 Rozanski había denunciado intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. Por entonces dijo que la campaña comenzó luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio “La Cacha”. Esa vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. Tras esto, Rozanski, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz. El dato importante es que son la mayoría de los expedientes a la espera de juicio en La Plata. Así, la pulseada comenzó a ganarla Etchecolatz, que de una u otra manera le torció el brazo a uno de los jueces más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Este año el TOF 1 solo realizó el juicio por la causa “Favero/Alvarez”, 4 imputados por 2 casos, e inició el proceso a Lucio Carlos Ramírez, militar que integraba el Regimiento de Infantería Nº 7 de La Plata, por los homicidios de Ángel Giorgiadis y de Horacio Rapaport y por la privación ilegal de la libertad de Julio César Urien, todo ello en una causa residual del juicio Unidad 9 de 2010.

Sin hacer del caso una cuestión de valentía, habrá que pensar como asume cada uno el rol que le compete, los sobrevivientes, familiares, testigos e incluso los jueces, sobre todo frente a la exposición que significa encarar este tipo de juicios. Mucho más teniendo en cuenta que desde el primer juicio realizado en La Plata, hace 10 años, está desaparecido Jorge Julio López, un sobreviviente de la dictadura que buscaba justicia. Y de alguna manera el hecho no escapa a la responsabilidad del propio Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

La realidad indica que el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando ejemplarmente a Etchecolatz en 2006, se va desdibujando en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío.