lunes, 19 de junio de 2017

​En La Plata anda suelto un nuevo intento de impunidad : Marcha 21 de junio

¡A los genocidas ni 2x1 ni domiciliaria; cárcel común, perpetua y efectiva!

El Juez Federal, subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Alejandro Esmoris otorgó a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy el ilegal beneficio del 2x1, lo que habilitaría que recuperen su libertad. 

Abel Dupuy, designado por el Genocida Coronel Presti, asumió el mando de la U9 el 13 de Diciembre de 1976 y estuvo en ese cargo hasta el 1 de Enero de 1979. Su mandato estuvo signado por la aplicación a raja tablas del plan sistemático de exterminio, dentro de esa dependencia. La “presentación” de este genocida en la U9 fue mediante una brutal requisa a los presos, obligándolos a desnudarse, rompiendo sus pertenencias y golpeándolos brutalmente. Las golpizas fueron una constante, la tortura sistemática, celda por celda, los golpes en las plantas de los pies, en los oídos, el constante encierro en las celdas de castigo (chanchos) obligando a beber a los allí castigados agua del retrete, la utilización de los detenidos como rehenes por los que sus vidas estaban siempre a merced de los penitenciarios, el asesinato aplicando la “ley de Fuga”, el secuestro desaparición y asesinatos de familiares y abogados de los presos y un sin fin de vejámenes fueron las herramientas con las que se trató de doblegar la férrea voluntad de la mayoría de los compañeros detenidos. 

Dupuy fue condenado a CADENA PERPETUA por los asesinatos de DARDO CABO, ROBERTO RUFINO PIRLES, ÁNGEL GEORGIADIS, HORACIO RAPAPORT Y JUAN CARLOS DEGHI y de tortura seguida de muerte en perjuicio de ALBERTO PINTO, además como autor de los delitos de tormentos en perjuicio de cincuenta y siete (57) personas y autor de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de 7 compañeros.

A Ramón Fernández se lo condenó a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN por ser autor de los delitos de tormentos en trece (13) casos y autor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de ALBERTO PINTO.

Este juez, viejo amigo de militares y con intentos anteriores de beneficiarlos, quiere otorgarles la libertad a estos genocidas reutilizando argumentos que contradicen principios en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional por la adhesión de la Argentina a pactos internacionales. Pero también debemos decir que cuenta a su favor con la defectuosa ley sancionada por el parlamento, derogando una ley que ya estaba derogada en el 2001, intentando acallar la decisión de un pueblo que respondió con multitudinarias marchas y actividades en las plazas de todo el país contra el 2x1 fallido de la Corte Suprema en la causa Muiña. Estos fallos son inadmisibles jurídica e históricamente ya que afectan al estado de derecho y a la democracia, volviendo a habilitar el pedido masivo de este beneficio, constituyendo una burla y una puerta entreabierta a una impunidad mayor (como ya sucedió con casi 700 pedidos que siguieron al vergonzoso pronunciamiento del 2x1 de la Corte con Muiña).

Este tipo de fallos no son un intento aislado, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos reitera que pronunciamientos como el de Esmoris están en sintonía con el negacionismo del Gobierno de Macri, reintentando implantar la Teoría de los Dos Demonios como paso previo al “perdón y reconciliación” con los responsables del genocidio. Estos intentos de negación de la responsabilidad del Estado en la desaparición de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, están dirigidos a cambiar la historia y darles “tranquilidad” a las FFAA, habilitándolas para la represión interna a los fines de hacer pasar los planes de hambre y miseria. Tampoco podemos dejar de mencionar las cataratas de domiciliarias otorgadas a estos genocidas durante este y el anterior gobierno, poniendo de esta manera un punto final esta vez no a los juzgamientos sino a las penas, convirtiendo a los juicios en meras declaraciones de intenciones.

Por todo esto y para repudiar y frenar en las calles, como corresponde, este nuevo intento de 2x1 desde la AEDD convocamos a marchar este miércoles 21 de Junio a las 17 y 30 desde Plaza Moreno bajo la consigna

¡¡A los genocidas ni 2x1 ni domiciliaria, cárcel común perpetua y efectiva!!
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

martes, 13 de junio de 2017

El 2x1 para los represores sigue vigente

Un juez de La Plata hizo lugar al pedido de dos represores para acortar el tiempo de su condena

El juez federal Alejandro Esmoris citó el repudiado fallo de la Corte Suprema, pero ya había aplicado el mismo criterio antes de la decisión del máximo tribunal. Los dos represores beneficiados no saldrán en libertad por el momento porque los fiscales apelarán.

Por Alejandra Dandan

Las querellas están preocupadas y reclaman que la Corte revierta lo antes posible el fallo del 2x1. 
Imagen: Bernardino Avila

El juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido de 2x1 de dos penitenciarios de la Unidad N°9, considerada como centro clandestino de detención. Los beneficiados son los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ex jefe de la U9. Ambos fueron condenados a 25 años de prisión en 2010. Esmoris se nutrió del repudiado fallo de la Corte en el caso Luis Muiña, de donde extrajo cinco apartados. Pero su postura sorprendió ya que el juez tuvo pronunciamientos semejantes: en 2016, antes de la Corte, ya otorgó el 2x1 a un represor de Mar del Plata. Los fiscales de la causa anunciaron que van a apelar, por lo tanto, ninguno  saldrá en libertad por ahora. 

 La decisión genera preocupación en las querellas. “Demuestra que si la Corte no toma una decisión rápidamente para revertir el efecto del fallo ilegal que dictó, las consecuencias del 2x1 siguen estando”, explica la abogada Guadalupe Godoy, convencida de que pese a la sanción de la ley del Congreso, fallos así demuestran que las “puertas ya quedaron abiertas”. 

El juez Esmoris es titular del Tribunal Federal Oral 2 de La Plata. Ahora también subroga el TOF 1, donde comparte espacio con Pablo Vega y Germán Castelli. Hay que decir que hasta ahora es el único de los tres magistrados de ese tribunal con esta postura. Pero la decisión cayó en sus manos porque en el fuero federal las condenas con sentencias firmes quedan a cargo de un sólo juez de ejecución, responsable del seguimiento de la pena. De hecho, desde el fallo de la Corte se presentaron unos 15 pedidos del beneficio en La Plata, según señala el sitio del Ministerio Público Fiscal. Los otros dos jueces se vienen oponiendo a todos los planteos que en la misma dirección presentaron genocidas como Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz.

En este caso, la novedad de Esmoris es el uso de los argumentos de la Corte. Dice que más allá de las “interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición”. Según lo que informa la página de Fiscales, también dio una discusión alrededor de los argumentos que rechazan el fallo de la Corte. Entendió que un hecho habilitante a la aplicación del 2x1 es que, pese a que el beneficio entró en vigencia en 1994 y fue derogado en 2001, después que se cometieron los hechos y antes de que fueran arrestados los represores, en 2006, “dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso” por lo cual “importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal”. Por eso su texto dice que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”. En su planteo cita apartados del fallo “Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” causa madre del Hospital Posadas en el que se analizó el caso Muiña. Y toma los argumentos del votos de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.

Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro se opusieron al pedido. Para eso analizaron el tiempo de vigencia de la ley y el alcance. “Nunca tuvo aplicación en lesa humanidad porque cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que excluían su aplicación”, dijeron. Y recordaron las obligaciones del estado argentino de juzgar estos delitos. “La aplicación al caso de la Ley 24.390 (2x1) no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

Guadalupe Godoy habla de la responsabilidad de la Corte. “Me preocupa que la clase política crea que con la ley que se aprobó está todo resuelto, está claro que hasta que la Corte no tome la decisión de revisar su propio fallo o se siga presionando para que lo haga, tendremos estos efectos”, señaló. 

El viernes pasado la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación rechazó el beneficio del 2x1 de Santiago Omar Riveros. Fue el primer pronunciamiento sobre el tema del máximo tribunal penal de la Nación, ubicado por debajo de la Corte. El fallo mostró el estado de rebeldía de los jueces no dispuestos a acatar como jurisprudencia decisiones del máximo tribunal. Y aunque se supone que eso abre las puertas para que otros jueces puedan hacerlo, Godoy cree que este fallo confirma que la Corte ya dejó las puertas abiertas. “Lo más paradójico de este caso es que Dupuy era el jefe de la Unidad 9 y hasta ahora los beneficios que pidieron los subalternos suyos del 2x1 fueron rechazados. Lo que hay que recordar -agrega– es que en la Unidad 9 no sólo se torturó y hubo presos políticos. Además se asesinó a presos políticos, se construyeron libertades con enfrentamientos fraguados como el caso emblemático de Dardo Cabo y hubo desapariciones forzadas”.

El esmerado juez Esmoris aplicó este criterio en abril de 2016 con el coronel Alejandro Guillermo Duret, condenado por torturas y la desaparición de Carlos Labolita.

jueves, 2 de marzo de 2017

La Corte confirmó perpetuas a represores de la U9 de La Plata

Por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Son dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión, e Isabelino Vega, el subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010. Cuatro años después, el fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Lo mismo hizo ahora el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema ratificó dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la cárcel Unidad 9 (U9) de La Plata en perjuicio del años después premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de los periodistas Eduardo Jozami y Eduardo Anguita, entre numerosas víctimas.

En su último acuerdo, y con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró "inadmisible" un recurso presentado por el defensor Fernando Rey en representación de los represores Abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión e Isabelino Vega, subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010 en un fallo ratificado en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora por el máximo tribunal.

Entre las víctimas de "homicidios calificados" cometidos por represores de la U9 se encuentran Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Angel Georgiadis, Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi y Marcos Ibáñez Gatica.

El juicio tomó en cuenta, también, los tormentos seguidos de muerte de Alberto Pinto y la privación ilegal de la libertad de Julio Cesar Urien, Horacio Micucci, Juan Gramano, Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Alejandro Domínguez.

En el juicio se consideró acreditado que en la Unidad 9 “coexistió a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos” con el objeto de “quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización".

Además, se constató "la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte” cuya dirección ejerció Dupuy desde diciembre de 1976.

viernes, 17 de febrero de 2017

Otorgan domiciliaria al represor José Félix Madrid

Veranito en casa de la nena
Por HIJOS La Plata

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos gravísimos.

Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz.

José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o “Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía Bonaerense.
En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria.

El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y no solo en el Hospital Penitenciario.

En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces “un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad.

Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 años impunes.
Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos.

Este asesino debe cumplir estricto arresto en la casa de su hija.
Si lo ve en la calle comuníquese a hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA PLATA

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS
RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS

HIJOS LA PLATA

viernes, 30 de diciembre de 2016

Perpetua para seis ex policías federales por crímenes de lesa humanidad en la dictadura

Se trata del entonces jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, quien es el único que no revistaba en la delegación platense sino que prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Antes de oír la sentencia, el TOF 2 dio a los imputados el derecho a decir unas últimas palabras, pero salvo el ex policía Gigli, los demás se negaron a hablar.

"A pesar de que la Fiscalía me tildó de monstruo, fui una persona a derecho, viví siempre en la ciudad, actué deportivamente, fui dirigente (...) creo en la justicia y sé que soy inocente", expresó Gigli al hacer uso de unas últimas palabras antes de la sentencia.

El Tribunal condenó a los seis ex policías a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas en el caso de José Cugura, N.N. Jorge o La Chancha y Adela Fonrouge, en este último caso agravado por el uso de veneno; la privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia en el caso de José Libralato y Mauricio Mansilla y las lesiones agravadas por tormento en el caso de Libralato.

Los jueces resolvieron además absolver a los imputados de la acusación de privación ilegítima de la libertad de Irma Guzmán y el robo agravado de Mauricio Mansilla.

Con respecto al pedido de la fiscalía para que se revoque la domiciliaria de Zuñiga, Romero, Ortíz y Sánchez, el TOF 2 dispuso que se resuelva en incidente por separado.

La principal prueba que implicó a los ex policías en los hechos juzgados fue un documento elaborado por la propia Policía Federal en la que se solicitaba el ascenso de los mencionados efectivos por haber participado en un operativo represivo en 1977.

El 11 de octubre de 1977, una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense, con información acerca del domicilio de un joven militante de esa ciudad, Juan Carlos Rodríguez, a quien habían secuestrado en septiembre en Buenos Aires.

Tras el aviso a los militares, esa misma madrugada una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5.30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.

Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego fue "interrogado", lo que permitió obtener su domicilio, en el que asesinaron a su esposa Adela Esther Fonrouge, quien se vio obligada a tomar una pastilla de cianuro; tras lo cual asesinan a Cugura en otro punto de la ciudad.

Dos días después, la policía monto otro operativo cerrojo en el entonces Estadio Provincial, situado en 32 y 23, de La Plata, donde Libralato debía reunirse con un hombre identificado como Jorge o La Chancha, y lo asesinaron.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Nuevo fallo judicial impide que Etchecolatz se vaya a su casa

La Cámara Federal de La Plata le negó la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. El genocida ya suma dos fallos en contra.

Ayer las querellas que son parte de la causa conocida como "El Infierno" (en referencia a ese ex centro clandestino de detención ubicado en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Avellaneda) recibieron la notificación de la Cámara Federal de La Plata.

Según la resolución, le fue denegada la detención domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dicha causa, en la que está procesado.

La negativa a que el exdirector de Investigaciones de la policía provincial y mano derecha de Ramón Camps se vaya a su casa se suma a un rechazo anterior en el mismo sentido por parte de la misma Cámara pero en la causa "Pozo de Banfield". Vale recordar que ambas causas refieren al denominado Circuito Camps.

Ambas resoluciones de Cámara ratifican lo resuelto el primera instancia por el juez federal Ernesto Kreplak.

La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Luz Santos Morón manifestó que este nuevo fallo "permite que, al menos por el momento, este genocida siga en la carcel. Y eso es gracias a la pelea que venimos dando desde hace meses los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares".

Santos Morón agregó que "si bien es de esperar que la defensa de este genocida apele el fallo, queda sentado un importante precedente para nuestra lucha por cárcel efectiva para quienes cometieron los peores crímenes contra el pueblo trabajador".

miércoles, 9 de noviembre de 2016

JusticiaYa La Plata rechazó el pedido de prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz

Frente a la negatoria del juez Kreplak en la causa Pozo de Banfield referida al pedido de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz se realizó la audiencia en donde la querella de Justicia YA se pronunció con un fuerte rechazo. Expusieron María Victoria Moyano, Clara Petrakos y Alejandrina Barry hijas de desaparecidos, y también hizo uso de la palabra Nilda Eloy (AEDD).

Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield planteó que “A nosotras esto nos preocupa y estamos acá después de 40 años para decir que nos parece inconcebible que Miguel Etchecolatz pueda contar con un privilegio de prisión domiciliaria”.

Por el rol de dirección [fue mano derecha de Ramón Camps, quien estuvo a cargo de la Policía Bonaerense durante la dictadura] podría haber aportado en los distintos expedientes (…) y declaró públicamente en varias oportunidades que sabía el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani que aún estamos buscando, y si esto no es obstruir las investigaciones al no querer aportar datos, no sé cómo se llama”
sentenció Victoria quien fuera apropiada, a pocos días de nacer, por el comisario de la brigada de San Justo, un subordinado del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Por su parte Clara Petrakos, hija de desaparecidas contó que el próximo 11 de noviembre se cumplen 40 años del secuestro de su madre, quien estaba embarazada de su hermana y que al día de hoy la siguen buscando.

La querella de Justicia YA se opuso a la apelación realizada por la defensa que insiste con el pedido de presión domiciliaria para Etchecolatz. Plantearon que los problemas de salud que dice padecer no son suficientes para el otorgamiento del beneficio de domiciliaria, y que puede atenderse en el servicio de salud de la unidad penitenciaria sin necesidad de ser trasladado a su casa.

Alegaron que “Miguel Etchecolatz no es un preso más sino uno de los máximos responsables del accionar represivo y del plan sistemático de exterminio llevado adelante durante la última dictadura militar en la provincia de Buenas Aires”.
ue el genocida Etchecolatz vaya a su casa significaría un verdadero riesgo procesal al permitirle una mayor libertad de acción para uno de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López, y que además está involucrado en la mayoría de los juicios de lesa humanidad en provincia de Buenos Aires”
sentenciaron.

Y como señalara Nilda Eloy, que "a diferencia de la anterior audiencia, la defensa estuvo presente y se le dió la palabra en primer lugar y manifestó que es el preso más viejo, 87 años, está enfermito tiene de todo, alta posibilidad de muerte súbita, cuando terminó, Compaired uno de los jueces, le pregunto algo sobre lo de la muerte súbita y que eso podía suceder en cualquier lado, el defensor contestó que Etchecolaz "tenía derecho a una muerte digna", sin palabras.

Las abogadas de JusticiaYa, además de los argumentos antes señalados, les recordaron el fallo de esta sala negándole la domiciliaria a Smart y pidiendo que las víctimas fueran escuchadas. El defensor se opuso, pero los jueces aceptaron justificando el derecho de la víctima a ser escuchada, dijeron 2, dijimos que eran 3 que iban a hablar poquito 5 minutitos cada una, ya que yo no iba a hablar, aceptaron. Así habló  primero Clarita, luego Viki Moyano y por último Alejandrina, impecables, desde las tripas, aplausos para cada una. Se terminaba y yo no pude callarme y pedí (sin micrófono) hablar 1 minuto. Me lo concedieron, entonces le aclaré al defensor la incongruencia de hablar de muerte digna de Moe, es un genocida y los genocidas no mueren dignos no importa donde mueran, y como toda una boga le recordé que el instituto que el pide habla de enfermos en fase terminal y no de enfermos al término de su vida, eso nos pasa a todos.