martes, 5 de diciembre de 2017

El veredicto contra 2 integrantes de la CNU en La Plata dejó un sabor agridulce

Carlos Castillo fue condenado a perpetua, pero Juan José Pomares fue absuelto. En sus últimas palabras, el ahora condenado Castillo prometió "más sangre, más dolor y más lágrimas", en una clara amenaza. (Por Luis Angió para La Retaguardia) 

Foto: Castillo señala amenazante a las abogadas durante sus palabras finales (Captura de pantalla de la transmisión de La Retaguardia)

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la última jornada del juicio oral y público contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, quienes estaban acusados por cuatro homicidios y siete secuestros cometidos entre febrero y abril de 1976 que se llevó adelante en el juzgado del tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli (Presidente del Tribunal).
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una banda parapolicial que cometió cientos de asesinatos entre 1973 y 1976, durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, y que en La Plata funcionó a partir de la gobernación del dirigente metalúrgico y representante del peronismo de derecha, Victorio Calabró.

En Mar del Plata ya fueron juzgados y condenados siete miembros de esta banda fascista condenados a prisión perpetua, entre ellos un ex fiscal federal en dos casos y en otros a penas de siete a tres años.
En la última jornada de la audiencia, en horas de la mañana, el tribunal dio la posibilidad a los acusados de dar sus últimas palabras.
El primero en hacerlo fue Juan Carlos “Pipi” Pomares, quien entre otras cosas manifestó que"A los 17 años fui adoctrinado en el peronismo. El peronismo fue mi familia… Soy víctima y no victimario…la cárcel del 76 me enaltece como militante peronista. No soy el que algunos quieren que sea… Soy absolutamente inocente…Los abusos siempre son malos. Provengan de donde provengan. Lo digo yo que fui preso político del Estado”.
Posteriormente habló Carlos “el Indio” Castillo quien manifestó:  “Me enteré por los diarios de estos días que iba a ser condenado a cadena perpetua”. Y en una clara amenaza a las abogadas y familiares de las víctimas allí presentes manifestó: “si no se reconstruye la Constitución como ley suprema de la Nación; si no se restaura el estado de derecho; si no se garantiza la seguridad jurídica; si el ministerio público, si esta república de badulaques a sueldo de los corruptos de turno; si las bestias que pastan en el derecho (señalando a las abogadas defensoras que se encontraban presentes),.. Sr. Presidente…los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de dios, fuente de toda razón y justicia, que solo deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, solo podemos prometerle a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor y más lágrimas”.
Finalizadas sus últimas palabras, el Tribunal no se expresó respecto a esas manifestaciones de Castillo, como algunas personas esperaban, y solo indicó que se pasaría a un cuarto intermedio para dar la sentencia, aclarando de más allá de lo dicho por el genocida en cuanto que ya había sido condenado por los medios, ellos darían su veredicto.

El veredicto

Luego del cuarto intermedio el tribunal reingresó a la sala para leer el veredicto dejando constancia en primer lugar que el hecho juzgado “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser juzgados”.

En cuanto a las penas, por unanimidad resolvieron condenar a Juan Carlos “el Indio” Castillo a la pena de reclusión perpetua, entre otras víctimas por Carlos Domínguez; Graciela Emilia Martínez; Hugo Daniel Pastorino; y Adelaida Úrsula Borbón.
En cuanto a Juan José “Pipi” Pomares,  fue absuelto por unanimidad por aplicación del beneficio de la duda, disponiendo su inmediata libertad.
Esta decisión fue repudiada en el mismo recinto por los familiares y amigos de las víctimas, debiendo soportar las provocaciones de los familiares y amigos de Pomares que festejaban la liberación de este individuo que fue absuelto por crímenes cometidos y comprobados por los mismos hechos por los que fue condenado a cadena perpetua Carlos Castillo. Solo los separaba una hilera de policías.

Las razones de la absolución de Pomares

En diálogo Paulo Giacobbe para La Retaguardia durante la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea  Fundadora, el pasado jueves 30 de noviembre, Susana Zaldua, hermana de Adriana Zaldua, una de las víctimas de esta banda fascista, (asesinada junto otra/os militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) entre el 4 y 5 de septiembre de 1975) y en relación a la absolución y libertad de Pomares, indicó que: “Pipi Pomares es uno de los miembros de la CNU apoyados por el poder político y que fue empleado de la intendencia platense cuando era intente (Julio) Alak, quien fue posteriormente Ministro de Justicia (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y luego estuvo trabajando (Pomares) en el Senado (de la provincia de Bs. As.) con varios senadores del FPV, hoy alguno de ellos están en el Frente Renovador. De modo que tuvo un apoyo político y esa presión política la tuvieron estos jueces para dictar este lamentable fallo”.
En lo hay que hay coincidencias positivas de los organismos de derechos humanos es en que estos asesinatos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fueron considerados en el fallo de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

Por el lado de las querellas, Marta Vedio, de la APDH de La Plata  declaró que “Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante". También rechazó la absolución de Pomares, dado que consideró probada su participación en los crímenes de la CNU. “Por eso, con esta convicción, vamos a ir a Casación para que revea el fallo”.
Otra de las abogadas de la parte de la defensa, Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, indicó que  “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos”, adelantando que apelarán la absolución de Pomares.

Los crímenes de la CNU fueron cometidos durante el período de los gobiernos constitucionales de Juan Perón e Isabel Martinez de Perón y durante más de 40 años ocultados por todos los gobiernos constitucionales terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Solo la tenaz lucha de los familiares  de las víctimas hizo que una ínfima minoría de los asesinos fueran llevados al banquillo de los acusados y en pocos casos juzgados y condenados como estos de La Plata y Mar del Pata. Quedan todavía más asesinatos, violaciones y desapariciones que deben ser investigados y llevados a la justicia para que se sepa la verdad sobre lo sucedido a más de un centenar de luchadores y dirigentes y activistas sindicales y estudiantiles.

La complicidad de todo el arco político sobre estos asesinatos y el silencio que se quiere imponer sobre estos crímenes, que en realidad desnudan el carácter fascista y reaccionario de un período de nuestra historia, no hará callar el reclamo de Memoria Verdad y Justicia que reclaman los familiares de cientos víctimas de estos asesinos que formaban parte de las bandas parapoliciales formadas y apoyadas por un gobierno que alimentó golpes de Estado internos como el que destituyó al gobernador peronista Oscar Bidegain en la Provincia de Buenos Aires e impuso como gobernador a Victorio Calabró, para dar lugar a un período de crímenes y represión inmediatamente anterior a lo que luego fue la dictadura cívico-militar-eclesiástica .
Debe quedar perfectamente claro que los asesinatos y desapariciones de personas no comenzaron el 24 de Marzo de 1976, sino que hubo bandas como las comandadas por el “Indio” Castillo y el “Pipi “ Pomares, y otras formadas bajos el amparo del Estado nacional como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, al comando del Ministro de Acción Social y mano derecha del entonces Presidente, José Lopez Rega) armadas, financiadas y dirigidas por funcionarios del gobierno de Perón.

viernes, 13 de octubre de 2017

Otro juicio para Etchecolatz: Los crímenes en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande

El ex director de Investigaciones de la Bonaerense es juzgado junto con otros ocho represores. Desde el público, Raquel Robles protestó mostrando en su cuerpo las preguntas “¿dónde está Jorge Julio López?, ¿donde está mi mamá?, ¿donde está mi papá?”.

Por Ailín Bullentini

“Estamos en pelotas frente a la Justicia”, explicó Raquel Robles luego de la audiencia. 
Imagen: Julieta Colomer

El genocida Miguel Etchecolatz volvió a sentarse frente a un tribunal oral para ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En esta ocasión, debió escuchar al secretario del TOF número 6 leer los secuestros, las torturas y los homicidios de hombres y mujeres que pasaron por los centros clandestinos de detención conocidos como Puente 12, en La Matanza, y la Comisaría de Monte Grande, mientras él fue director de Investigaciones de la policía bonaerense.  

 Además de Etchecolatz hubo otros ocho represores en el banco de los acusados. Pero si el juicio hubiera comenzado cuando estaba planificado, un año atrás, habría habido allí otros cinco que fallecieron o fueron apartados por cuestiones de salud. Etchecolatz todavía camina, aunque se lo vio desmejorado y fue ubicado en una silla de ruedas. En sus manos sostuvo un bastón durante toda la jornada, en su cuello colgó una cruz plateada, enorme. Cuando le ofrecieron la palabra, balbuceó que estaba preso “por defender a la Patria” y se negó a dar información. “Hijo de puta, ni tu hija te quiere”, le dedicaron desde el público, entre gritos de reclamos y otros insultos. Raquel Robles, hija de desaparecidos, se quitó la remera y, desde su piel, le preguntó dónde está su mamá, dónde su papá, dónde Jorge Julio López.

El juez federal Daniel Rafecas, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa, elevó a juicio oral en 2013 la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Puente 12 –también conocido como División Cuatrerismo y Brigada Güemes– y Comisaría de Monte Grande entre 1974 y 1983. La zona funcionó entonces bajo la supervisión de la División Investigaciones de la Bonaerense, cuyo jefe era Etchecolatz, pero además de bonaerenses también hubo grupos de tareas del Ejército implicados en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron allí. El debate oral revisará secuestros, torturas y homicidios en perjuicio de 134 personas. Durante la primera jornada, fueron leídos sus nombres y las circunstancias en las que se cometieron los crímenes. Muchas víctimas eran integrantes de la organización FR17, de origen peronista de izquierda, y de la Juventud Guevarista, del PRT y de Montoneros. 

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero evaluarán las responsabilidades en tales crímenes de Etchezolatz y de los entonces oficiales subinspectores José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, que integraban la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense; los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de detenidos de esa seccional Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. 

Al momento de la elevación a juicio, la lista de acusados era mayor, al igual que los casos a evaluar. “Cuatrerismo funcionó desde 1974. Uno podría decir que fue uno de los más antiguos entre los que funcionaron en la década del 70. Y teníamos a varias víctimas que eran de esos primeros años, 1974, 1975. Pero los imputados que tenían casos de esos años fallecieron o fueron apartados por cuestiones de salud del juicio en los últimos meses así que las víctimas perdieron la posibilidad de Justicia”, apuntó Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes. El debate oral estaba pautado para comenzar en octubre de 2016, pero por cuestiones de organización tribunalicia se demoró un año. 

De los que siguen en camino hacia la sentencia, el único que aceptó la invitación a declarar fue Etchecolatz. Dijo que hablaría “cuando fuera el momento apropiado” y que estaba preso “por haber defender a la Patria”. “¿Te dan la posibilidad de hablar y decís que lo vas a hacer cuando lo consideres apropiado? ¿Quién sos? ¿Yo te tengo que escuchar?”, preguntó Raquel Robles. Cuando oyó a Etchecolatz balbucear se quitó la remera y mostró las tetas desde la pecera en donde el público presencia los juicios en la Sala Amia de Comodoro Py. Debajo de cada teta, Raquel tenía escritas las preguntas “¿dónde está mi mamá?” y “¿dónde está mi papá?”. Luego giró y mostró su espalda, que preguntaba en rojo furioso “¿Dónde está Jorge Julio López?”. 

“Los juicios son el resultado de la lucha de muchos de nosotros y nosotras, y por eso son algo muy importante, pero es un piso muy bajo que deja afuera un montón de cosas. Seguimos sin saber un carajo de los desaparecidos, los imputados son apenas un puñado... Se torna simbólico el juicio, casi una afrenta. Estamos en pelotas frente a la Justicia. Somos cucharitas de plástico luchando contra armas largas. Hay que empezar a decirlo”, reflexionó Robles. El caso de sus padres no integra el debate que comenzó ayer –y que continuará, por el momento, todos los jueves en los Tribunales de Retiro–, sino un expediente relativo a Campo de Mayo que ya fue elevado a juicio, con solo tres imputados: “No alcanzan ni a representar la cantidad de personas que vinieron a mi casa a llevárselos”, apuntó y concluyó: “Sigo teniendo las mismas preguntas sin responder que tenía a los cinco años”.  

sábado, 24 de junio de 2017

Juicio a la CNU: " QUE ESTO NO QUEDE IMPUNE “

QUE ESTO NO QUEDE IMPUNE “, CLAMO FEDERICO RAVE HERMANO DE UNA DE LAS VICTIMAS DE LA CNU

“Pido a Dios que esto no quede impune. Me cuesta ir a La Plata. Me dejó miedo porque hay gente que estuvo en esa patota e hizo mucho daño. Es lamentable, pero están en La Plata y siguen libres. Les pido a los señores jueces que lo tengan presente”, sostuvo el miércoles Federico Rave, uno de los nueve hermanos de esa numerosa familia platense –tres asesinados– diezmada por la CNU primero y por la dictadura cívico-militar después.

Con la voz entrecortada casi desde el inicio de su testimonio por teleconferencia desde Mar del Plata, Federico Rave relató ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el juez subrogante Germán Castelli, los hechos ocurridos en su casa familiar de 8 entre 42 y 43 la madrugada del 24 de diciembre de 1975. Poco antes, su madre, María “Marucha” Rivas, había contado los mismos hechos, y el lunes su hermana Mariana por videoconferencia desde Irlanda aportó sus recuerdos.

Su hermano, Ricardo “Patulo” Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de diecinueve años, fue secuestrado del domicilio familiar por un comando de la CNU luego de que la zona fuera liberada. Su cadáver apareció horas después, acribillado y colgado de un puente sobre las vías del tren en la zona sur de La Plata, en Elizalde.

Sin poder evitar el dolor al recordar la última vez que vio a su hermano ya asesinado, Federico, un año menor que Ricardo, habló del ensañamiento de la CNU. “Lo colgaron de un puente y lo vistieron de policía. Tenía más de treinta balazos en el cuerpo, las costillas partidas y la masa encefálica reventada”, precisó.

Con dos sentidas palabras, “¡Patulo, presente!”, en su primer testimonio ante la justicia Federico Rave quiso rendir un “homenaje” a su hermano y compinche, y recordó a sus otros dos hermanos mayores, Gustavo y Marcelo, que siguen desaparecidos. ( Sintesis cronica de la audiencia en diariocontexto.com.ar)

Una vez más, en la calle se expresó el repudio al 2x1 que beneficia a genocidas


Las organizaciones que componen la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada movilizaron en la capital de la provincia de Buenos Aires para rechazar un nuevo fallo que atenta contra los derechos humanos. Bajo consignas unificadas, pusieron en el ojo de la tormenta al juez Alejandro Esmoris por beneficiar a los asesinos Ramón Fernández y Abel Dupuy. Por ANRed.

La tarde del miércoles en la capital de la provincia de Buenos Aires fue el escenario de una movilización convocada por la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada para repudiar un nuevo fallo que otorga el beneficio del 2x1 a genocidas. Partidos, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas participaron de jornada para darle visibilidad y rechazar la resolución judicial.

El hecho que motivó una nueva manifestación fue el fallo del juez Subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Esmoris, que benefició con la morigeración de la condena a los genocidas Ramón Fernández y Abel Dupuy. De este modo, dejó habilitada la posibilidad de que ambos accedan a su liberación.

Cabe recordar que Fernández fue condenado a la pena de 25 años de prisión por ser autor de los delitos de tormentos en 13 casos y autor del delito de torturas seguida de muerte en perjuicio de Alberto Pinto. Por su parte, sobre Dupuy pesa una cadena perpetua por los asesinatos de Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Ángel Georgiadis, Horacio Rapaport y Juan Carlos Deghi, de torturas seguidas de muerte en perjuicio de Alberto Pinto, tormentos en perjuicio de 57 personas y autor de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de 7 individuos.

Durante la marcha se observaron las consignas históricas que caracterizan a la Multisectorial, como por ejemplo: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos” y además la que afirma “contra la impunidad de ayer y de hoy”.

Al mismo tiempo, expresaron a través de un comunicado que “la política impulsada desde el gobierno de Macri para reforzar el aparato represivo, de alcanzar la impunidad para los asesinos de nuestro pueblo y la reconciliación con los genocidas, va a contra manos de las masivas movilizaciones que han repudiado el Fallo de la Corte Suprema de Justicia y contra el 2x1”.

“La política macrista se ha asentado sobre las bases dejadas por el anterior gobierno kirchnerista, la Ley Antiterroriasta, el Proyecto X, el procesamiento de los luchadores populares, la política de reinserción de las FFAA en la vida social del país, el genocida Cesar Milani al frente del ejército, la fragmentación de los juicios y las domiciliarias otorgadas a decenas y decenas de genocidas”, sostuvieron.

Una vez más, ante el retroceso que implica los beneficios otorgados por el Estado a los genocidas, las organizaciones respondieron con un repudio unificado que se manifestó en las calles para rechazar el fallo que niega las terribles consecuencias causadas por la última dictadura cívico militar.

lunes, 19 de junio de 2017

​En La Plata anda suelto un nuevo intento de impunidad : Marcha 21 de junio

¡A los genocidas ni 2x1 ni domiciliaria; cárcel común, perpetua y efectiva!

El Juez Federal, subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Alejandro Esmoris otorgó a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy el ilegal beneficio del 2x1, lo que habilitaría que recuperen su libertad. 

Abel Dupuy, designado por el Genocida Coronel Presti, asumió el mando de la U9 el 13 de Diciembre de 1976 y estuvo en ese cargo hasta el 1 de Enero de 1979. Su mandato estuvo signado por la aplicación a raja tablas del plan sistemático de exterminio, dentro de esa dependencia. La “presentación” de este genocida en la U9 fue mediante una brutal requisa a los presos, obligándolos a desnudarse, rompiendo sus pertenencias y golpeándolos brutalmente. Las golpizas fueron una constante, la tortura sistemática, celda por celda, los golpes en las plantas de los pies, en los oídos, el constante encierro en las celdas de castigo (chanchos) obligando a beber a los allí castigados agua del retrete, la utilización de los detenidos como rehenes por los que sus vidas estaban siempre a merced de los penitenciarios, el asesinato aplicando la “ley de Fuga”, el secuestro desaparición y asesinatos de familiares y abogados de los presos y un sin fin de vejámenes fueron las herramientas con las que se trató de doblegar la férrea voluntad de la mayoría de los compañeros detenidos. 

Dupuy fue condenado a CADENA PERPETUA por los asesinatos de DARDO CABO, ROBERTO RUFINO PIRLES, ÁNGEL GEORGIADIS, HORACIO RAPAPORT Y JUAN CARLOS DEGHI y de tortura seguida de muerte en perjuicio de ALBERTO PINTO, además como autor de los delitos de tormentos en perjuicio de cincuenta y siete (57) personas y autor de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de 7 compañeros.

A Ramón Fernández se lo condenó a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN por ser autor de los delitos de tormentos en trece (13) casos y autor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de ALBERTO PINTO.

Este juez, viejo amigo de militares y con intentos anteriores de beneficiarlos, quiere otorgarles la libertad a estos genocidas reutilizando argumentos que contradicen principios en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional por la adhesión de la Argentina a pactos internacionales. Pero también debemos decir que cuenta a su favor con la defectuosa ley sancionada por el parlamento, derogando una ley que ya estaba derogada en el 2001, intentando acallar la decisión de un pueblo que respondió con multitudinarias marchas y actividades en las plazas de todo el país contra el 2x1 fallido de la Corte Suprema en la causa Muiña. Estos fallos son inadmisibles jurídica e históricamente ya que afectan al estado de derecho y a la democracia, volviendo a habilitar el pedido masivo de este beneficio, constituyendo una burla y una puerta entreabierta a una impunidad mayor (como ya sucedió con casi 700 pedidos que siguieron al vergonzoso pronunciamiento del 2x1 de la Corte con Muiña).

Este tipo de fallos no son un intento aislado, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos reitera que pronunciamientos como el de Esmoris están en sintonía con el negacionismo del Gobierno de Macri, reintentando implantar la Teoría de los Dos Demonios como paso previo al “perdón y reconciliación” con los responsables del genocidio. Estos intentos de negación de la responsabilidad del Estado en la desaparición de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, están dirigidos a cambiar la historia y darles “tranquilidad” a las FFAA, habilitándolas para la represión interna a los fines de hacer pasar los planes de hambre y miseria. Tampoco podemos dejar de mencionar las cataratas de domiciliarias otorgadas a estos genocidas durante este y el anterior gobierno, poniendo de esta manera un punto final esta vez no a los juzgamientos sino a las penas, convirtiendo a los juicios en meras declaraciones de intenciones.

Por todo esto y para repudiar y frenar en las calles, como corresponde, este nuevo intento de 2x1 desde la AEDD convocamos a marchar este miércoles 21 de Junio a las 17 y 30 desde Plaza Moreno bajo la consigna

¡¡A los genocidas ni 2x1 ni domiciliaria, cárcel común perpetua y efectiva!!
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

martes, 13 de junio de 2017

El 2x1 para los represores sigue vigente

Un juez de La Plata hizo lugar al pedido de dos represores para acortar el tiempo de su condena

El juez federal Alejandro Esmoris citó el repudiado fallo de la Corte Suprema, pero ya había aplicado el mismo criterio antes de la decisión del máximo tribunal. Los dos represores beneficiados no saldrán en libertad por el momento porque los fiscales apelarán.

Por Alejandra Dandan

Las querellas están preocupadas y reclaman que la Corte revierta lo antes posible el fallo del 2x1. 
Imagen: Bernardino Avila

El juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido de 2x1 de dos penitenciarios de la Unidad N°9, considerada como centro clandestino de detención. Los beneficiados son los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ex jefe de la U9. Ambos fueron condenados a 25 años de prisión en 2010. Esmoris se nutrió del repudiado fallo de la Corte en el caso Luis Muiña, de donde extrajo cinco apartados. Pero su postura sorprendió ya que el juez tuvo pronunciamientos semejantes: en 2016, antes de la Corte, ya otorgó el 2x1 a un represor de Mar del Plata. Los fiscales de la causa anunciaron que van a apelar, por lo tanto, ninguno  saldrá en libertad por ahora. 

 La decisión genera preocupación en las querellas. “Demuestra que si la Corte no toma una decisión rápidamente para revertir el efecto del fallo ilegal que dictó, las consecuencias del 2x1 siguen estando”, explica la abogada Guadalupe Godoy, convencida de que pese a la sanción de la ley del Congreso, fallos así demuestran que las “puertas ya quedaron abiertas”. 

El juez Esmoris es titular del Tribunal Federal Oral 2 de La Plata. Ahora también subroga el TOF 1, donde comparte espacio con Pablo Vega y Germán Castelli. Hay que decir que hasta ahora es el único de los tres magistrados de ese tribunal con esta postura. Pero la decisión cayó en sus manos porque en el fuero federal las condenas con sentencias firmes quedan a cargo de un sólo juez de ejecución, responsable del seguimiento de la pena. De hecho, desde el fallo de la Corte se presentaron unos 15 pedidos del beneficio en La Plata, según señala el sitio del Ministerio Público Fiscal. Los otros dos jueces se vienen oponiendo a todos los planteos que en la misma dirección presentaron genocidas como Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz.

En este caso, la novedad de Esmoris es el uso de los argumentos de la Corte. Dice que más allá de las “interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición”. Según lo que informa la página de Fiscales, también dio una discusión alrededor de los argumentos que rechazan el fallo de la Corte. Entendió que un hecho habilitante a la aplicación del 2x1 es que, pese a que el beneficio entró en vigencia en 1994 y fue derogado en 2001, después que se cometieron los hechos y antes de que fueran arrestados los represores, en 2006, “dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso” por lo cual “importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal”. Por eso su texto dice que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”. En su planteo cita apartados del fallo “Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” causa madre del Hospital Posadas en el que se analizó el caso Muiña. Y toma los argumentos del votos de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.

Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro se opusieron al pedido. Para eso analizaron el tiempo de vigencia de la ley y el alcance. “Nunca tuvo aplicación en lesa humanidad porque cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que excluían su aplicación”, dijeron. Y recordaron las obligaciones del estado argentino de juzgar estos delitos. “La aplicación al caso de la Ley 24.390 (2x1) no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

Guadalupe Godoy habla de la responsabilidad de la Corte. “Me preocupa que la clase política crea que con la ley que se aprobó está todo resuelto, está claro que hasta que la Corte no tome la decisión de revisar su propio fallo o se siga presionando para que lo haga, tendremos estos efectos”, señaló. 

El viernes pasado la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación rechazó el beneficio del 2x1 de Santiago Omar Riveros. Fue el primer pronunciamiento sobre el tema del máximo tribunal penal de la Nación, ubicado por debajo de la Corte. El fallo mostró el estado de rebeldía de los jueces no dispuestos a acatar como jurisprudencia decisiones del máximo tribunal. Y aunque se supone que eso abre las puertas para que otros jueces puedan hacerlo, Godoy cree que este fallo confirma que la Corte ya dejó las puertas abiertas. “Lo más paradójico de este caso es que Dupuy era el jefe de la Unidad 9 y hasta ahora los beneficios que pidieron los subalternos suyos del 2x1 fueron rechazados. Lo que hay que recordar -agrega– es que en la Unidad 9 no sólo se torturó y hubo presos políticos. Además se asesinó a presos políticos, se construyeron libertades con enfrentamientos fraguados como el caso emblemático de Dardo Cabo y hubo desapariciones forzadas”.

El esmerado juez Esmoris aplicó este criterio en abril de 2016 con el coronel Alejandro Guillermo Duret, condenado por torturas y la desaparición de Carlos Labolita.

jueves, 2 de marzo de 2017

La Corte confirmó perpetuas a represores de la U9 de La Plata

Por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Son dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión, e Isabelino Vega, el subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010. Cuatro años después, el fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Lo mismo hizo ahora el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema ratificó dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la cárcel Unidad 9 (U9) de La Plata en perjuicio del años después premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de los periodistas Eduardo Jozami y Eduardo Anguita, entre numerosas víctimas.

En su último acuerdo, y con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró "inadmisible" un recurso presentado por el defensor Fernando Rey en representación de los represores Abel David Dupuy, entonces jefe de la prisión e Isabelino Vega, subjefe. Ambos represores habían sido condenados a prisión perpetua en 2010 en un fallo ratificado en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora por el máximo tribunal.

Entre las víctimas de "homicidios calificados" cometidos por represores de la U9 se encuentran Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Angel Georgiadis, Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi y Marcos Ibáñez Gatica.

El juicio tomó en cuenta, también, los tormentos seguidos de muerte de Alberto Pinto y la privación ilegal de la libertad de Julio Cesar Urien, Horacio Micucci, Juan Gramano, Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Alejandro Domínguez.

En el juicio se consideró acreditado que en la Unidad 9 “coexistió a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos” con el objeto de “quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización".

Además, se constató "la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte” cuya dirección ejerció Dupuy desde diciembre de 1976.

viernes, 17 de febrero de 2017

Otorgan domiciliaria al represor José Félix Madrid

Veranito en casa de la nena
Por HIJOS La Plata

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos gravísimos.

Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz.

José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o “Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía Bonaerense.
En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria.

El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y no solo en el Hospital Penitenciario.

En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces “un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad.

Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 años impunes.
Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos.

Este asesino debe cumplir estricto arresto en la casa de su hija.
Si lo ve en la calle comuníquese a hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA PLATA

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS
RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS

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