lunes, 30 de junio de 2014

La Cacha: el impacto de la represión en la UNLP

La historiadora Ana Barletta desgranó un estudio sobre el impacto de la acción represiva en las aulas. Espionaje, amenazas, exoneraciones y cesantías en la Universidad.

Ana Barletta, en su testimonio ante el Tribunal

Por Pablo Spinelli -spinellipa@gmail.com  - Foto: Matías Adhemar

 El ámbito universitario como tablero de acción de las fuerzas represivas que azolaron la región durante la dictadura y sus años previos, fue el eje del testimonio dado por la historiadora Ana Barletta, actual vicepresidenta académica de la UNLP y ex decana de la facultad de Humanidades, en la audiencia del miércoles último del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha.

La base de su aporte está dado por un profundo estudio del Archivo Histórico universitario, en el que constan resoluciones que apuntaban a la reducción de la actividad académica, incluidos los planteles de profesores, no docente y alumnos. Y abunda en ejemplos concretos de desapariciones y asesinatos, cesantías y exoneraciones, tareas de espionajes y aprietes.

Como testigo de concepto, que aportó el contexto general en el que la Universidad se convirtió en factoría de la represión, Barletta ubicó los crímenes de los trabajadores no docentes y dirigentes gremiales Rodolfo Achem y Carlos Miguel como el inicio del persecución en las aulas. Aquello fue incluso bastante antes del inicio de la dictadura, cuando era la derecha peronista, en brazo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A, la encargadas se sembrar el terror.
   Achem y Miguel, los dirigentes de Atulp asesinados el 8 de octubre de 1978

“La dictadura en la Universidad comenzó aquel día”, dijo Barletta en un tramo de su declaración, en referencia al 8 de octubre de 1974, en el que ambos dirigentes fueron secuestrados y acribillados.

Según el estudio que expuso la docente en medio de un arduo cruce entre uno de los abogados (Juan Losino) y el presidente del Tribunal Carlos Rozanski, que la obligaron a interrumpirse varias veces, desde aquella madrugada se sucedieron una serie de episodios que llevaron a la UNLP a reducir su actividad al mínimo. Para la docente, eso fue llevado adelante de forma deliberada por parte de sus sucesivas conducciones universitarias.

Habló entonces de las renuncias masivas de todas las autoridades del Rectorado como consecuencia de aquel crimen. Pero también de nuevos asesinatos que redundaban en la aparición de cadáveres ametrallados a lo largo del Camino Negro (que une Villa Elisa con Punta Lara), y de una escalada de violencia y persecución que se potenció durante 1975.

Apuntó entonces a la época en que la Universidad quedó bajo las intervenciones, primero del capitán Navio Saccone, y a partir de 1976 de Guillermo Gallo. Basada en los documentos del archivo histórico de la UNLP, Barletta mencionó resoluciones que hablaban explícitamente de “procesos depurativos”, lo cual, según su criterio, es altamente “significativo” de la decisión política respecto de lo que debía ser la actividad de la Universidad en aquel entonces.

Aquello se vio traducido en cifras que fueron incluso reividacadas por el propio Gallo, cuando se vanagloriaba de que antes de 1976 hubieran 56 mil estudiantes, y que dos años después la matrícula tenía 24 mil estudiantes menos. Los argumentos oficiales de aquella merma eran las bajas por regímenes de cursadas no cumplidas, por las normas respecto a materias correlativas y por los reglamentos vigentes en cuanto cupos y aranceles.

Si bien no los deja de considerar como ciertos, Barletta agrega una intención de desalentar la concurrencia a la Universidades con otros mecanismos vinculados con el clima de violencia y persecución. Clima que también favoreció a una reducción casi total de la actividad académica, incluidos (además de alumnos, docentes y trabajadores) el número de proyectos de investigación y extensión. “Fue deliberado”, dijo Barletta, y lo fundamentó con el estudio de los documentos.

Inteligencia. También apeló a los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (Dippba) como fuente que prueban las tareas de infiltración protagonizadas por las fuerzas represivas en la UNLP, muchas veces a pedido de la Side. “Vimos la vigilancia constante sobre todas las actividades del mundo universitario”, analizó.

Cantidad de gente en asambleas, información sobre las agrupaciones estudiantiles, ejemplares de volantes, y detalles precisos de dichos de participantes en charlas o clases que fueron informados a la Dippba a través de sus espías, aparecen como material de interés para la inteligencia policial.

También los debates internos sobre el rol de la universidad y de los profesionales que forma. “Una arquitectura para el pueblo”, “la misión de los médicos”, “la salud necesaria para la sociedad argentina”, son algunos de los textos y debates que circulaban en las facultades y eran informados a Dippba.
Comedor. Con un episodio puntual, la actual vicepresidenta académica de la UNLP ejemplificó el rol de Guillermo Gallo como rector entre 1976 y 1983. El hecho remite a 1978, cuando militantes de Franja Morada se reunieron con él para pedirle la reapertura del Comedor Universitario, el cual había sido cerrado en 1974. Su respuesta fue contundente: “De ningún modo, recién pusimos orden y ustedes me piden esto. Eso era como la ‘colina táctica del enemigo’”, les respondió, y entregó una frase que más tarde se convirtió en el título del libro de Jorge Alessandro.    


Antes de su cierre, el Comedor ubicado en 1 y 50, había sido blanco de algunos atentados.

A Gallo se le atribuye la responsabilidad de buena parte de las cesantías de trabajadores docentes y no docentes, así como de ser colaborador en la represión, con delaciones de trabajadores y estudiantes, muchos de los cuales continúan desaparecidos.

Durante su gestión abundan, según refiere la investigación de Barletta expuesta en el Juicio, los informes de inteligencia que dan cuenta de la situación en las facultades. Habla de reportes de 1977 que transmiten “la calma”, y la atribuyen al desmantelamiento de las organizaciones políticas; y de otras que detectan algunas actividades de resistencia.

En esa época, regía una medida calificada como “impresionante” por la investigadora: los que habían sido cesanteado o exonerados no podían pisar la universidad para ninguna actividad, y el control se realizaba con una supervisión extrema de guardias apostados en las puertas de las facultades, quienes pedían DNI a cualquiera que quisiera ingresar.

Duelo legal. Como viene ocurriendo desde el inicio mismo del juicio, un nuevo cruce se dio entre el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski y el abogado Juan Losino, representante del acusado Claudio Grande, cuando el defensor pidió que constara la negativa del Tribunal a dejar sentado un diálogo que ambos mantuvieron durante la audiencia.

Después de varios contrapuntos, que incluyeron pedidos de recursos de reposición (uno de ellos aceptado por la mayoría de los jueces, el cual obligó a acortar el testimonio de Barletta), Losino se reservó el derecho de recurrir a la Cámara de Casación con su planteo.

Teleconferencia. Las audiencias se retomarán el viernes a las 9 de la mañana, y está prevista la declaración, vía teleconferencia desde Copenhague (Dinamarca), de los testigos Aberto Diesler, Elsa Beatriz Mattia de Torrillas, Néstor Daniel Torrillas y Roberto Lujan Amerise.

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