martes, 13 de septiembre de 2016

POSTERGACIONES Por HIJOS La Plata

Tras haber fijado dos fechas de inicio en falso, los días 12 y 29 de agosto, el TOF1 de La Plata iba a iniciar el juicio a la CNU de La Plata con la composición Germán Castelli, César Álvarez y Carlos Rozanski. Sin embargo el juez Álvarez renunció a su cargo de subrogante por supuesta “prescripción médica” en curiosa coincidencia con la obligación de resolver sobre la domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. Entonces, a mediados de agosto el Consejo de la Magistratura designó a Alejandro Esmoris, juez de cámara del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal N° 2, para subrogar la vacante hasta el 30 de noviembre. Desde el espacio Justicia Ya La Plata recusamos a Esmoris por su actuación en el juicio “Labolita” en Mar Del Plata en 2009, donde absolvió a uno de los imputados y cuestionó a los testigos en voto compartido con el juez Nelson Jarazo. Para resolver la incidencia, y ante la excusación de Rozanski, se designó al juez Jorge Michelli .

El panorama se hace más complejo si tenemos en cuenta que no hay un plantel fijo en la conformación del tribunal para otras causas pendientes de juicio. Además, ante nuevas vacantes y pujas internas, se viene echando mano de los jueces de la Cámara Federal como Agustín Lemos Arias y Antonio Pacilio. Para más datos en la causa por la “Brigada de Investigaciones de San Justo”, el juez Castelli está excusado por ser amigo personal de uno de los imputados: Juan María Torino, subsecretario de Gobierno en la gestión de facto en la provincia de Buenos Aires entre abril del '76 y marzo del '79. Pero el hecho más grave, y que atañe estrictamente al juicio CNU, es la excusación de Rozanski en la causa, al parecer, por haber recibido amenazas de muerte.

Según trascendidos que habrá que comprobar, una denuncia ante el juez federal Ernesto Kreplak alertó que un ex jefe de la CNU habría comprado dos armas de guerra con el fin de asesinar a Rozanski, que rechazó la custodia pero se excusó de participar en el juicio a la CNU.
El 5 de septiembre pasado la Cámara de Casación designó a Carlos Alberto Nogueira, juez de la Cámara Federal platense, para cubrir la nueva vacante. Lo hizo sin tener en cuenta que estaba de licencia hasta el 23 de septiembre. Ello obligó a volver a Casación para que designe un nuevo magistrado.

En abril de 2015 Rozanski había denunciado intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. Por entonces dijo que la campaña comenzó luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio “La Cacha”. Esa vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. Tras esto, Rozanski, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz. El dato importante es que son la mayoría de los expedientes a la espera de juicio en La Plata. Así, la pulseada comenzó a ganarla Etchecolatz, que de una u otra manera le torció el brazo a uno de los jueces más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Este año el TOF 1 solo realizó el juicio por la causa “Favero/Alvarez”, 4 imputados por 2 casos, e inició el proceso a Lucio Carlos Ramírez, militar que integraba el Regimiento de Infantería Nº 7 de La Plata, por los homicidios de Ángel Giorgiadis y de Horacio Rapaport y por la privación ilegal de la libertad de Julio César Urien, todo ello en una causa residual del juicio Unidad 9 de 2010.

Sin hacer del caso una cuestión de valentía, habrá que pensar como asume cada uno el rol que le compete, los sobrevivientes, familiares, testigos e incluso los jueces, sobre todo frente a la exposición que significa encarar este tipo de juicios. Mucho más teniendo en cuenta que desde el primer juicio realizado en La Plata, hace 10 años, está desaparecido Jorge Julio López, un sobreviviente de la dictadura que buscaba justicia. Y de alguna manera el hecho no escapa a la responsabilidad del propio Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

La realidad indica que el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando ejemplarmente a Etchecolatz en 2006, se va desdibujando en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío.

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