viernes, 24 de octubre de 2014

La Cacha: el silencio de los acusados antes de la sentencia

El viernes a las 6, el tribunal dará a conocer el veredicto. El juicio investigó los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en el centro clandestino, entre los que está el de Laura Carolotto. Los fiscales pidieron que se condene a 18 de los 21 represores acusados.

 
Sebastián Losada.

Tras las últimas palabras de los imputados el juicio oral por los crímenes de La Cacha, el centro clandestino de detención y tortura funcionó en las afueras de La Plata, llegará a su fin el viernes. En la audiencia de ayer, la penúltima del juicio, todos los imputados que fueron consultados  prefirieron el silencio. Rufino Batalla, Anselmo Palavezzati y Julio César  Garachico fueron  negándose, alternadamente, a utilizar su última posibilidad de hablar.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 le preguntaron a los abogados si habían hablado con sus defendidos, Juan José Losinno, defensor de Claudio Grande, contestó que su cliente ya había dicho que “no iba a hablar”. Grande fue agente de inteligencia e integró el Destacamento 101 durante toda la dictadura. Hace dos semanas durante más de seis horas de alegato, Losinno, aseguró que Grande nunca pisó ni supo de la existencia de La Cacha

La semana anterior había sido distinto. Miguel Osvaldo Etchecolatz, Héctor Raúl Acuña, Juan Carlos Herzberg, Gustavo Adolfo Cacivio, Raúl Ricardo Espinoza, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda y Emilio Alberto Herrero Anzorena hicieron uso de la palabra. Los discursos variaron entre la supuesta persecución política y la inocencia por falta de pruebas. El único que se negó a hacerlo fue el civil Jaime Lamont Smart.

La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En los más de 10 meses que lleva de audiencias el juicio y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se condene a prisión perpetua a 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha. En el petitorio final, las abogadas Pía Garralda, Ailin Álvarez y Carolina Vilches pidieron que se investiguen las responsabilidades –surgidas de los relatos del juicio- de una docena de médicos forenses, del ex capellán Emilio Teodoro Grasselli y una decena de jueces y ex jueces. Pidieron, además, que se les inicie juicio académico a Pedro Luis Soria, Carlos Mayón y Horacio Piombo, que aún dictan clases en la facultad de Derecho de La Plata.

Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

El viernes a las diez de la mañana la audiencia se reanudará para que tengan esa posibilidad los últimos dos acusados. Será una jornada intensa: a las 11 de la mañana, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia hará la demarcación de La Cacha como sitio de Memoria; a las tres de la tarde, el Destacamento 101. A las seis, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus darán el veredicto.

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