viernes, 24 de octubre de 2014

Represores a la espera de su condena

Hoy se dará a conocer la sentencia en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha.

Hay 21 acusados, entre militares, policías, ex integrantes del Servicio Penitenciario y civiles. Para la mayoría de ellos, los querellantes solicitaron la pena de prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito de genocidio.

 Por Ailín Bullentini

Hay quienes describen a La Cacha como un acertijo: un edificio en la localidad platense de Olmos que, sin pertenencia clara a ninguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad, funcionó entre 1976 y 1978 como centro clandestino de detención al que la última dictadura cívico-militar envió estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores con compromiso sindical o político, y familiares de unos y otros, y de donde muy pocos pudieron salir con vida. La perseverancia de organismos defensores de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas mantuvo viva la lucha para que el acertijo comenzara a develarse. Hoy, el juicio oral contra una veintena de responsables de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron, y que para varias querellas fue un tanto desprolijo y parcial, tendrá su condena. Para la mayoría de los 21 acusados, las seis querellas que participaron en el juicio pidieron prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito internacional de genocidio. La fiscalía sorprendió en su argumentación al considerar la absolución para uno de ellos.

En casi un año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata –presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Vega y Pablo Jantus– escuchó a casi dos centenares de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, hablar de lo que sucedió en La Cacha y de algunos pocos hechos relacionados con el secuestro y las torturas que se cometieron en ese centro clandestino de detención en perjuicio de 135 personas y el asesinato de cuatro de esas víctimas, entre ellos la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el hermano del embajador argentino en España, Carlos Bettini. Por tales hechos los jueces evaluaron la responsabilidad de 21 acusados. Los militares retirados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Luis Perea, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón, Anselmo Palavezzati integraron el Destacamento de Inteligencia 101, que dependía del Regimiento 7 de La Plata, junto con los civiles Raúl Espinoza, Claudio Grande y Rufino Batalla. Héctor “Oso” Acuña e Isaac Miranda fueron miembros del Servicio Penitenciario. Juan Carlos Herzberg fue marino. La nómina de imputados la completan cuatro policías bonaerenses, entre los que figura el ya condenado por genocidio Miguel Angel Etchecolatz –sólo imputados por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi– y Jaime Smart, ex funcionario del gobierno provincial de facto.
Juicio parcial

“Esperamos lo que pedimos: la condena para todos los imputados con cumplimiento efectivo en cárcel común por la comisión del delito de genocidio”, explicó la sobreviviente Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Ese organismo integra el colectivo Justicia Ya!, que intervino como querella.

En su inmensa mayoría, las víctimas tenidas en cuenta en el debate oral pasaron por este centro clandestino durante 1977. Los que pasaron por La Cacha en 1978, excepto Laura Carlotto, quedaron fuera de este proceso, a la espera del avance en la instrucción y la elevación de sus expedientes a juicio oral. Por eso Eloy dice que este juicio fue “sumamente parcial” y “poco representativo de la realidad de La Cacha”. Por eso, y porque “hay una parte fundamental de los represores que está ausente” en el banquillo,

Justicia Ya! exigió se profundice la investigación sobre el Servicio Penitenciario y la Armada y que se estudie la responsabilidad de varios integrantes del Poder Judicial y de algunos profesores de aquellos años de la Universidad Nacional de La Plata en delitos de lesa humanidad.

Las embarazadas

Para Emanuel Lovelli, quien junto a Colleen Wendy Torre representó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el debate fue largo, aunque importante, ya que “se acumuló un caudal probatorio muy importante que refuerza los hechos”, algo “necesario”: “La Cacha no era una dependencia oficial de ninguna fuerza, sino un edificio entre dos cárceles que no fue destino de ningún efectivo. Desde un primer momento fue un acertijo que los testimonios de los sobrevivientes y los legajos de los imputados ayudaron a desentrañar”, apuntó.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo imputó a 16 acusados por los secuestros y los asesinatos de Carlotto y Olga Casado, y la privación ilegítima de la libertad de María Elena Corvalán, Cristina Marrocco, Graciela Quesada y María Rosa Tolosa. Todas atravesaron embarazadas sus detenciones clandestinas y las torturas. Se sabe que la mayoría de ellas parió en cautiverio. Los hijos de algunas de ellas les fueron robados. Algunos, como Ignacio Guido Montoya Carlotto, los mellizos Re-ggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson, fueron recuperados.

Hubo casos de mujeres embarazadas que pasaron por La Cacha y que no llegaron a este juicio, como el de Adriana Tasca. También quedaron afuera los hijos de esas mujeres como víctimas propiamente dichas. Es el caso de Ignacio Guido Montoya Carlotto. “Hicimos un pedido en la instrucción, que en un primer momento el fiscal lo incluyó, pero Blanco no tomó indagatorias en ese sentido y, cuando insistimos, Blanco consideró que no hacía lugar”, explicó Lovelli.

Las otras querellas

El primer alegato, el de la fiscalía, abrió la cancha con los pedidos de prisión perpetua: lo consideró en 18 de los 21 acusados y alcanzó a la mayoría de los integrantes del Destacamento 101, a los penitenciarios a los bonaerenses y a Smart. Pero luego, los fiscales Hernán Shapiro y Gerardo Fernández bajaron el ritmo: 16 años de prisión solicitaron para Herzberg, 14 para el civil Batalla y la absolución para Perea. Las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial siguieron la línea de las acusaciones particulares: penas para todos los imputados en el marco del delito internacional de genocidio; perpetua para Smart, los dos penitenciarios y todos los integrantes del Destacamento de Inteligencia que llegaron a juicio, al igual que para los policías; para Herzberg pidieron 20 años.

La querella de la familia Bettini imputó a Etchecolatz y a su séquito de bonaerenses, Julio César Garrachico, Eduardo Gargano y Horacio Luján, y a los ex integrantes del destacamento. Para los primeros, por el asesinato de Marcelo Bettini y la privación ilegítima de la libertad más aplicación de tormentos en perjuicio de Antonio Bettini y María Mercedes Hourquebie, exigieron la pena máxima. Para los segundos, 25 años de cárcel. Además, pidieron que se investigara la implicancia de la Marina en comisión de delitos de lesa humanidad en La Cacha. La pena máxima también fue exigida para los mismos acusados por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Adrián Bogliano, Julio César Cagni, Elba Ramírez Abella, María Seoane Toimil y Nora Silvestri.
Ultimas palabras

Algunos de los acusados hicieron uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. Fernández, Herrero Anzorena, Acuña –que debió ser interrumpido por el TOF debido a que trataba a los jueces de “soporte jurídico del terrorismo montonero”– y Cacivio fueron algunos de ellos. Este último, incluso, aprovechó para esbozar la división vertical de tareas de las fuerzas de seguridad y evaluar responsabilidades.

Cacivio consideró que quienes actuaron por debajo de él en la cadena de mandos tuvieron menos responsabilidad que él mismo en los hechos basándose en un equiparamiento de la estructura vertical de las fuerzas y la lógica de división de tareas que reinó en los centros clandestinos de detención. “¿Ahora tenemos que creer que 600 centros clandestinos que hubo en el país fueron todos manejados por oficiales?”, ironizó Eloy.

La estrategia de Cacivio entra en crisis cuando se analiza quién hizo qué en el mínimo grupo de integrantes de la represión estatal de la última dictadura que se analiza en este juicio: Acuña, por poner un ejemplo, era integrante de la guardia que el Servicio Penitenciario hacía en La Cacha. No era, por cadena de mandos, quien tomaba ninguna decisión. Sin embargo, son incontables los testimonios que lo ubican como protagonista principal, y excedido en sadismo y violencia, en la sala de tortura.

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