viernes, 30 de diciembre de 2016

Perpetua para seis ex policías federales por crímenes de lesa humanidad en la dictadura

Se trata del entonces jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, quien es el único que no revistaba en la delegación platense sino que prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Antes de oír la sentencia, el TOF 2 dio a los imputados el derecho a decir unas últimas palabras, pero salvo el ex policía Gigli, los demás se negaron a hablar.

"A pesar de que la Fiscalía me tildó de monstruo, fui una persona a derecho, viví siempre en la ciudad, actué deportivamente, fui dirigente (...) creo en la justicia y sé que soy inocente", expresó Gigli al hacer uso de unas últimas palabras antes de la sentencia.

El Tribunal condenó a los seis ex policías a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas en el caso de José Cugura, N.N. Jorge o La Chancha y Adela Fonrouge, en este último caso agravado por el uso de veneno; la privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia en el caso de José Libralato y Mauricio Mansilla y las lesiones agravadas por tormento en el caso de Libralato.

Los jueces resolvieron además absolver a los imputados de la acusación de privación ilegítima de la libertad de Irma Guzmán y el robo agravado de Mauricio Mansilla.

Con respecto al pedido de la fiscalía para que se revoque la domiciliaria de Zuñiga, Romero, Ortíz y Sánchez, el TOF 2 dispuso que se resuelva en incidente por separado.

La principal prueba que implicó a los ex policías en los hechos juzgados fue un documento elaborado por la propia Policía Federal en la que se solicitaba el ascenso de los mencionados efectivos por haber participado en un operativo represivo en 1977.

El 11 de octubre de 1977, una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense, con información acerca del domicilio de un joven militante de esa ciudad, Juan Carlos Rodríguez, a quien habían secuestrado en septiembre en Buenos Aires.

Tras el aviso a los militares, esa misma madrugada una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5.30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.

Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego fue "interrogado", lo que permitió obtener su domicilio, en el que asesinaron a su esposa Adela Esther Fonrouge, quien se vio obligada a tomar una pastilla de cianuro; tras lo cual asesinan a Cugura en otro punto de la ciudad.

Dos días después, la policía monto otro operativo cerrojo en el entonces Estadio Provincial, situado en 32 y 23, de La Plata, donde Libralato debía reunirse con un hombre identificado como Jorge o La Chancha, y lo asesinaron.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Nuevo fallo judicial impide que Etchecolatz se vaya a su casa

La Cámara Federal de La Plata le negó la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. El genocida ya suma dos fallos en contra.

Ayer las querellas que son parte de la causa conocida como "El Infierno" (en referencia a ese ex centro clandestino de detención ubicado en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Avellaneda) recibieron la notificación de la Cámara Federal de La Plata.

Según la resolución, le fue denegada la detención domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dicha causa, en la que está procesado.

La negativa a que el exdirector de Investigaciones de la policía provincial y mano derecha de Ramón Camps se vaya a su casa se suma a un rechazo anterior en el mismo sentido por parte de la misma Cámara pero en la causa "Pozo de Banfield". Vale recordar que ambas causas refieren al denominado Circuito Camps.

Ambas resoluciones de Cámara ratifican lo resuelto el primera instancia por el juez federal Ernesto Kreplak.

La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Luz Santos Morón manifestó que este nuevo fallo "permite que, al menos por el momento, este genocida siga en la carcel. Y eso es gracias a la pelea que venimos dando desde hace meses los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares".

Santos Morón agregó que "si bien es de esperar que la defensa de este genocida apele el fallo, queda sentado un importante precedente para nuestra lucha por cárcel efectiva para quienes cometieron los peores crímenes contra el pueblo trabajador".