ANTE LA VISITA DE LA PRESIDENTA AL BIM 3

DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS...

Antes que el festejo de inauguración de cualquier nuevo edificio público está la Memoria de hombres y mujeres ausentes por responsabilidad del Estado. La Memoria de los compañeros militantes revolucionarios de los '70 y de todas las víctimas del Terror de Estado que lucharon por otro país diferente al de aquellas décadas, y mucho menos parecido al actual. La probable enumeración de logros edilicios en nuevas universidades nacionales que la presidenta quizás hará el viernes 14 de marzo en La Plata, no deja de parecernos una nueva afronta. En su última visita a la ciudad, donde hace falta Jorge Julio Lopez, se encargó de decir a sus acólitos reunidos en el Colegio Nacional que ahora gracias a la democracia “nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”. En esta ocasión se nota la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, pero esta vez nos representa una oportunidad para señalar los crímenes impunes de uno de los centros operativos más grandes de los grupos de tareas de la Armada en la ciudad, que jugaron un rol central en la represión al combativo movimiento obrero de la ribera del Río de la Plata hace casi cuatro décadas. Lo ocurrido con el predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM 3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino sembrado de desidias judiciales, abonado con las semillas de deficiente Nemosina, y madurada esta en jugosos negocios inmobiliarios del Estado.

El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Servico de Intelgencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
El BIM 3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
En más de tres 38 años nunca se resguardaron las 9 hectáreas del predio como prueba judicial. La Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
Hoy el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, festeja la nueva sede universitaria como una supuesta victoria del necesario emprendimiento público por sobre la desmedida ambición privada. En realidad, desde julio de 2001 con HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que fue inaugurada recientemente. Esto porque la obra en el BIM 3 siempre estuvo mucho más avanzada que la causa federal N°35 por los crímenes de la FT5 en nuestra ciudad, que durmió años su siesta impune en los tribunales platenses a cargo del siniestro juez Humberto Blanco, y que a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad no ha llegado a condenar a un solo marino por su accionar específico en el esquema represivo contra el activismo obrero en la zona.

A comienzos de este marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Antonio Vañek, comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, comandane del Batallón, José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian, los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza; serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por el Centro Clandestino que en estas horas visita Kristina alegremente.
Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se institucionalizó como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. El “Placintara” que fiscales y jueces investigan sólo incluye los casos de unas 40 víctimas: 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
Hay una memoria que no se construye con inauguraciones de edificios, sino que merece justicia. La Memoria de los compañeros Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo (asesinados por la Armada y la Policía Bonaerense en octubre del '76 en 7 y 58), de Guillermo Di Bastiano (secuestrado el 13 de septiembre de 1977 y destinado al Batallón 3), de Jorge Guastapaglia (que compartió cautiverio con Di Bastiano), de Carlos García (levantado en abril de 1977 por ser delegado de la sucursal del Banco Comercial, alojado sin capucha en el BIM, torturado y perseguido porque su hermano Horacio era delegado del frigorífico Swift), de José Panettieri (profesor de Historia en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Periodismo, secuestrado en el BIM en noviembre del '76 y previamente removido de sus cargos por la intervención de Guillermo Gallo en la UNLP por “factores de alto potencial de perturbación”), por la primera detención de José Luis Barla (que estuvo primero en el BIM 3 en marzo del '76 y luego en “La Cacha” en agosto del mismo año), por Osvaldo Busetto (estudiante de Arquitectura en La Plata, secuestrado en Plaza San Martín, herido y operado en el Hospital Naval de Río Santiago, y luego desaparecido en el circuito Arana/Pozo de Quilmes/Pozo de Banfield), y por el caso de María Eliana Acosta Velasco (chilena, de 34 años, detenida en La Plata en setiembre de 1976 y recluída en el BIM 3 -caso integrante de las querellas por Plan Cóndor); y por tantos otros compañeros cuyos verdugos aún están impunes.
Seguramente ninguno de estos nombres serán evocados por la presidenta en el acto del BIM 3 en 2014. Quizás la Sra Fernandez ni siquiera sepa el interesante dato de que según el testimonio de una ex enfermera del Hospital Naval Río Santiago, en Juicio por la Verdad en el '99, se supo que las religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían pasado por esa dependencia luego de ser secuestradas por la Armada. Marta Ayala, que se desempeñó en el Hospital Naval desde diciembre de 1976, relató que los empleados de ese lugar trabajaban bajo una intensa presión de sus superiores militares y civiles: "Nos instruían para que no habláramos de lo que hacíamos en el Hospital", dijo ante la Cámara Federal de La Plata. Y contó que en el Hospital, en esa época, había micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, y que al salir los empleados debían usar una contraseña: "Si no hacíamos esto, nos bajaban con un FAL. Había gente armada por todos lados. Cuando salían, a los oficiales les decían que tenían 'canilla libre', que significaba vaciar los cargadores". Ayala reveló que “había cabos y oficiales que decían que se quedaban con las prendas de los detenidos, como camperas y zapatillas", y que "todos sabíamos que en el primer piso estuvieron internadas las monjas, una enfermera me dijo que las vio”. Hasta contó que el almirante Emilio Massera visitaba el Hospital "a tomar mate", y que también el capitán Alfredo Astiz, condenado por la Justicia francesa por el asesinato de las monjas, estuvo en el Hospital en la época del conflicto por el canal de Beagle.
Estos datos, como el resto de la información clave para hacer avanzar la instrucción de las causas contra los genocidas, no vienen ni vendrán nunca de la sistematización de las investigaciones de parte del Estado. Son fruto de la Memoria Popular que se resiste a ser ninguneada. Pero el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares específicos por sobre el conjunto de las ex dependencias militares y policiales que desplegaron el Plan Sistemático de Represión, y a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el incompleto Archivo Nacional de la Memoria, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que deben completar las investigaciones sobre los lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención, debe actualizar su nómina, debe gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la placa y la foto”. A marzo de 2014, la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 76 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar, promover las causas y preservar los espacios, sólo han señalizado el 13 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
Las nuevas facultades en el BIM 3 se comenzaron a construir antes de que se termine de investigar los crímenes de la Armada en La Plata, y ahora se inauguran cuando la causa fragmentada por esos hechos recién fue elevada juicio oral, a realizarse en no menos de 2 años. A 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos 1 sólo marino genocida condenado, Juan Carlos Herzberg, este año también juzgado por su actuación en “La Cacha”. En todo el país son sólo 36los navegantes del Terror condenados. En el caso del BIM 3 todo el tiempo y el esfuerzo por prsrvar el predio parecen haber sido en vano, ante un Estado enceguecido en la sed inmobiliaria para obtener un nuevo coto de caza político, aunque se construya sobre las ruinas del recuerdo de los compañeros.

Por eso decimos:
- BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS.

Echaron de la Universidad de La Plata al ex vicedecano de Medicina

Lo había denunciado la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye

El médico Enrique Pérez Albizu había renunciado días atrás a su cargo. Es por las denuncias que recibió por su rol durante la dictadura. Está acusado de firmar partidas de defunción truchas. Hoy el Consejo Superior decidió por unanimidad la exoneración inmediata de todos los cargos docentes y como funcionario académico.
El ex vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNLP, Enrique Pérez Albizu. Gentileza Diagonales.com

Una vez por semana, durante años, la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye caminó por los pasillos del cementerio de La Plata con una compañera inseparable: la libretita de anotaciones. Revisó cada tumba, cada registro, cada rincón.  En 1979, un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció la presencia de enterramientos N.N. en dicho lugar. Adelina, entonces, empezó a investigar junto a otros organismos de derechos humanos y descubrió que no sólo los policías y los militares habían sido los responsables del horror. Cuando había que firmar las partidas de defunción truchas, aparecía un eslabón fundamental en el aparato represivo: los médicos.

El ex vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Enrique Pérez Albizu, fue uno de ellos. “Eran más policías que médicos, porque no sólo se dedicaron a firmar los certificados falsos para avalar la masacre. No eran cómplices: eran también ideólogos. En el caso de Pérez Albizu, hace años pudimos identificarlo como uno de los jefes de los médicos que trabajaron con la policía bonaerense. Él no sólo firmó constancias, sino algo más grave: estaba a cargo de firmar el libro de actas médico”, dijo hoy Adelina. Fue durante una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior de la UNLP para tratar éste y otros temas referidos a Medicina.

Las palabras de Adelina fueron claves para que la comunidad universitaria decidiera, por unanimidad de votos, la exoneración inmediata de todos los cargos docentes y como funcionario académico a Pérez Albizu y el inicio de un juicio académico y acciones legales correspondientes a investigarlo por su accionar durante la última dictadura. De esta forma, el Consejo Superior requirió “una manifestación pública por parte de la Facultad de Medicina en relación a lo acontecido con el ahora ex vicedecano”. Los oradores de los diferentes claustros –docentes, no docentes y estudiantiles- rechazaron que el actual decano, Jorge Martínez, le haya aceptado la renuncia sin ningún tipo de problemas.

En un documento público, los claustros de la UNLP, con aval de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP),  querellantes en el juicio por los crímenes cometidos en “La Cacha”, apelaron al estatuto universitario: citaron el artículo que expresa que “no podrán incorporarse y/o permanecer en la universidad, en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado”.

Ante la numerosa columna de estudiantes que colmó los pasillos del rectorado de la UNLP, hubo una ausencia significativa: las autoridades de Medicina. “Es una vergüenza: nuestra facultad tuvo el mayor índice de detenidos y desaparecidos de la universidad y ellos siguen escondiéndose. ¿Quién defiende a Pérez Albizu? El pacto de silencio de Hoja de Roble, la agrupación que conduce hace 25 años el decanato de Medicina”, dijo un consejero estudiantil de esa facultad. En paralelo, un representante de ADULP acotó: “Hoja de Roble impuso el elitismo, un modelo de universidad para unos pocos. No es casual el nexo de Pérez Albizu con la dictadura. Hubo un sistema político e ideológico que imperó a la par de la faz represiva”.

Lo más importante del extenso debate fue el testimonio de Adelina, que sumó información a la que había testimoniado en el juicio de La Cacha. Allí había denunciado a 21 médicos de la morgue policial de la provincia por firmar certificados de defunción de personas asesinadas por la dictadura. A pocos días de su declaración, Pérez Albizu renunció a su cargo. “A mediados de los ‘80 descubrimos cerca de 300 tumbas en el cementerio de enterramientos NN y luego le dimos todos los archivos a la justicia. Recién ahora, con el juicio de La Cacha, estos datos están saliendo a la luz. Pérez Albizu ya declaró una vez y negó todo. Tenía razón: los registros habían anotado mal su apellido y entonces era como si no hubiera estado en la firma de los certificados”, dijo. Los cientos de personas que la escuchaban cantaron: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

Luego agregó que había 24 libros en el área de Sanidad de la policía y que casi todos habían sido destruidos. Salvo uno. “Ese libro que encontramos fue fundamental. Allí pudimos comprobar que Pérez Albizu firmó de puño y letra, con su verdadera identidad, todo el libro. Había infinidad de firmas de él. Y estuvo presente en 9 casos de enterramientos N.N. Claro que no fue el único médico, pero tuvo una gran responsabilidad por ser el jefe principal”, explicó.

La Madre de Playa de Mayo agradeció a los estudiantes la invitación especial a participar en la sesión del Consejo Superior. Ante la mirada del rector Fernando Tauber, se conmovió con el caso de jóvenes desaparecidos de Bahía Blanca. “Dos de las constancias que firmó Pérez Albizu corresponden a adolescentes bahienses, que eran estudiantes de secundaria. Cuando me enteré, no pude contener la bronca. No pude comprender cómo un tipo grande, un médico profesional responsable de salvar la vida de las personas pudiera cometer semejante atrocidad con jóvenes que estaban creciendo en el mundo”, dijo.

La comunidad universitaria, además, aguarda con expectativas la posible citación a Pérez Albizu para que declare en La Cacha. Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) propiciarán la investigación a otros docentes por su rol en la dictadura.

La Cacha: revelan que el Vaticano sabía de los secuestros

La hermana de una desaparecida aseguró que desde la cima eclesiástica les respondieron en una carta que ofrezcan “el sufrimiento”. Fue en el marco de la novena jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad.

Inés Seoane aseguró que denunciaron la desaparición de su hermana ante la Santa Sede (Foto: Eva Cabrera)
Por Martín Soler -noticiasplatenses@gmail.com @martinenlared -Fotos: Eva Cabrera

La hermana de una desaparecida que pasó por el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó en La Plata durante la última dictadura cívico militar, reveló que cuando estaban buscando a su hermana enviaron una carta al Vaticano desde donde le respondieron que los acompañaban en la “oración” y les recomendaron que ofrezcan “el sufrimiento”.

La psicóloga Inés Seoane es hermana de María Seoane, militante de la Juvetud Peronista y de Montoneros, quien fue

secuestrada el 12 de mayo de 1977 tras un operativo de las fuerzas conjuntas en la localidad de Berisso. La profesional dio testimonio de ese hecho y recordó, entre otras situaciones, que acudieron mediante un envío epistolar al Vaticano para obtener información del paradero de su hermana.

La testigo recordó que la respuesta desde la cúpula eclesiástica del cristianismo fue: “Los acompaño en su oración y que ofrezcamos el sufrimiento”, lo que se entendió como una formalidad. Más allá de la respuesta, el dato saliente es que en la Santa Sede sabían de las desapariciones forzadas de personas que se estaban ejecutando en Argentina a manos del gobierno de facto. 

La familia Seoane llegó a esa instancia luego de recorrer comisarías, juzgados y luego de entrevistarse con el rey Juan Carlos de España durante una visita realizada a suelo criollo. En esa reunión el monarca les dijo que habían hecho varios pedidos por ciudadanos españoles desaparecidos y que no habían recibido respuesta alguna por parte de las autoridades argentinas consultadas.

Los padres de Inés y María habían llegado a Argentina de jóvenes, con las hermanas pequeñas, escapando del horror del franquismo. “Todos los que estábamos vivos (en la dictadura) nos sentíamos afortunados. Nuestras madres no pudieron deprimirse y quedarse en la casa tomando pastillas. La dictadura fue peor que el franquismo”, sostuvo la testigo, quien finalizó su relato con la lectura del poema “Las sombras”, escrito por su madre.

Verónica Bogliano, durante su declaración y al concluirla

Hijos querellantes. Verónica Bogliano fue la primera testigo de la jornada del viernes 28 de febrero. Dio testimonio del secuestro de sus padres ocurrido el 17 de agosto de 1977, un día antes de su cumpleaños, en la casa que habitaban en Villa Elisa

Una semana después de los secuestros sufrieron el saqueo de la vivienda que los cobijaba en calle 423 entre 22 y 23. “Robaron todo, se llevaron hasta el inodoro y las canillas, fue un saqueo. Se llevaron todas las fotos, yo no tengo ninguna con mis padres”, detalló la abogada querellante.

Entre llantos, recordó que en el legajo laboral de su madre que trabajaba en una dependencia de la Armada nacional figuraba que fue dada de baja “por ausencia”, situación que ya fue enmendada.

También resaltó que sus abuelos presentaron hábeas corpus e hicieron denuncias internacionales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Cruz Roja Internacional. Recién en mayo de 2008 le avisaron telefónicamente que habían identificado los restos de su madre. Un año después ocurrió lo mismo con el cuerpo de su padre. Estaban enterrados en una tumba NN del cementerio de La Plata junto a los restos del matrimonio San Emeterio-Delgadillo y de Stella Maris Bojorge.

Los padres de la profesional “fueron peronistas, formaron parte de una generación que realmente querían cambiar las cosas” expresó la joven, y recordó que sus abuelos “se murieron sin saber que había pasado con sus hijos”.
                   
Ramón Mariano Baibiene, tras declarar Leticia Baibiene, en su declaración          

Los hermanos Leticia y Ramón Baibiene

También declararon los hermanos Leticia y Ramón Mariano Baibiene por los secuestros de sus padres Arturo Baibiene (asesinado) y Elba Leonor Ramírez Abella (desaparecida), ocurrido el 26 de abril de 1977. El joven recordó que el asesinato de su padre fue publicado en el diario El Día de La Plata como “subversivo abatido”.

“En la construcción del discurso dominante era difícil explicar que a mi casa entraron treinta personas a enfrentarse a un hombre, una mujer, un chico de un año y mi hermana de tres”, relató el querellante y agregó: “En el año 1995 cuando empezamos a caminar con los compañeros de HIJOS nos llamaron violentos, claro, éramos hijos de ‘subversivos’, y nos llamaron violentos por pedir ‘justicia’”.

“No perdonamos, no nos reconciliamos. Mientras haya un genocida que podamos identificar y probar su responsabilidad vamos a seguir peleando para que se haga justicia. Donde haya una necesidad, van a estar los compañeros luchando y en sus banderas van a estar los treinta mil compañeros desaparecidos”, expresó en el final de su relato que fue ovacionado con un cerrado aplauso y desde el palco de prensa lo saludaron tres cronistas con los dedos en “V” de victoria.
           
Camilo Cagni se saluda con sus allegados al concluir con su declaración  (izquierda), y Laura Bogliano, estrechada en un fuerte abrazo tras su declaración

La Cacha: sale a escena la muerte de Luis Bearzi

Fue asesinado por policías en una “cita cantada” en Tolosa. Declaran familiares en la sala de juicios y por videoconferencia desde España.

El juicio La Cacha se desarrolla en la ex sede de AMIA, 4 entre 51 y 53 (Foto: Matías Adhemar)
Por Martín Soler -  noticiasplatenses@gmail.com  -  @martinenlared

El homicidio de Luis Bearzi, asesinado por policías en el marco de una “cita cantada”, subirá a los estrados del juicio oral y público a 21 acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en La Plata durante la última dictadura cívico militar.

Carlotta Ayub de Quesada, Ana Quesada y Julia Bearzi darán testimonio por los crímenes de Luis Bearzi y Graciela Quesada en 1977. No es la primera vez que lo hacen. Ya declararon en el marco del juicio oral de la causa denominada “Circuito Camps”.

Carlotta Ayub de Quesada, con su pañuelo blanco expondrá su testimonio mediante videoconferencia desde Barcelona, donde ya vivía cuando su hija Graciela Quesda fue raptada y desaparecida.

Graciela Quesada estudiaba antropología, era militante de base en Montoneros. Fue secuestrada el 17 de marzo de 1977. Estuvo detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata y luego en La Cacha. Su marido, Luis Eduardo Bearzi había sido asesinado poco antes en una emboscada junto a Marcelo Gabriel Bettini, el 8 de noviembre de 1976, cuando concurrían a una cita cantada en Tolosa. Por las muertes de los varones están acusados Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico, entre otros.

María Julia Bearzi es hija de Graciela Quesada y Luis Eduardo Bearzi. Por la muerte de sus padres también declaró en otros juicios orales por delitos de lesa humanidad. “Pasé toda mi vida tratando de cerrar el agujero negro causado por la incertidumbre que genera la desaparición de una persona”, dijo a los jueces al declarar como testigo en el juicio por el Circuito Camps. Tenía 2 años cuando su mamá fue secuestrada y recordó que mientras estaba en cautiverio pudieron verla en dos oportunidades, en una de las cuales su abuelo advirtió que estaba embarazada.

También se espera el relato de Esteban Alejandro Vera, médico de Ensenada que atendía a embarazadas en La Cacha y en la cárcel de Olmos. Fue Jefe de Emergencias del Hospital de Niños de La Plata hasta el año 2000. También trabajó en el Penal de Olmos y estuvo implicado en la causa de los mellizos Reggiardo Tolosa, apropiados por el sub comisario Samuel Miara. Durante el período 1976-1978, el plantel médico que prestaba servicios en el área de Maternidad del Penal de Olmos, inaugurado en 1975, estaba integrado por los pediatras Néstor Siri y Vera, los obstetras Rodolfo Tessari y Silvia Gorostieta y las parteras Élida Acuña y María Delgadillo, según consta en las declaraciones en los Juicios por la Verdad tramitados en el Juzgado Federal de La Plata y en la causa Miara, sobre la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Detrás de la Unidad Nº 8 de la Cárcel de Olmos, a unos 50 metros aproximadamente, se encontraba el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. En ese predio estaban las instalaciones de Radio Provincia, y a partir de 1977 pasó a depender del Servicio Penitenciario Bonaerense. En ese centro estuvieron detenidas más de tres mil personas y la mayoría fueron golpeadas y torturadas hasta la muerte. Entre ellas, había algunas embarazadas como Norma Aquin y María Laura Bretal, quienes recibieron los mismos tratos que cualquier detenido e incluso fueron torturadas y permanecieron allí en condiciones infrahumanas.

Bretal fue detenida cuando promediaba los cinco meses de embarazo, en mayo de 1978, y trasladada a “La Cacha”. “Estoy una semana en una habitación, que era el laboratorio, en las condiciones más terribles, aislada totalmente y sometida a todo tipo de torturas físicas, psíquicas y encapuchada”, recordó.

El expediente. El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. Trece ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual) junto a dos penitenciarios: Héctor Raúl “El Oso” Acuña e Isaac Crespín Miranda.

También están sentados en el banquillo de los acusados cuatro policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones; Eduardo Gargano, director general de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata, y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata). Un militar retirado de la Armada, Juan Carlos Herzberg, integrante de la Fuerza de Tareas 5 y el civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).

Cabe agregar que dos importantes represores que estuvieron imputados se libraron del juicio por la llamada “impunidad biológica” ya que fallecieron durante la sustanciación de las actuaciones. Ellos son el ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, coronel Arias Duval, y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean.

Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

Los represores bautizaron al centro clandestino ubicado detrás de la cárcel de Lisandro Olmos en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.

El campo estaba entre calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.