La Cacha: dan testimonio sobre los falsos enfrentamientos

Un ex secuestrado contó cómo se enteró por la radio de la muerte de otro detenido. Lo hizo al declarar junto a otras víctimas desde Copenhague, en videoconferencia. Crudo testimonio.

Alberto Omar Diesler, habla desde Copenhague (Foto: captura videoconferencia)

Por Pablo Spinelli  -spinellipa@gmail.com

El ex detenido desaparecido Alberto Omar Diesler dijo haberse enterado por la radio, durante su cautiverio en La Cacha, de la muerte en un supuesto enfrentamiento, de dos militantes que hasta ese momento habían estado también secuestrado en ese centro clandestino de detención. El dato aportado por el ex dirigente sindical vía videoconferencia desde Copenhague (Dinamarca) representa un testimonio en primera persona respecto de los fusilamientos que eran presentados por el aparato represivo de la última dictadura como muertes en tiroteos.

Diesler declaró el último viernes desde la embajada argentina en la capital danesa, en el marco de las audiencias que se realizan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 contra 21 policías, militares, penitenciarios y civiles, por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el centro clandestino que operaba en las inmediaciones de la cárcel de Olmos, donde funcionaba una planta transmisora de Radio Provincia. Junto a él lo hicieron otros ex detenidos: Elsa Beatriz Mattia de Torrillas, Néstor Daniel Torrillas y Roberto Lujan Amerise, quienes además aportaron nombres de los represores que actuaban en el lugar, y de víctimas con las que compartieron cautiverio.

El episodio narrado por Diesler ocurrió en medio de una sesión de tortura, cuando los responsables del centro clandestino subían el volumen de la radio para tapar los sonidos del horror. Y fue descripto por el ex secuestrado como una de las vías a través de las cuales los secuestrados se enteraban de los operativos realizados por las “patotas”.

Según relató el ex militante sindical de Ensenada, las víctimas del enfrentamiento fraguado habrían sido Enrique Reggiardo, padre de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa; y Susana Quinteros, conocida también como “Chamarrita”. Hasta el momento en que Diesler escucho la información por la radio, ambos estaban detenidos ilegalmente en La Cacha.

“Como ponían la radio muy fuerte para tapar los gritos que llegaban de afuera, de la sala de torturas, escuchamos que en un momento dieron la información de un enfrentamiento en la zona, donde habían muerto dos ‘subversivos’. Son dos personas que trasladan de la cacha y las matan fusilándolas haciéndolo pasar por enfrentamiento”, dijo el ex detenido desaparecido.

Diesler también recordó el impacto que aquello provocó, no solo en los compañeros de cautiverio de las víctimas, sino también entre los responsables del centro clandestino. Habló de una “desinteligencia”. Causó, según dijo, “un reproche y una tensión, porque representaba una situación de filtración de esa información, lo cual no estaba previsto”.

Aquella no era la única vez que se enteró de operativos realizados por los grupos de tarea. Aunque en otros casos la filtración fue deliberada. Recordó entonces casos de muertes que fueron comunicados por los propios guardias. E identificó como un momento “terrible” cuando el guarda identificado por los secuestrados como “Palito” notificó a la prisionera Elba Leonor Ramírez Abella de la muerte de su pareja, Arturo Baibiene. “Cambio tu estado civil, ahora sos viuda”, señaló Diesler que fueron las cínicas palabras de aquel hombre.

La semblanza de Ramírez Abella representó uno de los trances más duros para el testigo durante su declaración. “A mí me tenían al lado de ella, y recuerdo que me auguró que iba a volverá ver a mi hijo, Yo le deseé lo miso pero no se cumplió. Desde entonces siempre me pregunto “¿Por qué a ella que tenía tres hijos no la devolvieron y a mí sí me devolvieron? Son cosas inexplicables que a uno lo siguen afectando”.

Diesler fue secuestrado el 19 de abril de 1977, dos días después del nacimiento de su primer hijo Matías, el mismo día en que su mujer Ana María fue dada de alta de la clínica en la que había dado a luz. La familia vivía en la calle Bolivia y San Martín de Ensenada, y de allí lo arrancaron durante la noche de aquella jornada. El hombre trabajaba en el taller naval de YPF, como operario de planta y estudiaba en la UTN, donde cursaba materias de quinto año de Ingeniería Mecánica. Su grupo de pertenencia política era una coordinadora sindical de La Plata, Berisso y Ensenada. Estuvo 72 días secuestrado hasta que fue blanqueado en la comisaría Octava.

 La estructura represiva. Como estuvo alojado en la planta baja de La Cacha, Diesler dice haber tenido una perspectiva favorable para conocer los movimientos y la rutina del grupo de represores encargados del centro clandestino de detención. Mencionó apodos, y algunas características de los guardias, incluida la fuerza a la que respondían.

En un detallado relato señaló, por ejemplo, a los integrantes del Ejército. “Estaban ‘el cordobés’, que era el jefe de esa sección, aparentemente un mayor. Sus asistentes el Inglés, el Argentino y el Amarillo, quienes eran tenientes. El Inglés y el Argentino, cuando me toman declaración en la Octava, ellos dijeron que habían estado en mi casa. Sé que eran gente joven, de la misma edad que yo en ese momento”.

También mencionó a gente de la SIDE, y señaló a al Francés, como jefe, y a los agentes o los que hacían las guardia la patota: cuyos apodos eran Pablo, Jota, Julio, Bocha y el Griego.

Del Servicio Penitenciario Bonaerense habló de El Oso (que sería Acuña) como jefe, y a los guardias Sabino, Palito y el Negro.

Y de la Marina, a los jefes Daniel y Pituto, y a los oficiales que eran denominados genéricamente “Carlitos”, cada uno con un apellido. “Uno el enfermero, otro el cordobés, y otro el misionero”.

También habló de suboficiales que venían del Regimiento 7 de Infantería: “Mostaza, el Suave, el Willy y el Gallego”. Y mencionó a dos personas a las que pudo verles el rostro: Mister X y Palito.

También vio la cara de Pablo, aunque en un posición menos favorables que en los otros dos casos. Durante el juicio hubo un reconocimiento fotográfico que no arrojó resultados positivos.

La Cacha: el impacto de la represión en la UNLP

La historiadora Ana Barletta desgranó un estudio sobre el impacto de la acción represiva en las aulas. Espionaje, amenazas, exoneraciones y cesantías en la Universidad.

Ana Barletta, en su testimonio ante el Tribunal

Por Pablo Spinelli -spinellipa@gmail.com  - Foto: Matías Adhemar

 El ámbito universitario como tablero de acción de las fuerzas represivas que azolaron la región durante la dictadura y sus años previos, fue el eje del testimonio dado por la historiadora Ana Barletta, actual vicepresidenta académica de la UNLP y ex decana de la facultad de Humanidades, en la audiencia del miércoles último del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha.

La base de su aporte está dado por un profundo estudio del Archivo Histórico universitario, en el que constan resoluciones que apuntaban a la reducción de la actividad académica, incluidos los planteles de profesores, no docente y alumnos. Y abunda en ejemplos concretos de desapariciones y asesinatos, cesantías y exoneraciones, tareas de espionajes y aprietes.

Como testigo de concepto, que aportó el contexto general en el que la Universidad se convirtió en factoría de la represión, Barletta ubicó los crímenes de los trabajadores no docentes y dirigentes gremiales Rodolfo Achem y Carlos Miguel como el inicio del persecución en las aulas. Aquello fue incluso bastante antes del inicio de la dictadura, cuando era la derecha peronista, en brazo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A, la encargadas se sembrar el terror.
   Achem y Miguel, los dirigentes de Atulp asesinados el 8 de octubre de 1978

“La dictadura en la Universidad comenzó aquel día”, dijo Barletta en un tramo de su declaración, en referencia al 8 de octubre de 1974, en el que ambos dirigentes fueron secuestrados y acribillados.

Según el estudio que expuso la docente en medio de un arduo cruce entre uno de los abogados (Juan Losino) y el presidente del Tribunal Carlos Rozanski, que la obligaron a interrumpirse varias veces, desde aquella madrugada se sucedieron una serie de episodios que llevaron a la UNLP a reducir su actividad al mínimo. Para la docente, eso fue llevado adelante de forma deliberada por parte de sus sucesivas conducciones universitarias.

Habló entonces de las renuncias masivas de todas las autoridades del Rectorado como consecuencia de aquel crimen. Pero también de nuevos asesinatos que redundaban en la aparición de cadáveres ametrallados a lo largo del Camino Negro (que une Villa Elisa con Punta Lara), y de una escalada de violencia y persecución que se potenció durante 1975.

Apuntó entonces a la época en que la Universidad quedó bajo las intervenciones, primero del capitán Navio Saccone, y a partir de 1976 de Guillermo Gallo. Basada en los documentos del archivo histórico de la UNLP, Barletta mencionó resoluciones que hablaban explícitamente de “procesos depurativos”, lo cual, según su criterio, es altamente “significativo” de la decisión política respecto de lo que debía ser la actividad de la Universidad en aquel entonces.

Aquello se vio traducido en cifras que fueron incluso reividacadas por el propio Gallo, cuando se vanagloriaba de que antes de 1976 hubieran 56 mil estudiantes, y que dos años después la matrícula tenía 24 mil estudiantes menos. Los argumentos oficiales de aquella merma eran las bajas por regímenes de cursadas no cumplidas, por las normas respecto a materias correlativas y por los reglamentos vigentes en cuanto cupos y aranceles.

Si bien no los deja de considerar como ciertos, Barletta agrega una intención de desalentar la concurrencia a la Universidades con otros mecanismos vinculados con el clima de violencia y persecución. Clima que también favoreció a una reducción casi total de la actividad académica, incluidos (además de alumnos, docentes y trabajadores) el número de proyectos de investigación y extensión. “Fue deliberado”, dijo Barletta, y lo fundamentó con el estudio de los documentos.

Inteligencia. También apeló a los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (Dippba) como fuente que prueban las tareas de infiltración protagonizadas por las fuerzas represivas en la UNLP, muchas veces a pedido de la Side. “Vimos la vigilancia constante sobre todas las actividades del mundo universitario”, analizó.

Cantidad de gente en asambleas, información sobre las agrupaciones estudiantiles, ejemplares de volantes, y detalles precisos de dichos de participantes en charlas o clases que fueron informados a la Dippba a través de sus espías, aparecen como material de interés para la inteligencia policial.

También los debates internos sobre el rol de la universidad y de los profesionales que forma. “Una arquitectura para el pueblo”, “la misión de los médicos”, “la salud necesaria para la sociedad argentina”, son algunos de los textos y debates que circulaban en las facultades y eran informados a Dippba.
Comedor. Con un episodio puntual, la actual vicepresidenta académica de la UNLP ejemplificó el rol de Guillermo Gallo como rector entre 1976 y 1983. El hecho remite a 1978, cuando militantes de Franja Morada se reunieron con él para pedirle la reapertura del Comedor Universitario, el cual había sido cerrado en 1974. Su respuesta fue contundente: “De ningún modo, recién pusimos orden y ustedes me piden esto. Eso era como la ‘colina táctica del enemigo’”, les respondió, y entregó una frase que más tarde se convirtió en el título del libro de Jorge Alessandro.    

Antes de su cierre, el Comedor ubicado en 1 y 50, había sido blanco de algunos atentados.

A Gallo se le atribuye la responsabilidad de buena parte de las cesantías de trabajadores docentes y no docentes, así como de ser colaborador en la represión, con delaciones de trabajadores y estudiantes, muchos de los cuales continúan desaparecidos.

Durante su gestión abundan, según refiere la investigación de Barletta expuesta en el Juicio, los informes de inteligencia que dan cuenta de la situación en las facultades. Habla de reportes de 1977 que transmiten “la calma”, y la atribuyen al desmantelamiento de las organizaciones políticas; y de otras que detectan algunas actividades de resistencia.

En esa época, regía una medida calificada como “impresionante” por la investigadora: los que habían sido cesanteado o exonerados no podían pisar la universidad para ninguna actividad, y el control se realizaba con una supervisión extrema de guardias apostados en las puertas de las facultades, quienes pedían DNI a cualquiera que quisiera ingresar.

Duelo legal. Como viene ocurriendo desde el inicio mismo del juicio, un nuevo cruce se dio entre el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski y el abogado Juan Losino, representante del acusado Claudio Grande, cuando el defensor pidió que constara la negativa del Tribunal a dejar sentado un diálogo que ambos mantuvieron durante la audiencia.

Después de varios contrapuntos, que incluyeron pedidos de recursos de reposición (uno de ellos aceptado por la mayoría de los jueces, el cual obligó a acortar el testimonio de Barletta), Losino se reservó el derecho de recurrir a la Cámara de Casación con su planteo.

Teleconferencia. Las audiencias se retomarán el viernes a las 9 de la mañana, y está prevista la declaración, vía teleconferencia desde Copenhague (Dinamarca), de los testigos Aberto Diesler, Elsa Beatriz Mattia de Torrillas, Néstor Daniel Torrillas y Roberto Lujan Amerise.

No a la apropiación del POZO DE BANFIELD

JUSTICIA YA! LA PLATA

Las organizaciones firmantes, nucleadas en el espacio Justicia Ya La Plata, manifestamos nuestra preocupación por la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield", ubicado en las calles Vernet y Siciliano del partido de Lomas de Zamora.
Lo hacemos frente a una serie de actividades y declaraciones periodísticas que funcionarios del municipio de Lomas han realizado respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”.
La querella de nuestros organismos ha presentado hace años en la causa N°26, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCD, un recurso de no innovar sobre el predio, para evitar la posible destrucción de pruebas ante el estado de total abandono y deterioro de las instalaciones al momento del trasladado de las últimas dependencias policiales que funcionaron en el lugar. En aquel momento el sótano del edificio, del que ni la CONADEP ni la justicia habían realizado nunca una inspección ocular, se encontraba completamente inundado.
En junio de 2006, el juez Arnaldo Corazza contestó a nuestro pedido y ordenó “la realización de las operaciones técnicas y científicas convenientes a los fines de desagotar el subsuelo” y dictó “medida de NO INNOVAR respecto del inmueble”.
A nuestro entender, la medida de no innovar continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, y en todo caso nunca fuimos informados como querellantes de ninguna habilitación judicial para el uso del predio.

Sin embargo, varios hechos preocupantes se vienen sucediendo:
- El 23 de abril pasado el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó, con la firma de la presidenta del cuerpo Ana R. Tranfo, una nota de Comunicación N°44/14, que involucra la intención de avanzar sobre el predio.
-Al día siguiente el Concejo de Lomas se dirigió al Juez Blanco, subrogante en el Tribunal N°3 y con actuación en la causa N°26, para “solicitarle que disponga a favor de los organismos de Derechos Humanos a nivel Nacional, Provincial y Municipal las áreas que considere que pueden ser utilizadas del inmueble para que en el mismo se pueda crear un espacio dedicado a la 'memoria' y revisión de esa parte trágica de la historia de nuestro país”.
- Acto seguido, la prensa oficial de Lomas difundió la noticia de que “El Municipio busca convertir un sector del Pozo de Banfield en un Espacio para la Memoria”, donde se afirmaba que “el intendente Santiago Carasatorre, junto a funcionarios locales, provinciales y nacionales, recorrió el ex centro clandestino de detención para evaluar los pasos a seguir luego de que la Justicia autorizara el uso de una parte del edificio”. En el acto, el intendente recitó el lema de rigor: “convertir lo que fue un centro clandestino de detención en un lugar de memoria y de vida”.
- El 31 de Mayo, la prensa de la agrupación Hacha y Tiza del SUTEBA Lomas de Zamora difundió un comunicado sobre la recorrida del intendente por el predio y afirmó que “una parte de la causa de 'Pozo de Banfield' está elevada a juicio (la otra parte esta en etapa de instrucción), por ello no se tomaron fotografías durante el recorrido” y que “la Justicia autorizó el uso público de tres oficinas del edificio”.
- Al mismo tiempo, la concejal del Frente para la Victoria, Vanesa López, en diálogo con el medio local “Info-región”, en curiosa afirmación, aseguró que “los organismos de Derechos Humanos y mismo el Estado nacional, provincial y municipal tienen que hacer uso de las instalaciones de estas aberrantes instituciones” (SIC). En la misma nota, la directora de Derechos Humanos de Lomas de Zamora, Nilda Rapari de Lencina, precisó que la idea es que allí funcione la dirección de Derechos Humanos, un museo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se realicen actividades culturales porque “la cultura es la música, la vida, la reivindicación por todos los que estuvieron ahí”.

La pretensión del gobierno de la provincia de quedarse con el predio no es nueva. En septiembre de 2006 el gobernador Felipe Solá entregó por decreto el inmueble a su secretario de DD.HH. Edgardo Binstock, pese al sostenido reclamo de los vecinos organizados en la Multisectorial “Chau Pozo” para gestionar la preservación del lugar de manera independiente y colectiva. Cuatro años más tarde, el gobernador Scioli hizo su propia jugada declarando al lugar como “Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia”, y a través de su secretaria del área, Sara Derotier de Cobacho, inauguró una señalización con cartelería anaranjada y pilotes de cemento emplazados en el frente del edificio. Cabe aclarar que en nuestro escrito de 2006, argumentamos ante el juzgado la necesidad de preservar también el frente del lugar y solicitamos que expresamente se informe a la Secretaría de DD.HH. de la provincia el alcance de la medida de no innovar.
A través de una “Dirección de Investigación y Memoria” la Secretaría se arroga la misión de actuar estrictamente “en cumplimiento de la Ley Nº 13.584”. La tan mentada ley fue aprobada en noviembre de 2006 en una legislatura controlada por Ismael Pasaglia y Graciela Gianettasio. Su texto cuenta sólo con 3 artículos en 7 líneas, y el tercero es sólo de forma. El título 1° emplaza al Ejecutivo provincial a “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como CCD” en la provincia y lo obliga, como única política específica en su título 2°, a “colocar placas identificatorias (…) en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos”.

La causa N° 26 por lo crímenes en el Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos, entre ellos las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, de María Lavalle Lemos, de Victoria Moyano Artigas y de Martín Ogando Montesano. Mientras la causa se elevó a juicio estaba prófugo uno de los jefes del Pozo, el comisario Miguel Wolk, que aprovechó el beneficio de la domiciliaria para coordinar la fuga con su hija, también policía.
En un segundo tramo (N°263) el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria. Jubilado Corazza en 2013, y subrogado por Blanco, el segundo tramo de la causa sigue juntando polvo en los Tribunales platenses.
Como último detalle de desprolijidad, en junio de 2013 el TOF 1 (Rozansky-Jantus-Vega) declaró nula una parte de la elevación a juicio de la causa y devolvió el expediente a instrucción porque al jubilado Corazza se le olvidó pronunciarse sobre los procesamientos de algunos genocidas. Con ello, difícilmente el juicio comience antes de 2015.

Ante esta nueva afrenta de un Estado más preocupado por gestionar inmuebles que por hacer avanzar la justicia en estos hechos, reafirmamos que el edificio completo del ex CCD Pozo de Banfield sigue siendo una prueba fundamental para determinar la verdad de lo allí ocurrido en dictadura, y que es obligación indelegable del Estado la preservación del predio hasta que la justicia concluya su trabajo.
La política de apropiación y banalización que el Estado Nacional y Provincial vienen realizando sobre los Sitios de Memoria, cuyo punto cúlmine es lo que sucede en la Escuela de Mecánica de la Armada, apunta ahora hacia el Pozo de Banfield. Por la memoria de lucha de las compañeras Adriana Calvo, Virginia Ogando, y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigimos la preservación de la totalidad del predio del Pozo de Banfield hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales sobre ese lugar de exterminio.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata