Justicia Ya La Plata presenta denuncia por la amenaza de Etchecolatz

Justicia Ya La Plata presentó el 27 de Octubre ante el Juzgado Federal de turno y ante la Unidad Fiscal Federal, en donde  se encuentra radicada la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López,  una denuncia y pedido de investigación por la amenaza realizada por Etchecolatz durante la lectura de la sentencia en que se lo condenó a cadena perpetua.

         

La amenaza fue realizada el día 24 de Octubre al  culminar el juicio a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi. Fue en ese marco en que el genocida pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrar.
Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a Etchecolatz y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio imputado.
          

Llegamos a este juicio, al igual que los ya realizados anteriormente,  gracias a la persistente lucha de los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y de una gran mayoría de organizaciones populares con las que dimos por tierra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a la vez que en base a las declaraciones de sobrevivientes e investigaciones fuimos reuniendo los datos que nos permitieron sostener las acusaciones en estos procesos.
          

Más allá de algunas consideraciones particulares, que próximamente daremos a conocer, valoramos como una victoria, en algún caso parcial, las condenas y en especial de las cadenas perpetuas a 15 de los imputados.
          

Sin embargo sabemos que este camino de búsqueda de Justicia está minado por varios motivos. El genocidio perpetrado por la dictadura tuvo sus antecedentes y también sus consecuencias y de estas últimas el intento de  impunidad es una de las más relevantes. Y es esta impunidad que aún persiste la que permitió la segunda desaparición de Jorge Julio López.
          

Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por encontrar al compañero y castigar a sus desaparecedores. Desde el mismo 18 de Septiembre de 2006, día en que desapareció López, Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes, una de las principales perpetradoras del genocidio, permanecían en sus filas desde  el período en que este genocida fue Director de Investigaciones y por lo tanto lo seguían considerando su jefe.
          

Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
        

 No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.
          

La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que le caben.
          

La fragmentación de los juicios, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazas.
 
Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS
 
 
Justicia YA! La Plata está integrado por:
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos

Etchecolatz amenaza a testigos

      El día 24 de octubre fue leída la sentencia a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi .

      Durante la parte de la lectura en que se condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz (MOE), una vez más a cadena perpetua, por su harta comprobada actuación en el genocidio perpetrado durante la dictadura, el reo pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrado.

      Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a este genocida y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio MOE.
      Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por averiguar y castigar a sus desaparecedores. Desde un primer momento Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes eran miembros de esta fuerza, una de las principales perpetradoras del genocidio.
     Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
    No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.

   La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que les caben.

   La fragmentación de los juicios a los genocidas, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazazas.

Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

La Cacha : Condenados a perpetua 15 de los 21 imputados

“No es una alegría, es un gran paso de la Justicia”

La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

Se juzgaron los crímenes cometidos contra más de 100 hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino que funcionó en Olmos durante la dictadura. También hubo penas de 13 y 12 años de prisión, y un absuelto.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.

Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.

Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.

Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.

Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.

“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.

“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

URGENTE COMUNICADO DE PRENSA de MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Denunciamos la provocación por parte del gobierno y los organismos cooptados que se está produciendo en estos momentos en la calle  4 y 51.
    
Desde que se hiciera el primer juicio a los genocidas en la ex –AMIA, la MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA, junto a JUSTICIA YA LA PLATA hemos tenido una presencia permanente dentro y fuera de la sala donde se desarrolla el debate oral y en cada sentencia realizamos un acto en las calles 4 y 51. 

Hoy, día en que se dictará la sentencia a un grupo de genocidas que actuaron en el CCD La Cacha, luego de que los compañeros de los distintos espacios que integramos estos dos colectivos ya tuviéramos armado nuestro escenario, apareció una empresa privada a colocar una estructura con el fin de que el gobierno y los organismos cooptados pudieran hacer un acto oficial. Esto es una clara provocación con el fin de intentar acallar las voces de quienes denunciamos la impunidad de ayer pero también la impunidad al avasallamiento a los derechos humanos hoy.

Al gobierno le molesta que desnudemos su mentira:

* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura a la par que se reprime brutalmente, como sucedió el día de ayer, a obreros que reclaman por ser reincorporados en LEAR, dejando a decenas de manifestantes heridos, algunos hospitalizados en grave estado.
 

* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando miles de represores siguen libres porque el gobierno se niega a abrir los archivos de la dictadura.
 

* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura cuando un genocida, miembro del servicio de inteligencia del ejército y responsable de  desapariciones como la del conscripto Agapito Ledo, el general Milani es nombrado como responsable de las FFAA y defendido a ultranza por el gobierno y vergonzosamente por los organismos cooptados.

 * No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando hay más de 6.000 compañeros criminalizados por pedir trabajo digno, salarios, tierras, viviendas, salud, educación, etc.
    
Los 30.000 compañeros desaparecidos lucharon por una sociedad sin explotadores ni explotados y no por ningún capitalismo en donde los empresarios la sigan “juntando con la pala” y donde a costa del sacrificio de los trabajadores y el pueblo se siga pagando una deuda externa comprobadamente fraudulenta y usuraria.
    
Por más plata y escenario que pongan para intentar acallar nuestras voces, seguiremos en las calles reclamando y exigiendo lo mismo por lo que pelearon los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
    
EXIGIMOS EL RETIRO DEL ESCENARIO MONTADO POR EL GOBIERNO EN LAS CALLES 4 Y 51
    
HACEMOS RESPONSABLES A LOS ORGANISMOS COOPTADOS Y AL GOBIERNO POR LA SEGURIDAD DE LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN CON NUESTRO ESCENARIO.
    
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS
    
MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Represores a la espera de su condena

Hoy se dará a conocer la sentencia en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha.

Hay 21 acusados, entre militares, policías, ex integrantes del Servicio Penitenciario y civiles. Para la mayoría de ellos, los querellantes solicitaron la pena de prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito de genocidio.

 Por Ailín Bullentini

Hay quienes describen a La Cacha como un acertijo: un edificio en la localidad platense de Olmos que, sin pertenencia clara a ninguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad, funcionó entre 1976 y 1978 como centro clandestino de detención al que la última dictadura cívico-militar envió estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores con compromiso sindical o político, y familiares de unos y otros, y de donde muy pocos pudieron salir con vida. La perseverancia de organismos defensores de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas mantuvo viva la lucha para que el acertijo comenzara a develarse. Hoy, el juicio oral contra una veintena de responsables de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron, y que para varias querellas fue un tanto desprolijo y parcial, tendrá su condena. Para la mayoría de los 21 acusados, las seis querellas que participaron en el juicio pidieron prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito internacional de genocidio. La fiscalía sorprendió en su argumentación al considerar la absolución para uno de ellos.

En casi un año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata –presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Vega y Pablo Jantus– escuchó a casi dos centenares de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, hablar de lo que sucedió en La Cacha y de algunos pocos hechos relacionados con el secuestro y las torturas que se cometieron en ese centro clandestino de detención en perjuicio de 135 personas y el asesinato de cuatro de esas víctimas, entre ellos la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el hermano del embajador argentino en España, Carlos Bettini. Por tales hechos los jueces evaluaron la responsabilidad de 21 acusados. Los militares retirados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Luis Perea, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón, Anselmo Palavezzati integraron el Destacamento de Inteligencia 101, que dependía del Regimiento 7 de La Plata, junto con los civiles Raúl Espinoza, Claudio Grande y Rufino Batalla. Héctor “Oso” Acuña e Isaac Miranda fueron miembros del Servicio Penitenciario. Juan Carlos Herzberg fue marino. La nómina de imputados la completan cuatro policías bonaerenses, entre los que figura el ya condenado por genocidio Miguel Angel Etchecolatz –sólo imputados por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi– y Jaime Smart, ex funcionario del gobierno provincial de facto.
Juicio parcial

“Esperamos lo que pedimos: la condena para todos los imputados con cumplimiento efectivo en cárcel común por la comisión del delito de genocidio”, explicó la sobreviviente Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Ese organismo integra el colectivo Justicia Ya!, que intervino como querella.

En su inmensa mayoría, las víctimas tenidas en cuenta en el debate oral pasaron por este centro clandestino durante 1977. Los que pasaron por La Cacha en 1978, excepto Laura Carlotto, quedaron fuera de este proceso, a la espera del avance en la instrucción y la elevación de sus expedientes a juicio oral. Por eso Eloy dice que este juicio fue “sumamente parcial” y “poco representativo de la realidad de La Cacha”. Por eso, y porque “hay una parte fundamental de los represores que está ausente” en el banquillo,

Justicia Ya! exigió se profundice la investigación sobre el Servicio Penitenciario y la Armada y que se estudie la responsabilidad de varios integrantes del Poder Judicial y de algunos profesores de aquellos años de la Universidad Nacional de La Plata en delitos de lesa humanidad.

Las embarazadas

Para Emanuel Lovelli, quien junto a Colleen Wendy Torre representó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el debate fue largo, aunque importante, ya que “se acumuló un caudal probatorio muy importante que refuerza los hechos”, algo “necesario”: “La Cacha no era una dependencia oficial de ninguna fuerza, sino un edificio entre dos cárceles que no fue destino de ningún efectivo. Desde un primer momento fue un acertijo que los testimonios de los sobrevivientes y los legajos de los imputados ayudaron a desentrañar”, apuntó.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo imputó a 16 acusados por los secuestros y los asesinatos de Carlotto y Olga Casado, y la privación ilegítima de la libertad de María Elena Corvalán, Cristina Marrocco, Graciela Quesada y María Rosa Tolosa. Todas atravesaron embarazadas sus detenciones clandestinas y las torturas. Se sabe que la mayoría de ellas parió en cautiverio. Los hijos de algunas de ellas les fueron robados. Algunos, como Ignacio Guido Montoya Carlotto, los mellizos Re-ggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson, fueron recuperados.

Hubo casos de mujeres embarazadas que pasaron por La Cacha y que no llegaron a este juicio, como el de Adriana Tasca. También quedaron afuera los hijos de esas mujeres como víctimas propiamente dichas. Es el caso de Ignacio Guido Montoya Carlotto. “Hicimos un pedido en la instrucción, que en un primer momento el fiscal lo incluyó, pero Blanco no tomó indagatorias en ese sentido y, cuando insistimos, Blanco consideró que no hacía lugar”, explicó Lovelli.

Las otras querellas

El primer alegato, el de la fiscalía, abrió la cancha con los pedidos de prisión perpetua: lo consideró en 18 de los 21 acusados y alcanzó a la mayoría de los integrantes del Destacamento 101, a los penitenciarios a los bonaerenses y a Smart. Pero luego, los fiscales Hernán Shapiro y Gerardo Fernández bajaron el ritmo: 16 años de prisión solicitaron para Herzberg, 14 para el civil Batalla y la absolución para Perea. Las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial siguieron la línea de las acusaciones particulares: penas para todos los imputados en el marco del delito internacional de genocidio; perpetua para Smart, los dos penitenciarios y todos los integrantes del Destacamento de Inteligencia que llegaron a juicio, al igual que para los policías; para Herzberg pidieron 20 años.

La querella de la familia Bettini imputó a Etchecolatz y a su séquito de bonaerenses, Julio César Garrachico, Eduardo Gargano y Horacio Luján, y a los ex integrantes del destacamento. Para los primeros, por el asesinato de Marcelo Bettini y la privación ilegítima de la libertad más aplicación de tormentos en perjuicio de Antonio Bettini y María Mercedes Hourquebie, exigieron la pena máxima. Para los segundos, 25 años de cárcel. Además, pidieron que se investigara la implicancia de la Marina en comisión de delitos de lesa humanidad en La Cacha. La pena máxima también fue exigida para los mismos acusados por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Adrián Bogliano, Julio César Cagni, Elba Ramírez Abella, María Seoane Toimil y Nora Silvestri.
Ultimas palabras

Algunos de los acusados hicieron uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. Fernández, Herrero Anzorena, Acuña –que debió ser interrumpido por el TOF debido a que trataba a los jueces de “soporte jurídico del terrorismo montonero”– y Cacivio fueron algunos de ellos. Este último, incluso, aprovechó para esbozar la división vertical de tareas de las fuerzas de seguridad y evaluar responsabilidades.

Cacivio consideró que quienes actuaron por debajo de él en la cadena de mandos tuvieron menos responsabilidad que él mismo en los hechos basándose en un equiparamiento de la estructura vertical de las fuerzas y la lógica de división de tareas que reinó en los centros clandestinos de detención. “¿Ahora tenemos que creer que 600 centros clandestinos que hubo en el país fueron todos manejados por oficiales?”, ironizó Eloy.

La estrategia de Cacivio entra en crisis cuando se analiza quién hizo qué en el mínimo grupo de integrantes de la represión estatal de la última dictadura que se analiza en este juicio: Acuña, por poner un ejemplo, era integrante de la guardia que el Servicio Penitenciario hacía en La Cacha. No era, por cadena de mandos, quien tomaba ninguna decisión. Sin embargo, son incontables los testimonios que lo ubican como protagonista principal, y excedido en sadismo y violencia, en la sala de tortura.

La Cacha: el silencio de los acusados antes de la sentencia

El viernes a las 6, el tribunal dará a conocer el veredicto. El juicio investigó los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en el centro clandestino, entre los que está el de Laura Carolotto. Los fiscales pidieron que se condene a 18 de los 21 represores acusados.

 Sebastián Losada.

Tras las últimas palabras de los imputados el juicio oral por los crímenes de La Cacha, el centro clandestino de detención y tortura funcionó en las afueras de La Plata, llegará a su fin el viernes. En la audiencia de ayer, la penúltima del juicio, todos los imputados que fueron consultados  prefirieron el silencio. Rufino Batalla, Anselmo Palavezzati y Julio César  Garachico fueron  negándose, alternadamente, a utilizar su última posibilidad de hablar.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 le preguntaron a los abogados si habían hablado con sus defendidos, Juan José Losinno, defensor de Claudio Grande, contestó que su cliente ya había dicho que “no iba a hablar”. Grande fue agente de inteligencia e integró el Destacamento 101 durante toda la dictadura. Hace dos semanas durante más de seis horas de alegato, Losinno, aseguró que Grande nunca pisó ni supo de la existencia de La Cacha

La semana anterior había sido distinto. Miguel Osvaldo Etchecolatz, Héctor Raúl Acuña, Juan Carlos Herzberg, Gustavo Adolfo Cacivio, Raúl Ricardo Espinoza, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda y Emilio Alberto Herrero Anzorena hicieron uso de la palabra. Los discursos variaron entre la supuesta persecución política y la inocencia por falta de pruebas. El único que se negó a hacerlo fue el civil Jaime Lamont Smart.

La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En los más de 10 meses que lleva de audiencias el juicio y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se condene a prisión perpetua a 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha. En el petitorio final, las abogadas Pía Garralda, Ailin Álvarez y Carolina Vilches pidieron que se investiguen las responsabilidades –surgidas de los relatos del juicio- de una docena de médicos forenses, del ex capellán Emilio Teodoro Grasselli y una decena de jueces y ex jueces. Pidieron, además, que se les inicie juicio académico a Pedro Luis Soria, Carlos Mayón y Horacio Piombo, que aún dictan clases en la facultad de Derecho de La Plata.

Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

El viernes a las diez de la mañana la audiencia se reanudará para que tengan esa posibilidad los últimos dos acusados. Será una jornada intensa: a las 11 de la mañana, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia hará la demarcación de La Cacha como sitio de Memoria; a las tres de la tarde, el Destacamento 101. A las seis, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus darán el veredicto.

Justicia Ya La Plata: Sentencia por el CCD y E La Cacha

MIERCOLES 22 DE OCTUBRE – DESDE LAS 10 HS
Audiencia juicio La Cacha – Continúan las palabras de los genocidas.
Convocamos a repudiarlos con nuestra presencia.
Sala de Audiencias – 4 e/51 y 53

VIERNES 24 de OCTUBRE – DESDE LAS 10hs
JORNADA DE LUCHA EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51
(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)
 

24/10 SENTENCIA EN EL JUICIO POR EL CCD LA CACHA

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. El nombre “La Cacha” se refiere al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por el denominado grupo CLAMOR en San Pablo.

Tras tener 10 años la causa en sus manos, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter se dedicaron a fragmentar la causa y parcializar las imputaciones. El resultado fue que en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos del año '77. Así quedaron fuera de este proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesados.
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo: el gobernador militar, Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval. En la causa continúa prófugo el represor Teodoro Gauto, y fue detenido en Panamá Ricardo Von Kyaw.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.

A pedido de la familia Bettini se sumó al juicio la causa por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre del ’76, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de “juicios a cuentagotas” en todo el país, que en 11 años sólo ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25% de los 2.000 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a esta sentencia con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 genocidas a la espera de ser juzgados. Es decir que el esquema de juicios que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
Seguimos denunciando la impunidad de ayer y de hoy, porque sigue al frente del Ejército un genocida de inteligencia de la dictadura, porque se sigue criminalizando la protesta social y porque sigue muriendo un pibe pobre día por medio en cárceles y comisarías.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN K
VIERNES 24 de OCTUBRE – DESDE LAS 10hs
JORNADA DE LUCHA EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51
(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)

LA MEMORIA ES DEL PUEBLO, NO DE LOS GOBIERNOS
MULTISECTORIAL LA PLATA-BERISSO-ENSENADA
JUSTICIA YA!  LA PLATA

Justicia Ya alegó en la causa La Cacha

 Durante los días miércoles 24 y viernes 26 de septiembre la querella unificada en el colectivo Justicia Ya en La Plata dio el alegato en el juicio a   los genocidas con actuación en el Centro Clandestino de Detención La Cacha.  

Justicia Ya pidió la prisión perpetua,  accesorias legales, costas y expresa aplicación del art. 19 inc.4 (suspensión del goce jubilatorio) para 15 reos imputados: SMART, CACIVIO, PALAVEZZATTI, FERNANDEZ, HERRERO ANZORENA, GRANDE, ESPINOZA, MIRANDA,  ACUÑA, BATALLA, PEREA, DI PASQUALE, BALMACEDA, ROMERO PAVON y AMIGO. Y a la pena de 25 años de prisión para HERZBERG Juan Carlos, el único marino imputado. Justicia Ya al igual que la querella de Abuelas no podía pedir pena en la causa particular por los homicidios de Bettini y Bearzi, por no ser parte, motivo por el cual no pidió pena por los policías bonaerenses imputados en esa.

Como lo venimos haciendo desde aquel primer juicio al genocida Etchecolatz, en principio en soledad y hoy con el acompañamiento de todas las querellas, sostuvimos que los hechos que se debatieron en este juicio, al igual que todo lo actuado por el Estado Terrorista a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 fueron parte de un genocidio, de un plan sistemático de exterminio organizado para eliminar a un grupo sustancial de aquellos que lucharon por un país sin explotadores ni explotados y de quienes se opusieron a los planes de sometimiento, hambre y represión que impuso la dictadura. Afirmamos también, que si bien la represión fue dirigida a este grupo, tuvo como objeto, además,  sembrar el terror generalizado con el fin de paralizar y aislar toda posible resistencia y aún solidaridad para con este grupo y sus familiares. Formaron parte de este grupo nacional integrantes del movimiento obrero, universitarios, secundarios, organizaciones políticas, conscriptos y embarazadas.     

     
 Sostuvimos durante el debate la necesidad de ampliar las acusaciones a los imputados por el delito de homicidio de 22 compañeros cuyos cuerpos fueron identificados por el EAF, siendo que en este juicio sus casos fueron tratados como Privación Ilegítima de la Libertad y Tormentos. También pedimos la ampliación por los delitos contra la integridad sexual cometidos en La Cacha. En el primer caso, el de los homicidios, la inmensa mayoría fueron denegados por el tribunal aduciendo que no se trataban de hechos  nuevos, la misma suerte, pero en su totalidad, corrió el pedido por ampliación por delitos sexuales.  Sin embargo en el alegato insistimos en estos pedidos,  sorteando la negativa del tribunal,  apoyados en el artículo 401 del CPP de la Nación que habilita al cambio de calificación de la acusación en esta etapa del  Juicio. Afirmamos que los atropellos cometidos a la integridad sexual deben ser tratados como delito autónomo en el marco del plan sistemático y por tal deben ser penados como tales en los juicios en que se tratan el resto de los delitos (PIL, tormentos, homicidios, robos de criaturas, etc.

Evidentemente el desarrollo político-jurídico de nuestro alegato molestó  al defensor de Claudio Grande, el Dr. Lossino, quien lo interrumpió tratando de impedir nuestras denuncias.  La fragmentación de las causas,  juicios como el presente, donde se juzga sólo un período del funcionamiento del CCD (el año 1977, cuando este campo de concentración abarcó desde el 76 al 78), la exigencia al gobierno de apertura integral de los archivos, la denuncia a la iglesia, partidos tradicionales, burócratas sindicales y grandes empresarios del campo y la ciudad, molestaron al defensor. Entendemos que el evidente fracaso en el endeble intento por demostrar que Grande no estuvo en La Cacha, frente a las concluyentes declaraciones de los testigos que afirmaron su actuación en el CCD, necesitaba una estrategia destinada a provocar al tribunal, a  las querellas y al público con el fin de interrumpir el juicio y a eso se dedicó el defensor durante el transcurso del debate e intentó hacerlo una vez más frente a nuestro alegato.       

 
 Describimos la significación y función de La Cacha como lugar de coordinación de inteligencia de las distintas fuerzas con la especial actuación del destacamento 101 del ejército (con sede “legal” en 55 entre 7 y 8 de La Plata) y la coordinación con otros CCD, la actuación del cuerpo médico policial. Detallamos los efectos psicosociales de la represión, que afectaron directamente a 4 generaciones: Los padres y madres de los desaparecidos, los desaparecidos, los hijos de los desaparecidos y sus nietos.   Sostuvimos y explicitamos que a pesar de las terribles condiciones de vida en el CCD fue posible la resistencia y la solidaridad entre los compañeros dentro del campo. Afirmamos que es principalmente a partir de esas resistencias y de la valentía de los sobrevivientes, familiares quienes reponiéndose al terror, a la nueva desaparición de Jorge Julio López, del asesinato a Silvia Suppo, hicieron posible los juicios.     

Solicitamos al Tribunal que se investigue la responsabilidad de los jueces y ex jueces. Se remita a la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata los testimonios a fin de que se investigue la responsabilidad y se inicie un juicio académico al Pedro Luis Soria, Carlos Mayon y Horacio Daniel Piombo, actuales docentes de dicha facultad. Se remitan al Juzgado Federal de Instrucción a fin que se investigue la responsabilidad del capellán militar Emilio Graselli.  Se remitan al Juzgado Federal N° 1 y 3 de La Plata a fin que se investigue la responsabilidad de médicos forenses Bajkovec Luis, Ben Rubén, Brolese Julio, Canestri Raúl, Cavazzutti Mario, Ciafardo Roberto, Darbón Héctor, De Tomas Nestor, Dossena Roberto, Etcheverry Raúl, Gauna Rómulo, Gelemur Ernesto, Hid Carlos, Langone Omar, Leone Salvador, Llanos Rolando, Lucchetti Héctor, Michelic Willy, Morganti Carlos, Pérez Albizu Enrique José, Rodríguez Héctor, Sotes Eduardo, Vitali Alberto, Zenof Carlos, Zenof Jorge y Zufriategui Ricardo    Solicitamos que se revoquen las prisiones domiciliarias de:  Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg, Miguel Angel Amigo y Eduardo Gargano. Se remita al colegio Público de abogados de la Provincia de Buenos Aires, copia de la sentencia para el caso que se lo condene a Smart, con el objeto se retire su matrícula profesional habilitante.            

También durante nuestro alegato pedimos que se tomen las medidas necesarias, a las que se comprometió durante el transcurso del debate el Tribunal. en el marco del reconocimiento al predio donde funcionó el CCD La Cacha,  para la preservación del mismo, ya que este lugar seguirá siendo parte de la prueba de los hechos que se instruyen en las causas residuales-  

          Por último  dijimos:
 Y esta última frase construida por el sentir colectivo de este espacio que conforma Justicia Ya!, se encuentra dedicada a todos los compañeros y compañeras que hoy se encuentran de pie, a todos los que hoy resisten, a todos los que hoy persisten en la labor cotidiana de transformar el río en torrente. Donde la sonrisa no es solapa para ocultar el dolor, sino bandera para resaltar la entereza de tantos años de lucha. Entereza que aprendimos de aquellos que pese a los muros y el horror no perdieron ni un dejo de humanidad, de solidaridad, de amor, de firmeza en sus convicciones más profundas, y esa resistencia trasformadora fue para otros, el barco que los trajo hasta la orilla. Hoy conversamos con los que aquí no están, a los que el sueño de esta noche que se avecina no los alcanzara, pero que los  volvemos a traer, a sentir y a pensar cada vez que apelamos a la lucha, a la calle protestante, al grito sentido, al abrazo fraterno…y sobre todo cuando decidimos NO olvidar, NO perdonar, NO reconciliarnos, pero SI florecer en esta nueva primavera con las ansias de justicia verdadera y de construir una sociedad nueva.....

Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre.

Integran Justicia Ya en La Plata:
 Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores de la Argentina – La Plata Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Unión por los Derechos Humanos, La Plata

Fiscales platenses pidieron el juicio oral para una apropiadora y una médica que falseó datos

Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, padres de la niña apropiada que fueron desaparecidos en La Plata por la dictadura. 

La Unidad Fiscal Federal de La Plata requirió la elevación a juicio de Celia Beatriz Ger, imputada de inscribir como propia a una hija de víctimas del terrorismo de Estado, y de la médica Nora Raquel Manacorda, quien -según la acusación- facilitó la maniobra con la inscripción de datos falsos en el certificado de nacimiento y con ello permitió la sustitución de la identidad y la retención y el ocultamiento de la víctima.

El sitio fiscales.gob señaló que "la presentación fue formulada por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y por el fiscal ad hoc, Juan Martín Nogueira, ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Los representantes del Ministerio Público enmarcaron el crimen en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas ejecutado durante el terrorismo de Estado y recurrieron a jurisprudencia de tribunales internacionales para calificarlo de "forma concurrente o acumulativa" como "crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad". No obstante, puntualizaron que postulaban la "acusación alternativa" por "crímenes contra la humanidad" para el caso de que no se hiciera lugar al planteo original".

La víctima, que conoció su identidad en 2008, es la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, militantes de la organización Montoneros que fueron asesinados durante la última dictadura en La Plata.

La niña fue inscripta el 2 de marzo de 1978 en una sede del Registro Provincial de las Personas en La Plata. El militar Esteban Santillán (fallecido), quien revistaba por entonces en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, la inscribió como su hija y la de su esposa, la imputada Ger, gracias al certificado extendido por la médica de policía Manacorda.

El certificado de nacimiento, anulado durante el trámite de la causa, decía que la niña había nacido el 10 de febrero de aquel año en la calle 54, entre 19 y 20, dirección que coincide con la que tenía el Regimiento 7 de Infantería y en la que no había ningún centro de salud. La pertenencia de Santillán a la inteligencia castrense, la firma de Manacorda en el documento y el lugar de nacimiento fueron tres indicios que fundaron las sospechas en el comienzo de la investigación.

Santillán actuó en Tucumán en 1975 y luego cumplió servicios en el Batallón 601 de Inteligencia bajo el mando del también fallecido coronel Alejandro Agustín Arias Duval, quien estuvo a cargo del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata. El centro clandestino La Cacha -donde estuvo secuestrada Olga Casado- funcionaba bajo el control de esa unidad militar, que además estaba encargada de las tareas de espionaje en la región en el marco de la represión ilegal.

El padre de la víctima, Juan Oscar Cugura, fue asesinado el 11 de octubre de 1977 durante un procedimiento realizado por personal de la Policía Federal Argentina en el marco de un raid represivo. Su cuerpo y el de Olga Casado fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en tumbas sin identificar del cementerio platense en la investigación que lleva a cabo desde 1998 la Cámara Federal de La Plata por el derecho a la verdad.

Olga Casado era enfermera y fue secuestrada el 22 de noviembre de 1977 cuando cursaba su séptimo mes de embarazo. El procedimiento fue perpetrado en un departamento de la calle 54 N° 1271, a solo media cuadra de donde estaba situado el Regimiento 7 de Infantería, sede de la jefatura del área militar 113, responsable de las operaciones de la represión ilegal en la zona.

En esa oportunidad también fueron capturadas María Teresa Calderoni -única sobreviviente-, Nora Formiga y Elena Arce, estas dos últimas también asesinadas, sepultadas como NN y luego identificadas por el EAAF. Todas fueron trasladadas al centro clandestino de detención La Cacha, ubicado junto al complejo penitenciario de Olmos, en una zona suburbana del oeste del partido de La Plata.

Por testimonios de sobrevivientes, se sabe que en enero del '78, Olga Casado fue trasladada al centro clandestino Puesto Vasco, en Quilmes, y que luego fue regresada a La Cacha.