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martes, 23 de junio de 2020

JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN CUARENTENA DE LESA PEREZA

JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN CUARENTENA DE LESA PEREZA


La cuestión de la continuidad de los juicios de lesa humanidad y sus características en el marco de la pandemia de la Covid-19 ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Las posiciones se dividen entre quienes plantean retomar las audiencias con la virtualidad como única herramienta ante la situación que impone la pandemia, y quienes opinamos que los juicios deben continuar, pero deben seguir siendo orales y públicos, con todos los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que se escuche a los testigos y sobrevivientes, los procesos no se estanquen más de lo que ya están, se realicen sin mayores beneficios a los represores y se completen como es debido. Repasamos la situación en la justicia federal de La Plata, que viene apelando a la virtualidad de los procesos hace tiempo y muestra la pereza del Estado en la materia.

Por HIJOS La Plata
CUARENTENA Y DESPUÉS…
Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo pasado de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio han producido un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no es la excepción, y muchos de los juicios de lesa humanidad que debían retomar sus audiencias o dar inicio en este período quedaron en suspenso. La cuestión de la continuidad de esos debates y sus características ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Es que la discusión no se plantea por un alto en un escenario dinámico, sino más bien en un panorama de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios, que llevan más de 40 años de reclamo social de justicia y más de 14 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

En La Plata llevaba un año y medio en curso el debate por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo (1), que se había extendido por la espaciada agenda que propuso el tribunal, que había quedado por recomenzar en una instancia final de alegatos de las defensas, y que es un expediente trabajoso con 18 represores imputados y 84 víctimas, pero no si se lo compara con los procesos que debían comenzar en nuestra ciudad en 2020, y que iban a coincidir en un cuello de botella espinoso producto de lo que no se hizo con tiempo en su momento y se quería realizar ahora en simultáneo.
El 22 de abril iniciaba el debate por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense, conocido como “1 y 60” (2), causa que fue desguazada cuando se pretendió juzgar el Circuito Camps en 2012, que finalmente incluirá unos 22 genocidas por 194 víctimas, que por primera vez pondrá luz sobre la coordinación represiva entre el Regimiento 7 de Infantería y la policía en nuestra zona, y cuyo comienzo fue en principio fijado para el próximo 24 de junio –aún sin detalle de protocolo específico-. A su vez el 5 de mayo iba a empezar el esperado debate e por las Brigadas de Investigaciones o "pozos" de Banfield y Quilmes (3), causa acumulada de diversos expedientes, uno de ellos elevado a juicio hace más de 8 años, con un total de 23 represores a juzgar por más de 540 víctimas y unos 400 testigos que ya fueron reducidos a un número más manejable aunque con criterios altamente dúctiles. En este caso se ha dejado en suspenso el inicio de debate sin fecha cierta y con planteos varios de las partes querellantes. Finalmente el 7 de septiembre estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocida como "El Infierno", que tuvo un tramo ya llegado a sentencia en 2013 por los casos de los hermanos Iaccarino y resultó en condenas leves y poco representativas de los delitos que juzgaba, y que incluye a 61 víctimas y sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes - entre ellos el subjefe del CCD - por la pereza judicial.

Un fenómeno que tiene que ver con el aletargamiento del proceso de juzgamiento en La Plata y en todo el país es la dispar conformación de los tribunales que realizarán los debates pendientes y la falta de designación de jueces titulares. En La Plata el Tribunal Oral Federal 1, que ha absorbido la casi totalidad de los juicios realizados desde 2006, vino sufriendo mutaciones y reemplazos con jueces subrogantes que lo desdibujaron de aquel que en 2015 dictó el primer fallo que reconoció el delito internacional de Genocidio a una conformación más conservadora que avaló hasta el 2x1 a varios genocidas.

La nueva versión del TOF 1 platense que encarará los debates pendientes vive un festival de subrogancias: por un lado los magistrados que se harán cargo del debate en la causa “1 y 60”, Ricardo Basílico, con actuación en la justicia provincial de Chubut y en el TOF 8 porteño, Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal platense y Nicolás Toselli, designado en el TOF 8 porteño pero con actuación real como subrogante en San Martín.

Por otra parte están subrogando los cargos tres magistrados de otras jurisdicciones con actuación en San Martín: el ex camarista porteño Eduardo Farah, el integrante del TOF 2 Walter Venditti y el miembro del TOF 4 porteño Esteban Rodríguez Eggers, que realizará el juicio “Banfield/Quilmes”. Este trio había propuesto en diciembre pasado, mucho antes de que llegara la pandemia y el aislamiento y excusándose en ser jueces de San Martín, un debate cuasi virtual para “Banfield/Quilmes” en La Plata, con presencia física de un solo magistrado y el resto por sistema remoto, lo que fue duramente cuestionado por las querellas.

Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 18 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despiden este año de sus cargos en la justicia platense con la sentencia por Brigada San Justo y ya coronaron su actuación con un nuevo fallo absolutorio del genocida CNU Juan José “Pipi” Pomares, pese a que Casación los conminó en abril de 2019 a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad del asesino. El panorama nacional tampoco es alentador este año. La primera sentencia de 2020 llegó en abril pasado en Mar Del Plata, en una audiencia sin público en la causa “Subona 15”, donde se condenó a 35 represores de esa estructura represiva del Ejército, así como a integrantes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, de Prefectura y un integrante de la Comisaría de Miramar por 272 casos. El fallo absolvió a 5 represores, en su mayoría de la Armada. El segundo fallo se dio en mayo en Comodoro Rivadavia, donde el Tribunal Oral local condenó a unos módicos 6 años como partícipe secundario en la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel al jefe de Informaciones de la Policía de Chubut Tito Nichols, y absolvió al segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la FT7 de la Armada, Hernán Álvaro Hermelo. La tercera causa en llegar a sentencia fue también en mayo, pero en Rosario, en la Causa “Feced 3 y 4”, donde 10 represores fueron condenados a penas altas por 188 casos y se reconoció por primera vez en esa zona los delitos sexuales como autónomos. La cuarta y última sentencia hasta el momento llegó a fines de mayo en Entre Ríos, en un debate realizado con tribunal ad hoc y por escrito de acuerdo al viejo código, donde se dictaron 2 perpetuas y 6 sentencias menores sobre represores que seguirán con domiciliaria o bien excarcelados como llegaron al juicio.

Un total de 4 fallos, 6 absoluciones y 54 condenas por más de 480 víctimas son los datos actualizados de 2020. Si bien es prematuro extraer conclusiones para todo el año desde estos datos, dado que habitualmente la mayor cantidad de fallos se da en la segunda mitad del año: Pero seguramente el impasse judicial por la Covid-19 impactará en el estiramiento de los procesos, tanto en los ya iniciados como en aquellos por iniciarse.

CONTINUAR, PERO CÓMO…
La continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización han sido un parte aguas en la concepción del acto de justicia que tanto la querella del Estado como la de los distintos organismos de Derechos Humanos sostienen. El Ministerio Público Fiscal, representante de la acusación estatal en los juicios, se ha limitado a plantear poco más que la virtualidad como herramienta básica para la continuidad de los juicios. En la causa Banfield/Quilmes, la fiscalía de lesa humanidad platense pidió que se convoque a una nueva audiencia preliminar por vía remota para reorganizar el debate. La presentación de los fiscales recogió las recomendaciones de la Cámara Nacional de Casación que, a pedido de la Procuraduría de Lesa Humanidad, había instado a "los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, conforme los protocolos vigentes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria".

En lo estrictamente procesal penal, los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira citaron el artículo 164 inciso” e” del Código que prevé la toma de testimonios mediante videoconferencia cuando esté en riesgo la salud de la víctima o en el caso de que esta se encuentre en un lugar distante”. Tras este planteo, aún no resuelto por el tribunal, a mediados de mayo se realizó, también de manera virtual, una reunión de la Mesa de Discusión Institucional y Social, una instancia promovida por la Procuraduría para “diagnosticar los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos”. Coordinada por la fiscala cargo de la Procuraduría de Lesa Humanidad, María Ángeles Ramos, en la reunión se analizó especialmente la utilización de herramientas virtuales en la toma de declaraciones testimoniales en este tipo de juicios, por definición complejos y extensos, a la vez que se evaluó impulsar el cumplimiento a la ley de víctimas, para que sean escuchadas y/o notificadas en los casos en los que se analice otorgar el beneficio de la domiciliaria a algún genocida, cosa que no viene siendo la regla en todo el país.

Estos planteos y reuniones se dieron al tiempo en que se venían retomando varios debates orales, como la causa “CNU 2” en Mar Del Plata, que está casi en etapa de alegatos; el juicio por el circuito represivo Zárate-Campana ante el TOF 2 de San Martín, en instancia de alegatos de las defensas; la megacausa ante el TOF 1 de Mendoza que revisa los crímenes cometidos contra más de 100 víctimas desde la estructura represiva del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército en los CCD "Campo Las Lajas", la "D2", la IV Brigada Aérea y la Comisaría 7ma; y el debate en San Juan que con más de 150 víctimas investiga la represión desplegada en el Área Militar 332, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en los CCD Penitenciaría de Chimbas, Alcaidía de mujeres de la policía provincial, la vieja Legislatura, la Central de Policía sanjuanina y “La Marquesita”. En todos esos debates está en pleno análisis la utilización del sistema de comunicación más conveniente, esto es Cisco Jabber, Skype, Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, en un poder judicial recién ha comenzado a andar el camino de su informatización y digitalización para la agilización de los procesos. Ya en junio también retomó en San Martín el debate por los crímenes cometidos en la denominada “Causa Contraofensiva Montonera”, es decir la inteligencia, el secuestro y desaparición de militantes montoneros que habían lanzado un reagrupamiento y regreso al país desde el exilio en 1979-1980. En la audiencia de reinicio no hubo público, se encontraban presentes en la sala sólo 2 de los 3 jueces, la fiscal, los abogados más jóvenes y una testigo de concepto, mientras los abogados querellantes y los defensores añosos siguieron las alternativas por videoconferencia y los 7 imputados estuvieron “dispensados” por ser grupo de riesgo de la Covid. Es destacable que en este caso el Estado no se hizo cargo de garantizar la transmisión de la audiencia por el canal oficial del poder judicial, el CIJ-TV, y la delegó en el equipo del medio comunitario La Retaguardia, que con mucho esfuerzo viene cubriendo prolijamente varios debates en CABA y San Martín.

En la ciudad de La Plata la virtualidad de las audiencias venía ganando terreno mucho antes de las problemáticas planteadas por la pandemia y el ASPO: la modalidad de un juicio cuasi virtual se inauguró en 2018 en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo donde la presencia en la sala de debate sólo correspondió a las partes y el público, mientras los genocidas realizaron las indagatorias, el seguimiento de los testimonios y las últimas palabras por videoconferencia desde unidades penales o desde las Cámaras Federales de Mar Del Plata y de Comodoro Py, ya que la mayoría de ellos se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera la virtualidad del proceso en La Plata viene preocupando a las querellas de los organismos de Derechos Humanos hace rato. Incluso las fallas técnicas en la imagen y el audio de las videoconferencias demoraron gran parte de las alternativas del juicio San Justo, con la recurrente y extenuante media hora del ya clásico “¿hola, me escucha?” entre los jueces y los genocidas, la utilización por los represores de esa mediatización para hacer mezquinas o irregulares las indagatorias y los reiterados cuartos intermedios para mejorar la comunicación.

Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.

Como ha expresado la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en un documento público (4), “ya reabiertos los juicios y desde aquel primer e histórico en La Plata al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, durante el que se produjera la desaparición forzada de Jorge Julio López, (partícipe junto a la AEDD de la querella Justicia Ya), siempre exigimos que las salas de las audiencias fueran lo suficientemente amplias para albergar la mayor cantidad de público posible. Durante todo el juicio exigimos la presencia física en la sala de los acusados”. Junto a la AEDD estamos planteando que “este debate abierto sobre la posibilidad de juicios on line sería parcial si no analizamos la totalidad de la situación de enjuiciamientos de lesa, así también el que estos juicios se están realizando a más de 40 años de cometidos los delitos que se juzgan”.

Muchos sobrevivientes han planteado su preocupación por el establecimiento de una virtualidad que desdibuje el acto del juicio como lo que realmente es: la puesta en público, de cara a la sociedad, de la realidad del Terrorismo de Estado en nuestro país.

Desde HIJOS La Plata queremos juicios realmente orales y públicos. No estamos de acuerdo en que se dicten sentencias sin posibilidad de público, por lo que significa para los familiares y sobrevivientes que el Estado, una vez más, les dé la espalda en la posibilidad de buscar justicia plena por sus seres queridos. No queremos juicios a medias que transformen los debates y el proceso de justicia mismo en una formalidad, cosa que en La Plata se viene dando cada vez con más fuerza. Para ello exigimos a los tres poderes del Estado, en especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las condiciones necesarias para que los procesos se realicen como es debido y sin concesiones a los genocidas con la excusa de la pandemia. Más cuando hasta ahora la Corte se ha limitado a extender la feria judicial extraordinaria a la par de los decretos del ejecutivo sobre la cuarentena. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

HIJOS LA PLATA – JUNIO DE 2020.
Contacto 221 - 5892221

lunes, 22 de octubre de 2018

Juicio Brigada San Justo

El 13 de agosto comenzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo. 
El debate incluye imputaciones a 19 represores por 84 casos, 31 de los cuales corresponde a personas detenidas-desaparecidas.
LAS AUDIENCIAS SON LOS MIÉRCOLES DESDE LAS 10 AM EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PLATA, CALLE 8 Y 50. (Se extenderá hasta 2019).
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miércoles, 13 de diciembre de 2017

NEGARON LA LIBERTAD CONDICIONAL AL GENOCIDA ETCHECOLATZ

LA BASURA EN SU LUGAR

Por HIJOS La Plata
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Después de despacharse con el escandaloso fallo que absolvió al genocida “Pipi” Pomares en el juicio por crímenes cometidos por la CNU, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se reivindicó con una buena noticia: le denegó el pedido de libertad condicional al jefe de las bandas del Terrorismo de Estado en nuestra zona, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Analizamos lo que augura ese pedido pese a haber sido rechazado.

El pasado 11 de diciembre, el presidente del Tribunal Oral federal 1 de La Plata, Germán Castelli, estampó su firma en el fallo que rechaza el pedido de libertad condicional realizado por los abogados del genocida Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, decisión que tenía en vilo a la militancia de DDHH platense respecto a una nueva posibilidad de que la impunidad se hiciera cuerpo.
La defensa del genocida, ejercida por la unidad de letrados móviles de la Defensoría Oficial, había invocado el artículo 28 y de la ley 24.660 y el artículo 13 del Código Penal, que establecen que se concede ese beneficio al condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena y al condenado a reclusión o a prisión por más de tres 3 años que hubiere cumplido los dos tercios de la pena. En el caso de Etchecolatz, condenado en este causa a prisión perpetua en 2006, según esos criterios podría objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. Sin embargo, el juez Castelli apuntó que ninguna pena que se imponga en el futuro en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esta causa a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional.

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi y en la causa “Favero-Álvarez”. Pero además está detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, “Brigada de San Justo”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario las causas que lo tienen, por un lado en juicio ante el TOF 6 de Capital Federal (por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande), y el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
Un total de 11 causas en las cuales obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora.
Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva arguye ahora que como está detenido en otras causas ajenas a su fuero no se debe conceder la libertad condicional. Agregando a ello que tanto en la causa de CABA como en la de Lomas el represor ya solicitó la domiciliaria. Puntualmente Castelli opinó que las medidas de coerción personal que viene sufriendo en estas dos causas “constituyen un escollo suficiente para impedir su libertad condicional, cuando ellas, por mandato legal, carecerían de posibilidad de añadir mayor tiempo de detención a la pena ya impuesta en este expediente”. Y que llegada la condena en esas causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”. 

Por todo ello, el presidente del TOF 1 concluyó que Etchecolatz “se encuentra detenido con prisión preventiva para otras causas en trámite, por lo cual se halla imposibilitado de cumplir con las exigencias requeridas por el digesto sustantivo para el supuesto en que se dispusiera el beneficio de la libertad condicional".

Al igual que cuando el genocida fue sumando el beneficio de la domiciliaria en distintas causas, lo cual se trasladó a una avalancha de pedidos de otros represores, esta resolución sobre la libertad condicional anticipa próximos planteos de genocidas ya condenados que vayan cumpliendo parte de su pena. Pensemos que el comisario fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio Lopez y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad.
Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.

martes, 5 de diciembre de 2017

El veredicto contra 2 integrantes de la CNU en La Plata dejó un sabor agridulce

Carlos Castillo fue condenado a perpetua, pero Juan José Pomares fue absuelto. En sus últimas palabras, el ahora condenado Castillo prometió "más sangre, más dolor y más lágrimas", en una clara amenaza. (Por Luis Angió para La Retaguardia) 

Foto: Castillo señala amenazante a las abogadas durante sus palabras finales (Captura de pantalla de la transmisión de La Retaguardia)

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la última jornada del juicio oral y público contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, quienes estaban acusados por cuatro homicidios y siete secuestros cometidos entre febrero y abril de 1976 que se llevó adelante en el juzgado del tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli (Presidente del Tribunal).
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una banda parapolicial que cometió cientos de asesinatos entre 1973 y 1976, durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, y que en La Plata funcionó a partir de la gobernación del dirigente metalúrgico y representante del peronismo de derecha, Victorio Calabró.

En Mar del Plata ya fueron juzgados y condenados siete miembros de esta banda fascista condenados a prisión perpetua, entre ellos un ex fiscal federal en dos casos y en otros a penas de siete a tres años.
En la última jornada de la audiencia, en horas de la mañana, el tribunal dio la posibilidad a los acusados de dar sus últimas palabras.
El primero en hacerlo fue Juan Carlos “Pipi” Pomares, quien entre otras cosas manifestó que"A los 17 años fui adoctrinado en el peronismo. El peronismo fue mi familia… Soy víctima y no victimario…la cárcel del 76 me enaltece como militante peronista. No soy el que algunos quieren que sea… Soy absolutamente inocente…Los abusos siempre son malos. Provengan de donde provengan. Lo digo yo que fui preso político del Estado”.
Posteriormente habló Carlos “el Indio” Castillo quien manifestó:  “Me enteré por los diarios de estos días que iba a ser condenado a cadena perpetua”. Y en una clara amenaza a las abogadas y familiares de las víctimas allí presentes manifestó: “si no se reconstruye la Constitución como ley suprema de la Nación; si no se restaura el estado de derecho; si no se garantiza la seguridad jurídica; si el ministerio público, si esta república de badulaques a sueldo de los corruptos de turno; si las bestias que pastan en el derecho (señalando a las abogadas defensoras que se encontraban presentes),.. Sr. Presidente…los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de dios, fuente de toda razón y justicia, que solo deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, solo podemos prometerle a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor y más lágrimas”.
Finalizadas sus últimas palabras, el Tribunal no se expresó respecto a esas manifestaciones de Castillo, como algunas personas esperaban, y solo indicó que se pasaría a un cuarto intermedio para dar la sentencia, aclarando de más allá de lo dicho por el genocida en cuanto que ya había sido condenado por los medios, ellos darían su veredicto.

El veredicto

Luego del cuarto intermedio el tribunal reingresó a la sala para leer el veredicto dejando constancia en primer lugar que el hecho juzgado “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser juzgados”.

En cuanto a las penas, por unanimidad resolvieron condenar a Juan Carlos “el Indio” Castillo a la pena de reclusión perpetua, entre otras víctimas por Carlos Domínguez; Graciela Emilia Martínez; Hugo Daniel Pastorino; y Adelaida Úrsula Borbón.
En cuanto a Juan José “Pipi” Pomares,  fue absuelto por unanimidad por aplicación del beneficio de la duda, disponiendo su inmediata libertad.
Esta decisión fue repudiada en el mismo recinto por los familiares y amigos de las víctimas, debiendo soportar las provocaciones de los familiares y amigos de Pomares que festejaban la liberación de este individuo que fue absuelto por crímenes cometidos y comprobados por los mismos hechos por los que fue condenado a cadena perpetua Carlos Castillo. Solo los separaba una hilera de policías.

Las razones de la absolución de Pomares

En diálogo Paulo Giacobbe para La Retaguardia durante la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea  Fundadora, el pasado jueves 30 de noviembre, Susana Zaldua, hermana de Adriana Zaldua, una de las víctimas de esta banda fascista, (asesinada junto otra/os militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) entre el 4 y 5 de septiembre de 1975) y en relación a la absolución y libertad de Pomares, indicó que: “Pipi Pomares es uno de los miembros de la CNU apoyados por el poder político y que fue empleado de la intendencia platense cuando era intente (Julio) Alak, quien fue posteriormente Ministro de Justicia (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y luego estuvo trabajando (Pomares) en el Senado (de la provincia de Bs. As.) con varios senadores del FPV, hoy alguno de ellos están en el Frente Renovador. De modo que tuvo un apoyo político y esa presión política la tuvieron estos jueces para dictar este lamentable fallo”.
En lo hay que hay coincidencias positivas de los organismos de derechos humanos es en que estos asesinatos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fueron considerados en el fallo de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

Por el lado de las querellas, Marta Vedio, de la APDH de La Plata  declaró que “Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante". También rechazó la absolución de Pomares, dado que consideró probada su participación en los crímenes de la CNU. “Por eso, con esta convicción, vamos a ir a Casación para que revea el fallo”.
Otra de las abogadas de la parte de la defensa, Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, indicó que  “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos”, adelantando que apelarán la absolución de Pomares.

Los crímenes de la CNU fueron cometidos durante el período de los gobiernos constitucionales de Juan Perón e Isabel Martinez de Perón y durante más de 40 años ocultados por todos los gobiernos constitucionales terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Solo la tenaz lucha de los familiares  de las víctimas hizo que una ínfima minoría de los asesinos fueran llevados al banquillo de los acusados y en pocos casos juzgados y condenados como estos de La Plata y Mar del Pata. Quedan todavía más asesinatos, violaciones y desapariciones que deben ser investigados y llevados a la justicia para que se sepa la verdad sobre lo sucedido a más de un centenar de luchadores y dirigentes y activistas sindicales y estudiantiles.

La complicidad de todo el arco político sobre estos asesinatos y el silencio que se quiere imponer sobre estos crímenes, que en realidad desnudan el carácter fascista y reaccionario de un período de nuestra historia, no hará callar el reclamo de Memoria Verdad y Justicia que reclaman los familiares de cientos víctimas de estos asesinos que formaban parte de las bandas parapoliciales formadas y apoyadas por un gobierno que alimentó golpes de Estado internos como el que destituyó al gobernador peronista Oscar Bidegain en la Provincia de Buenos Aires e impuso como gobernador a Victorio Calabró, para dar lugar a un período de crímenes y represión inmediatamente anterior a lo que luego fue la dictadura cívico-militar-eclesiástica .
Debe quedar perfectamente claro que los asesinatos y desapariciones de personas no comenzaron el 24 de Marzo de 1976, sino que hubo bandas como las comandadas por el “Indio” Castillo y el “Pipi “ Pomares, y otras formadas bajos el amparo del Estado nacional como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, al comando del Ministro de Acción Social y mano derecha del entonces Presidente, José Lopez Rega) armadas, financiadas y dirigidas por funcionarios del gobierno de Perón.

martes, 13 de junio de 2017

El 2x1 para los represores sigue vigente

Un juez de La Plata hizo lugar al pedido de dos represores para acortar el tiempo de su condena

El juez federal Alejandro Esmoris citó el repudiado fallo de la Corte Suprema, pero ya había aplicado el mismo criterio antes de la decisión del máximo tribunal. Los dos represores beneficiados no saldrán en libertad por el momento porque los fiscales apelarán.

Por Alejandra Dandan

Las querellas están preocupadas y reclaman que la Corte revierta lo antes posible el fallo del 2x1. 
Imagen: Bernardino Avila

El juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido de 2x1 de dos penitenciarios de la Unidad N°9, considerada como centro clandestino de detención. Los beneficiados son los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ex jefe de la U9. Ambos fueron condenados a 25 años de prisión en 2010. Esmoris se nutrió del repudiado fallo de la Corte en el caso Luis Muiña, de donde extrajo cinco apartados. Pero su postura sorprendió ya que el juez tuvo pronunciamientos semejantes: en 2016, antes de la Corte, ya otorgó el 2x1 a un represor de Mar del Plata. Los fiscales de la causa anunciaron que van a apelar, por lo tanto, ninguno  saldrá en libertad por ahora. 

 La decisión genera preocupación en las querellas. “Demuestra que si la Corte no toma una decisión rápidamente para revertir el efecto del fallo ilegal que dictó, las consecuencias del 2x1 siguen estando”, explica la abogada Guadalupe Godoy, convencida de que pese a la sanción de la ley del Congreso, fallos así demuestran que las “puertas ya quedaron abiertas”. 

El juez Esmoris es titular del Tribunal Federal Oral 2 de La Plata. Ahora también subroga el TOF 1, donde comparte espacio con Pablo Vega y Germán Castelli. Hay que decir que hasta ahora es el único de los tres magistrados de ese tribunal con esta postura. Pero la decisión cayó en sus manos porque en el fuero federal las condenas con sentencias firmes quedan a cargo de un sólo juez de ejecución, responsable del seguimiento de la pena. De hecho, desde el fallo de la Corte se presentaron unos 15 pedidos del beneficio en La Plata, según señala el sitio del Ministerio Público Fiscal. Los otros dos jueces se vienen oponiendo a todos los planteos que en la misma dirección presentaron genocidas como Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz.

En este caso, la novedad de Esmoris es el uso de los argumentos de la Corte. Dice que más allá de las “interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición”. Según lo que informa la página de Fiscales, también dio una discusión alrededor de los argumentos que rechazan el fallo de la Corte. Entendió que un hecho habilitante a la aplicación del 2x1 es que, pese a que el beneficio entró en vigencia en 1994 y fue derogado en 2001, después que se cometieron los hechos y antes de que fueran arrestados los represores, en 2006, “dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso” por lo cual “importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal”. Por eso su texto dice que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”. En su planteo cita apartados del fallo “Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” causa madre del Hospital Posadas en el que se analizó el caso Muiña. Y toma los argumentos del votos de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.

Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro se opusieron al pedido. Para eso analizaron el tiempo de vigencia de la ley y el alcance. “Nunca tuvo aplicación en lesa humanidad porque cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que excluían su aplicación”, dijeron. Y recordaron las obligaciones del estado argentino de juzgar estos delitos. “La aplicación al caso de la Ley 24.390 (2x1) no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

Guadalupe Godoy habla de la responsabilidad de la Corte. “Me preocupa que la clase política crea que con la ley que se aprobó está todo resuelto, está claro que hasta que la Corte no tome la decisión de revisar su propio fallo o se siga presionando para que lo haga, tendremos estos efectos”, señaló. 

El viernes pasado la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación rechazó el beneficio del 2x1 de Santiago Omar Riveros. Fue el primer pronunciamiento sobre el tema del máximo tribunal penal de la Nación, ubicado por debajo de la Corte. El fallo mostró el estado de rebeldía de los jueces no dispuestos a acatar como jurisprudencia decisiones del máximo tribunal. Y aunque se supone que eso abre las puertas para que otros jueces puedan hacerlo, Godoy cree que este fallo confirma que la Corte ya dejó las puertas abiertas. “Lo más paradójico de este caso es que Dupuy era el jefe de la Unidad 9 y hasta ahora los beneficios que pidieron los subalternos suyos del 2x1 fueron rechazados. Lo que hay que recordar -agrega– es que en la Unidad 9 no sólo se torturó y hubo presos políticos. Además se asesinó a presos políticos, se construyeron libertades con enfrentamientos fraguados como el caso emblemático de Dardo Cabo y hubo desapariciones forzadas”.

El esmerado juez Esmoris aplicó este criterio en abril de 2016 con el coronel Alejandro Guillermo Duret, condenado por torturas y la desaparición de Carlos Labolita.

viernes, 17 de febrero de 2017

Otorgan domiciliaria al represor José Félix Madrid

Veranito en casa de la nena
Por HIJOS La Plata

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos gravísimos.

Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz.

José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o “Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía Bonaerense.
En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria.

El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y no solo en el Hospital Penitenciario.

En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces “un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad.

Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 años impunes.
Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos.

Este asesino debe cumplir estricto arresto en la casa de su hija.
Si lo ve en la calle comuníquese a hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA PLATA

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS
RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS

HIJOS LA PLATA

viernes, 30 de diciembre de 2016

Perpetua para seis ex policías federales por crímenes de lesa humanidad en la dictadura

Se trata del entonces jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, quien es el único que no revistaba en la delegación platense sino que prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Antes de oír la sentencia, el TOF 2 dio a los imputados el derecho a decir unas últimas palabras, pero salvo el ex policía Gigli, los demás se negaron a hablar.

"A pesar de que la Fiscalía me tildó de monstruo, fui una persona a derecho, viví siempre en la ciudad, actué deportivamente, fui dirigente (...) creo en la justicia y sé que soy inocente", expresó Gigli al hacer uso de unas últimas palabras antes de la sentencia.

El Tribunal condenó a los seis ex policías a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas en el caso de José Cugura, N.N. Jorge o La Chancha y Adela Fonrouge, en este último caso agravado por el uso de veneno; la privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia en el caso de José Libralato y Mauricio Mansilla y las lesiones agravadas por tormento en el caso de Libralato.

Los jueces resolvieron además absolver a los imputados de la acusación de privación ilegítima de la libertad de Irma Guzmán y el robo agravado de Mauricio Mansilla.

Con respecto al pedido de la fiscalía para que se revoque la domiciliaria de Zuñiga, Romero, Ortíz y Sánchez, el TOF 2 dispuso que se resuelva en incidente por separado.

La principal prueba que implicó a los ex policías en los hechos juzgados fue un documento elaborado por la propia Policía Federal en la que se solicitaba el ascenso de los mencionados efectivos por haber participado en un operativo represivo en 1977.

El 11 de octubre de 1977, una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense, con información acerca del domicilio de un joven militante de esa ciudad, Juan Carlos Rodríguez, a quien habían secuestrado en septiembre en Buenos Aires.

Tras el aviso a los militares, esa misma madrugada una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5.30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.

Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego fue "interrogado", lo que permitió obtener su domicilio, en el que asesinaron a su esposa Adela Esther Fonrouge, quien se vio obligada a tomar una pastilla de cianuro; tras lo cual asesinan a Cugura en otro punto de la ciudad.

Dos días después, la policía monto otro operativo cerrojo en el entonces Estadio Provincial, situado en 32 y 23, de La Plata, donde Libralato debía reunirse con un hombre identificado como Jorge o La Chancha, y lo asesinaron.

martes, 13 de septiembre de 2016

POSTERGACIONES Por HIJOS La Plata

Tras haber fijado dos fechas de inicio en falso, los días 12 y 29 de agosto, el TOF1 de La Plata iba a iniciar el juicio a la CNU de La Plata con la composición Germán Castelli, César Álvarez y Carlos Rozanski. Sin embargo el juez Álvarez renunció a su cargo de subrogante por supuesta “prescripción médica” en curiosa coincidencia con la obligación de resolver sobre la domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. Entonces, a mediados de agosto el Consejo de la Magistratura designó a Alejandro Esmoris, juez de cámara del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal N° 2, para subrogar la vacante hasta el 30 de noviembre. Desde el espacio Justicia Ya La Plata recusamos a Esmoris por su actuación en el juicio “Labolita” en Mar Del Plata en 2009, donde absolvió a uno de los imputados y cuestionó a los testigos en voto compartido con el juez Nelson Jarazo. Para resolver la incidencia, y ante la excusación de Rozanski, se designó al juez Jorge Michelli .

El panorama se hace más complejo si tenemos en cuenta que no hay un plantel fijo en la conformación del tribunal para otras causas pendientes de juicio. Además, ante nuevas vacantes y pujas internas, se viene echando mano de los jueces de la Cámara Federal como Agustín Lemos Arias y Antonio Pacilio. Para más datos en la causa por la “Brigada de Investigaciones de San Justo”, el juez Castelli está excusado por ser amigo personal de uno de los imputados: Juan María Torino, subsecretario de Gobierno en la gestión de facto en la provincia de Buenos Aires entre abril del '76 y marzo del '79. Pero el hecho más grave, y que atañe estrictamente al juicio CNU, es la excusación de Rozanski en la causa, al parecer, por haber recibido amenazas de muerte.

Según trascendidos que habrá que comprobar, una denuncia ante el juez federal Ernesto Kreplak alertó que un ex jefe de la CNU habría comprado dos armas de guerra con el fin de asesinar a Rozanski, que rechazó la custodia pero se excusó de participar en el juicio a la CNU.
El 5 de septiembre pasado la Cámara de Casación designó a Carlos Alberto Nogueira, juez de la Cámara Federal platense, para cubrir la nueva vacante. Lo hizo sin tener en cuenta que estaba de licencia hasta el 23 de septiembre. Ello obligó a volver a Casación para que designe un nuevo magistrado.

En abril de 2015 Rozanski había denunciado intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. Por entonces dijo que la campaña comenzó luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio “La Cacha”. Esa vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. Tras esto, Rozanski, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz. El dato importante es que son la mayoría de los expedientes a la espera de juicio en La Plata. Así, la pulseada comenzó a ganarla Etchecolatz, que de una u otra manera le torció el brazo a uno de los jueces más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Este año el TOF 1 solo realizó el juicio por la causa “Favero/Alvarez”, 4 imputados por 2 casos, e inició el proceso a Lucio Carlos Ramírez, militar que integraba el Regimiento de Infantería Nº 7 de La Plata, por los homicidios de Ángel Giorgiadis y de Horacio Rapaport y por la privación ilegal de la libertad de Julio César Urien, todo ello en una causa residual del juicio Unidad 9 de 2010.

Sin hacer del caso una cuestión de valentía, habrá que pensar como asume cada uno el rol que le compete, los sobrevivientes, familiares, testigos e incluso los jueces, sobre todo frente a la exposición que significa encarar este tipo de juicios. Mucho más teniendo en cuenta que desde el primer juicio realizado en La Plata, hace 10 años, está desaparecido Jorge Julio López, un sobreviviente de la dictadura que buscaba justicia. Y de alguna manera el hecho no escapa a la responsabilidad del propio Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

La realidad indica que el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando ejemplarmente a Etchecolatz en 2006, se va desdibujando en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío.

viernes, 26 de agosto de 2016

El Juez Kreplak dictamina que Etchecolatz vuelva a la cárcel

Ernesto Kreplak, juez federal y titular del Juzgado en los Criminal y Correccional Federal número 3 de la Ciudad, dictaminó que el genocida Miguel Etchecolatz retorne a la cárcel que yacía detenido antes a que se lo traslade al Hospital Penitenciario de Ezeiza. La defensa del represor consideró una excusa oportunista solicitar la prisión domiciliaria. Ante eso, en 7 y 50 hubo movilizaciones repudiando esta arista del caso.

Quien fuera jefe dictatorial de la policia de la provincia de Buenos Aires en el proceso fáctico inició una huelga de hambre el 26 de julio y la culminó el sábado. En la unidad médica iba a ser examinado su estado de salud.

En el día de la fecha, agrupaciones y personas por motus propio se movilizaron en contra de que se le otorgue al genocida la prisión domiciliaria. El epicentro de esta moción fue 7 y 50 y allí encabezaron la protesta.

domingo, 14 de agosto de 2016

Decisión del Juez Kreplac sobre la detención de Etchecolatz: a la casa no, sí al hospital

El juez negó el arresto domiciliario por el que el ex comisario Miguel Etchecolatz había iniciado una huelga de hambre y dispuso, a partir de lo recomendado por los peritos, disponer su internación en un hospital o clínica, según la cobertura médica con que cuente.
 
El ex comisario Miguel Etchecolatz tiene un pie afuera de la cárcel. Su estrategia para volver a su casa de Mar del Plata, sin embargo, podría quedar a mitad de camino. El juez federal Ernesto Kreplac le negó ayer el arresto domiciliario y dispuso, a partir del consejo de peritos médicos, su internación en un hospital extramuros. De los exámenes realizados el jueves en el Hospital Penitenciario de Ezeiza surge que el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, que acumula seis condenas por delitos de lesa humanidad, simuló un cuadro más grave del que padece pero también que su estado es “de regular a malo”, agravado por su “decisión voluntaria y libre” de iniciar una huelga de hambre. Al margen de la resolución en primera instancia, donde se investigan cientos de crímenes por los que el ex hombre fuerte del Circuito Camps todavía no fue juzgado, ayer volvió a postergarse la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que terminará de conformarse el martes cuando Alejandro Smoris asuma como subrogante.
 
Tres semanas atrás, pese a que dos dictámenes del Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmaron que las patologías de Etchecolatz pueden ser tratadas en Ezeiza, los jueces Germán Castelli y Jorge Michelle votaron a favor de concederle el arresto domiciliario por sus 87 años, su hipertensión arterial y los riesgos de un accidente cerebrovascular. La medida no se concretó porque el propio tribunal lo condenó también en otras causas (en las que deberá pronunciarse el martes) pero dio pie para que la defensa del represor sume presión en el tema. El ex policía, por su parte, decidió iniciar una huelga de hambre para aportar lo suyo.
El viernes pasado, ante “ciertas inconsistencias” en los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal, Kreplac ordenó una nueva intervención del CMF y al mismo tiempo requirió al director del Servicio Penitenciario intensificar los controles y “proceder a la alimentación forzada” si la salud del huelguista corriera “grave riesgo”. Los exámenes se realizaron el jueves último, con intervención de peritos médicos y psicológicos del CMF y del Ministerio Público Fiscal. Las conclusiones citadas en la resolución indican que la salud del represor va “de regular a mal” y que sufre “un deterioro físico importante dada la huelga de hambre, lo que motiva la necesidad de internación en un hospital extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio”. Dos psicólogas dejaron constancia de su “actitud pasiva, indiferente y reticente” a someterse al examen, con un “tono de voz inaudible que imposibilitó el diálogo”, cuadro que se revirtió cuando terminó la entrevista y pasó a expresarse “de modo audible, cambiando su expresión verbal y gestual” con otra médica.
 
El juez tomó nota del estado de Etchecolatz y de la influencia “determinante” de la huelga de hambre para concluir que “no alcanza el umbral exigido” por la ley 24.660, que autoriza el arresto domiciliario en caso de “enfermedad incurable en período terminal” o cuando el hospital penitenciario no permite “tratar adecuadamente su dolencia”. Interpretó la “decisión voluntaria y libre” de no comer ni tomar medicamentos como un derecho del condenado pero destaco que “no puede cederse al empeño autolesivo” para lograr “un beneficio que de otro modo no le correspondería”. Luego analizó el consejo de la internación extramuros.

El Hospital Penitenciario “cumple con las condiciones mínimas” pero “son pocos los cirujanos” y “no tiene terapia intensiva ni intermedia, por lo que en caso de descompensación o situación de crisis el interno debe ser trasladado al Hospital de Ezeiza con la única ambulancia con equipos de alta complejidad con que se cuenta”. Decidió entonces disponer la internación en un hospital o clínica que dependerá “de la cobertura médica” de Etchecolatz y destacó que los médicos que lo traten estarán “autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada” si corre “grave riesgo su salud”

martes, 2 de agosto de 2016

Multisectorial La Plata Berisso Y. Ensenada :repudio al arresto domiciliario del genocida Echecolatz

Desde la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada repudiamos y rechazamos
la concesión de arresto domiciliario para el genocida Miguel Etchecolatz.
Esta medida de privilegio fue dada por parte de los jueces subrogantes Germán Andrés Castelli, Roberto Agustín Lemos Arias y Jorge Michelli.

Condenado a cadena perpetua, pretende el represor el privilegio de ser trasladado a su domicilio por “razones de salud”, las mismas que se le niega sistemáticamente a miles de presos en las cárceles del país. Entiende el tribunal que este genocida no presenta peligro de fuga ni entorpecerá en las otras causas en las que está siendo juzgado. Olvidan estos jueces, que Jorge Julio López permanece desaparecido y la relación manifiesta, aunque no investigada entre dicho represor y la segunda desaparición de López.

Este es un nuevo paso en dirección a una pretendida “reconciliación” auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales, tanto del anterior gobierno como el de Mauricio Macri, como de otros sectores que se sienten representados en la editorial del Diario La Nación del día siguiente al ballotage. 

Desde esta Multisectorial manifestamos que esta medida como todas aquellas que pretendan avanzar en la impunidad de tantos años, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias.

CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN NI RECONCILIACIÓN.
A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ,NO PASARÁN !!!

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

lunes, 9 de mayo de 2016

"Me niego a saludar cualquier abogado que defienda genocidas"

La abogada Pía Garralda le negó el saludo a Juan Lossino, que defendía a uno de los acusados durante el juicio por delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención La Cacha en 1977. Lossino realizó la denuncia por "falta de ética" en el Colegio de Abogados.

Nota de : MAURO SZETA

El escándalo se dio en el juicio que investigó delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención La Cacha en 1977. El denunciante es el abogado Juan Losinno, defensor de uno de los acusados que terminó condenado a 13 años de cárcel.

Según el abogado, en diversas audiencias del debate, dos abogados de la querella le retiraron el saludo de forma evidente."No saludo abogados de genocidas", le espetó a Losinno la abogada Pía Garralda, según la denuncia.

En una nota que dio a Radio 10, el letrado dijo que otro de los querellantes lo saludó y luego se arrepintió. Según Losinno, la situación es grave y fue tolerada por el Tribunal Federal lo que podía "agitar" los ánimos en la sala de audiencias.

La historia derivó en una denuncia de Lossino en el Colegio de Abogados. El letrado pidió sancionar a la letrada por falta ética.Del otro lado, la abogada Garralda se defendió: "Losinno defendió a Claudio Grande, quien terminó condenado a 13 años de cárcel, por intervenir en la matanza de un grupo nacional".

"Me niego rotundamente a saludar cualquier abogado que defienda a quienes fueron responsables del genocidio", dijo la abogada.

"En ese marco, desde la querella realizamos constantes quejas sobre la actuación de Losinno por realizar chicanas jurídicas y provocaciones con tal de dilatar el proceso", argumentó la abogada."Losinno intimidó a varios sobrevivientes y testigos poniendo en duda sus testimonios, provocando una revictimización", se explayó la letrada denunciada.

Según la abogada, Losinno terminó apercibido por el Tribunal por sus faltas constantes en el debate.
Finalmente Garralda dijo: "De ningún modo el Colegio nos puede obligar al saludo. De ningún modo, saludar a un colega es una condición esencial para el ejercicio de la abogacía".

"Como abogada de Derechos Humanos me niego rotundamente a saludar cualquier abogado que defienda a quienes fueron responsables del genocidio ocurrido en la última dictadura militar", escribió en su descargo. — con Pía Garralda.

martes, 9 de febrero de 2016

¡¡ Basta de beneficios a los genocidas !!

 Desde el espacio Justicia Ya La Plata repudiamos las decisiones de la justicia federal que han beneficiado con prisión domiciliaria a un grupo de 9 represores procesados o condenados en causas por delitos cometidos como parte del genocidio cometido en la última dictadura, y que se sustancian en el fuero federal platense.

La justicia penal federal continua desplegando generosidades hacia los represores de la última dictadura: en diciembre pasado denunciábamos el apartamiento de las causas por “incapaz” al jefe de operaciones e inteligencia del Ejército en nuestra zona, el envío a su casa al marino Juan Carlos Herzberg, que suma 3 condenas y ya violó la domiciliaria ocultando un arsenal en su casa, y sobreseimiento del policía Luis Raúl Ponce en la acusación por el primer secuestro de Jorge Julio López en su casa de Los Hornos. 

Ahora denunciamos que la Cámara de Casación Penal y el Juzgado Nº1 revirtieron lo actuado por los tribunales platenses con 4 fallos que benefician con la prisión domiciliaria al ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan; y a un grupo de 6 marinos y prefectos condenados en octubre pasado en el denominado juicio a la “Fuerza de Tareas 5”.

Muy activos durante la feria judicial, los jueces de Casación Ángela Ledesma, Roberto Boico y Norberto Fontini entendieron que la permanencia de Luján en una cárcel común podría “agravar el riesgo respecto de la salud del imputado, con compromiso de vida, de no recibir control periódico clínico, neurológico y cardiológico”.

Según se desprende del fallo, tienen en cuenta que “Luján se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 23 de octubre de 2006 y superó los 80 años de edad”. Pero resulta que Luján no solo está procesado, sino condenado a perpetua por 25 casos de Comisaría 5ta, entre ellos el de Jorge Julio Lopez, en el juicio “Circuito Camps” de 2012; y a perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014.

Respecto a Von Kyaw, ex miembro de la Central de Reunión de Información del Destacamento 101, el juez Laureano Durán le otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y custodia de Gendarmería en el marco de la residual de causa “La Cacha” porque el represor padece cáncer de pulmón. Además, Durán aceptó que el hijo del represor, Kurt Von Kyaw, sea el garante del beneficio siendo que la pesquisa para su detención comenzó por el propio Kurt, que manejaba las tarjetas de crédito y la empresa de seguridad privada del padre mientras este estaba prófugo. El juez Ernesto Kreplak hizo extensivo el beneficio en las causas “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”.

Además, el trío Ledesma/Boico/Fontini otorgó la domiciliaria al represor Rubén Alfredo Boan, procesado junto a otros 30 genocidas en la causa por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Según los informes médicos, Boan, que cumplió 70 años en agosto pasado, padece cáncer de próstata y requiere acompañamiento para ir al baño y una dieta acorde a paciente oncológico. Y pese a que en el penal de Ezeiza donde se encontraba alojado están dadas todas las condiciones para atenderlo o trasladarlo a donde necesite, los jueces afirmaron que no se ha acreditado cuales son los riesgos que se pueden presentar para que Boan no se encuentre detenido en su casa. 
Es interesante que la justicia entienda que la domiciliaria es la regla y no la excepción, siempre que el fiador de la privación de la libertad de una persona es el propio Estado, que no puede garantizar las condiciones mínimas de detención y elude el problema enviando a los genocidas a sus casas mientras mantiene igualmente sucios, hacinados y violentados a la mayoría de los internos del Servicio Penitenciario, a merced de su mafia uniformada específica.

Para completar el cuadro, los jueces de la Sala II de Casación, Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, echaron atrás la revocatoria de las domiciliarias de que gozaban la mayoría de los represores juzgados en el proceso a la “Fuerza de Tareas 5”, decidido en octubre pasado por el Tribunal Oral federal 1 de La Plata.

La decisión, que se resolvió para el caso del marino condenado Jorge Errecaborde pero se hizo extensiva a Antonio Vañek, Carlos Schaller, José Fernandez Carró, Luis Rocca y Eduardo Meza, pretende fundamentarse en que los genocidas cumplen el requisito formal de edad que establece la ley que otorga el beneficio, pero que además “la revocación de la prisión domiciliaria fue dispuesta por el tribunal sin haber invocado la concurrencia de alguno de los presupuestos que habilitan el dictado de la medida” y que tampoco se acreditó en autos cuáles son los riesgos que impidan que cumplan condena en sus domicilios.

Pareciera que para los magistrados haber sido probada su responsabilidad en el Genocidio y haber recibido condena de primera instancia no varía en nada la situación de los represores. Por lo demás, no es cierto que no se haya argumentado debidamente, ya que 10 de las 611 páginas de los fundamentos del fallo se dedican a la cuestión. Basta remitirse al voto del juez Carlos Rozansky en el fallo, quien dijo que existen razones jurídicas y éticas claras e imperativas para tal decisión: el beneficio de la domiciliaria reviste carácter excepcional, que la gravedad de los delitos y las altas penas impuestas así lo ameritan, que el hecho de que el beneficio fuera otorgado en la instrucción de la causa no resulta vinculante y que sostener lo contrario transforma la pena de prisión efectiva en una “mera formalidad”. La mera formalidad viene siendo regla, incluso para el TOF1 de La Plata, que, con disidencia de Rozansky, le concedió la domiciliaria al marino Juan Carlos Herzberg un mes y medio después de haberlo condenado y pese a que había escondido un arsenal en su casa durante todo el juicio a la “FT5”.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuro juicios.

El canallesco editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, reinstaló a la derecha en el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.

Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único cuestionamiento a la cárcel común: recordamos el grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle por razones médicas el beneficio a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas han cometido delitos graves y conservan poder y capacidad logística para fugarse y complicar las investigaciones.

Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Por primera vez sectores que reivindican la teoría de los dos demonios y reclaman “memoria completa”, como el Celtyv, se reúnen con ministro y secretario del área de DD.HH. Con este antecedente cabría preguntarse cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos de impunidad de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en la “década ganada” el 40% de los pocos represores judicializados cumplió arresto domiciliario.

 Nosotros seguiremos exigiendo Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio
Justiciaya, la plata!!!