ANTE LA VISITA DE LA PRESIDENTA AL BIM 3

DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS...

Antes que el festejo de inauguración de cualquier nuevo edificio público está la Memoria de hombres y mujeres ausentes por responsabilidad del Estado. La Memoria de los compañeros militantes revolucionarios de los '70 y de todas las víctimas del Terror de Estado que lucharon por otro país diferente al de aquellas décadas, y mucho menos parecido al actual. La probable enumeración de logros edilicios en nuevas universidades nacionales que la presidenta quizás hará el viernes 14 de marzo en La Plata, no deja de parecernos una nueva afronta. En su última visita a la ciudad, donde hace falta Jorge Julio Lopez, se encargó de decir a sus acólitos reunidos en el Colegio Nacional que ahora gracias a la democracia “nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”. En esta ocasión se nota la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, pero esta vez nos representa una oportunidad para señalar los crímenes impunes de uno de los centros operativos más grandes de los grupos de tareas de la Armada en la ciudad, que jugaron un rol central en la represión al combativo movimiento obrero de la ribera del Río de la Plata hace casi cuatro décadas. Lo ocurrido con el predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM 3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino sembrado de desidias judiciales, abonado con las semillas de deficiente Nemosina, y madurada esta en jugosos negocios inmobiliarios del Estado.

El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Servico de Intelgencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
El BIM 3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
En más de tres 38 años nunca se resguardaron las 9 hectáreas del predio como prueba judicial. La Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
Hoy el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, festeja la nueva sede universitaria como una supuesta victoria del necesario emprendimiento público por sobre la desmedida ambición privada. En realidad, desde julio de 2001 con HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que fue inaugurada recientemente. Esto porque la obra en el BIM 3 siempre estuvo mucho más avanzada que la causa federal N°35 por los crímenes de la FT5 en nuestra ciudad, que durmió años su siesta impune en los tribunales platenses a cargo del siniestro juez Humberto Blanco, y que a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad no ha llegado a condenar a un solo marino por su accionar específico en el esquema represivo contra el activismo obrero en la zona.

A comienzos de este marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Antonio Vañek, comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, comandane del Batallón, José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian, los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza; serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por el Centro Clandestino que en estas horas visita Kristina alegremente.
Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se institucionalizó como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. El “Placintara” que fiscales y jueces investigan sólo incluye los casos de unas 40 víctimas: 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
Hay una memoria que no se construye con inauguraciones de edificios, sino que merece justicia. La Memoria de los compañeros Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo (asesinados por la Armada y la Policía Bonaerense en octubre del '76 en 7 y 58), de Guillermo Di Bastiano (secuestrado el 13 de septiembre de 1977 y destinado al Batallón 3), de Jorge Guastapaglia (que compartió cautiverio con Di Bastiano), de Carlos García (levantado en abril de 1977 por ser delegado de la sucursal del Banco Comercial, alojado sin capucha en el BIM, torturado y perseguido porque su hermano Horacio era delegado del frigorífico Swift), de José Panettieri (profesor de Historia en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Periodismo, secuestrado en el BIM en noviembre del '76 y previamente removido de sus cargos por la intervención de Guillermo Gallo en la UNLP por “factores de alto potencial de perturbación”), por la primera detención de José Luis Barla (que estuvo primero en el BIM 3 en marzo del '76 y luego en “La Cacha” en agosto del mismo año), por Osvaldo Busetto (estudiante de Arquitectura en La Plata, secuestrado en Plaza San Martín, herido y operado en el Hospital Naval de Río Santiago, y luego desaparecido en el circuito Arana/Pozo de Quilmes/Pozo de Banfield), y por el caso de María Eliana Acosta Velasco (chilena, de 34 años, detenida en La Plata en setiembre de 1976 y recluída en el BIM 3 -caso integrante de las querellas por Plan Cóndor); y por tantos otros compañeros cuyos verdugos aún están impunes.
Seguramente ninguno de estos nombres serán evocados por la presidenta en el acto del BIM 3 en 2014. Quizás la Sra Fernandez ni siquiera sepa el interesante dato de que según el testimonio de una ex enfermera del Hospital Naval Río Santiago, en Juicio por la Verdad en el '99, se supo que las religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían pasado por esa dependencia luego de ser secuestradas por la Armada. Marta Ayala, que se desempeñó en el Hospital Naval desde diciembre de 1976, relató que los empleados de ese lugar trabajaban bajo una intensa presión de sus superiores militares y civiles: "Nos instruían para que no habláramos de lo que hacíamos en el Hospital", dijo ante la Cámara Federal de La Plata. Y contó que en el Hospital, en esa época, había micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, y que al salir los empleados debían usar una contraseña: "Si no hacíamos esto, nos bajaban con un FAL. Había gente armada por todos lados. Cuando salían, a los oficiales les decían que tenían 'canilla libre', que significaba vaciar los cargadores". Ayala reveló que “había cabos y oficiales que decían que se quedaban con las prendas de los detenidos, como camperas y zapatillas", y que "todos sabíamos que en el primer piso estuvieron internadas las monjas, una enfermera me dijo que las vio”. Hasta contó que el almirante Emilio Massera visitaba el Hospital "a tomar mate", y que también el capitán Alfredo Astiz, condenado por la Justicia francesa por el asesinato de las monjas, estuvo en el Hospital en la época del conflicto por el canal de Beagle.
Estos datos, como el resto de la información clave para hacer avanzar la instrucción de las causas contra los genocidas, no vienen ni vendrán nunca de la sistematización de las investigaciones de parte del Estado. Son fruto de la Memoria Popular que se resiste a ser ninguneada. Pero el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares específicos por sobre el conjunto de las ex dependencias militares y policiales que desplegaron el Plan Sistemático de Represión, y a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el incompleto Archivo Nacional de la Memoria, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que deben completar las investigaciones sobre los lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención, debe actualizar su nómina, debe gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la placa y la foto”. A marzo de 2014, la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 76 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar, promover las causas y preservar los espacios, sólo han señalizado el 13 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
Las nuevas facultades en el BIM 3 se comenzaron a construir antes de que se termine de investigar los crímenes de la Armada en La Plata, y ahora se inauguran cuando la causa fragmentada por esos hechos recién fue elevada juicio oral, a realizarse en no menos de 2 años. A 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos 1 sólo marino genocida condenado, Juan Carlos Herzberg, este año también juzgado por su actuación en “La Cacha”. En todo el país son sólo 36los navegantes del Terror condenados. En el caso del BIM 3 todo el tiempo y el esfuerzo por prsrvar el predio parecen haber sido en vano, ante un Estado enceguecido en la sed inmobiliaria para obtener un nuevo coto de caza político, aunque se construya sobre las ruinas del recuerdo de los compañeros.

Por eso decimos:
- BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS.

Echaron de la Universidad de La Plata al ex vicedecano de Medicina

Lo había denunciado la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye

El médico Enrique Pérez Albizu había renunciado días atrás a su cargo. Es por las denuncias que recibió por su rol durante la dictadura. Está acusado de firmar partidas de defunción truchas. Hoy el Consejo Superior decidió por unanimidad la exoneración inmediata de todos los cargos docentes y como funcionario académico.
El ex vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNLP, Enrique Pérez Albizu. Gentileza Diagonales.com

Una vez por semana, durante años, la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye caminó por los pasillos del cementerio de La Plata con una compañera inseparable: la libretita de anotaciones. Revisó cada tumba, cada registro, cada rincón.  En 1979, un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció la presencia de enterramientos N.N. en dicho lugar. Adelina, entonces, empezó a investigar junto a otros organismos de derechos humanos y descubrió que no sólo los policías y los militares habían sido los responsables del horror. Cuando había que firmar las partidas de defunción truchas, aparecía un eslabón fundamental en el aparato represivo: los médicos.

El ex vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Enrique Pérez Albizu, fue uno de ellos. “Eran más policías que médicos, porque no sólo se dedicaron a firmar los certificados falsos para avalar la masacre. No eran cómplices: eran también ideólogos. En el caso de Pérez Albizu, hace años pudimos identificarlo como uno de los jefes de los médicos que trabajaron con la policía bonaerense. Él no sólo firmó constancias, sino algo más grave: estaba a cargo de firmar el libro de actas médico”, dijo hoy Adelina. Fue durante una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior de la UNLP para tratar éste y otros temas referidos a Medicina.

Las palabras de Adelina fueron claves para que la comunidad universitaria decidiera, por unanimidad de votos, la exoneración inmediata de todos los cargos docentes y como funcionario académico a Pérez Albizu y el inicio de un juicio académico y acciones legales correspondientes a investigarlo por su accionar durante la última dictadura. De esta forma, el Consejo Superior requirió “una manifestación pública por parte de la Facultad de Medicina en relación a lo acontecido con el ahora ex vicedecano”. Los oradores de los diferentes claustros –docentes, no docentes y estudiantiles- rechazaron que el actual decano, Jorge Martínez, le haya aceptado la renuncia sin ningún tipo de problemas.

En un documento público, los claustros de la UNLP, con aval de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP),  querellantes en el juicio por los crímenes cometidos en “La Cacha”, apelaron al estatuto universitario: citaron el artículo que expresa que “no podrán incorporarse y/o permanecer en la universidad, en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado”.

Ante la numerosa columna de estudiantes que colmó los pasillos del rectorado de la UNLP, hubo una ausencia significativa: las autoridades de Medicina. “Es una vergüenza: nuestra facultad tuvo el mayor índice de detenidos y desaparecidos de la universidad y ellos siguen escondiéndose. ¿Quién defiende a Pérez Albizu? El pacto de silencio de Hoja de Roble, la agrupación que conduce hace 25 años el decanato de Medicina”, dijo un consejero estudiantil de esa facultad. En paralelo, un representante de ADULP acotó: “Hoja de Roble impuso el elitismo, un modelo de universidad para unos pocos. No es casual el nexo de Pérez Albizu con la dictadura. Hubo un sistema político e ideológico que imperó a la par de la faz represiva”.

Lo más importante del extenso debate fue el testimonio de Adelina, que sumó información a la que había testimoniado en el juicio de La Cacha. Allí había denunciado a 21 médicos de la morgue policial de la provincia por firmar certificados de defunción de personas asesinadas por la dictadura. A pocos días de su declaración, Pérez Albizu renunció a su cargo. “A mediados de los ‘80 descubrimos cerca de 300 tumbas en el cementerio de enterramientos NN y luego le dimos todos los archivos a la justicia. Recién ahora, con el juicio de La Cacha, estos datos están saliendo a la luz. Pérez Albizu ya declaró una vez y negó todo. Tenía razón: los registros habían anotado mal su apellido y entonces era como si no hubiera estado en la firma de los certificados”, dijo. Los cientos de personas que la escuchaban cantaron: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

Luego agregó que había 24 libros en el área de Sanidad de la policía y que casi todos habían sido destruidos. Salvo uno. “Ese libro que encontramos fue fundamental. Allí pudimos comprobar que Pérez Albizu firmó de puño y letra, con su verdadera identidad, todo el libro. Había infinidad de firmas de él. Y estuvo presente en 9 casos de enterramientos N.N. Claro que no fue el único médico, pero tuvo una gran responsabilidad por ser el jefe principal”, explicó.

La Madre de Playa de Mayo agradeció a los estudiantes la invitación especial a participar en la sesión del Consejo Superior. Ante la mirada del rector Fernando Tauber, se conmovió con el caso de jóvenes desaparecidos de Bahía Blanca. “Dos de las constancias que firmó Pérez Albizu corresponden a adolescentes bahienses, que eran estudiantes de secundaria. Cuando me enteré, no pude contener la bronca. No pude comprender cómo un tipo grande, un médico profesional responsable de salvar la vida de las personas pudiera cometer semejante atrocidad con jóvenes que estaban creciendo en el mundo”, dijo.

La comunidad universitaria, además, aguarda con expectativas la posible citación a Pérez Albizu para que declare en La Cacha. Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) propiciarán la investigación a otros docentes por su rol en la dictadura.

La Cacha: revelan que el Vaticano sabía de los secuestros

La hermana de una desaparecida aseguró que desde la cima eclesiástica les respondieron en una carta que ofrezcan “el sufrimiento”. Fue en el marco de la novena jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad.

Inés Seoane aseguró que denunciaron la desaparición de su hermana ante la Santa Sede (Foto: Eva Cabrera)
Por Martín Soler -noticiasplatenses@gmail.com @martinenlared -Fotos: Eva Cabrera

La hermana de una desaparecida que pasó por el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó en La Plata durante la última dictadura cívico militar, reveló que cuando estaban buscando a su hermana enviaron una carta al Vaticano desde donde le respondieron que los acompañaban en la “oración” y les recomendaron que ofrezcan “el sufrimiento”.

La psicóloga Inés Seoane es hermana de María Seoane, militante de la Juvetud Peronista y de Montoneros, quien fue

secuestrada el 12 de mayo de 1977 tras un operativo de las fuerzas conjuntas en la localidad de Berisso. La profesional dio testimonio de ese hecho y recordó, entre otras situaciones, que acudieron mediante un envío epistolar al Vaticano para obtener información del paradero de su hermana.

La testigo recordó que la respuesta desde la cúpula eclesiástica del cristianismo fue: “Los acompaño en su oración y que ofrezcamos el sufrimiento”, lo que se entendió como una formalidad. Más allá de la respuesta, el dato saliente es que en la Santa Sede sabían de las desapariciones forzadas de personas que se estaban ejecutando en Argentina a manos del gobierno de facto. 

La familia Seoane llegó a esa instancia luego de recorrer comisarías, juzgados y luego de entrevistarse con el rey Juan Carlos de España durante una visita realizada a suelo criollo. En esa reunión el monarca les dijo que habían hecho varios pedidos por ciudadanos españoles desaparecidos y que no habían recibido respuesta alguna por parte de las autoridades argentinas consultadas.

Los padres de Inés y María habían llegado a Argentina de jóvenes, con las hermanas pequeñas, escapando del horror del franquismo. “Todos los que estábamos vivos (en la dictadura) nos sentíamos afortunados. Nuestras madres no pudieron deprimirse y quedarse en la casa tomando pastillas. La dictadura fue peor que el franquismo”, sostuvo la testigo, quien finalizó su relato con la lectura del poema “Las sombras”, escrito por su madre.

Verónica Bogliano, durante su declaración y al concluirla

Hijos querellantes. Verónica Bogliano fue la primera testigo de la jornada del viernes 28 de febrero. Dio testimonio del secuestro de sus padres ocurrido el 17 de agosto de 1977, un día antes de su cumpleaños, en la casa que habitaban en Villa Elisa

Una semana después de los secuestros sufrieron el saqueo de la vivienda que los cobijaba en calle 423 entre 22 y 23. “Robaron todo, se llevaron hasta el inodoro y las canillas, fue un saqueo. Se llevaron todas las fotos, yo no tengo ninguna con mis padres”, detalló la abogada querellante.

Entre llantos, recordó que en el legajo laboral de su madre que trabajaba en una dependencia de la Armada nacional figuraba que fue dada de baja “por ausencia”, situación que ya fue enmendada.

También resaltó que sus abuelos presentaron hábeas corpus e hicieron denuncias internacionales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Cruz Roja Internacional. Recién en mayo de 2008 le avisaron telefónicamente que habían identificado los restos de su madre. Un año después ocurrió lo mismo con el cuerpo de su padre. Estaban enterrados en una tumba NN del cementerio de La Plata junto a los restos del matrimonio San Emeterio-Delgadillo y de Stella Maris Bojorge.

Los padres de la profesional “fueron peronistas, formaron parte de una generación que realmente querían cambiar las cosas” expresó la joven, y recordó que sus abuelos “se murieron sin saber que había pasado con sus hijos”.
                   
Ramón Mariano Baibiene, tras declarar Leticia Baibiene, en su declaración          

Los hermanos Leticia y Ramón Baibiene

También declararon los hermanos Leticia y Ramón Mariano Baibiene por los secuestros de sus padres Arturo Baibiene (asesinado) y Elba Leonor Ramírez Abella (desaparecida), ocurrido el 26 de abril de 1977. El joven recordó que el asesinato de su padre fue publicado en el diario El Día de La Plata como “subversivo abatido”.

“En la construcción del discurso dominante era difícil explicar que a mi casa entraron treinta personas a enfrentarse a un hombre, una mujer, un chico de un año y mi hermana de tres”, relató el querellante y agregó: “En el año 1995 cuando empezamos a caminar con los compañeros de HIJOS nos llamaron violentos, claro, éramos hijos de ‘subversivos’, y nos llamaron violentos por pedir ‘justicia’”.

“No perdonamos, no nos reconciliamos. Mientras haya un genocida que podamos identificar y probar su responsabilidad vamos a seguir peleando para que se haga justicia. Donde haya una necesidad, van a estar los compañeros luchando y en sus banderas van a estar los treinta mil compañeros desaparecidos”, expresó en el final de su relato que fue ovacionado con un cerrado aplauso y desde el palco de prensa lo saludaron tres cronistas con los dedos en “V” de victoria.
           
Camilo Cagni se saluda con sus allegados al concluir con su declaración  (izquierda), y Laura Bogliano, estrechada en un fuerte abrazo tras su declaración

La Cacha: sale a escena la muerte de Luis Bearzi

Fue asesinado por policías en una “cita cantada” en Tolosa. Declaran familiares en la sala de juicios y por videoconferencia desde España.

El juicio La Cacha se desarrolla en la ex sede de AMIA, 4 entre 51 y 53 (Foto: Matías Adhemar)
Por Martín Soler -  noticiasplatenses@gmail.com  -  @martinenlared

El homicidio de Luis Bearzi, asesinado por policías en el marco de una “cita cantada”, subirá a los estrados del juicio oral y público a 21 acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en La Plata durante la última dictadura cívico militar.

Carlotta Ayub de Quesada, Ana Quesada y Julia Bearzi darán testimonio por los crímenes de Luis Bearzi y Graciela Quesada en 1977. No es la primera vez que lo hacen. Ya declararon en el marco del juicio oral de la causa denominada “Circuito Camps”.

Carlotta Ayub de Quesada, con su pañuelo blanco expondrá su testimonio mediante videoconferencia desde Barcelona, donde ya vivía cuando su hija Graciela Quesda fue raptada y desaparecida.

Graciela Quesada estudiaba antropología, era militante de base en Montoneros. Fue secuestrada el 17 de marzo de 1977. Estuvo detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata y luego en La Cacha. Su marido, Luis Eduardo Bearzi había sido asesinado poco antes en una emboscada junto a Marcelo Gabriel Bettini, el 8 de noviembre de 1976, cuando concurrían a una cita cantada en Tolosa. Por las muertes de los varones están acusados Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico, entre otros.

María Julia Bearzi es hija de Graciela Quesada y Luis Eduardo Bearzi. Por la muerte de sus padres también declaró en otros juicios orales por delitos de lesa humanidad. “Pasé toda mi vida tratando de cerrar el agujero negro causado por la incertidumbre que genera la desaparición de una persona”, dijo a los jueces al declarar como testigo en el juicio por el Circuito Camps. Tenía 2 años cuando su mamá fue secuestrada y recordó que mientras estaba en cautiverio pudieron verla en dos oportunidades, en una de las cuales su abuelo advirtió que estaba embarazada.

También se espera el relato de Esteban Alejandro Vera, médico de Ensenada que atendía a embarazadas en La Cacha y en la cárcel de Olmos. Fue Jefe de Emergencias del Hospital de Niños de La Plata hasta el año 2000. También trabajó en el Penal de Olmos y estuvo implicado en la causa de los mellizos Reggiardo Tolosa, apropiados por el sub comisario Samuel Miara. Durante el período 1976-1978, el plantel médico que prestaba servicios en el área de Maternidad del Penal de Olmos, inaugurado en 1975, estaba integrado por los pediatras Néstor Siri y Vera, los obstetras Rodolfo Tessari y Silvia Gorostieta y las parteras Élida Acuña y María Delgadillo, según consta en las declaraciones en los Juicios por la Verdad tramitados en el Juzgado Federal de La Plata y en la causa Miara, sobre la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Detrás de la Unidad Nº 8 de la Cárcel de Olmos, a unos 50 metros aproximadamente, se encontraba el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. En ese predio estaban las instalaciones de Radio Provincia, y a partir de 1977 pasó a depender del Servicio Penitenciario Bonaerense. En ese centro estuvieron detenidas más de tres mil personas y la mayoría fueron golpeadas y torturadas hasta la muerte. Entre ellas, había algunas embarazadas como Norma Aquin y María Laura Bretal, quienes recibieron los mismos tratos que cualquier detenido e incluso fueron torturadas y permanecieron allí en condiciones infrahumanas.

Bretal fue detenida cuando promediaba los cinco meses de embarazo, en mayo de 1978, y trasladada a “La Cacha”. “Estoy una semana en una habitación, que era el laboratorio, en las condiciones más terribles, aislada totalmente y sometida a todo tipo de torturas físicas, psíquicas y encapuchada”, recordó.

El expediente. El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. Trece ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual) junto a dos penitenciarios: Héctor Raúl “El Oso” Acuña e Isaac Crespín Miranda.

También están sentados en el banquillo de los acusados cuatro policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones; Eduardo Gargano, director general de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata, y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata). Un militar retirado de la Armada, Juan Carlos Herzberg, integrante de la Fuerza de Tareas 5 y el civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).

Cabe agregar que dos importantes represores que estuvieron imputados se libraron del juicio por la llamada “impunidad biológica” ya que fallecieron durante la sustanciación de las actuaciones. Ellos son el ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, coronel Arias Duval, y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean.

Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

Los represores bautizaron al centro clandestino ubicado detrás de la cárcel de Lisandro Olmos en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.

El campo estaba entre calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.

Denuncia de organismos contra docente de la UNLP

El vicedecano de Medicina, Enrique Pérez Albizu, fue señalado por víctimas de la dictadura como firmante de certificados de personas muertas por los militares. Piden que deje el cargo.

Adelina de Alaye, denunciante en el

juicio por La Cacha

Una nota de Tiempo Argentino

Luego de la declaración de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata, Adelina de Alaye, en el juicio por La Cacha en el que denunció a 21 médicos de la morgue policial de la provincia, a quienes acusó de firmar certificados de defunción de personas asesinadas por la dictadura e ingresadas sin identificación y como muertos en enfrentamientos, organismos de Derechos Humanos preparan una denuncia contra el vicedecano de la Facultad de Medicina, Enrique Pérez Albizu, uno de los firmantes de aquellos documentos.

Los denunciantes informaron que, en principio, la denuncia será presentada ante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, en el artículo primero de su estatuto, establece que "una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado". Sin embargo, no descartaron llegar a la justicia penal.

La denuncia ante la UNLP estará encabezada por la Madre de Plaza de Mayo y la APDH, entidad que Alaye integra, y estará acompañada por organismos de Derechos Humanos, sectores sindicales vinculados a la universidad, y por facultades de La Plata, detalló el abogado de la Asamblea, Oscar Rodríguez. Es que las funciones que desempeña el médico contradicen el estatuto que rige la casa de estudios platense desde 2008, que ya en su preámbulo reafirma su compromiso con los valores democráticos y republicanos, y establece que "no podrán incorporarse y/o permanecer" en la institución, personas involucradas en los crímenes del genocidio.

El denunciado es el cirujano Pérez Albizu, actual vicedecano de la Facultad de Medicina y docente de la Cátedra de Anatomía, quien se desempeña en su especialidad en el Hospital Italiano de La Plata. Su firma figura en al menos tres certificados que Alaye presentó el viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 que juzga a 21 represores por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha.

En la audiencia, Alaye mostró en pantalla gigante los certificados de defunción de personas anotados en la morgue policial de La Plata como "NN", muertos por "destrucción de masa encefálica por herida de proyectil arma de fuego" en la capital bonaerense el 21 y 23 de abril de 1977. Esos certificados llevan la firma de Pérez Albizu como médico examinador de los cadáveres. La Madre explicó que esos asesinatos forman parte de "falsos enfrentamientos", figura con que la dictadura escondía los fusilamientos de detenidos desaparecidos.

La información aportada por Alaye develó que 21 médicos firmaron 227 defunciones de NN entre 1976 y 1978. Uno de ellos es el que denunciarán. Y destacó que cuando el muerto era perseguido político no se realizaba autopsia y además se registraba la "intervención del área 113 del Ejército" y se los catalogaba "de puño y letra de los médicos, como 'SUB' (en alusión a subversivo)", destacó la mujer.

Nilda Eloy, La Cacha, López y la represión actual

(Por La Retaguardia) Foto: documental Arre, de Edgar de Santo

Continúa desarrollándose el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha de La Plata durante la última dictadura cívico militar. Hablamos con Nilda Eloy sobre algunas de las dificultades que surgieron el proceso, sobre todo el manejo en las audiencias de los abogados que defienden a los represores, que lograron incluso que se dejaran de transmitir los testimonios por internet. También le preguntamos acerca de Jorge Julio López y el traspaso de los sitios de la memoria del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al de Nación. De las luchas colectivas y de las personales.

Mientras iniciábamos la entrevista con Nilda Eloy, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, recibíamos información sobre la represión que se estaba dando en ese mismo momento contra los vecinos de Malvinas Argentinas que marchaban en rechazo a la instalación de Monsanto en esa localidad cordobesa. Javier Andrada, integrante de La Quinta Pata, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, fue uno de los heridos. Recibió varios balazos de goma, y uno de ellas quedó alojado en su pierna.
Eloy se enteró al aire lo que estaba sucediendo y afirmó: “está visto que reclamar por un derecho hoy en día se ha transformado en un acto pasible de ser criminalizado; es decir reprimido y posteriormente criminalizado. Están pidiendo nada más que su derecho a la vida, no están pidiendo libertad para asaltar bancos. En relación a Monsanto y la instalación de su planta en Córdoba, lo que prima es la cuestión económica por encima de lo que son los derechos del pueblo a eso tan simple que es vivir sin estar condenados a muerte nada más que porque un determinado grupo de empresas quiere sacar un lucro adicional”.

Antes de empezar a hablar sobre el juicio de La Cacha, le contamos a Eloy que la extrañamos durante la jornada cultural y de lucha que se hizo a fines de enero en el marco del quinto aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, y a la que ella no pudo asistir por un problema de salud. Fue la primera vez que no participó y, quizás porque estamos acostumbrarlos a verla, fue como si hubiera estado presente: “he recibido los comentarios de los compañeros y me dio una enorme fuerza como para seguir adelante, uno está convencido de eso que nosotros repetimos tanto que es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Esto no es un dicho solamente para algunas cosas, sino que es aplicable a todo nivel, incluido el personal”, afirmó Eloy, quien no asistió a aquella jornada porque debió haber sido operada. Hoy está dando esa lucha tan individual como lo es sobreponerse de un problema de salud. Justo ella, que como tantos otros, eligió la lucha con otros, la colectiva.

—Fernando Tebele: Comenzó un nuevo juicio en La Plata, para el que no sabe sobre el lugar que se está investigando en esta causa ¿qué fue La Cacha?

—Nilda Eloy: La Cacha fue un centro clandestino de detención muy significativo, que funcionó entre 1976 y 1978. Es, tal vez, uno de los lugares donde más se puede palpar esto que tanto se escuchaba de las ‘fuerzas conjuntas’. La Cacha tenía hasta repartidas sus guardias en distintas fuerzas, había una guardia de Marina, una del Ejército, otra del Servicio Penitenciario, gente de Policía Federal y de Provincia. Creo que lo único que no hay en La Cacha es fuerza aérea, después hay de todo. También es un juicio que se ajusta a lo que venimos viendo, es un juicio absolutamente parcial donde se tomaron parte de los casos de 1977 y un caso de 1978 y punto, con lo cual lo que estamos viendo es que vienen los compañeros, los sobrevivientes, a declarar por quienes compartieron cautiverio con ellos, pero ellos no son casos. Esta causa se empezó a instruir en 2002-2003, se tardaron más de diez años por lo que para los demás casos tendremos que esperar otros diez más, con lo cual va a haber mucha impunidad biológica en el medio. Son veintiún represores y ya en el transcurso de la instrucción se fueron muriendo algunos. Por suerte, hay varios, fundamentalmente personal de Ejército que era de Inteligencia del Destacamento 101, varios civiles, que tenían la misma edad que nosotros, por lo tanto ahora también son menores de sesenta años, con lo cual vamos a tener algunos vivos para el próximo juicio, pero mientras tanto seguimos con impunidad.

—FT: Y eso que dentro de todo, y en comparación con otras zonas, en La Plata tienen este tribunal…

—NE: Del primer tribunal que juzgó a Etchecolatz y Von Wernich queda solamente el único titular que tenía, que es Carlos Rozanski. Para Unidad 9 y Circuito Camps se pusieron como suplentes a dos jueces de Mar del Plata, que también tenían experiencia con los Juicios por la Verdad, no les era un tema desconocido. Pero en este caso estamos con dos jueces subrogantes que son de Capital Federal. Uno es muy joven, que no tienen experiencia en este tipo de juicio, y encima con un clan de abogados defensores, fundamentalmente los particulares que son muchos, y uno de ellos que es el que está comandando y en algunos momentos maneja el juicio. Son tipos acostumbrados a los juzgados provinciales, a la justicia provincial, a defender policías, violadores, a llevarse por delante el mundo en causas penales que son muy distintas a estas causas. Lo que hemos tenido ha sido un atropello a los testigos, incluso en una de las audiencias el organismo encargado de la contención de testigos que es el Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) presentó un informe denunciando esta situación porque va en detrimento incluso de las disposiciones que tomó la Corte Suprema, esa famosa acordada 1/12, donde se habla no solamente del valor de los testimonios sino de cómo deben ser tratados los testigos de este tipo de juicios. El doctor (Juan José) Losino no solamente es una máquina de pedir cosas para parar el juicio, con lo cual una audiencia con tres testigos puede durar doce o trece horas, sino que para él es como que todo es igual, no hay ningún respeto. Ellos se quejan de que los intimida si la gente aplaude cuando un compañero termina de testimoniar, pero no entienden que si un defensor intenta acercarse y hablar con uno los testigos, también nosotros nos sentimos intimidados porque él está representando a quien nos torturó, nos vejó, nos humilló, y para él esa diferencia no existe. Estamos teniendo problemas en ese sentido porque lo que vemos es que el tribunal no puede hasta ahora ponerle freno al punto de que se dejó de transmitir el juicio. Las audiencias se venían transmitiendo normalmente por el canal del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, y dos de las defensas y algunas de las querellas, que todavía tienen la ilusión de que estos tipos van a decir algo, citaron a un ex policía de la Bonaerense a declarar en calidad de testigo; el tipo pidió protección y la mar en coche, y este Losino planteó la no transmisión del testimonio de este policía, le hicieron lugar, pero de paso pidió la no transmisión de ningún testimonio, con lo cual hace dos audiencias que no se transmite el juicio. Es un juicio oral y público, por lo que la transmisión debería estar garantizada. Para nosotros, la trasmisión forma parte de la reparación, que un compañero en Jujuy pueda ver el juicio, que por ahí estuvo con alguno de esos compañeros, por ahí reconoce su centro clandestino, no sé, pero forma parte de la reparación histórica que la  Nación se debe a sí misma.

—Eugenia Otero: Esto que vos decís es muy importante, porque todavía pasan estas cosas que un compañero reconoce a otro compañero con el que estuvo en tal lugar, o reconoce la cara de un represor, o el lugar donde estuvo, entonces es necesaria la difusión de las audiencias.

—NE: Es tan necesario que los juicios se transmitan... No es una cuestión de publicidad, sino que pasa por otro lado, manejar otro tipo de valores. Estos señores han logrado que el juicio esté en silencio hacia afuera de la sala de audiencias.

—EO: ¿Qué te pasa cuando ves que algunos medios le dan mucha importancia a algún juicio y muy poca a otros?

—NE: Eso es lo que está pasando con este mismo juicio, cuando vos ves los medios se habla del juicio de los casos de (Antonio Bautista) Bettini y de Laura Carlotto, y se olvidan de casi doscientos compañeros más que son casos en este juicio; pero uno ya está acostumbrado a que determinadas cosas tengan más publicidad. Si la difusión de estas personas, que fueron tan víctimas como cualquiera de nosotros, permite la difusión del resto de la historia, no importa, realmente es una pequeñez, tenemos problemas mucho más graves para quejarnos como para quejarnos de esto.

—FT: Una pregunta que incluye sólo dos palabras, ¿y López?

—NE: Y... López está desaparecido aunque parezca que mucha gente no lo entiende así, o no lo cree, o no le importa, que es peor. López, por ejemplo, en este momento en el juicio, es una silla que tiene su imagen, López es una silla que sigue acusando a un tipo como Etchecolatz, y por el cual se sigue sintiendo tocado, porque cuando habló en su declaración indagatoria hizo alusión a López, aunque sea para seguir echándole tierra encima, porque dijo ‘acá, atrás mío, hay una silla de un señor que mintió’. Si era tan mentiroso, ¿cómo es que la historia de López, su testimonio, tuvo el peso como para condenarlo a él a perpetua? Da bronca porque siguen intentando maniobras que son tirar carne podrida en la causa, y la investigación real... bien gracias. Lo que hace unos meses, poco tiempo, se conoció acerca de de eso de la Costa (en diciembre pasado, un policía retirado denunció que López había sido asesinado y enterrado en Mar de Cobo, una localidad de la costa bonaerense), todavía no sabemos quién lo armó, pero está claro que alguien lo armó y no hay nada de realidad... Es duro.

—FT: Y la situación de López, a tantos años y sin saber nada de él, ¿mejoró en algo la protección para con ustedes, los testigos permanentes?

—NE: No, sirvió para conformar un montón de organismos, secretarías, comisiones de protección de testigos. En realidad hay como más contención, hay servicios más de contención psicológica, pero de protección con la inmensa mayoría de estos tipos vivos y en la calle, ni hablemos. Menos en este momento con un tipo como (César) Milani en el cargo en el que está. Eso que salió de las carpetitas de Milani… nunca se los investiga a ellos. Nuestra mayor protección es que estos tipos estén en la cárcel pero hemos pedido que, mientras se los indaga, se haga inteligencia sobre ellos, no sobre nosotros. Sin embargo, sigue pasando lo mismo. Una y otra vez. No por nada se pone a un jefe de inteligencia a cargo de las fuerzas armadas en un momento de recrudecimiento de la represión, de aumento de la protesta social. No por nada, no gratuitamente, porque no es solamente el hecho de que Milani sea un represor y haya tenido esa función, sino que es su papel incluso posterior, es un tipo formado desde su inicio hasta el día de hoy, en inteligencia. No lo ponen a él porque sí, sino porque el incremento de la protesta social provoca un incremento de la represión, y para manejar eso siempre se necesitó tener servicios de inteligencia aceitados.

—FT: ¿Qué reflexión te merece el traspaso de los centros de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación?

—NE: Siempre hemos planteado que los centros de detención tenían que seguir en manos del Estado, pero no bajo la utilización política del Estado, que son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es el Estado y otra el gobierno de turno. Lo que se hace fundamentalmente en ESMA no tiene nombre. El proyecto que van a llevar a cabo en el Casino de Oficiales, que es lo único que queda en pie de lo que fue el centro clandestino de la ESMA, es directamente un atropello a la memoria de los compañeros y a los que quedan vivos. Yo siempre cuento lo mismo, esto de llegar a resignificar significa vaciar de contenido. En una de las presentaciones que hicimos frente al juez (Torres, que instruye la megacausa ESMA) pidiéndole que pare esto porque él tenía el poder para hacerlo, le planteamos quién se imagina que en Auschwitz van a permitir que pasen murgas, hacer shows, ¿alguien se lo imagina haciendo eso? No, se lo usa incluso educativamente, no hay estudiante secundario de Alemania que no vaya con su escuela a tener una clase de historia en Auschwitz para generar la marca, para generar eso que tanto se llenan la boca del nunca más, ¿cómo lo vamos a hacer, llevándolos a un cine, a un circo? No. Es sumamente doloroso. Por supuesto nosotros como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos nos negamos, pero, bueno…

Una extensa charla con Nilda Eloy, recorriendo temas urgentes de ayer y hoy, la represión en los '70 y la represión actual, Jorge Julio López, la ESMA y lo difícil que continúa siendo juzgar a los represores a pesar de los avances en el camino hacia la memoria, verdad y la justicia.
Aun en su lucha personal, le queda tiempo para las peleas colectivas.

El calvario de los Reggiardo Tolosa en el juicio de La Cacha

En el marco del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha
Los mellizos Reggiardo Tolosa relataron su apropiación ante un tribunal platense
 "Espero justicia por mis padres. Este es un día bisagra en la historia de mi vida", dijo Gonzalo.  Su hermano Matías sostuvo que entre los apropiadores "juntarse era una costumbre". Identificaron a Smart y a su padrino, Ricardo Fernández.

Por: Pablo Roesler

Apenas puso un pie en la vereda, Gonzalo Reggiardo Tolosa, se fundió en un abrazo con Victoria Montenegro, con quien comparte parte de la historia del país: los dos fueron apropiados durante la dictadura y recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Pero también, son compañeros de militancia en Kolina. El joven acababa de contarle a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata el camino hacia la recuperación de su identidad, que poco antes también había relatado su hermano mellizo, Matías Reggiardo Tolosa.
Los hermanos declararon en el juicio a 21 imputados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención platense de La Cacha, en el que, además, recordaron haber conocido a otros niños apropiados, y señalaron a dos acusados de la causa: el ex miembro del Ejercito Ricardo Fernández, padrino de Gonzalo, y a Jaime Smart, abogado del ex Policía Federal apropiador, Samuel Miara.
En la misma audiencia la Madre de Plaza de Mayo La Plata, Adelina de Alaye, declaró por la desaparición de su hijo Carlos Alaye y acusó por los crímenes investigados a 21 médicos de la morgue policial local (ver aparte). En tanto, un tío de los mellizos apropiados, Eduardo Tolosa, recordó el secuestro de su hermana y su cuñado, la búsqueda y restitución de los chicos.
"Espero justicia por mis padres. Este es un día bisagra en la historia de mi vida." Con esa frase, Gonzalo Reggiardo cerró su declaración ante los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus. Durante la hora que duró su relato el joven recordó el trauma causado por el robo de su identidad durante la dictadura cívico militar.
"Me costó 13 años de mi vida poder retomar una relación con mi tío y caer en la cuenta del vacío en el alma que es la no búsqueda de los orígenes, la imperiosa necesidad. De saber más sobre mis padres", reconoció.
Minutos antes había declarado su hermano. "Se supone que nacimos el 27 de abril de 1977. Eso es lo que se desprende del libro de guardias del penal de Olmos. Ese día fue registrado el nacimiento de mellizos, pero no tenemos real certeza", señaló Matías.

Los mellizos son hijos de los desaparecidos María Rosa Ana "Machocha" Tolosa y Enrique Reggiardo, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de La Plata y militantes peronistas, secuestrados en enero de 1977 en Lanús. "Mi madre cursaba el quinto mes de embarazo cuando la secuestraron", señaló Matías, y recordó que Machocha fue sacada de La Cacha, ubicada detrás de la cárcel, para dar a luz.
"Todo lo supe por mi familia y por las Abuelas de Plaza de Mayo", completó.

Los mellizos contaron que sus apropiadores, Miara y su esposa Beatríz Castillo, pusieron todas las trabas posibles para evitar la restitución, concretada en noviembre de 1993. Entre ellas, la fuga a Paraguay.
"Se puede decir que entre los apropiadores juntarse era una costumbre. Miara tenía en Paraguay amistad con el médico militar (Norberto) Bianco, que tenía dos menores en la misma situación que nosotros. También ahí vimos a Natalia Suárez Mason (apropiada por el condenado Omar Alonso). Y además, Miara era muy amigo de (Luis) Falco, el apropiador de Juan Cabandié", recordó Matías.

Al comenzar su declaración, Gonzalo Reggiardo advirtió que conocía a dos imputados. "Conozco a Jaime Lamont Smart, que tenía un estudio jurídico y uno de sus socios  era el abogado de Miara, y a Ricardo Fernández, que es mi padrino de bautismo”, afirmó. El mismo detalle había develado Matías, quien, además, recordó que Fernández, en su rol de director del Registro Nacional de las Personas, les entregó los DNI con sus nombres reales en presencia del juez Jorge Ballesteros. Ayer el ex militar no presenció la audiencia.