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martes, 10 de mayo de 2016

Comunicado de prensa de la AEDD : NO AL PROTOCOLO ANTI-PIQUETES

10 de Mayo de 2016
Comunicado de prensa:

Frente a la difusión de la noticia informando sobre la reunión de un grupo de organizaciones sociales, políticas y de DDHH con la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante en la cual en forma confusa se nos ubica dentro de dicho cónclave o dando alguna opinión sobre lo allí tratado:

La ASOCIACIÓN DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD) aclara que no participó ni tiene dispuesto participar de ninguna negociación acerca del  Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas que  impulsa la bancada oficial en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata.

Nuestra asociación desde siempre a tenido una posición de negativa absoluta con respecto al intento por parte del Estado de impedir que el pueblo se manifieste ya sea a través  la represión o mediante la criminalización y judicialización a la protesta social de cualquier tipo. Esta posición  es compartida por un gran número de organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles, de DDHH y compañeros independientes con los cuales estamos coordinando acciones concretas  frente a este intento de acallar el clamor popular que deviene de las violaciones a los DDHH que padece nuestro pueblo.

A diario son conculcados el derecho a la salud, a una vejez digna, a la educación, al acceso a una vivienda , al trabajo, a salarios justos, el derecho a un trato digno en comisarías y unidades penitenciarias, etc. El derecho a manifestar públicamente y en las calles estos atropellos es el que se trata de eliminar o "encarrilar", con este protocolo,  dentro de los permisos que den los mismos que los violan. Es el Estado el que tiene la obligación de garantizarlos y no el de encubrirlos acallando a quien los reclama.

La AEDD repudia este proyecto y no propugna ningún otro alternativo, sea que regule la protesta o la actuación policial en la protesta. Luchamos para que el pueblo se pueda expresar libremente y por tanto porque no haya ningún tipo de actuación policial ni judicial ante la protesta.

Desde la AEDD y dentro de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada llamamos a la más amplia coordinación para impedir que el municipio vote esta proyecto que al igual que el de nación es de un claro tinte fascista, siendo ambos,  hijos de la Ley Antiterrorista y de toda la legislación represiva vigente.
  
NO AL PROTOCOLO ANTI-PIQUETES
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTI TERRORISTA
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO

                                                                    
 ASOCIACIÓN DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

martes, 9 de febrero de 2016

¡¡ Basta de beneficios a los genocidas !!

 Desde el espacio Justicia Ya La Plata repudiamos las decisiones de la justicia federal que han beneficiado con prisión domiciliaria a un grupo de 9 represores procesados o condenados en causas por delitos cometidos como parte del genocidio cometido en la última dictadura, y que se sustancian en el fuero federal platense.

La justicia penal federal continua desplegando generosidades hacia los represores de la última dictadura: en diciembre pasado denunciábamos el apartamiento de las causas por “incapaz” al jefe de operaciones e inteligencia del Ejército en nuestra zona, el envío a su casa al marino Juan Carlos Herzberg, que suma 3 condenas y ya violó la domiciliaria ocultando un arsenal en su casa, y sobreseimiento del policía Luis Raúl Ponce en la acusación por el primer secuestro de Jorge Julio López en su casa de Los Hornos. 

Ahora denunciamos que la Cámara de Casación Penal y el Juzgado Nº1 revirtieron lo actuado por los tribunales platenses con 4 fallos que benefician con la prisión domiciliaria al ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan; y a un grupo de 6 marinos y prefectos condenados en octubre pasado en el denominado juicio a la “Fuerza de Tareas 5”.

Muy activos durante la feria judicial, los jueces de Casación Ángela Ledesma, Roberto Boico y Norberto Fontini entendieron que la permanencia de Luján en una cárcel común podría “agravar el riesgo respecto de la salud del imputado, con compromiso de vida, de no recibir control periódico clínico, neurológico y cardiológico”.

Según se desprende del fallo, tienen en cuenta que “Luján se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 23 de octubre de 2006 y superó los 80 años de edad”. Pero resulta que Luján no solo está procesado, sino condenado a perpetua por 25 casos de Comisaría 5ta, entre ellos el de Jorge Julio Lopez, en el juicio “Circuito Camps” de 2012; y a perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014.

Respecto a Von Kyaw, ex miembro de la Central de Reunión de Información del Destacamento 101, el juez Laureano Durán le otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y custodia de Gendarmería en el marco de la residual de causa “La Cacha” porque el represor padece cáncer de pulmón. Además, Durán aceptó que el hijo del represor, Kurt Von Kyaw, sea el garante del beneficio siendo que la pesquisa para su detención comenzó por el propio Kurt, que manejaba las tarjetas de crédito y la empresa de seguridad privada del padre mientras este estaba prófugo. El juez Ernesto Kreplak hizo extensivo el beneficio en las causas “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”.

Además, el trío Ledesma/Boico/Fontini otorgó la domiciliaria al represor Rubén Alfredo Boan, procesado junto a otros 30 genocidas en la causa por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Según los informes médicos, Boan, que cumplió 70 años en agosto pasado, padece cáncer de próstata y requiere acompañamiento para ir al baño y una dieta acorde a paciente oncológico. Y pese a que en el penal de Ezeiza donde se encontraba alojado están dadas todas las condiciones para atenderlo o trasladarlo a donde necesite, los jueces afirmaron que no se ha acreditado cuales son los riesgos que se pueden presentar para que Boan no se encuentre detenido en su casa. 
Es interesante que la justicia entienda que la domiciliaria es la regla y no la excepción, siempre que el fiador de la privación de la libertad de una persona es el propio Estado, que no puede garantizar las condiciones mínimas de detención y elude el problema enviando a los genocidas a sus casas mientras mantiene igualmente sucios, hacinados y violentados a la mayoría de los internos del Servicio Penitenciario, a merced de su mafia uniformada específica.

Para completar el cuadro, los jueces de la Sala II de Casación, Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, echaron atrás la revocatoria de las domiciliarias de que gozaban la mayoría de los represores juzgados en el proceso a la “Fuerza de Tareas 5”, decidido en octubre pasado por el Tribunal Oral federal 1 de La Plata.

La decisión, que se resolvió para el caso del marino condenado Jorge Errecaborde pero se hizo extensiva a Antonio Vañek, Carlos Schaller, José Fernandez Carró, Luis Rocca y Eduardo Meza, pretende fundamentarse en que los genocidas cumplen el requisito formal de edad que establece la ley que otorga el beneficio, pero que además “la revocación de la prisión domiciliaria fue dispuesta por el tribunal sin haber invocado la concurrencia de alguno de los presupuestos que habilitan el dictado de la medida” y que tampoco se acreditó en autos cuáles son los riesgos que impidan que cumplan condena en sus domicilios.

Pareciera que para los magistrados haber sido probada su responsabilidad en el Genocidio y haber recibido condena de primera instancia no varía en nada la situación de los represores. Por lo demás, no es cierto que no se haya argumentado debidamente, ya que 10 de las 611 páginas de los fundamentos del fallo se dedican a la cuestión. Basta remitirse al voto del juez Carlos Rozansky en el fallo, quien dijo que existen razones jurídicas y éticas claras e imperativas para tal decisión: el beneficio de la domiciliaria reviste carácter excepcional, que la gravedad de los delitos y las altas penas impuestas así lo ameritan, que el hecho de que el beneficio fuera otorgado en la instrucción de la causa no resulta vinculante y que sostener lo contrario transforma la pena de prisión efectiva en una “mera formalidad”. La mera formalidad viene siendo regla, incluso para el TOF1 de La Plata, que, con disidencia de Rozansky, le concedió la domiciliaria al marino Juan Carlos Herzberg un mes y medio después de haberlo condenado y pese a que había escondido un arsenal en su casa durante todo el juicio a la “FT5”.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuro juicios.

El canallesco editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, reinstaló a la derecha en el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.

Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único cuestionamiento a la cárcel común: recordamos el grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle por razones médicas el beneficio a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas han cometido delitos graves y conservan poder y capacidad logística para fugarse y complicar las investigaciones.

Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Por primera vez sectores que reivindican la teoría de los dos demonios y reclaman “memoria completa”, como el Celtyv, se reúnen con ministro y secretario del área de DD.HH. Con este antecedente cabría preguntarse cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos de impunidad de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en la “década ganada” el 40% de los pocos represores judicializados cumplió arresto domiciliario.

 Nosotros seguiremos exigiendo Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio
Justiciaya, la plata!!!

domingo, 7 de febrero de 2016

Otorgan domiciliaria a otro represor por razones de salud

El represor Boan era apodado “Víbora”

Los jueces de la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal le dieron el beneficio a Rubén Alfredo Boan, quien actuó en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo y cumple condena en la cárcel de Ezeiza. Según fundamentaron, “sufre diversas patologías” y esto “podría agravar el riesgo respecto de la salud del imputado”.

Los jueces de la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal revocaron una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de La Plata y le otorgaron la prisión domiciliaria al represor Rubén Alfredo Boan, quien actuó en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, durante la última dictadura cívico–militar.

Ángela Ledesma, Roberto Boico y Norberto Frontini hicieron lugar a la presentación realizada por los defensores oficiales Gastón Barreiro y Paola Semino, quienes solicitaron se le otorgue el beneficio a Boa debido a padecimientos de salud. El represor cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza.
Según detalló el pedido la defensa, el represor, de 70 años, posee un estado de salud que “ha empeorado con el reciente diagnóstico de un carcinoma de próstata” y “recientemente ha sido intervenido quirúrgicamente por presentar un aneurisma de aorta abdominal infrarenal”.

Las razones
Los jueces son los mismos que esta semana le otorgaron prisión domiciliaria a Horacio Elizardo Luján, uno de los autores –junto con Miguel Etchecolatz–, de la desaparición de Clara Anahí Mariani Teruggi, nieta de María Isabel “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo
En la sentencia, firmada hoy, los jueces Ledesma y Frontini recordaron que Boan “sufre diversas patologías” y esto “podría agravar el riesgo respecto de la salud del imputado, con compromiso de vida, de no recibir control periódico clínico, neurológico, cardiológico y psiquiátrico necesario”.
“No pueden ser desatendidos los extremos humanitarios vinculados con el derecho a la vida, la dignidad y libertad de las personas mayores de edad”, escribieron los magistrados al hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria del represor. Boico, por su parte, aunque acordó revocar la sentencia pretendía reenviar el expedite al TOF para que fuera éste el que dictara un nuevo pronunciamiento.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Piden elevar a juicio oral la causa por los crímenes en el Pozo de Banfield

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira presentaron el requerimiento ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. 

Es la primera vez que la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata acusa por delitos sexuales en la instancia de elevación. Entre los acusados, se encuentran Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés.

La causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield está en manos del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien deberá definir si se eleva a juicio oral y público. El pedido fue presentado por el fiscal general platense Marcelo Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, quienes acusaron a 15 ex militares, dos ex funcionarios civiles bonaerenses y tres ex policías por los hechos cometidos contra 252 víctimas en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires. Entre los acusados, están el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex médico policial, Jorge Antonio Bergés.

El pedido de elevación se presentó el 5 de noviembre pasado y expresa: “El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura”. Esta es la primera vez que la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, en La Plata, acusa por delitos sexuales en la instancia de elevación a juicio. Hasta ahora, el pedido de ampliación se realizaba durante las audiencias de debate oral.

De esta manera, los imputados llegarán a juicio formalmente imputados por esos crímenes. Según publicó el portal Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, Molina y Nogueira reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de testigos de diversos hechos y concluyeron que “la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD”. En esa línea, sostuvieron que su “persecución penal, cualquiera sea el encuadramiento típico que se les otorgue, es imprescriptible”.

El Pozo de Banfield
El ex centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield” se encuentra entre los más significativos del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico militar. En la esquina de Siciliano y Vernet todavía puede verse el edificio de tres plantas, con unos 25 metros de frente por unos 20 de fondo. Allí, hoy funciona uno de los tantos Sitios de Memoria.

En la planta baja, estaba montada la dirección operativa del centro clandestino: la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso, se encontraban algunos calabozos y la estructura administrativa: oficinas, comedor y casino de personal, cocinas y baños. En el segundo, los calabozos ascendían a 24, divididos en dos sectores. En uno, alojaban a los hombres; en el otro, a las mujeres.

En el Pozo funcionó la Brigada de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, desde octubre de 1974 hasta enero de 1977. Fue entonces que pasó a formar parte de  las Direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Como centro clandestino, funcionó entre 1974 y 1978: se registraron 182 detenidos y se detectaron diversas funciones, según la época. Fue depósito –paso previo al “traslado” o legalización–, centro de tortura y, esencialmente, una de las maternidades clandestinas más atroces de la región. Según una investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata, al menos 16 embarazadas pasaron por allí, de las cuáles sólo una fue liberada. En estas celdas, fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices.

Los acusados

Además de Smart, Etchecolatz y Bergés, llegarán a juicio el entonces secretario de Gobierno –devenido en juez federal, ya en democracia– Juan María Torino, acusado junto a su jefe Smart por su rol de contralor sobre la Policía bonaerense; y el ex comisario y segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Augusto Barre. Entre los militares que llegarán a juicio, se destaca el caso del ex prófugo miembro del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, Ricardo Luis Von Kyaw, quien fue deportado desde Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa. Apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la Argentina, quedó detenido.

La lista se completa con el sub jefe del Comando de la Subzona 11, Héctor Humberto Gamen; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, asiento del Área militar 112, Federico Minicucci; y los siguientes ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101: el capitán de Caballería, Miguel Ángel Amigo; el capitán de Infantería a cargo de la Central de Reunión y, luego, jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; los jefes de  Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández; el oficial de la Sección Central de Reunión, Gustavo Adolfo Cacivio; el jefe de la Sección Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los capitanes Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati; el jefe de la Sección Central de Reunión, Emilio Alberto Herrero Anzorena; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.

domingo, 2 de noviembre de 2014

La Cacha : Un informe que aportó elementos

Investigación del programa Verdad y Justicia fue importante en el juicio por los crímenes en La CachaEl informe que posibilitó las condenas

El relevamiento realizado por el programa del Ministerio de Justicia reveló el rol del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
 Por Ailín Bullentini


De las quince condenas a cadena perpetua que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata ordenó por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, nueve fueron recibidas por militares próximos a retiro que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. El rol protagónico que cumplió esa institución en los hechos sucedidos en ese centro clandestino de detención se desprendía de algunos testimonios de sobrevivientes o familiares de desaparecidos, pero durante muchos años no fueron prueba suficiente para la Justicia. Un informe del Programa Verdad y Justicia –al que Página/12 tuvo acceso– reveló sus funciones, organización interna y vínculos con otras instituciones del Ejército y se convirtió en prueba fundamental no sólo para el procesamiento de los ahora condenados, sino para que la causa llegara al juicio, también integró la elevación a juicio y fue argumento en los alegatos de la mayoría de las querellas.

La investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese chupadero que funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos que Radio Provincia poseía a mitad de camino entre las cárceles de hombres y mujeres de Olmos se reabrió en 2003, cuando las leyes de la impunidad fueron anuladas. El impulso duró algunos años, sostenido por la lucha de los organismos de derechos humanos y la necesidad de quienes sobrevivieron a esos crímenes y de los familiares de quienes no habían logrado hacerlo: sus testimonios llenaron fojas y fojas de expedientes. Pero las cosas se estancaron hasta frenarse casi por completo. Así se apagaba el expediente de La Cacha en el despacho del juez federal Manuel Blanco hasta que llegó el Informe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata elaborado por el área de Seguimiento y Análisis del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Fue fundamental”, consideró la abogada Verónica Bogliano, miembro de la querella de Hijos La Plata en el juicio que culminó hace diez días, que tomó algunos fragmentos del texto para estructurar su alegato. Según evaluó, el informe fue importante para vincular el destacamento con La Cacha, debido a que ese centro clandestino no funcionó en dependencia de fuerza alguna. Para su colega Emanuel Loveli, miembro de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el estudio “acompañó la prueba testimonial, y dio más sustento, y les dio una apoyatura a los hechos por fuera del relato de los protagonistas”. La querella de Abuelas tomó el informe en su elevación a juicio de la causa.

“En los centros clandestinos actuó mucha más gente que la que se investigó y se investiga. La Justicia se basa en pruebas directas, que en la mayoría de los casos son los testimonios de sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa con los sitios en los que no hubo sobrevivientes? ¿Qué pasa con las condiciones en las que un sobreviviente transitó su cautiverio?”, se preguntó un integrante del equipo investigador que, por esa razón, decidió activar el estudio a partir de las instituciones, ir por la documentación de la época. “El Ejército es orgánico, verticalista y muy rígido en lo que a organizatividad se refiere. Es importante comprender esto, porque habla mucho de quién y de cómo: la represión no se llevó a cabo por una patota ad hoc, sino con oficiales, suboficiales y demás personal de las fuerzas, formadas para tal fin”, advirtió la misma fuente. El informe es el resultado del entrecruzamiento de datos provenientes de documentos de las Fuerzas Armadas –reglamentos, boletines reservados o públicos, registros de personal, fojas de servicio–, y testimonios judiciales. En poco más de 60 páginas, describe la organizatividad y el staff de oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el Destacamento 101 de La Plata, lo que fue importante para identificar con nombre y apellido a quienes, luego, se convirtieron en imputados.

Sin embargo, el valor fundamental del informe radica en el contexto que les da a las tareas de inteligencia en sí, al que explica y ejemplifica con documentos de la fuerza y testimonios de sus propios integrantes, y la certificación de la injerencia de esa institución sobre La Cacha.

“Desde las directivas del Consejo de Defensa, del Comando en jefe del Ejército y de la Junta de Comandantes, se estableció que la actividad de inteligencia era prioritaria en el proceso de ‘combate a la subversión’, decisión que da lugar a que los destacamentos de inteligencia actuaran como unidades operativas principales en este accionar”, consigna en su introducción el documento.

En ese sentido, cita a una de esas directivas en particular, la 1/75, la fundante. Emitida a todas las fuerzas en octubre de 1975 y considerada como el paso organizativo previo al “plan global de represión que comenzó el 24 de marzo de 1976”, advierte el texto, su fin fue “instrumentar el empleo de las fuerzas para la lucha contra la subversión” en el que el Ejército “tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y “conducirá el esfuerzo de inteligencia contra la subversión”. El Ejército mandaba más que nadie, por un lado. Por otro, su herramienta principal de lucha contra “la subversión”: la inteligencia.

En esa directiva figura también que la fuerza “no debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones”. Diferentes reglamentos citados en el informe certifican que “las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo, seleccionaron blancos, determinaron el orden de mérito de los detenidos, les asignaron destino”. Las “unidades de inteligencia” del Ejército fueron sus destacamentos.

El Destacamento de Inteligencia 101 estaba emplazado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, pero su área de acción fue más grande: la subzona 11 del I Cuerpo del Ejército, que implicaba a la zona sur del conurbano bonaerense más San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalen el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.

En lenguaje castrense, los chupaderos eran llamados “lugar de reunión de detenidos”. Por lo menos, así los mencionó el general retirado José Montes, ex comandante de subzona Capital Federal, en una declaración que ofreció ante la Justicia en 2005 y que aparece citada en el informe de Verdad y Justicia para determinar el poder del 101 sobre esos infiernos: “Los LDR eran operados exclusivamente por personal técnico de inteligencia”, mencionó Montes. Esta aseveración, Verdad y Justicia la unificó con “testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de detenidos desaparecidos que manifiestan en sus declaraciones la presencia de algunos oficiales y suboficiales del destacamento en esos lugares”.

El informe enumeró con nombre y apellido a 41 oficiales y 48 suboficiales que formaron parte del 101 entre 1976 y 1983. “La oficialidad no pudo no saber o no haber participado” del terrorismo de Estado, aseguraron desde el programa. Muchos de ellos, al momento de presentación del documento, estaban prófugos. Sólo algunos, muertos.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Justicia Ya La Plata presenta denuncia por la amenaza de Etchecolatz

Justicia Ya La Plata presentó el 27 de Octubre ante el Juzgado Federal de turno y ante la Unidad Fiscal Federal, en donde  se encuentra radicada la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López,  una denuncia y pedido de investigación por la amenaza realizada por Etchecolatz durante la lectura de la sentencia en que se lo condenó a cadena perpetua.
         
La amenaza fue realizada el día 24 de Octubre al  culminar el juicio a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi. Fue en ese marco en que el genocida pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrar.
Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a Etchecolatz y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio imputado.
          
Llegamos a este juicio, al igual que los ya realizados anteriormente,  gracias a la persistente lucha de los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y de una gran mayoría de organizaciones populares con las que dimos por tierra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a la vez que en base a las declaraciones de sobrevivientes e investigaciones fuimos reuniendo los datos que nos permitieron sostener las acusaciones en estos procesos.
          
Más allá de algunas consideraciones particulares, que próximamente daremos a conocer, valoramos como una victoria, en algún caso parcial, las condenas y en especial de las cadenas perpetuas a 15 de los imputados.
          
Sin embargo sabemos que este camino de búsqueda de Justicia está minado por varios motivos. El genocidio perpetrado por la dictadura tuvo sus antecedentes y también sus consecuencias y de estas últimas el intento de  impunidad es una de las más relevantes. Y es esta impunidad que aún persiste la que permitió la segunda desaparición de Jorge Julio López.
          
Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por encontrar al compañero y castigar a sus desaparecedores. Desde el mismo 18 de Septiembre de 2006, día en que desapareció López, Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes, una de las principales perpetradoras del genocidio, permanecían en sus filas desde  el período en que este genocida fue Director de Investigaciones y por lo tanto lo seguían considerando su jefe.
          
Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
        
 No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.
          
La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que le caben.
          
La fragmentación de los juicios, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazas.
 
Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS

 
 
Justicia YA! La Plata está integrado por:
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos

domingo, 26 de octubre de 2014

Etchecolatz amenaza a testigos

      El día 24 de octubre fue leída la sentencia a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi .

      Durante la parte de la lectura en que se condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz (MOE), una vez más a cadena perpetua, por su harta comprobada actuación en el genocidio perpetrado durante la dictadura, el reo pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrado.

      Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a este genocida y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio MOE.
      Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por averiguar y castigar a sus desaparecedores. Desde un primer momento Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes eran miembros de esta fuerza, una de las principales perpetradoras del genocidio.
     Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
    No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.

   La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que les caben.

   La fragmentación de los juicios a los genocidas, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazazas.

Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

La Cacha : Condenados a perpetua 15 de los 21 imputados


“No es una alegría, es un gran paso de la Justicia”
La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

Se juzgaron los crímenes cometidos contra más de 100 hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino que funcionó en Olmos durante la dictadura. También hubo penas de 13 y 12 años de prisión, y un absuelto.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.

Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.

Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.

Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.

Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.

“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.

“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

URGENTE COMUNICADO DE PRENSA de MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Denunciamos la provocación por parte del gobierno y los organismos cooptados que se está produciendo en estos momentos en la calle  4 y 51.
    
Desde que se hiciera el primer juicio a los genocidas en la ex –AMIA, la MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA, junto a JUSTICIA YA LA PLATA hemos tenido una presencia permanente dentro y fuera de la sala donde se desarrolla el debate oral y en cada sentencia realizamos un acto en las calles 4 y 51. 

Hoy, día en que se dictará la sentencia a un grupo de genocidas que actuaron en el CCD La Cacha, luego de que los compañeros de los distintos espacios que integramos estos dos colectivos ya tuviéramos armado nuestro escenario, apareció una empresa privada a colocar una estructura con el fin de que el gobierno y los organismos cooptados pudieran hacer un acto oficial. Esto es una clara provocación con el fin de intentar acallar las voces de quienes denunciamos la impunidad de ayer pero también la impunidad al avasallamiento a los derechos humanos hoy.

Al gobierno le molesta que desnudemos su mentira:

* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura a la par que se reprime brutalmente, como sucedió el día de ayer, a obreros que reclaman por ser reincorporados en LEAR, dejando a decenas de manifestantes heridos, algunos hospitalizados en grave estado.
 
* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando miles de represores siguen libres porque el gobierno se niega a abrir los archivos de la dictadura.
 
* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura cuando un genocida, miembro del servicio de inteligencia del ejército y responsable de  desapariciones como la del conscripto Agapito Ledo, el general Milani es nombrado como responsable de las FFAA y defendido a ultranza por el gobierno y vergonzosamente por los organismos cooptados.

 * No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando hay más de 6.000 compañeros criminalizados por pedir trabajo digno, salarios, tierras, viviendas, salud, educación, etc.
    
Los 30.000 compañeros desaparecidos lucharon por una sociedad sin explotadores ni explotados y no por ningún capitalismo en donde los empresarios la sigan “juntando con la pala” y donde a costa del sacrificio de los trabajadores y el pueblo se siga pagando una deuda externa comprobadamente fraudulenta y usuraria.
    
Por más plata y escenario que pongan para intentar acallar nuestras voces, seguiremos en las calles reclamando y exigiendo lo mismo por lo que pelearon los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
    
EXIGIMOS EL RETIRO DEL ESCENARIO MONTADO POR EL GOBIERNO EN LAS CALLES 4 Y 51
    
HACEMOS RESPONSABLES A LOS ORGANISMOS COOPTADOS Y AL GOBIERNO POR LA SEGURIDAD DE LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN CON NUESTRO ESCENARIO.
    
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS

    
MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

viernes, 24 de octubre de 2014

Represores a la espera de su condena

Hoy se dará a conocer la sentencia en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha.

Hay 21 acusados, entre militares, policías, ex integrantes del Servicio Penitenciario y civiles. Para la mayoría de ellos, los querellantes solicitaron la pena de prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito de genocidio.

 Por Ailín Bullentini

Hay quienes describen a La Cacha como un acertijo: un edificio en la localidad platense de Olmos que, sin pertenencia clara a ninguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad, funcionó entre 1976 y 1978 como centro clandestino de detención al que la última dictadura cívico-militar envió estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores con compromiso sindical o político, y familiares de unos y otros, y de donde muy pocos pudieron salir con vida. La perseverancia de organismos defensores de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas mantuvo viva la lucha para que el acertijo comenzara a develarse. Hoy, el juicio oral contra una veintena de responsables de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron, y que para varias querellas fue un tanto desprolijo y parcial, tendrá su condena. Para la mayoría de los 21 acusados, las seis querellas que participaron en el juicio pidieron prisión perpetua y enmarcaron los hechos que cometieron en el delito internacional de genocidio. La fiscalía sorprendió en su argumentación al considerar la absolución para uno de ellos.

En casi un año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata –presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Vega y Pablo Jantus– escuchó a casi dos centenares de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, hablar de lo que sucedió en La Cacha y de algunos pocos hechos relacionados con el secuestro y las torturas que se cometieron en ese centro clandestino de detención en perjuicio de 135 personas y el asesinato de cuatro de esas víctimas, entre ellos la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el hermano del embajador argentino en España, Carlos Bettini. Por tales hechos los jueces evaluaron la responsabilidad de 21 acusados. Los militares retirados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Luis Perea, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón, Anselmo Palavezzati integraron el Destacamento de Inteligencia 101, que dependía del Regimiento 7 de La Plata, junto con los civiles Raúl Espinoza, Claudio Grande y Rufino Batalla. Héctor “Oso” Acuña e Isaac Miranda fueron miembros del Servicio Penitenciario. Juan Carlos Herzberg fue marino. La nómina de imputados la completan cuatro policías bonaerenses, entre los que figura el ya condenado por genocidio Miguel Angel Etchecolatz –sólo imputados por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi– y Jaime Smart, ex funcionario del gobierno provincial de facto.
Juicio parcial

“Esperamos lo que pedimos: la condena para todos los imputados con cumplimiento efectivo en cárcel común por la comisión del delito de genocidio”, explicó la sobreviviente Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Ese organismo integra el colectivo Justicia Ya!, que intervino como querella.

En su inmensa mayoría, las víctimas tenidas en cuenta en el debate oral pasaron por este centro clandestino durante 1977. Los que pasaron por La Cacha en 1978, excepto Laura Carlotto, quedaron fuera de este proceso, a la espera del avance en la instrucción y la elevación de sus expedientes a juicio oral. Por eso Eloy dice que este juicio fue “sumamente parcial” y “poco representativo de la realidad de La Cacha”. Por eso, y porque “hay una parte fundamental de los represores que está ausente” en el banquillo,

Justicia Ya! exigió se profundice la investigación sobre el Servicio Penitenciario y la Armada y que se estudie la responsabilidad de varios integrantes del Poder Judicial y de algunos profesores de aquellos años de la Universidad Nacional de La Plata en delitos de lesa humanidad.

Las embarazadas

Para Emanuel Lovelli, quien junto a Colleen Wendy Torre representó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el debate fue largo, aunque importante, ya que “se acumuló un caudal probatorio muy importante que refuerza los hechos”, algo “necesario”: “La Cacha no era una dependencia oficial de ninguna fuerza, sino un edificio entre dos cárceles que no fue destino de ningún efectivo. Desde un primer momento fue un acertijo que los testimonios de los sobrevivientes y los legajos de los imputados ayudaron a desentrañar”, apuntó.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo imputó a 16 acusados por los secuestros y los asesinatos de Carlotto y Olga Casado, y la privación ilegítima de la libertad de María Elena Corvalán, Cristina Marrocco, Graciela Quesada y María Rosa Tolosa. Todas atravesaron embarazadas sus detenciones clandestinas y las torturas. Se sabe que la mayoría de ellas parió en cautiverio. Los hijos de algunas de ellas les fueron robados. Algunos, como Ignacio Guido Montoya Carlotto, los mellizos Re-ggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson, fueron recuperados.

Hubo casos de mujeres embarazadas que pasaron por La Cacha y que no llegaron a este juicio, como el de Adriana Tasca. También quedaron afuera los hijos de esas mujeres como víctimas propiamente dichas. Es el caso de Ignacio Guido Montoya Carlotto. “Hicimos un pedido en la instrucción, que en un primer momento el fiscal lo incluyó, pero Blanco no tomó indagatorias en ese sentido y, cuando insistimos, Blanco consideró que no hacía lugar”, explicó Lovelli.

Las otras querellas

El primer alegato, el de la fiscalía, abrió la cancha con los pedidos de prisión perpetua: lo consideró en 18 de los 21 acusados y alcanzó a la mayoría de los integrantes del Destacamento 101, a los penitenciarios a los bonaerenses y a Smart. Pero luego, los fiscales Hernán Shapiro y Gerardo Fernández bajaron el ritmo: 16 años de prisión solicitaron para Herzberg, 14 para el civil Batalla y la absolución para Perea. Las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial siguieron la línea de las acusaciones particulares: penas para todos los imputados en el marco del delito internacional de genocidio; perpetua para Smart, los dos penitenciarios y todos los integrantes del Destacamento de Inteligencia que llegaron a juicio, al igual que para los policías; para Herzberg pidieron 20 años.

La querella de la familia Bettini imputó a Etchecolatz y a su séquito de bonaerenses, Julio César Garrachico, Eduardo Gargano y Horacio Luján, y a los ex integrantes del destacamento. Para los primeros, por el asesinato de Marcelo Bettini y la privación ilegítima de la libertad más aplicación de tormentos en perjuicio de Antonio Bettini y María Mercedes Hourquebie, exigieron la pena máxima. Para los segundos, 25 años de cárcel. Además, pidieron que se investigara la implicancia de la Marina en comisión de delitos de lesa humanidad en La Cacha. La pena máxima también fue exigida para los mismos acusados por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Adrián Bogliano, Julio César Cagni, Elba Ramírez Abella, María Seoane Toimil y Nora Silvestri.
Ultimas palabras

Algunos de los acusados hicieron uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. Fernández, Herrero Anzorena, Acuña –que debió ser interrumpido por el TOF debido a que trataba a los jueces de “soporte jurídico del terrorismo montonero”– y Cacivio fueron algunos de ellos. Este último, incluso, aprovechó para esbozar la división vertical de tareas de las fuerzas de seguridad y evaluar responsabilidades.

Cacivio consideró que quienes actuaron por debajo de él en la cadena de mandos tuvieron menos responsabilidad que él mismo en los hechos basándose en un equiparamiento de la estructura vertical de las fuerzas y la lógica de división de tareas que reinó en los centros clandestinos de detención. “¿Ahora tenemos que creer que 600 centros clandestinos que hubo en el país fueron todos manejados por oficiales?”, ironizó Eloy.

La estrategia de Cacivio entra en crisis cuando se analiza quién hizo qué en el mínimo grupo de integrantes de la represión estatal de la última dictadura que se analiza en este juicio: Acuña, por poner un ejemplo, era integrante de la guardia que el Servicio Penitenciario hacía en La Cacha. No era, por cadena de mandos, quien tomaba ninguna decisión. Sin embargo, son incontables los testimonios que lo ubican como protagonista principal, y excedido en sadismo y violencia, en la sala de tortura.

La Cacha: el silencio de los acusados antes de la sentencia

El viernes a las 6, el tribunal dará a conocer el veredicto. El juicio investigó los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en el centro clandestino, entre los que está el de Laura Carolotto. Los fiscales pidieron que se condene a 18 de los 21 represores acusados.

 
Sebastián Losada.

Tras las últimas palabras de los imputados el juicio oral por los crímenes de La Cacha, el centro clandestino de detención y tortura funcionó en las afueras de La Plata, llegará a su fin el viernes. En la audiencia de ayer, la penúltima del juicio, todos los imputados que fueron consultados  prefirieron el silencio. Rufino Batalla, Anselmo Palavezzati y Julio César  Garachico fueron  negándose, alternadamente, a utilizar su última posibilidad de hablar.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 le preguntaron a los abogados si habían hablado con sus defendidos, Juan José Losinno, defensor de Claudio Grande, contestó que su cliente ya había dicho que “no iba a hablar”. Grande fue agente de inteligencia e integró el Destacamento 101 durante toda la dictadura. Hace dos semanas durante más de seis horas de alegato, Losinno, aseguró que Grande nunca pisó ni supo de la existencia de La Cacha

La semana anterior había sido distinto. Miguel Osvaldo Etchecolatz, Héctor Raúl Acuña, Juan Carlos Herzberg, Gustavo Adolfo Cacivio, Raúl Ricardo Espinoza, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda y Emilio Alberto Herrero Anzorena hicieron uso de la palabra. Los discursos variaron entre la supuesta persecución política y la inocencia por falta de pruebas. El único que se negó a hacerlo fue el civil Jaime Lamont Smart.

La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En los más de 10 meses que lleva de audiencias el juicio y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se condene a prisión perpetua a 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha. En el petitorio final, las abogadas Pía Garralda, Ailin Álvarez y Carolina Vilches pidieron que se investiguen las responsabilidades –surgidas de los relatos del juicio- de una docena de médicos forenses, del ex capellán Emilio Teodoro Grasselli y una decena de jueces y ex jueces. Pidieron, además, que se les inicie juicio académico a Pedro Luis Soria, Carlos Mayón y Horacio Piombo, que aún dictan clases en la facultad de Derecho de La Plata.

Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

El viernes a las diez de la mañana la audiencia se reanudará para que tengan esa posibilidad los últimos dos acusados. Será una jornada intensa: a las 11 de la mañana, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia hará la demarcación de La Cacha como sitio de Memoria; a las tres de la tarde, el Destacamento 101. A las seis, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus darán el veredicto.

lunes, 20 de octubre de 2014

Justicia Ya La Plata: Sentencia por el CCD y E La Cacha

MIERCOLES 22 DE OCTUBRE – DESDE LAS 10 HS
Audiencia juicio La Cacha – Continúan las palabras de los genocidas.
Convocamos a repudiarlos con nuestra presencia.
Sala de Audiencias – 4 e/51 y 53

VIERNES 24 de OCTUBRE – DESDE LAS 10hs

JORNADA DE LUCHA EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51
(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)
 
24/10 SENTENCIA EN EL JUICIO POR EL CCD LA CACHA

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. El nombre “La Cacha” se refiere al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por el denominado grupo CLAMOR en San Pablo.

Tras tener 10 años la causa en sus manos, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter se dedicaron a fragmentar la causa y parcializar las imputaciones. El resultado fue que en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos del año '77. Así quedaron fuera de este proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesados.
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo: el gobernador militar, Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval. En la causa continúa prófugo el represor Teodoro Gauto, y fue detenido en Panamá Ricardo Von Kyaw.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.

A pedido de la familia Bettini se sumó al juicio la causa por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre del ’76, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de “juicios a cuentagotas” en todo el país, que en 11 años sólo ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25% de los 2.000 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a esta sentencia con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 genocidas a la espera de ser juzgados. Es decir que el esquema de juicios que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
Seguimos denunciando la impunidad de ayer y de hoy, porque sigue al frente del Ejército un genocida de inteligencia de la dictadura, porque se sigue criminalizando la protesta social y porque sigue muriendo un pibe pobre día por medio en cárceles y comisarías.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN K

VIERNES 24 de OCTUBRE – DESDE LAS 10hs
JORNADA DE LUCHA EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51
(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)

LA MEMORIA ES DEL PUEBLO, NO DE LOS GOBIERNOS
MULTISECTORIAL LA PLATA-BERISSO-ENSENADA
JUSTICIA YA!  LA PLATA

jueves, 2 de octubre de 2014

Fiscales platenses pidieron el juicio oral para una apropiadora y una médica que falseó datos

Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, padres de la niña apropiada que fueron desaparecidos en La Plata por la dictadura. 

La Unidad Fiscal Federal de La Plata requirió la elevación a juicio de Celia Beatriz Ger, imputada de inscribir como propia a una hija de víctimas del terrorismo de Estado, y de la médica Nora Raquel Manacorda, quien -según la acusación- facilitó la maniobra con la inscripción de datos falsos en el certificado de nacimiento y con ello permitió la sustitución de la identidad y la retención y el ocultamiento de la víctima.

El sitio fiscales.gob señaló que "la presentación fue formulada por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y por el fiscal ad hoc, Juan Martín Nogueira, ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Los representantes del Ministerio Público enmarcaron el crimen en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas ejecutado durante el terrorismo de Estado y recurrieron a jurisprudencia de tribunales internacionales para calificarlo de "forma concurrente o acumulativa" como "crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad". No obstante, puntualizaron que postulaban la "acusación alternativa" por "crímenes contra la humanidad" para el caso de que no se hiciera lugar al planteo original".

La víctima, que conoció su identidad en 2008, es la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, militantes de la organización Montoneros que fueron asesinados durante la última dictadura en La Plata.

La niña fue inscripta el 2 de marzo de 1978 en una sede del Registro Provincial de las Personas en La Plata. El militar Esteban Santillán (fallecido), quien revistaba por entonces en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, la inscribió como su hija y la de su esposa, la imputada Ger, gracias al certificado extendido por la médica de policía Manacorda.

El certificado de nacimiento, anulado durante el trámite de la causa, decía que la niña había nacido el 10 de febrero de aquel año en la calle 54, entre 19 y 20, dirección que coincide con la que tenía el Regimiento 7 de Infantería y en la que no había ningún centro de salud. La pertenencia de Santillán a la inteligencia castrense, la firma de Manacorda en el documento y el lugar de nacimiento fueron tres indicios que fundaron las sospechas en el comienzo de la investigación.

Santillán actuó en Tucumán en 1975 y luego cumplió servicios en el Batallón 601 de Inteligencia bajo el mando del también fallecido coronel Alejandro Agustín Arias Duval, quien estuvo a cargo del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata. El centro clandestino La Cacha -donde estuvo secuestrada Olga Casado- funcionaba bajo el control de esa unidad militar, que además estaba encargada de las tareas de espionaje en la región en el marco de la represión ilegal.

El padre de la víctima, Juan Oscar Cugura, fue asesinado el 11 de octubre de 1977 durante un procedimiento realizado por personal de la Policía Federal Argentina en el marco de un raid represivo. Su cuerpo y el de Olga Casado fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en tumbas sin identificar del cementerio platense en la investigación que lleva a cabo desde 1998 la Cámara Federal de La Plata por el derecho a la verdad.

Olga Casado era enfermera y fue secuestrada el 22 de noviembre de 1977 cuando cursaba su séptimo mes de embarazo. El procedimiento fue perpetrado en un departamento de la calle 54 N° 1271, a solo media cuadra de donde estaba situado el Regimiento 7 de Infantería, sede de la jefatura del área militar 113, responsable de las operaciones de la represión ilegal en la zona.

En esa oportunidad también fueron capturadas María Teresa Calderoni -única sobreviviente-, Nora Formiga y Elena Arce, estas dos últimas también asesinadas, sepultadas como NN y luego identificadas por el EAAF. Todas fueron trasladadas al centro clandestino de detención La Cacha, ubicado junto al complejo penitenciario de Olmos, en una zona suburbana del oeste del partido de La Plata.

Por testimonios de sobrevivientes, se sabe que en enero del '78, Olga Casado fue trasladada al centro clandestino Puesto Vasco, en Quilmes, y que luego fue regresada a La Cacha.