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jueves, 18 de enero de 2018

Represor Héctor "El Oso" Acuña : Del campo de concentración a la propia casa

Denunciaron al represor Héctor “El Oso” Acuña por abuso sexual de una menor que estaba a su cuidado

Durante la última dictadura integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Una joven con quien tenía un vínculo familiar denunció que abusó de ella durante diez años, incluso en la cárcel de Marcos Paz.

Por Victoria Ginzberg (página12)

Héctor “El Oso” Acuña era temido hasta por los guardias del centro clandestino La Cacha, donde era uno de los jefes.

Si no hubieran existido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la década del 90 Héctor “El Oso” Acuña hubiera estado en prisión. Durante la última dictadura integró la Dirección de Seguridad de la jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense y fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención. Pero Acuña estaba libre. Y durante diez años abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera arrestado en 2006. A los 16 años pudo, a pesar de las amenazas de Acuña, contárselo a una amiga y así comenzó el camino que terminó con la denuncia judicial. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Marquevich, fiscal federal interino de Morón la concretaron formalmente esta semana y pidieron que Acuña, que está tramitando su arresto domiciliario, sea llamado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual agravado.  

 Desde pequeña, la joven cuyo nombre se mantiene en reserva quedaba al cuidado de Acuña, con quien tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, dice la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel. “Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, señaló Labozzetta en su presentación.

La detención del represor en 2006 se produjo por los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Unidad 9 de La Plata. En octubre de 2010 fue condenado a diez años de prisión. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que en esa cárcel existió, “a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos, con el fin de quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización; por la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y por desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte”. 

En 2014 recibió una segunda condena del mismo tribunal, esta vez a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas en el centro clandestino de detención La Cacha, llamado así por el personaje de historieta la Bruja Cachavacha, que hacía desaparecer personas. 

La Cacha funcionó desde fines de 1976 hasta octubre de 1978 en las instalaciones de la antigua antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, en el predio de la penitenciaría de Olmos. Allí actuaron patotas de las Fuerzas Armadas y de distintas fuerzas de seguridad: las que pertenecían al Regimiento 7, al Servicio de Inteligencia del Ejército, a la Marina y al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, donde reportaba Acuña. 

  En el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, Ricardo Molina contó que fue secuestrado el 14 de abril de 1977 por la noche en su domicilio por un grupo de tareas comandado por una persona que se hacía llamar “El Francés” (Gustavo Adolfo Cacivio). Que fue llevado a La Cacha en el asiento trasero de un Torino blanco de cuatro puertas y que al llegar al centro clandestino, un sujeto muy violento al que le decían el Oso lo sacó del auto de los pelos y que aunque no le vio la cara presumía que participaba en sesiones de torturas y estaba regularmente en el lugar. María Laura Bretal relató que en La Cacha los secuestrados fueron humillados, engrillados de pies y manos, encapuchados y describió a “el Oso” como un “terrible torturador que era del Servicio Penitenciario”. Un testigo que vive en el exterior y declaró mediante videoconferencia y con el pedido de que no hubiera público en la sala y se reservara su nombre relató abusos sexuales por parte del Oso Acuña mientras lo torturaban. 

En ese juicio, en el que también fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia. También afirmó que hacía sentir miedo a los guardias del centro clandestino. 

Acuña, además, fue procesado por amenazar con degollar al juez federal César Alvarez durante una visita del magistrado a la cárcel de Ezeiza. En esa oportunidad, la defensa argumentó que no había sido una amenaza sino “una bravuconada propia de una persona en evidente situación de vulnerabilidad por su condición de detenido”. También amedrentó a testigos durante el juicio de La Cacha. En una audiencia realizada en septiembre de 2014 le dijo a una de las sobrevivientes: “Mirá cómo dejaron el país en diez años, vamos a ver dónde te metés en tres o cuatro meses, ya te voy a agarrar”.       

 Y también amenazaba a la niña de la que abusaba. Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado. Su amiga, que también declaró ante la UFEM, relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. Y recordó que en la cabecera de la cama del represor había un espacio de guardado donde había armas y que ambas las habían visto. La denunciante había logrado que no la obligaran a ir a verlo a la cárcel, pero cuando escucharon por televisión que podía salir en libertad, su amiga la convenció de que le contara los hechos a un adulto. Primero le dijeron a la madre de su amiga. Y así se enteró la familia. Tiempo después, se decidió a hacer la denuncia judicial. 

“La joven que fue víctima de Acuña se contactó con nosotros porque quería hacer la denuncia. Sabía que iba a tener cierta exposición, pero estaba muy segura de haber iniciado este camino. También tuvo apoyo psicológico. Estamos conformes con el trabajo de la UFEM y tenemos expectativa de saber cómo va a proceder el juzgado ahora”, dijo a PáginaI12 Sofía Ballesteros, de la organización La Ciega, un colectivo de abogadxs populares de La Plata que acompañó a la denunciante de este caso. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.
(10/01/18)

martes, 2 de agosto de 2016

Multisectorial La Plata Berisso Y. Ensenada :repudio al arresto domiciliario del genocida Echecolatz

Desde la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada repudiamos y rechazamos
la concesión de arresto domiciliario para el genocida Miguel Etchecolatz.
Esta medida de privilegio fue dada por parte de los jueces subrogantes Germán Andrés Castelli, Roberto Agustín Lemos Arias y Jorge Michelli.

Condenado a cadena perpetua, pretende el represor el privilegio de ser trasladado a su domicilio por “razones de salud”, las mismas que se le niega sistemáticamente a miles de presos en las cárceles del país. Entiende el tribunal que este genocida no presenta peligro de fuga ni entorpecerá en las otras causas en las que está siendo juzgado. Olvidan estos jueces, que Jorge Julio López permanece desaparecido y la relación manifiesta, aunque no investigada entre dicho represor y la segunda desaparición de López.

Este es un nuevo paso en dirección a una pretendida “reconciliación” auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales, tanto del anterior gobierno como el de Mauricio Macri, como de otros sectores que se sienten representados en la editorial del Diario La Nación del día siguiente al ballotage. 

Desde esta Multisectorial manifestamos que esta medida como todas aquellas que pretendan avanzar en la impunidad de tantos años, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias.

CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN NI RECONCILIACIÓN.
A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ,NO PASARÁN !!!

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

jueves, 26 de noviembre de 2015

Piden elevar a juicio oral la causa por los crímenes en el Pozo de Banfield

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira presentaron el requerimiento ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. 

Es la primera vez que la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata acusa por delitos sexuales en la instancia de elevación. Entre los acusados, se encuentran Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés.

La causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield está en manos del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien deberá definir si se eleva a juicio oral y público. El pedido fue presentado por el fiscal general platense Marcelo Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, quienes acusaron a 15 ex militares, dos ex funcionarios civiles bonaerenses y tres ex policías por los hechos cometidos contra 252 víctimas en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires. Entre los acusados, están el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex médico policial, Jorge Antonio Bergés.

El pedido de elevación se presentó el 5 de noviembre pasado y expresa: “El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura”. Esta es la primera vez que la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, en La Plata, acusa por delitos sexuales en la instancia de elevación a juicio. Hasta ahora, el pedido de ampliación se realizaba durante las audiencias de debate oral.

De esta manera, los imputados llegarán a juicio formalmente imputados por esos crímenes. Según publicó el portal Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, Molina y Nogueira reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de testigos de diversos hechos y concluyeron que “la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD”. En esa línea, sostuvieron que su “persecución penal, cualquiera sea el encuadramiento típico que se les otorgue, es imprescriptible”.

El Pozo de Banfield
El ex centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield” se encuentra entre los más significativos del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico militar. En la esquina de Siciliano y Vernet todavía puede verse el edificio de tres plantas, con unos 25 metros de frente por unos 20 de fondo. Allí, hoy funciona uno de los tantos Sitios de Memoria.

En la planta baja, estaba montada la dirección operativa del centro clandestino: la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso, se encontraban algunos calabozos y la estructura administrativa: oficinas, comedor y casino de personal, cocinas y baños. En el segundo, los calabozos ascendían a 24, divididos en dos sectores. En uno, alojaban a los hombres; en el otro, a las mujeres.

En el Pozo funcionó la Brigada de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, desde octubre de 1974 hasta enero de 1977. Fue entonces que pasó a formar parte de  las Direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Como centro clandestino, funcionó entre 1974 y 1978: se registraron 182 detenidos y se detectaron diversas funciones, según la época. Fue depósito –paso previo al “traslado” o legalización–, centro de tortura y, esencialmente, una de las maternidades clandestinas más atroces de la región. Según una investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata, al menos 16 embarazadas pasaron por allí, de las cuáles sólo una fue liberada. En estas celdas, fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices.

Los acusados

Además de Smart, Etchecolatz y Bergés, llegarán a juicio el entonces secretario de Gobierno –devenido en juez federal, ya en democracia– Juan María Torino, acusado junto a su jefe Smart por su rol de contralor sobre la Policía bonaerense; y el ex comisario y segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Augusto Barre. Entre los militares que llegarán a juicio, se destaca el caso del ex prófugo miembro del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, Ricardo Luis Von Kyaw, quien fue deportado desde Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa. Apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la Argentina, quedó detenido.

La lista se completa con el sub jefe del Comando de la Subzona 11, Héctor Humberto Gamen; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, asiento del Área militar 112, Federico Minicucci; y los siguientes ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101: el capitán de Caballería, Miguel Ángel Amigo; el capitán de Infantería a cargo de la Central de Reunión y, luego, jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; los jefes de  Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández; el oficial de la Sección Central de Reunión, Gustavo Adolfo Cacivio; el jefe de la Sección Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los capitanes Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati; el jefe de la Sección Central de Reunión, Emilio Alberto Herrero Anzorena; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.

domingo, 23 de agosto de 2015

Un represor de la Marina violó la prisión domiciliaria

A juicio con un arsenal en casa

Durante la 5ta audiencia del juicio a la Fuerza de Tareas 5 el represor Juan Carlos Herzberg “ofreció” al tribunal las armas que posee en su casa donde, pese a 2 condenas anteriores, goza del beneficio de la domiciliaria. La farsa del control de ejecución de las preventivas y un tribunal que olvida lo sucedido con Jorge Julio Lopez.

Por HIJOS La Plata

Durante la 5ta audiencia del juicio que se lleva adelante en La Plata por los crímenes de la “Fuerza de Tareas 5” de Armada y Prefectura en Ensenada, Berisso y La Plata, quedó al descubierto la fragilidad con que justicia Federal intenta llevar adelante estos procesos, en franca exposición a males mayores sobre los testigos.
Luego de escuchar a los sobrevivientes Carlos Perdomo, Jorge Arri, Luis Córdoba, María del Carmen Miranda y Luis Bloga, el Tribunal Oral 1 de La Plata se propuso resolver algunos planteos de las partes sobre la “situación” de los represores imputados. Más temprano se había anunciado que sólo se encontraban presentes 4 de los 8 juzgados, que salvo uno cumplen prisión preventiva domiciliaria. Entre los ausentes estaba Juan Carlos Herzberg, oficial de la Marina que actuó como Director del Liceo Naval y Comandante de la FT5 entre febrero del '77 y el mismo mes del '78. Herzberg y el Tribunal 1 de La Plata son viejos conocidos: en 2010 se lo condenó a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos María Natalia Suarez Nelson Corvalán, y en 2014 a otros 12 años por “complicidad en el Genocidio perpetrado durante la última dictadura” en 3 casos de secuestros juzgados en el proceso referido al CCD “La Cacha”. Pese a ello le sostuvieron la prisión domiciliaria, aún iniciado el tercer proceso que recae sobre él, esta vez específicamente por el plan represivo de la Armada en nuestra zona. Ahora el Tribunal lo tiene a disposición acusado sólo por la privación ilegal de la libertad de que fue víctima el desaparecido Mario Horacio Revoledo en mayo del '77. En abril pasado le había prorrogado la preventiva por 6 meses, y perdió la oportunidad de constatar su poder de fuego.
Sin haber informado antes a las mayoría de las querellas de los organismos de DD.HH., el tribunal hizo leer una resolución que anunciaba que en un allanamiento de noviembre pasado se habían encontrado municiones en el departamento de Luis María Campos al 1400 de CABA, donde el marino “cumple” el cómodo arresto.
Luego el TOF 1 informó que la fiscalía había pedido pericias para determinar si las municiones estaban en uso y si se correspondían con las armas que Herzberg había declarado poseer, eso sí bajo custodia de su hijo y su yerno. El asombro de las querellas, muchas de las cuales habían pedido la revocatoria de las domiciliarias al inicio del proceso, comenzaba a crecer, teniendo en cuenta que el hijo del represor es el fiador de su domiciliaria.
En lectura de corrido, los jueces informaron que Herzberg había presentado un escrito “poniendo a disposición del tribunal” las armas en cuestión.
La pericia del Registro Nacional de Armas (Renar) trocó el asombro en indignación para los pocos presentes en la sala: se informó que el reo tenía la credencial de portador vencida desde abril de 2009 y que su hijo estaba inhabilitado por el organismo a portarlas. Pero la mayor sorpresa fue al escuchar el verdadero arsenal que el marino ocultaba en su casa, o en poder de sus familiares: 11 armas de fuego, 8 calificadas “de guerra”, entre las calibre 12/70, las pistolas Smith &Weson, la Beretta, la Browning, los Winchester y hasta un fusil Máuser. A eso se le sumó el detalle de lo hallado en su casa, municiones calibre 12, 16, 22 y 44 más perdigones y pólvora sueltos, todos en buenas condiciones.
Pero mayor poder de fuego tuvo el tiro al aire con que el tribunal, en cuyo fuero 1 de cada 3 represores cumple domiciliaria, resolvió la cuestión. El juez César Álvarez propuso certificar los domicilios del hijo y yerno del marino, volver a ordenar pericias e informes al Renar para constatar nuevamente las condiciones de las armas y anoticiar a la Fiscalía para que inicie las investigaciones pertinentes sobre la posible comisión de un delito de acción pública. El Dr. Germán Castelli se limitó a rechazar el escrito presentado por el marino. El presidente del tribunal, Carlos Rosanzky, fue el único que votó por la revocación de la prisión domiciliaria para preservar la seguridad del imputado, su familia y los testigos del juicio. Argumentó también que el imputado no puede “ofrecer” al tribunal lo que no podía estar en su poder, y que hace más de un año el Registro había pedido al marino regularizar su situación sobre el material en cuestión.

Algunas querellas acompañaron el pedido de revocatoria con apelación en subsidio, a lo que se opuso el defensor oficial Adriano Máximo Liva, conocido por su encendida defensa del carnicero Luciano B. Menéndez en Córdoba en 2008, que dijo que el recurso no correspondía a las querellas, mucho menos en esta etapa del juicio. En un desconcierto general, el Tribunal afirmó que resolverá los planteos en la próxima audiencia, que será en 12 días. Mientras tanto Herzberg sigue en su casa sudando balas.

Antecedentes
El escandaloso hallazgo arroja varias reflexiones. Para empezar no es la primera vez que el TOF1 se enfrenta a este tipo de situaciones. En el juicio a Etchecolatz de 2006, el mismo tribunal le quitó la domiciliaria al jefe de las patotas de Camps a raíz de una denuncia del abogado querellante de la Asociación Anahí, que presidía la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani, quien pudo comprobar que el genocida -condenado y procesado en varias causas simultáneas- tenía armas "en perfecto funcionamiento" guardadas en su chalet de Mar del Plata, en donde cumplía el arresto domiciliario.

En aquella oportunidad el mismo tribunal, con voto de Rozansky y Norberto Lorenzo, había sostenido que “un individuo condenado entre otras penas a 23 años de prisión por gravísimos delitos e imputado en autos de una serie de también gravísimos hechos criminales, que posee un arma calibre 9mm y 30 proyectiles, no puede estar en su casa”. El tercer magistrado, Horacio Isaurralde, votó en disidencia. Pero además se desestimó el hecho de que la suegra de Etchecolatz hubiera entregado el arma a la Justicia cuando se enteró de la denuncia y argumenó que “el peligro potencial de la situación no disminuye en lo más mínimo con la simple y voluntaria entrega del arma (...) ni por las alegaciones de su defensor en cuanto a su frágil salud”, consideraron los jueces. Y añadieron: “Quien cumpliendo largas condenas, antiguo y entrenado usuario de armas y municiones y beneficiado por un sistema que le permitió alojarse en su propio domicilio, conserva en su poder desaprensivamente un arma de semejante calibre y una cantidad considerable de balas, representa un peligro para síy para terceros”.

Por último, los jueces compararon el caso de Etchecolatz con el de otros represores, a los cuales se les revocó el beneficio de del arresto domiciliario por quedar demostrado que salían de sus casas sin ningún tipo de control: “Si un detenido con régimen de prisión domiciliaria puede perder el beneficio e ir a la cárcel por el sólo hecho de salir para jugar al tenis o ir a comprar el pan, repugnaría el más elemental sentido de equidad que no lo perdiera quien posee en su casa una Browning 9 mm de Fabricaciones Militares”.
Aquella resolución se había dado 3 meses antes de la segunda desaparición forzada del testigo Jorge Julio Lopez, ocurrida sobre el final del juicio. Y fue confirmada por casación un año más tarde por entender que el reo era " peligroso para sí y para terceros ".
Pero la lección no fue suficiente para el Estado nacional, improvisado responsable de otorgar la tenencia y controlar la circulación de armas.

En octubre de 2007, ante un pedido del Ministerio de Defensa, el Renar dispuso “la inhabilidad preventiva como usuarios de armas” de 162 militares procesados en causas por delitos de lesa humanidad. Por entonces se informaba que los reos, entre los que se contaba a los jefes Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Albano Harguindeguy, Ramón Genaro Díaz Bessone, al asesino Alfredo Astiz, al jefe del “Vesubio” Alberto Durán Sáenz y al agente del Batallón 601 Pascual Guerrieri, debían entregar revólveres y pistolas en diez días.

La decisión se había motivado en el escándalo que significó aquel hecho referido a Etchecolatz, sumado al caso Lopez, y a que el general Ernesto Alais, acusado de participar en la represión en Tucumán y procesado en la causa por el “Plan Cóndor”, había llegado ser presidente de la Federación Argentina de Tiro.

Desde el Ministerio de Defensa, entonces en manos de Nilda Garré, trataron de romper la inercia corporativa de las Fuerzas Armadas pasándole el Renar a la cartera de Interior. El titular del organismo, Andrés Meiszner, intentó explicar que “la resolución 197 del 2006 modificó los requisitos para habilitar la tenencia de armas de fuego y dispuso que la autorización cae ante la sustanciación de cualquier proceso judicial”. Supuestamente, por un antecedente penal se inhabilitaba preventivamente la tenencia, y las armas quedaban en custodia del organismo hasta que se terminara el sumario y luego se destruían, o bien se le daba curso a la Unidad Fiscal del Renar para secuestrar el arma. Muy prolijo pero, a la vista de los hechos del juicio FT5 de La Plata, inexistente.
Lo que se presentó como una medida específica para control de os procesados por los casos de crímenes del Terrorismo de Estado, era en realidad una tardía constatación de morosidad masiva de reempadronamiento de parte de los represores. De hecho la citada resolución, que puede verse en http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&m=3&ley=32&disp=si , estipulaba requisitos generales para acceder a la condición de legítimo usuario de armas de fuego, sean de uso civil o de uso civil condicional con el objetivo manifiesto de “optimizar el sistema de registración y el debido contralor de los usuarios”. Para ello reordenaba los requisitos: acreditar identidad, domicilio, medios de vida, inexistencia de causas penales, aptitud psico-física y la debida instrucción y papeleo.

Para el año 2012, el Renar informaba orgulloso que, por la vía del Plan de Desarme Voluntario, en los últimos diez años la portación y la tenencia habían bajado un 50 por ciento. El titular del organismo, Matías Molle, declaraba exhultante que “el kirchnerismo vino a cambiar la política de armas del Estado argentino”, porque “es el único país de Latinoamérica donde el organismo encargado de controlar las armas está a cargo de un civil”.

Sin hacer diferencia entre la regularización o quita de circulación de armas legales y la proliferación de armas ilegales, Molle confesaba la precariedad de actuación del máximo órgano del Estado nacional en la materia: “Lo primero que hicimos fue contactarnos con el Ministerio Público Fiscal y la organización H.I.J.O.S. Ellos nos dieron la información de las personas que estaban procesadas por delitos de lesa humanidad y con esa información empezamos a trabajar”. http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/uso-de-armas-inhabilitan-a-imputados-de-lesa-y-agentes-exonerados-842.html

Sin trabajo de inteligencia ni estadísticas propias, la gestión K subestimaba así las viejas mañas de los dinosaurios de la dictadura. Los antecedentes sobre el descontrol de las domiciliarias en el fuero Federal de La Plata tienen ya varios capítulos: el arma de Etchecolatz dio paso al otorgamiento de domiciliaria al médico represor de la Brigada de San Justo, Juan Antonio Vidal, que estuvo más de 8 años prófugo y fue hallado en su propio domicilio, a la fuga del jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk de su casa de Mar Del Plata con ayuda de su hija policía, y a los paseos prohibidos en bicicleta del represor del Destacamento 101 Carlos Hidalgo Garzón desde un geriátrico abierto.

Privilegios
No es de extrañar para un proceso de juzgamiento que esperó a la segunda desaparición de Lopez y su escalada posterior en el amedrentamiento de testigos para poner en funcionamiento un programa específico de acompañamiento de los sobrevivientes llamados a declarar. Tampoco de una política del bombero, que necesitó el envenenamiento de Héctor Febres, prefecto preso en dependencias federales de la fuerza a la que pertenecía aunque había violado reiteradamente el arresto, para decretar que los custodios de los represores no podían ser sus propios camaradas de fuerza.

El incidente Herzberg reabre la discusión sobre el otorgamiento de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia. La razón hegemónica parece ser enviar a los gerontes a su casa porque el Estado no posee infraestructura médica para tenderlos en prisión. Pero tampoco para controlar ese régimen aliviado.

En 2009 se modificó la ley 24.660, que rige la ejecución de penas, con su complementaria 26.472 y se amplió en su artículo 32 los supuestos en los cuales procedía la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, otorgando beneficios para mayores de 70 años, madres embarazadas o con niños pequeños y enfermos terminales. Se lo hizo sin realizar ninguna excepción al respecto cuando se tratara de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. El criterio de aplicación del beneficio, al no distinguir delitos graves de los comunes, es que debe regir igualitariamente, para “no generar discriminaciones donde la ley no hace diferencias”. L consecuencias de ese pretendido “igualitarismo” son nulas en una justicia de clase como la argentina, donde el 40% de los procesados por lesa humanidad gozan de la domiciliaria y la mayoría de los presos comunes de los servicios penitenciarios Federal y provinciales sufren la Prisión Preventiva como pena anticipada.

En los fundamentos de la sentencia que condenó a Herzberg en 2010 el juez Ronzasky señalaba que "es muy distinta una sociedad en la que los jóvenes se eduquen en una cultura del conocimiento cabal de su historia y con genocidas que cumplieron sus condenas en una cárcel común, que la de aquella en la que los condenados por gravísimos delitos contra la humanidad, disfruten del verano en City Bell, tomando un refresco al lado de la pileta de natación (...), ello es -a no dudarlo- sinónimo de impunidad".

Queda dicho por quien encabeza el tribunal que debe juzgar los delitos de una de las zonas más castigadas por la represión en la dictadura, a quien le secuestraron un testigo en democracia, a quien Etchecolatz le ganó una batalla a razón de amenazas logrando que se excusara de los próximos debates que lo involucran y, esta semana, a quien se le escapó por años un arsenal.

domingo, 19 de julio de 2015

Primera audiencia, juicio Fuerza de Tareas 5

(HIJOS LA PLATA) 
La primera cosa a destacar de este juicio respecto a los últimos es el contraste que significó la cantidad de imputados, cuando veníamos de procesos grandes como Unidad 9, Circuito Camps y La Cacha, con más de 20 imputados cada uno.

Y si en la previa del juicio denunciábamos que 2 de los 10 represores imputados habían muerto impunes este año, y que de los restantes sólo 1 cumplía prisión efectiva porque los demás gozaban de la domiciliaria, sorprendió que sólo se sentaran en el juicio 6 imputados.
En efecto, no se hicieron presentes el Vicealmirante Antonio Vañek, ya condenado a 40 años de prisión por su participación en el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, y supuestamente por encontrarse internado en el Hospital Naval con un dolor precordial. Tratándose del juicio a una importante estructura de la Armada en nuestra zona, la ausencia del reo de mayor rango en la fuerza se hizo sentir. Pero además, estuvo ausente el Comandante del BIM 3 José Casimiro Fernandez Carró, acusado por 7 casos de compañeros que pasaron por ese CCD, 3 de ellos desaparecidos. Sus letrados informaron una súbita bronquitis no informada en los días previos ante el Tribunal.

Entrando en la arena de las dilaciones, el abogado de Herzberg, plantó que su defendido no entendía lo que se estaba leyendo sobre él, y solicitó un cuarto intermedio para poder hacerle comprender lo que sucedía en la audiencia. El tribunal prosiguió con la lectura del requerimiento fiscal.

La querella del colectivo Justicia Ya La Plata solicitó al tribunal que los agentes del Servicio Penitenciario Federal que custodian a los imputados, dirijan su vista a los custodiados y no desafiantes al público. Ese planteo ya había sido realizado en el juicio por “La Cacha”, sumado a otro en que se pidió que los penitenciarios no portaran armas de fuego en la sala, dada la peligrosidad que implicaba para el público, los abogados, los jueces y hasta, si se quiere, para los propios imputados. En aquel debate el pedido ya había sido concedido, pero en escenario nuevo hubo que repetirlo.
Luego de un cuarto intermedio se dio lugar a las indagatorias de los imputados, quienes se ampararon todos en el derecho de no declarar.

El jefe de Prefectura Carlos Schaller, de 83 años, dijo que se lo recomendó su abogado. En su indagatoria de 2011 había dicho que mientras él se desempeño como Jefe de la Prefectura Puerto La Plata “no hubo detenidos en los calabozos, pero era una dependencia tomada por la Marina, que hacía pasar por ahí a los detenidos que traía a bordo de sus camiones, y los embarcaban sobre la dársena para llevarlos al Liceo Naval. Esa situación duró tres o cuatro días, y después ya no volvieron”. Según Schaller cuando asumió su puesto el 18 de marzo del '76 “le dije al Prefecto Pujol, que era el segundo en jerarquía del lugar, que se pusieran guante blanco para tratar a la gente que iban a traer”. La referencia vale tanto para el habitual uniforme de Marina como para los grandes delitos que se pretendía quedaran impunes.

El segundo jefe de Prefectura Luis Rocca, acusado por 12 casos de secuestro y torturas, no le siguió el relato a su jefe Schaller y se negó a declarar.
En el caso del Comandante de la FT5 Juan Errecaborde, acusado por 10 casos, incluidos 2 homicidios, se negó a declarar como lo hizo en todo el proceso.
El jefe de Operaciones del BIM 3, Eduardo Guitián, se llamó a silencio, pero se reservó el derecho de hacer una ampliación de la indagación cuando le tome la declaración fiscalía.
Coherente con su pérdida de lucidez el Director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, se amparó en el silencio. Lo mismo había hecho en el '99 en los Juicios por la Verdad y en 2011, ya detenido por hechos de este juicio y del CCD “La Cacha”.

El integrante del área de Inteligencia de Prefectura, Eduardo Meza dijo que no iba a declarar asesorado por su defensor. Simplemente intentó aclarar que él es suboficial, no jefe de subsección, y que estaba como encargado de la oficina de Inteligencia no como jefe. Meza, de 82 años, había hecho en 2007 una actuación ante el Dr. Durán, dudando si declarar o no. Finalmente se animó a decir que él estaba en Prefectura y en el Frigorífico Swift, en una oficina “donde llevábamos, eeeh, trabajos portuarios, los procedimientos que se hacían en el puerto, los procedimientos, todos sobre delitos delitos, penales” y que en el Swift colaboró “en el Departamento Protección, como un hombre más de Protección, pero en la lucha siempre contra el robo organizado que había adentro del frigorífico”. Cuatro años más tarde reconoció ante la Cámara federal platense: “Yo ingresé al frigorífico Swift en el año 1969, pidiendo autorización a Prefectura, porque el sueldo no me alcazaba para costear los estudios de mis hijas, que estaban estudiando en la facultad, y de Prefectura me autorizaron. Hablé con los gerentes del frigorífico, que eran dos Prefectos retirados. Uno se llamaba Juan D´angelo y el otro Mangin Gavernet, e ingresé como supervisor del departamento de protección”. Claro que estos detalles, y la fábula de que no utilizaron la estructura formal para reprimir, Meza y sus camaradas de armas se los están guardando para más adelante.

GENOCIDAS en el JUICIO. 
Tras este festival de silencios y omisiones, las distintas defensas de los represores solicitaron que, en razón de los informes del Cuerpo Médico Forense y diversos certificados a salud, se permita a 5 de los 8 imputados no asistir a las audiencias. El TOF 1 resolvió, por mayoría de Álvarez y Rozansky, que los imputados van a estar en la sala de audiencia, sin perjuicio de que se podrá estudiar cada caso por algún problema de salud. De corazón más blando ante los pobres militares seniles el juez German Castelli, en disidencia y en virtud del art. 380, toma el mismo criterio que tomó cunado integró el tribunal en la causa ESMA II.
Para finalizar las dilaciones de las defensas, uno de los abogados planteó que el público “molesta y es irrespetuosa en todo lo que puede” y pidió su expulsión de la sala.

Finalmente el Tribunal decidió realizar un cuarto intermedio hasta el lunes 3 de agosto, donde se continuará con las indagatorias de los ausentes Vañek y Fernández Carró. Además, ese día se abrirá la ronda de testigos que, a buen criterio del Tribunal, seguirán un orden cronológico respecto de los hechos juzgados.

LA ESQUINA. Foto: Fpds-cn La Plata Berisso Ensenada
PRÓXIMAS AUDIENCIAS
LUNES 3 Y MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
9 HS – 4 e/51 y 53.

HIJOS La Plata.
13 de JULIO de 2015

jueves, 2 de julio de 2015

La Armada y Prefectura al banquillo en La Plata.

Comienza el juicio por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5

El próximo lunes 13 de Julio a las 9 de la mañana dará comienzo el juicio contra 8 represores de la Armada y la Prefectura Naval por los crímenes cometidos en dictadura contra 40 compañeros en el accionar de la denominada “Fuerza de Tareas 5”. A más de un año de elevada a juicio, la causa incluye una cantidad ínfima de los casos de obreros desaparecidos de la región industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. Por la tardanza de la justicia ya murieron impunes 2 de los 10 procesados.

LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS
La región de Ensenada, Berisso y La Plata fue en las décadas del '60 y '70 una de las regiones más combativas en cuanto a reclamos sociales, pero sobre todo sindicales, con una gran organización y unidad en la clase trabajadora, donde abundaban las asambleas, las movilizaciones, los paros y las tomas de fábricas en reclamo por mejoras en las condiciones laborales, por el pago de sueldos atrasados, aumentos salariales, y por la entrada en vigencia de los convenios colectivos de trabajo.
En este contexto obreros de ASTILLERO RÍO SANTIAGO, PETROQUÍMICA MOSCONI, PROPULSORA Y SWIFT, junto con otros de distintas fabricas (SIAP- INDECO- KAISER ALUMINIO- DOCENTES-NO DOCENTES- MUNICIPALES) protagonizaron en junio del 75 una jornada histórica conocida como el “Ensenadazo”, en reclamo contra las políticas económicas impuestas por el ministro de economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. Se buscaba la homologación de la ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo. Al grito de “14.250 o paro nacional” estos 10.000 trabajadores marcharon de Ensenada a La Plata y congregados en la sede de la CGT local fueron salvajemente reprimidos. Días después y como resultado de la profundización de medidas de fuerza en todo el país, renunciaron Rodrigo y López Rega, y se consiguieron los convenios.
La Armada Asesina funcionó en dictadura reorganizando sus 11 Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país, desde el Alto Paraná al Atlántico más remoto. En nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el BIM 3 y en conjunto con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Prefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de Policía (1 y 60). Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
La mayoría de los compañeros liberados que serán parte del juicio que comenzará en poco tiempo, fueron llevados primero a la sede de Prefectura, en el Puerto de La Plata, y luego derivados en dos circuitos: al Liceo Naval y a la Unidad 9, o bien a 1 y 60 y blanqueados en la U9. Pero también actuó el BIM 3. Funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi (hoy juzgado en Bahía Blanca), Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Ninguno de ellos estará en el juicio. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Las burocracias sindicales, encabezadas en ATE Nacional y Ensenada por Juan Horvat y Juan Carlos Marín (respectivamente) y en la UOM por Rubén Diéguez, cumplieron el rol de intentar desmovilizar las luchas del sector obrero combativo, y colaboraron con la estructura represiva que desplegó la Fuerza de Tareas 5. Horvat, cabeza de la lista Azul y Blanca, tenía diálogo habitual con el capitán de navío Enrique Carranza, presidente de AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), y con el titular de Defensa Tomás Vottero, y no movió un dedo por los más de 42 desaparecidos, la decena de asesinados y los 200 presos políticos de Astilleros. Marín sale a decir hoy que “la historia de ATE Ensenada no es de izquierda ni derecha”, cuando por acción o inacción jugaron el rol de cómplices civiles de los marinos asesinos.
La elección de cuerpos de delegados combativos y la creación de Coordinadoras de Gremios en Lucha, con las bases y por fuera de la burocracia adepta a las patronales, dieron cuenta por entonces del poder de la clase obrera, unida, organizada y decidida a luchar, por sus derechos pero por el Socialismo. Claro que para ser acallada, suspender las conquistas e imponer un sistema económico como el padecido hasta hoy, los que ostentan el poder político y económico debieron recurrir a un GENOCIDIO.

EL JUICIO
A comienzos de marzo de 2014 el extinto juez Humberto Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Blanco dio lugar al minúsculo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: en total 10 genocidas por 40 casos para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. En el camino murieron impunes 2 de los represores, así que vamos descontando.
En pocas semanas dará comienzo un juicio que tiene como imputados a sólo 8 GENOCIDAS POR 40 CASOS, en una zona con cientos de detenidos-desaparecidos y asesinados, y donde funcionaron 4 CCD de pendientes de la Armada.
Con esto, no se está elevando más que una ínfima parte de los partícipes de los hechos en juzgamiento, porque nuevamente la Justicia adopta un criterio imputativo por el cual, solo algunos de los mandos superiores es indagado por los delitos cometidos. Aún así, el juicio incluirá los casos de 29 sobrevivientes, 9 compañeros desaparecidos y 2 asesinados. La cifra no es representativa de lo que fue la represión en la zona, cuando sólo en el Astillero hubo 42 desaparecidos.
Pero una vez más, la mayoría de los acusados llegan al juicio con el beneficio de la prisión domiciliaria. Están tranquilos en sus casas:
ANTONIO VAÑEK (Comandante de Operaciones Navales) ya fue condenado a 40 años de prisión por “Plan Sistemático” de apropiación de bebés; JUAN ALBERTO ERRECABORDE (Comandante de Fuerza de Tareas N°5), imputado por el secuestro y torturas de 10 compañeros (2 de ellos asesinados); JUAN CARLOS HERZBERG (Director de liceo naval), ya sentenciado a 10 años de prisión por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, y a 12 años en el juicio por el CCD “La Cacha”; JOSÉ FÉRNANDEZ CARRÓ (Comandante del BIM3) está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD; CARLOS SCHALLER y LUIS ROCA (Jefes de Prefectura Naval Puerto La Plata) imputados por casi 20 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5; y EDUARDO ANTONIO MEZA, (oficial de Prefectura) imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5.
El único represor detenido del grupo es ROBERTO GUITIÁN (Jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3) , alojado en la Unidad 31 de Ezeiza, acusado de 7 secuestros y 2 homicidios. TOMÁS OSVALDO MÉNDEZ (oficial de Prefectura) y ANTONIO MOCELLINI (segundo Comandante del BIM3) murieron impunes este años antes de llegar al juicio. La tardanza del Estado les impedirá responder por esos crímenes. Que en Paz No Descansen.

NUESTRA POSICIÓN
Desde HIJOS LA PLATA, y ante el discurso de la presidente Cristina Fernández pidiendo reconciliación en los actos por el 25 de Mayo, decimos como lo venimos haciendo hace 20 años, que nosotros no olvidamos, no perdonamos y NO NOS RECONCILIAMOS. Porque los genocidas mueren impunes, porque solo han condenado a menos de 1 represor por cada uno de los 600 centros clandestinos que funcionaron en el país, porque todavía faltan restituir 400 jóvenes apropiados, porque hay más de 200 desaparecidos en democracia, por los miles de casos de pibes asesinados por gatillo fácil, porque el aparato represivo sigue intacto y sigue protegiendo a personajes como el ex jefe del Ejército Cesar Milani. Y aunque quieran tapar la memoria convirtiendo los centros clandestinos como el BIM 3 o la ESMA en la Disneylandia del terror, seguiremos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices de la burocracia sindical, por todos los compañeros, cárcel común, perpetua y efectiva.

- JUICIO Y CASTIGO A TODA LA ARMADA ASESINA.
- BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES.
- JUSTICIA POR LOS OBREROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS DE NUESTRA REGIÓN.
- BASTA DE BANALIZAR LOS EX CCD.
- INDAGATORIA YA AL GENOCIDA CESAR MILANI.

HIJOS La PLATA
Julio 2015

Las audiencias se realizarán en el ex edificio de la AMIA (4 entre 51 y 53) todos los lunes y miércoles. Son públicas y se pueden presenciar acreditándose con DNI.

Las audiencias se realizarán en el ex edificiod e la AMIA (4 entre 51 y 53) todos los lunes y miércoles. Son públicas y se pueden presenciar acreditándose con DNI.

Para seguir los detalles del juicio y consultar materiales complementarios, visitá:
http://juicioft5.blogspot.com.ar/

domingo, 2 de noviembre de 2014

La Cacha : Un informe que aportó elementos

Investigación del programa Verdad y Justicia fue importante en el juicio por los crímenes en La CachaEl informe que posibilitó las condenas

El relevamiento realizado por el programa del Ministerio de Justicia reveló el rol del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
 Por Ailín Bullentini


De las quince condenas a cadena perpetua que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata ordenó por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, nueve fueron recibidas por militares próximos a retiro que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. El rol protagónico que cumplió esa institución en los hechos sucedidos en ese centro clandestino de detención se desprendía de algunos testimonios de sobrevivientes o familiares de desaparecidos, pero durante muchos años no fueron prueba suficiente para la Justicia. Un informe del Programa Verdad y Justicia –al que Página/12 tuvo acceso– reveló sus funciones, organización interna y vínculos con otras instituciones del Ejército y se convirtió en prueba fundamental no sólo para el procesamiento de los ahora condenados, sino para que la causa llegara al juicio, también integró la elevación a juicio y fue argumento en los alegatos de la mayoría de las querellas.

La investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese chupadero que funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos que Radio Provincia poseía a mitad de camino entre las cárceles de hombres y mujeres de Olmos se reabrió en 2003, cuando las leyes de la impunidad fueron anuladas. El impulso duró algunos años, sostenido por la lucha de los organismos de derechos humanos y la necesidad de quienes sobrevivieron a esos crímenes y de los familiares de quienes no habían logrado hacerlo: sus testimonios llenaron fojas y fojas de expedientes. Pero las cosas se estancaron hasta frenarse casi por completo. Así se apagaba el expediente de La Cacha en el despacho del juez federal Manuel Blanco hasta que llegó el Informe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata elaborado por el área de Seguimiento y Análisis del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Fue fundamental”, consideró la abogada Verónica Bogliano, miembro de la querella de Hijos La Plata en el juicio que culminó hace diez días, que tomó algunos fragmentos del texto para estructurar su alegato. Según evaluó, el informe fue importante para vincular el destacamento con La Cacha, debido a que ese centro clandestino no funcionó en dependencia de fuerza alguna. Para su colega Emanuel Loveli, miembro de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el estudio “acompañó la prueba testimonial, y dio más sustento, y les dio una apoyatura a los hechos por fuera del relato de los protagonistas”. La querella de Abuelas tomó el informe en su elevación a juicio de la causa.

“En los centros clandestinos actuó mucha más gente que la que se investigó y se investiga. La Justicia se basa en pruebas directas, que en la mayoría de los casos son los testimonios de sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa con los sitios en los que no hubo sobrevivientes? ¿Qué pasa con las condiciones en las que un sobreviviente transitó su cautiverio?”, se preguntó un integrante del equipo investigador que, por esa razón, decidió activar el estudio a partir de las instituciones, ir por la documentación de la época. “El Ejército es orgánico, verticalista y muy rígido en lo que a organizatividad se refiere. Es importante comprender esto, porque habla mucho de quién y de cómo: la represión no se llevó a cabo por una patota ad hoc, sino con oficiales, suboficiales y demás personal de las fuerzas, formadas para tal fin”, advirtió la misma fuente. El informe es el resultado del entrecruzamiento de datos provenientes de documentos de las Fuerzas Armadas –reglamentos, boletines reservados o públicos, registros de personal, fojas de servicio–, y testimonios judiciales. En poco más de 60 páginas, describe la organizatividad y el staff de oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el Destacamento 101 de La Plata, lo que fue importante para identificar con nombre y apellido a quienes, luego, se convirtieron en imputados.

Sin embargo, el valor fundamental del informe radica en el contexto que les da a las tareas de inteligencia en sí, al que explica y ejemplifica con documentos de la fuerza y testimonios de sus propios integrantes, y la certificación de la injerencia de esa institución sobre La Cacha.

“Desde las directivas del Consejo de Defensa, del Comando en jefe del Ejército y de la Junta de Comandantes, se estableció que la actividad de inteligencia era prioritaria en el proceso de ‘combate a la subversión’, decisión que da lugar a que los destacamentos de inteligencia actuaran como unidades operativas principales en este accionar”, consigna en su introducción el documento.

En ese sentido, cita a una de esas directivas en particular, la 1/75, la fundante. Emitida a todas las fuerzas en octubre de 1975 y considerada como el paso organizativo previo al “plan global de represión que comenzó el 24 de marzo de 1976”, advierte el texto, su fin fue “instrumentar el empleo de las fuerzas para la lucha contra la subversión” en el que el Ejército “tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y “conducirá el esfuerzo de inteligencia contra la subversión”. El Ejército mandaba más que nadie, por un lado. Por otro, su herramienta principal de lucha contra “la subversión”: la inteligencia.

En esa directiva figura también que la fuerza “no debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones”. Diferentes reglamentos citados en el informe certifican que “las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo, seleccionaron blancos, determinaron el orden de mérito de los detenidos, les asignaron destino”. Las “unidades de inteligencia” del Ejército fueron sus destacamentos.

El Destacamento de Inteligencia 101 estaba emplazado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, pero su área de acción fue más grande: la subzona 11 del I Cuerpo del Ejército, que implicaba a la zona sur del conurbano bonaerense más San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalen el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.

En lenguaje castrense, los chupaderos eran llamados “lugar de reunión de detenidos”. Por lo menos, así los mencionó el general retirado José Montes, ex comandante de subzona Capital Federal, en una declaración que ofreció ante la Justicia en 2005 y que aparece citada en el informe de Verdad y Justicia para determinar el poder del 101 sobre esos infiernos: “Los LDR eran operados exclusivamente por personal técnico de inteligencia”, mencionó Montes. Esta aseveración, Verdad y Justicia la unificó con “testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de detenidos desaparecidos que manifiestan en sus declaraciones la presencia de algunos oficiales y suboficiales del destacamento en esos lugares”.

El informe enumeró con nombre y apellido a 41 oficiales y 48 suboficiales que formaron parte del 101 entre 1976 y 1983. “La oficialidad no pudo no saber o no haber participado” del terrorismo de Estado, aseguraron desde el programa. Muchos de ellos, al momento de presentación del documento, estaban prófugos. Sólo algunos, muertos.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Justicia Ya La Plata presenta denuncia por la amenaza de Etchecolatz

Justicia Ya La Plata presentó el 27 de Octubre ante el Juzgado Federal de turno y ante la Unidad Fiscal Federal, en donde  se encuentra radicada la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López,  una denuncia y pedido de investigación por la amenaza realizada por Etchecolatz durante la lectura de la sentencia en que se lo condenó a cadena perpetua.
         
La amenaza fue realizada el día 24 de Octubre al  culminar el juicio a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi. Fue en ese marco en que el genocida pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrar.
Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a Etchecolatz y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio imputado.
          
Llegamos a este juicio, al igual que los ya realizados anteriormente,  gracias a la persistente lucha de los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y de una gran mayoría de organizaciones populares con las que dimos por tierra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a la vez que en base a las declaraciones de sobrevivientes e investigaciones fuimos reuniendo los datos que nos permitieron sostener las acusaciones en estos procesos.
          
Más allá de algunas consideraciones particulares, que próximamente daremos a conocer, valoramos como una victoria, en algún caso parcial, las condenas y en especial de las cadenas perpetuas a 15 de los imputados.
          
Sin embargo sabemos que este camino de búsqueda de Justicia está minado por varios motivos. El genocidio perpetrado por la dictadura tuvo sus antecedentes y también sus consecuencias y de estas últimas el intento de  impunidad es una de las más relevantes. Y es esta impunidad que aún persiste la que permitió la segunda desaparición de Jorge Julio López.
          
Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por encontrar al compañero y castigar a sus desaparecedores. Desde el mismo 18 de Septiembre de 2006, día en que desapareció López, Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes, una de las principales perpetradoras del genocidio, permanecían en sus filas desde  el período en que este genocida fue Director de Investigaciones y por lo tanto lo seguían considerando su jefe.
          
Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
        
 No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.
          
La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que le caben.
          
La fragmentación de los juicios, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazas.
 
Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS

 
 
Justicia YA! La Plata está integrado por:
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos

domingo, 26 de octubre de 2014

Etchecolatz amenaza a testigos

      El día 24 de octubre fue leída la sentencia a 21 imputados acusados por su actuación en el CCD La Cacha y por los asesinatos a Bettini y a Bearzi .

      Durante la parte de la lectura en que se condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz (MOE), una vez más a cadena perpetua, por su harta comprobada actuación en el genocidio perpetrado durante la dictadura, el reo pretendió exhibir un papel escrito de su puño y letra con el nombre de nuestro compañero Jorge Julio López y la palabra secuestrado.

      Queremos recordar que López desapareció por segunda vez en el marco del primer juicio a este genocida y que su secuestro fue cínicamente anunciado por el propio MOE.
      Pasaron 8 años desde la desaparición de López y nada serio se ha hecho por averiguar y castigar a sus desaparecedores. Desde un primer momento Justicia Ya pidió que se investigue en el círculo de allegados a Etchecolatz y a la bonaerense en donde más de 9.000 de sus integrantes eran miembros de esta fuerza, una de las principales perpetradoras del genocidio.
     Nuevamente este genocida amenaza a los testigos, una vez más pone impunemente  en evidencia su participación en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
    No fue esta la única amenaza proferida por los reos durante este juicio. Desde nuestra querella denunciamos públicamente las reiteradas veces en que el Oso Acuña (también condenado a perpetua) amenazo intentando amedrentar a testigos.

   La desaparición aún impune, de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Puthod nunca aclarados hacen que el gobierno y la justicia deban tomar estas amenazas con la urgencia y responsabilidad que les caben.

   La fragmentación de los juicios a los genocidas, como lo sucedido en La cacha donde se elevó por los casos de un solo año de los 3 que funcionó este CCD,  hacen que los testigos deban exponerse una y otra vez y por lo tanto es directamente funcional a que sucedan este tipo de amenazazas.

Ante esto Justicia Ya en La Plata exige:

    INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE ESTA NUEVA AMENAZA
    ESTRICTO CONTROL A LOS CÍRCULOS DE ALLEGADOS A LOS GENOCIDAS DE LA CACHA.
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
   BASTA DE FRAGMENTACIÓN DE LOS JUICIOS, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

La Cacha : Condenados a perpetua 15 de los 21 imputados


“No es una alegría, es un gran paso de la Justicia”
La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

Se juzgaron los crímenes cometidos contra más de 100 hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino que funcionó en Olmos durante la dictadura. También hubo penas de 13 y 12 años de prisión, y un absuelto.

 Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.

Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.

Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.

Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.

Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.

“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.

“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

URGENTE COMUNICADO DE PRENSA de MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Denunciamos la provocación por parte del gobierno y los organismos cooptados que se está produciendo en estos momentos en la calle  4 y 51.
    
Desde que se hiciera el primer juicio a los genocidas en la ex –AMIA, la MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA, junto a JUSTICIA YA LA PLATA hemos tenido una presencia permanente dentro y fuera de la sala donde se desarrolla el debate oral y en cada sentencia realizamos un acto en las calles 4 y 51. 

Hoy, día en que se dictará la sentencia a un grupo de genocidas que actuaron en el CCD La Cacha, luego de que los compañeros de los distintos espacios que integramos estos dos colectivos ya tuviéramos armado nuestro escenario, apareció una empresa privada a colocar una estructura con el fin de que el gobierno y los organismos cooptados pudieran hacer un acto oficial. Esto es una clara provocación con el fin de intentar acallar las voces de quienes denunciamos la impunidad de ayer pero también la impunidad al avasallamiento a los derechos humanos hoy.

Al gobierno le molesta que desnudemos su mentira:

* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura a la par que se reprime brutalmente, como sucedió el día de ayer, a obreros que reclaman por ser reincorporados en LEAR, dejando a decenas de manifestantes heridos, algunos hospitalizados en grave estado.
 
* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando miles de represores siguen libres porque el gobierno se niega a abrir los archivos de la dictadura.
 
* No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura cuando un genocida, miembro del servicio de inteligencia del ejército y responsable de  desapariciones como la del conscripto Agapito Ledo, el general Milani es nombrado como responsable de las FFAA y defendido a ultranza por el gobierno y vergonzosamente por los organismos cooptados.

 * No se puede decir que se defienden los DDHH y auto atribuirse la representación de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura  cuando hay más de 6.000 compañeros criminalizados por pedir trabajo digno, salarios, tierras, viviendas, salud, educación, etc.
    
Los 30.000 compañeros desaparecidos lucharon por una sociedad sin explotadores ni explotados y no por ningún capitalismo en donde los empresarios la sigan “juntando con la pala” y donde a costa del sacrificio de los trabajadores y el pueblo se siga pagando una deuda externa comprobadamente fraudulenta y usuraria.
    
Por más plata y escenario que pongan para intentar acallar nuestras voces, seguiremos en las calles reclamando y exigiendo lo mismo por lo que pelearon los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
    
EXIGIMOS EL RETIRO DEL ESCENARIO MONTADO POR EL GOBIERNO EN LAS CALLES 4 Y 51
    
HACEMOS RESPONSABLES A LOS ORGANISMOS COOPTADOS Y AL GOBIERNO POR LA SEGURIDAD DE LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN CON NUESTRO ESCENARIO.
    
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS

    
MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA