La Cacha: no amplían acusaciones por delitos sexuales

El pedido se rechazó porque "no se produjo prueba nueva". Incorporaron el expediente por la identificación del nieto de Estela Carlotto. Aperciben a abogado por amedrentar a testigos.

El TOCF Nº 1 juzga los crímenes cometidos en La Cacha (Foto: Eva Cabrera)

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, donde se tramita el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, decidió no hacer el lugar al pedido de ampliación de las acusación contra varios de los imputados por una serie de supuestos delitos sexuales, incluidos dos casos de violaciones. En la misma audiencia, los jueces aceptaron incorporar al juicio el expediente sobre la restitución de Ignacio Guido Montoya Carlotto, y apercibieron a uno de los abogados defensores por amedrentar a testigos.

El pedido de ampliar la acusación por delitos sexuales lo había realizado la querella representada por el colectivo Justicia Ya!, y el fundamento del rechazo se centró en que durante el debate no se generó prueba nueva sobre ese punto. De acuerdo a lo que manifestaron como respuesta, se consideró que el relato de los abusos sexuales ya había aparecido en declaraciones anteriores, por lo que no es una novedad surgida en este debate.

La abogada Carolina Vílchez, de Justicia Ya! había planteado la necesidad de ampliar la acusación con los testimonios de sobrevivientes que remiten a episodios de desnudez, abuso y violaciones como base. Pidió también que se los considere como parte del plan sistemático y no como hechos individuales de los represores involucrados.

Momentos en que las mujeres eran manoseadas, obligadas a ducharse o a ir al baño frente a sus captores, o denigradas verbalmente, fueron recurrentes según el planteo realizado por la abogada, quien habló de un marco de torturas sexuales que se configuran como "delito continuado" en los términos del artículo 381 del Código Procesal Penal. Y el delito más grave al que hizo referencia es el de violación en grado de tentativa contra las víctimas Berta Itscovich y Stella Maris Bojorge, agravada por el hecho estaban bajo la guarda de los presuntos autores.

A partir de este rechazo, a la querella le queda el camino de pedir un cambio en la calificación de los delitos en el momento de los alegatos.

Apercibiemiento. Un debate interno generó en el Tribunal una sanción para Juan José Losinno, el abogado defensor de Claudio Grande, uno de los acusados de participar en La Cacha como guardia que tuvo contacto con los secuestrados. El pedido fue realizado por la abogada querellante Verónica Bogliano y finalmente se decidió un apercibimiento, votado por mayoría, dado que el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, votó por su apartamiento y reemplazo por otro defensor.
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El abogado Juan José Losinno fue apercibido por el Tribunal

En este caso, los cargos contra el abogado son un supuesto hostigamiento y amedrentamiento a dos testigos en tres oportunidades.

Las audiencias se retoman este miércoles, con la declaración de una testigo y la posible ampliación de indagatoria de los imputados.

La Cacha: piden ampliar la acusación por delitos sexuales

Los casos fueron planteados por la querella representada por Justicia Ya!. Hay dos tentantivas de violación y 127 de abuso. Antes pidieron sumar a la causa la aparición del nieto de Estela Carlotto.
Justicia Ya!, parte de la querella, reclamó que se agrave la acusación por los delitos sexuales (Foto: Eva Cabrera)
Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Una de las querella en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha pidió, sobre el final de la audiencia de este martes, que se amplíe la acusación a los imputados y se les agregue los delitos sexuales, incluido el de violación en grado de tentativa en el caso de dos sobrevivientes.

Según la exposición, es necesario considerar ese tipo de delitos y hacer un tratamiento integral respecto de las conductas de los imputados. Usan como prueba los testimonios de sobrevivientes que remiten a episodios de desnudez, abuso y violaciones, y los considera como parte del plan sistemático y no como hechos individuales de los represores involucrados.

Momentos en que las mujeres eran manoseadas, obligadas a ducharse o a ir al baño frente a sus captores, o denigradas verbalmente, fueron recurrentes según el planteo realizado por Carolina Vilchez, abogada del colectivo Justica Ya!, querellante en el juicio. Todo eso constituye un marco de torturas sexuales que se configuran como "delito continuado" en los términos del artículo 381 del Código Procesal Penal.

El pedido alcanza a todos a una docena de imputados. Y el delito más grave es el de coautores de violación en grado de tentativa contra las víctimas Berta Itscovich y Stella Maris Bojorge, agravada por el hecho estaban bajo la guarda de los presuntos autores.

Pero agrega el delito de abuso deshonesto agravado contra todas las víctimas mencionadas en el juicio (127 casos, en las que se incluyen mujeres y hombres).

“Este tipo de violencia formó parte del pan sistemático porque sirvió como un elemento más de ataque, al igual que la picana y los golpes. Todos causaban dolor, y doblegaban a las víctimas para obtener información”, expresó la abogada que leyó el pedido de ampliación. “La violencia sexual fue sistemática y generalizada, en particular contra las mujeres”, expresó la abogada.

En caso de respuesta positiva, no sería esta la primera ampliación que decidiría el Tribunal. En julio último aceptó ampliar la acusación contra 14 de los 21 represores que son juzgados agregándoles la imputación de "homicidio doblemente calificado contra la víctima Olga Noemí Casado, cuya identificación se produjo después de la acusación, en abril de 2012" y de Laura Carlotto.

El planteo, que no fue acompañado por la fiscalía, fue rechazada por las defensas, que negaron que se trate de un "delito continuado" (según lo establece el artículo 381), descalificaron la presentación considerándola "poco seria" y "carente de elementos probatorios".

HIJOS LA PLATA : LA ARMADA RIE IMPUNE EN LA PLATA

8 de los 10 represores procesados gozan de domiciliaria

LA ARMADA RIE IMPUNE...

“Esto es anterior a una política o a una ideología.
Esto es una actitud metafísica.
No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria,
esté más allá o más acá de la muerte”.
Emilio Eduardo Massera – discurso del 2/11/76
 
 
La primera semana de este mes el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dio por recibida formalmente la causa “Fuerza de Tareas 5” (o N°17- o ex N°35) por los delitos de lesa humanidad de la Armada en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con ello, dio un impulso más para que finalmente, a 38 años del golpe genocida, un pequeño grupo de represores de la Marina y la Prefectura Naval sean juzgados por su participación en el plan criminal que desarticuló en nuestra zona al combativo movimiento obrero industrial que resistía a la dictadura.
Lo particular del caso es que, teniendo la causa 10 genocidas imputados, y alguno de ellos ya condenados en otras causas, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezieza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos.
Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados.
 
La Causa “Armada”
A comienzos de marzo de este año el juez que acumula a placer la instrucción de todas las causas contra los genocidas en el fuero federal platense y acuna su siesta junto al expediente por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, el siniestro Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contraalmirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos.
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". No definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”.
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
El BIM 3, ubicado en 122 y 50, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. Dos de ellos murieron impunes. Fracassi, ausente en la causa de La Plata, está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense.
 
Vacaciones perpetuas
El comandante de Operaciones Navales y jefe de la FT5, Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano.
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013.
El único marino condenado en La Plata en 11 años de juicios y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. Aún con esa condena a cuestas, afrontando hoy imputaciones en el juicio por el CCD de Olmos, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo.
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R.
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan el invierno 2014 desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito.
Los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza, imputados por 40 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en sus casas de Berisso, zona donde actuaban en noche y niebla hace 38 años atrás.
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva.
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”.
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva.
 
Cuestión de “criterios”
Pero la problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciaria para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país.
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme.
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo.
 
HIJOS La Plata
Julio 2014

La Cacha: dan testimonio sobre los falsos enfrentamientos

Un ex secuestrado contó cómo se enteró por la radio de la muerte de otro detenido. Lo hizo al declarar junto a otras víctimas desde Copenhague, en videoconferencia. Crudo testimonio.

Alberto Omar Diesler, habla desde Copenhague (Foto: captura videoconferencia)

Por Pablo Spinelli  -spinellipa@gmail.com

El ex detenido desaparecido Alberto Omar Diesler dijo haberse enterado por la radio, durante su cautiverio en La Cacha, de la muerte en un supuesto enfrentamiento, de dos militantes que hasta ese momento habían estado también secuestrado en ese centro clandestino de detención. El dato aportado por el ex dirigente sindical vía videoconferencia desde Copenhague (Dinamarca) representa un testimonio en primera persona respecto de los fusilamientos que eran presentados por el aparato represivo de la última dictadura como muertes en tiroteos.

Diesler declaró el último viernes desde la embajada argentina en la capital danesa, en el marco de las audiencias que se realizan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 contra 21 policías, militares, penitenciarios y civiles, por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el centro clandestino que operaba en las inmediaciones de la cárcel de Olmos, donde funcionaba una planta transmisora de Radio Provincia. Junto a él lo hicieron otros ex detenidos: Elsa Beatriz Mattia de Torrillas, Néstor Daniel Torrillas y Roberto Lujan Amerise, quienes además aportaron nombres de los represores que actuaban en el lugar, y de víctimas con las que compartieron cautiverio.

El episodio narrado por Diesler ocurrió en medio de una sesión de tortura, cuando los responsables del centro clandestino subían el volumen de la radio para tapar los sonidos del horror. Y fue descripto por el ex secuestrado como una de las vías a través de las cuales los secuestrados se enteraban de los operativos realizados por las “patotas”.

Según relató el ex militante sindical de Ensenada, las víctimas del enfrentamiento fraguado habrían sido Enrique Reggiardo, padre de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa; y Susana Quinteros, conocida también como “Chamarrita”. Hasta el momento en que Diesler escucho la información por la radio, ambos estaban detenidos ilegalmente en La Cacha.

“Como ponían la radio muy fuerte para tapar los gritos que llegaban de afuera, de la sala de torturas, escuchamos que en un momento dieron la información de un enfrentamiento en la zona, donde habían muerto dos ‘subversivos’. Son dos personas que trasladan de la cacha y las matan fusilándolas haciéndolo pasar por enfrentamiento”, dijo el ex detenido desaparecido.

Diesler también recordó el impacto que aquello provocó, no solo en los compañeros de cautiverio de las víctimas, sino también entre los responsables del centro clandestino. Habló de una “desinteligencia”. Causó, según dijo, “un reproche y una tensión, porque representaba una situación de filtración de esa información, lo cual no estaba previsto”.

Aquella no era la única vez que se enteró de operativos realizados por los grupos de tarea. Aunque en otros casos la filtración fue deliberada. Recordó entonces casos de muertes que fueron comunicados por los propios guardias. E identificó como un momento “terrible” cuando el guarda identificado por los secuestrados como “Palito” notificó a la prisionera Elba Leonor Ramírez Abella de la muerte de su pareja, Arturo Baibiene. “Cambio tu estado civil, ahora sos viuda”, señaló Diesler que fueron las cínicas palabras de aquel hombre.

La semblanza de Ramírez Abella representó uno de los trances más duros para el testigo durante su declaración. “A mí me tenían al lado de ella, y recuerdo que me auguró que iba a volverá ver a mi hijo, Yo le deseé lo miso pero no se cumplió. Desde entonces siempre me pregunto “¿Por qué a ella que tenía tres hijos no la devolvieron y a mí sí me devolvieron? Son cosas inexplicables que a uno lo siguen afectando”.

Diesler fue secuestrado el 19 de abril de 1977, dos días después del nacimiento de su primer hijo Matías, el mismo día en que su mujer Ana María fue dada de alta de la clínica en la que había dado a luz. La familia vivía en la calle Bolivia y San Martín de Ensenada, y de allí lo arrancaron durante la noche de aquella jornada. El hombre trabajaba en el taller naval de YPF, como operario de planta y estudiaba en la UTN, donde cursaba materias de quinto año de Ingeniería Mecánica. Su grupo de pertenencia política era una coordinadora sindical de La Plata, Berisso y Ensenada. Estuvo 72 días secuestrado hasta que fue blanqueado en la comisaría Octava.

 La estructura represiva. Como estuvo alojado en la planta baja de La Cacha, Diesler dice haber tenido una perspectiva favorable para conocer los movimientos y la rutina del grupo de represores encargados del centro clandestino de detención. Mencionó apodos, y algunas características de los guardias, incluida la fuerza a la que respondían.

En un detallado relato señaló, por ejemplo, a los integrantes del Ejército. “Estaban ‘el cordobés’, que era el jefe de esa sección, aparentemente un mayor. Sus asistentes el Inglés, el Argentino y el Amarillo, quienes eran tenientes. El Inglés y el Argentino, cuando me toman declaración en la Octava, ellos dijeron que habían estado en mi casa. Sé que eran gente joven, de la misma edad que yo en ese momento”.

También mencionó a gente de la SIDE, y señaló a al Francés, como jefe, y a los agentes o los que hacían las guardia la patota: cuyos apodos eran Pablo, Jota, Julio, Bocha y el Griego.

Del Servicio Penitenciario Bonaerense habló de El Oso (que sería Acuña) como jefe, y a los guardias Sabino, Palito y el Negro.

Y de la Marina, a los jefes Daniel y Pituto, y a los oficiales que eran denominados genéricamente “Carlitos”, cada uno con un apellido. “Uno el enfermero, otro el cordobés, y otro el misionero”.

También habló de suboficiales que venían del Regimiento 7 de Infantería: “Mostaza, el Suave, el Willy y el Gallego”. Y mencionó a dos personas a las que pudo verles el rostro: Mister X y Palito.

También vio la cara de Pablo, aunque en un posición menos favorables que en los otros dos casos. Durante el juicio hubo un reconocimiento fotográfico que no arrojó resultados positivos.

La Cacha: el impacto de la represión en la UNLP

La historiadora Ana Barletta desgranó un estudio sobre el impacto de la acción represiva en las aulas. Espionaje, amenazas, exoneraciones y cesantías en la Universidad.

Ana Barletta, en su testimonio ante el Tribunal

Por Pablo Spinelli -spinellipa@gmail.com  - Foto: Matías Adhemar

 El ámbito universitario como tablero de acción de las fuerzas represivas que azolaron la región durante la dictadura y sus años previos, fue el eje del testimonio dado por la historiadora Ana Barletta, actual vicepresidenta académica de la UNLP y ex decana de la facultad de Humanidades, en la audiencia del miércoles último del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha.

La base de su aporte está dado por un profundo estudio del Archivo Histórico universitario, en el que constan resoluciones que apuntaban a la reducción de la actividad académica, incluidos los planteles de profesores, no docente y alumnos. Y abunda en ejemplos concretos de desapariciones y asesinatos, cesantías y exoneraciones, tareas de espionajes y aprietes.

Como testigo de concepto, que aportó el contexto general en el que la Universidad se convirtió en factoría de la represión, Barletta ubicó los crímenes de los trabajadores no docentes y dirigentes gremiales Rodolfo Achem y Carlos Miguel como el inicio del persecución en las aulas. Aquello fue incluso bastante antes del inicio de la dictadura, cuando era la derecha peronista, en brazo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A, la encargadas se sembrar el terror.
   Achem y Miguel, los dirigentes de Atulp asesinados el 8 de octubre de 1978

“La dictadura en la Universidad comenzó aquel día”, dijo Barletta en un tramo de su declaración, en referencia al 8 de octubre de 1974, en el que ambos dirigentes fueron secuestrados y acribillados.

Según el estudio que expuso la docente en medio de un arduo cruce entre uno de los abogados (Juan Losino) y el presidente del Tribunal Carlos Rozanski, que la obligaron a interrumpirse varias veces, desde aquella madrugada se sucedieron una serie de episodios que llevaron a la UNLP a reducir su actividad al mínimo. Para la docente, eso fue llevado adelante de forma deliberada por parte de sus sucesivas conducciones universitarias.

Habló entonces de las renuncias masivas de todas las autoridades del Rectorado como consecuencia de aquel crimen. Pero también de nuevos asesinatos que redundaban en la aparición de cadáveres ametrallados a lo largo del Camino Negro (que une Villa Elisa con Punta Lara), y de una escalada de violencia y persecución que se potenció durante 1975.

Apuntó entonces a la época en que la Universidad quedó bajo las intervenciones, primero del capitán Navio Saccone, y a partir de 1976 de Guillermo Gallo. Basada en los documentos del archivo histórico de la UNLP, Barletta mencionó resoluciones que hablaban explícitamente de “procesos depurativos”, lo cual, según su criterio, es altamente “significativo” de la decisión política respecto de lo que debía ser la actividad de la Universidad en aquel entonces.

Aquello se vio traducido en cifras que fueron incluso reividacadas por el propio Gallo, cuando se vanagloriaba de que antes de 1976 hubieran 56 mil estudiantes, y que dos años después la matrícula tenía 24 mil estudiantes menos. Los argumentos oficiales de aquella merma eran las bajas por regímenes de cursadas no cumplidas, por las normas respecto a materias correlativas y por los reglamentos vigentes en cuanto cupos y aranceles.

Si bien no los deja de considerar como ciertos, Barletta agrega una intención de desalentar la concurrencia a la Universidades con otros mecanismos vinculados con el clima de violencia y persecución. Clima que también favoreció a una reducción casi total de la actividad académica, incluidos (además de alumnos, docentes y trabajadores) el número de proyectos de investigación y extensión. “Fue deliberado”, dijo Barletta, y lo fundamentó con el estudio de los documentos.

Inteligencia. También apeló a los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (Dippba) como fuente que prueban las tareas de infiltración protagonizadas por las fuerzas represivas en la UNLP, muchas veces a pedido de la Side. “Vimos la vigilancia constante sobre todas las actividades del mundo universitario”, analizó.

Cantidad de gente en asambleas, información sobre las agrupaciones estudiantiles, ejemplares de volantes, y detalles precisos de dichos de participantes en charlas o clases que fueron informados a la Dippba a través de sus espías, aparecen como material de interés para la inteligencia policial.

También los debates internos sobre el rol de la universidad y de los profesionales que forma. “Una arquitectura para el pueblo”, “la misión de los médicos”, “la salud necesaria para la sociedad argentina”, son algunos de los textos y debates que circulaban en las facultades y eran informados a Dippba.
Comedor. Con un episodio puntual, la actual vicepresidenta académica de la UNLP ejemplificó el rol de Guillermo Gallo como rector entre 1976 y 1983. El hecho remite a 1978, cuando militantes de Franja Morada se reunieron con él para pedirle la reapertura del Comedor Universitario, el cual había sido cerrado en 1974. Su respuesta fue contundente: “De ningún modo, recién pusimos orden y ustedes me piden esto. Eso era como la ‘colina táctica del enemigo’”, les respondió, y entregó una frase que más tarde se convirtió en el título del libro de Jorge Alessandro.    

Antes de su cierre, el Comedor ubicado en 1 y 50, había sido blanco de algunos atentados.

A Gallo se le atribuye la responsabilidad de buena parte de las cesantías de trabajadores docentes y no docentes, así como de ser colaborador en la represión, con delaciones de trabajadores y estudiantes, muchos de los cuales continúan desaparecidos.

Durante su gestión abundan, según refiere la investigación de Barletta expuesta en el Juicio, los informes de inteligencia que dan cuenta de la situación en las facultades. Habla de reportes de 1977 que transmiten “la calma”, y la atribuyen al desmantelamiento de las organizaciones políticas; y de otras que detectan algunas actividades de resistencia.

En esa época, regía una medida calificada como “impresionante” por la investigadora: los que habían sido cesanteado o exonerados no podían pisar la universidad para ninguna actividad, y el control se realizaba con una supervisión extrema de guardias apostados en las puertas de las facultades, quienes pedían DNI a cualquiera que quisiera ingresar.

Duelo legal. Como viene ocurriendo desde el inicio mismo del juicio, un nuevo cruce se dio entre el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski y el abogado Juan Losino, representante del acusado Claudio Grande, cuando el defensor pidió que constara la negativa del Tribunal a dejar sentado un diálogo que ambos mantuvieron durante la audiencia.

Después de varios contrapuntos, que incluyeron pedidos de recursos de reposición (uno de ellos aceptado por la mayoría de los jueces, el cual obligó a acortar el testimonio de Barletta), Losino se reservó el derecho de recurrir a la Cámara de Casación con su planteo.

Teleconferencia. Las audiencias se retomarán el viernes a las 9 de la mañana, y está prevista la declaración, vía teleconferencia desde Copenhague (Dinamarca), de los testigos Aberto Diesler, Elsa Beatriz Mattia de Torrillas, Néstor Daniel Torrillas y Roberto Lujan Amerise.

No a la apropiación del POZO DE BANFIELD

JUSTICIA YA! LA PLATA

Las organizaciones firmantes, nucleadas en el espacio Justicia Ya La Plata, manifestamos nuestra preocupación por la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield", ubicado en las calles Vernet y Siciliano del partido de Lomas de Zamora.
Lo hacemos frente a una serie de actividades y declaraciones periodísticas que funcionarios del municipio de Lomas han realizado respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”.
La querella de nuestros organismos ha presentado hace años en la causa N°26, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCD, un recurso de no innovar sobre el predio, para evitar la posible destrucción de pruebas ante el estado de total abandono y deterioro de las instalaciones al momento del trasladado de las últimas dependencias policiales que funcionaron en el lugar. En aquel momento el sótano del edificio, del que ni la CONADEP ni la justicia habían realizado nunca una inspección ocular, se encontraba completamente inundado.
En junio de 2006, el juez Arnaldo Corazza contestó a nuestro pedido y ordenó “la realización de las operaciones técnicas y científicas convenientes a los fines de desagotar el subsuelo” y dictó “medida de NO INNOVAR respecto del inmueble”.
A nuestro entender, la medida de no innovar continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, y en todo caso nunca fuimos informados como querellantes de ninguna habilitación judicial para el uso del predio.

Sin embargo, varios hechos preocupantes se vienen sucediendo:
- El 23 de abril pasado el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó, con la firma de la presidenta del cuerpo Ana R. Tranfo, una nota de Comunicación N°44/14, que involucra la intención de avanzar sobre el predio.
-Al día siguiente el Concejo de Lomas se dirigió al Juez Blanco, subrogante en el Tribunal N°3 y con actuación en la causa N°26, para “solicitarle que disponga a favor de los organismos de Derechos Humanos a nivel Nacional, Provincial y Municipal las áreas que considere que pueden ser utilizadas del inmueble para que en el mismo se pueda crear un espacio dedicado a la 'memoria' y revisión de esa parte trágica de la historia de nuestro país”.
- Acto seguido, la prensa oficial de Lomas difundió la noticia de que “El Municipio busca convertir un sector del Pozo de Banfield en un Espacio para la Memoria”, donde se afirmaba que “el intendente Santiago Carasatorre, junto a funcionarios locales, provinciales y nacionales, recorrió el ex centro clandestino de detención para evaluar los pasos a seguir luego de que la Justicia autorizara el uso de una parte del edificio”. En el acto, el intendente recitó el lema de rigor: “convertir lo que fue un centro clandestino de detención en un lugar de memoria y de vida”.
- El 31 de Mayo, la prensa de la agrupación Hacha y Tiza del SUTEBA Lomas de Zamora difundió un comunicado sobre la recorrida del intendente por el predio y afirmó que “una parte de la causa de 'Pozo de Banfield' está elevada a juicio (la otra parte esta en etapa de instrucción), por ello no se tomaron fotografías durante el recorrido” y que “la Justicia autorizó el uso público de tres oficinas del edificio”.
- Al mismo tiempo, la concejal del Frente para la Victoria, Vanesa López, en diálogo con el medio local “Info-región”, en curiosa afirmación, aseguró que “los organismos de Derechos Humanos y mismo el Estado nacional, provincial y municipal tienen que hacer uso de las instalaciones de estas aberrantes instituciones” (SIC). En la misma nota, la directora de Derechos Humanos de Lomas de Zamora, Nilda Rapari de Lencina, precisó que la idea es que allí funcione la dirección de Derechos Humanos, un museo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se realicen actividades culturales porque “la cultura es la música, la vida, la reivindicación por todos los que estuvieron ahí”.

La pretensión del gobierno de la provincia de quedarse con el predio no es nueva. En septiembre de 2006 el gobernador Felipe Solá entregó por decreto el inmueble a su secretario de DD.HH. Edgardo Binstock, pese al sostenido reclamo de los vecinos organizados en la Multisectorial “Chau Pozo” para gestionar la preservación del lugar de manera independiente y colectiva. Cuatro años más tarde, el gobernador Scioli hizo su propia jugada declarando al lugar como “Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia”, y a través de su secretaria del área, Sara Derotier de Cobacho, inauguró una señalización con cartelería anaranjada y pilotes de cemento emplazados en el frente del edificio. Cabe aclarar que en nuestro escrito de 2006, argumentamos ante el juzgado la necesidad de preservar también el frente del lugar y solicitamos que expresamente se informe a la Secretaría de DD.HH. de la provincia el alcance de la medida de no innovar.
A través de una “Dirección de Investigación y Memoria” la Secretaría se arroga la misión de actuar estrictamente “en cumplimiento de la Ley Nº 13.584”. La tan mentada ley fue aprobada en noviembre de 2006 en una legislatura controlada por Ismael Pasaglia y Graciela Gianettasio. Su texto cuenta sólo con 3 artículos en 7 líneas, y el tercero es sólo de forma. El título 1° emplaza al Ejecutivo provincial a “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como CCD” en la provincia y lo obliga, como única política específica en su título 2°, a “colocar placas identificatorias (…) en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos”.

La causa N° 26 por lo crímenes en el Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos, entre ellos las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, de María Lavalle Lemos, de Victoria Moyano Artigas y de Martín Ogando Montesano. Mientras la causa se elevó a juicio estaba prófugo uno de los jefes del Pozo, el comisario Miguel Wolk, que aprovechó el beneficio de la domiciliaria para coordinar la fuga con su hija, también policía.
En un segundo tramo (N°263) el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria. Jubilado Corazza en 2013, y subrogado por Blanco, el segundo tramo de la causa sigue juntando polvo en los Tribunales platenses.
Como último detalle de desprolijidad, en junio de 2013 el TOF 1 (Rozansky-Jantus-Vega) declaró nula una parte de la elevación a juicio de la causa y devolvió el expediente a instrucción porque al jubilado Corazza se le olvidó pronunciarse sobre los procesamientos de algunos genocidas. Con ello, difícilmente el juicio comience antes de 2015.

Ante esta nueva afrenta de un Estado más preocupado por gestionar inmuebles que por hacer avanzar la justicia en estos hechos, reafirmamos que el edificio completo del ex CCD Pozo de Banfield sigue siendo una prueba fundamental para determinar la verdad de lo allí ocurrido en dictadura, y que es obligación indelegable del Estado la preservación del predio hasta que la justicia concluya su trabajo.
La política de apropiación y banalización que el Estado Nacional y Provincial vienen realizando sobre los Sitios de Memoria, cuyo punto cúlmine es lo que sucede en la Escuela de Mecánica de la Armada, apunta ahora hacia el Pozo de Banfield. Por la memoria de lucha de las compañeras Adriana Calvo, Virginia Ogando, y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigimos la preservación de la totalidad del predio del Pozo de Banfield hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales sobre ese lugar de exterminio.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata

Robo de bebés y reencuentro en la audiencia por La Cacha

Las audiencias se reiniciaron con el testimonio de la sobreviviente Ana María Caracoche, una mujer que perdió a sus dos niños y los recuperó ya en democracia.

Ana María Caracoche, secuestrada durante la última dictadura cívico militar y cuya hija fue apropiada cuando tenía un año, declaró este miércoles en el juicio que se sigue en La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como La Cacha.

El 16 de marzo de 1977, fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa de Susana Falabella y su esposo José Abdala, en La Plata, y los secuestraron junto a su hijo Sabino, de 3 años, y a María Eugenia Gatica Caracoche, hija de Ana María Caracoche.

María Eugenia había quedado ese día al cuidado de los Abdala mientras su madre viajaba a Buenos Aires con su otro hijo, Felipe, de 3 meses.

Al regresar de su viaje, Ana María se enteró del secuestro de su hija, junto a los Abdala, y se desesperó. Luego supo a través de un conocido con amigos militares que tanto Sabino como María Eugenia se encontraban con Susana y estaban bien.

Caracoche y su esposo decidieron refugiarse en casa de un amigo, Roberto Amerise, en la ciudad de Berisso, donde el 19 de abril de 1977 irrumpieron fuerzas armadas y se llevaron a Amerise y a Ana María, quien intentó impedir que la separen de su hijo Felipe.

Ana María Caracoche fue alojada en el centro clandestino de La Cacha, donde fue torturada.

Su hija María Eugenia quedó en poder del policía Rodolfo Silva, quien la inscribió como hija propia, y recién en 1985 recuperó su verdadera identidad.

Su hermano Felipe había quedado al cuidado de una vecina, quien poco después buscó una familia para que lo críe, la cual, si bien lo inscribió como hijo propio, no tuvo inconvenientes en restituirlo a su madre en 1984.

El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.

La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas.

Después de Caracoche declaró el médico Martín Castilla, también sobreviviente, y la hija de desaparecidos Sabina Zaffora.